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Caputo presentó el Programa Financiero 2026-2027

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El Gobierno nacional presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que busca consolidar el proceso de estabilización macroeconómica, sostener la reducción del riesgo país y garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda sin depender, al menos en el corto plazo, de emisiones en los mercados internacionales.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes expusieron una estrategia basada en tres pilares: mantener el superávit fiscal, preservar una trayectoria descendente de la relación deuda/PBI y maximizar la flexibilidad financiera mediante fuentes de financiamiento de menor costo.

El dato central del programa es que para 2026 el Gobierno proyecta necesidades financieras por US$ 19.200 millones frente a fuentes estimadas por US$ 22.900 millones, lo que generaría un excedente de financiamiento de aproximadamente US$ 3.700 millones. Ese colchón sería utilizado para afrontar parte de los vencimientos de 2027, reduciendo las necesidades de financiamiento del próximo año.

Según explicó Furiase, el objetivo consiste en que las nuevas fuentes de financiamiento se utilicen exclusivamente para refinanciar vencimientos de capital, mientras que los intereses continúen siendo afrontados con el superávit primario. Esa lógica, sostuvo, permite mantener una trayectoria de deuda sostenible sin incrementar el endeudamiento neto del Estado.

Uno de los conceptos más repetidos durante la presentación fue el de “opcionalidad”. Tanto Caputo como Daza remarcaron que el programa fue diseñado con distintas alternativas de financiamiento disponibles para minimizar costos y evitar decisiones forzadas en función de la volatilidad internacional. Daza sostuvo que la flexibilidad constituye un activo económico en escenarios de incertidumbre y que la estrategia financiera fue concebida para preservar esa capacidad de maniobra.

Menos deuda y objetivo de grado de inversión

El equipo económico insistió en que la estrategia no apunta únicamente a refinanciar vencimientos sino también a continuar reduciendo el peso de la deuda pública sobre la economía.

Furiase aseguró que la deuda pública con privados y organismos internacionales —incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central— pasó de representar cerca del 99% del Producto Bruto en diciembre de 2023 a 39,7% en la actualidad. Bajo supuestos considerados conservadores, la proyección oficial prevé que ese indicador continúe descendiendo hasta ubicarse cerca de 37,3% del PBI en los próximos cinco años.

En esa línea, Daza planteó que el objetivo estratégico del Gobierno es alcanzar antes de 2031 las métricas compatibles con el grado de inversión, condición que Argentina nunca logró mantener de manera sostenida. Aclaró, sin embargo, que ello dependerá también de las evaluaciones de las calificadoras internacionales y no constituye una promesa oficial.

Otro de los ejes centrales consiste en privilegiar préstamos garantizados por organismos multilaterales antes que emisiones tradicionales de deuda en los mercados internacionales.

Dentro del programa se prevén alrededor de US$ 4.000 millones mediante líneas con garantía de organismos internacionales. Entre ellas figura un préstamo respaldado por el Banco Mundial por aproximadamente US$ 2.000 millones, otro esquema con garantía del BID por US$ 1.200 millones y una línea adicional cercana a US$ 1.000 millones aún en desarrollo. Según el Ministerio de Economía, estos instrumentos ofrecen plazos más extensos y costos financieros considerablemente inferiores a los que implicaría una emisión soberana tradicional.

El esquema también contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional por US$ 1.900 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán destinados a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central mediante la recompra de Letras Intransferibles.

Superávit, reservas y riesgo país

Durante la exposición, Caputo sostuvo que el programa financiero sólo resulta posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado desde el inicio de la gestión y a la recomposición de reservas del Banco Central.

El ministro afirmó que el Tesoro ya adquirió al Banco Central cerca de US$ 6.700 millones durante el año y remarcó que la estrategia busca continuar saneando el balance de la autoridad monetaria, reducir la deuda intra sector público y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Furiase agregó que el riesgo país cayó desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos al inicio de la administración hasta aproximadamente 414 puntos, indicador que considera determinante para reducir el costo del crédito para empresas y familias y favorecer las inversiones privadas.

Caputo evitó anticipar cómo reaccionarán los mercados tras la presentación del programa, aunque sostuvo que el Gobierno continuará brindando previsibilidad mediante disciplina fiscal y monetaria para seguir reduciendo el riesgo soberano. También confirmó que el próximo pago de bonos en dólares será afrontado con recursos ya disponibles en la cuenta del Tesoro y con ingresos adicionales provenientes de garantías, asegurando que existirán reservas suficientes para cumplir con los vencimientos.

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El FMI prevé que la tokenización transformará la infraestructura financiera sin reemplazar a las instituciones tradicionales

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La tokenización de activos avanza como uno de los procesos con mayor potencial para redefinir la arquitectura del sistema financiero global. Sin embargo, lejos de anticipar un escenario de desintermediación total, un nuevo documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye que la evolución tecnológica dará lugar a un modelo híbrido, donde la automatización convivirá con instituciones tradicionales responsables de garantizar la estabilidad del mercado.

El trabajo, titulado Financial Market Infrastructures Evolution in a Tokenized Economy y elaborado por Yaiza Cabedo, Tommaso Mancini-Griffoli, Fabian Schär y Nicolas Zhang, analiza cómo las infraestructuras de mercado financiero (FMIs) podrían evolucionar a partir de la tokenización de activos y el uso de tecnología de registros distribuidos (DLT).

La principal conclusión del estudio es que muchas de las funciones hoy desempeñadas por los depósitos centrales de valores, las cámaras compensadoras y los repositorios de operaciones podrán ser ejecutadas mediante contratos inteligentes (smart contracts), aunque las tareas que requieren criterios jurídicos, gobernanza institucional y capacidad de decisión seguirán dependiendo de entidades responsables y reguladas.

