Leven anclas
En la anunciada guerra contra la inflación, el punto de partida es muy malo. El 4.7% de inflación de febrero sería seguido por un registro todavía más alto en marzo. Si bien esta aceleración de la inflación responde a errores del pasado, en particular a la fuerte expansión fiscal y monetaria del segundo semestre de 2021, no deja de complicar hacia el futuro porque afecta la inercia y las expectativas.
El acuerdo firmado con el FMI modifica las anclas que el gobierno utilizó (fallidamente) durante el período electoral.
Entre diciembre de 2020 y junio de 2021, el tipo de cambio oficial se depreció algo más del 15%, mientras que entre junio y diciembre de 2021 la devaluación fue inferior al 7%. Pero el “ancla” cambiaria no podrá ser utilizada más por el gobierno que se comprometió a evitar que el tipo de cambio
real se aprecie desde los niveles observados a finales del año pasado.
La segunda ancla utilizada en 2021 fueron las tarifas de energía que aumentaron sólo 9% durante el año. El acuerdo también remueve ese ancla: sólo los usuarios de menores recursos tendrán un aumento del orden del 20%; la mayoría de los consumidores, uno del 42% y los de altos ingresos, uno cuatro veces superior. Y no se sabe si las urgencias fiscales no forzarán el gobierno nacional a ir incluso por encima de esas variaciones.
Los controles de precios más intrusivos desde el cambio de autoridades en la Secretaría de Comercio parecería que seguirán, aunque su eficacia se resiente a medida que pasa el tiempo.
El acuerdo con el FMI pone el foco en la reducción del déficit fiscal que, junto con una mayor colocación de deuda en el mercado local de capitales, permitiría reducir en mayor proporción la emisión del BCRA para el Tesoro Nacional. Además, la tasa de interés debería ser positiva en términos reales. Si bien con reducciones menos agresivas es un deja vu del acuerdo stand by de 2018. Una política fiscal y monetaria más austeras son cruciales para reducir la inflación, pero se parte de niveles muy altos, con baja credibilidad en el gobierno y expectativas de que no se cumplirá lo pactado.
Además, la invasión de Rusia a Ucrania ha modificado el escenario internacional. En el debate público, el foco se ha puesto en el mayor costo de la energía importada.
Sin embargo, si se observan los precios actuales se puede ver que han aumentado tanto el precio del petróleo y del gas natural como los precios de las commodities agrícolas. Hay mucha incertidumbre sobre
el impacto en la disponibilidad de otros insumos, en particular de fertilizantes que pueden generar efectos negativos adicionales a nuestra producción agrícola. Tampoco se sabe con precisión si hay ventas de granos y oleaginosas realizadas con contratos a precios viejos (aunque deberían ser pocas). Si sabemos que la especulación del gobierno de esperar a que se reduzcan los precios de la energía y no
cerrar antes del conflicto contratos de abastecimiento de LNG parece que va a salir cara.
En cualquier caso, si se computan los valores de los últimos días, se puede estimar que la ganancia por aumento en las exportaciones será al menos igual que la pérdida por el mayor costo de las importaciones de LNG. En cambio, el impacto en los ingresos fiscales por mayores retenciones será mucho menor que el efecto sobre los subsidios a la energía. En otras palabras, el problema de corto plazo de la guerra para la economía argentina tiene más que ver con el impacto sobre el desequilibrio fiscal en pesos que por su efecto sobre el saldo del balance comercial en dólares.
En cualquier caso, un shock estanflacionario como el generado por la guerra pone, en el corto plazo, algo
de presión adicional a la inflación doméstica.
En resumen, las bajas expectativas de cumplimiento del acuerdo en materia fiscal y monetaria, la elevada inflación en el punto de partida, el fracaso de las anclas nominales “electorales”, la necesidad de
recomponer algunos precios relativos, sugieren que una vez más las pautas de inflación oficiales serán
superadas por la realidad.
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