El informe sostiene que actividades como el registro de activos, la liquidación de operaciones, la administración de garantías y buena parte de los procesos de reporte regulatorio pueden migrar progresivamente hacia plataformas blockchain, reduciendo tiempos operativos, costos de intermediación y riesgos derivados de procesos manuales.

No obstante, los investigadores remarcan que funciones críticas vinculadas con la resolución de conflictos, la aplicación de normas, la administración de incumplimientos, la supervisión prudencial y la responsabilidad legal no pueden ser sustituidas completamente por código informático.

Una nueva generación de infraestructura financiera

El documento describe tres posibles modelos de evolución tecnológica.

El primero consiste en una infraestructura completamente integrada sobre una única blockchain, donde emisión, negociación, compensación y liquidación ocurren sobre el mismo registro distribuido.

El segundo plantea una arquitectura basada en un libro común (common ledger), que permite compartir información y coordinar operaciones entre distintos participantes, aunque manteniendo ciertos activos en registros separados.

El tercero contempla un esquema de múltiples blockchains compatibles, conectadas mediante protocolos de interoperabilidad, una alternativa considerada más realista para la transición desde las infraestructuras actuales.

Según el FMI, el escenario más probable será precisamente este último: una convivencia entre nuevas tecnologías y las instituciones financieras existentes.

Liquidaciones instantáneas y automatización

Uno de los principales beneficios identificados es la posibilidad de realizar liquidaciones prácticamente instantáneas mediante contratos inteligentes.

En plataformas completamente integradas, los activos y los pagos podrían intercambiarse de manera simultánea y automática, eliminando buena parte del riesgo de contraparte que actualmente existe entre la negociación y la liquidación.

Asimismo, la automatización permitiría ejecutar llamadas de margen, administrar garantías y realizar compensaciones multilaterales de manera mucho más eficiente, siempre que los activos y el dinero tokenizado se encuentren registrados en la misma infraestructura tecnológica.

Sin embargo, el propio informe aclara que estas ventajas disminuyen cuando las operaciones involucran distintas plataformas o requieren información proveniente del mundo físico, donde siguen siendo necesarias verificaciones externas.

Más transparencia, pero también nuevos riesgos

El FMI también identifica mejoras significativas para las tareas de supervisión.

Al registrar todas las operaciones sobre blockchain, los reguladores podrían acceder prácticamente en tiempo real a información estandarizada, facilitando el monitoreo del mercado y reduciendo costos de reporte. La propia blockchain podría convertirse en una fuente única de información para autoridades regulatorias y organismos de control.

No obstante, la tokenización también introduce nuevos desafíos.

Entre los principales riesgos aparecen errores de programación en contratos inteligentes, vulnerabilidades informáticas, problemas de gobernanza sobre quién controla la emisión de activos digitales, incertidumbre jurídica frente a bifurcaciones (forks) de blockchain y una creciente concentración tecnológica alrededor de determinados protocolos o emisores de activos digitales.

Los autores advierten además que la custodia de activos tokenizados respaldados por bienes físicos —como inmuebles, bonos o materias primas— requiere marcos legales sólidos que aseguren que el token represente efectivamente un derecho ejecutable sobre el activo subyacente.

La confianza seguirá siendo institucional

Uno de los mensajes centrales del documento es que la confianza del sistema financiero continuará dependiendo tanto de la tecnología como de las instituciones.

Aunque blockchain reduce la necesidad de intermediación en numerosos procesos operativos, aspectos como la resolución de controversias, la responsabilidad jurídica, la supervisión prudencial y la administración de crisis financieras requieren organismos con legitimidad institucional y capacidad de intervención.

Por ello, el FMI concluye que la tokenización no implica la desaparición de las infraestructuras tradicionales del mercado financiero, sino una profunda reconfiguración de sus funciones.

En lugar de reemplazar a las instituciones, la tecnología permitirá automatizar procesos repetitivos y mejorar la eficiencia operativa, mientras los organismos reguladores y las infraestructuras financieras evolucionarán hacia un rol más enfocado en la gobernanza, la supervisión y la preservación de la estabilidad sistémica.

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El FMI advierte a Paraguay por la transparencia fiscal y pone el foco en un activo clave: la credibilidad del grado de inversión

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje que trasciende la discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay y apunta a uno de los principales activos construidos por el país durante las últimas décadas: la credibilidad de su política económica. En la declaración preliminar de la misión del Artículo IV correspondiente a 2026, el organismo valoró la fortaleza macroeconómica paraguaya, pero advirtió que la transparencia en las cuentas públicas será determinante para sostener la confianza de los mercados y preservar el reciente doble grado de inversión.

El informe reconoce que Paraguay mantiene una de las economías más estables de América Latina. El FMI proyecta un crecimiento del 4,4% para este año, destaca la fortaleza del régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible, el elevado nivel de reservas internacionales y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad, la inversión privada y la productividad. Sin embargo, identifica un punto de vulnerabilidad que considera prioritario: la forma en que el Estado registra sus compromisos fiscales.

Actualmente, el Gobierno informa un déficit equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de US$1.300 millones sobre una economía cercana a los US$59.000 millones. No obstante, el FMI sostiene que esa cifra no refleja completamente la posición fiscal porque existen obligaciones acumuladas con proveedores —principalmente de Salud y Obras Públicas— que todavía no están plenamente incorporadas a las estadísticas oficiales. Esas deudas rondan los US$1.100 millones.

Si esos compromisos fueran registrados íntegramente bajo criterios contables más estrictos, el desequilibrio fiscal se acercaría al 4,1% del PIB, muy por encima del límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal paraguaya. La observación del organismo no cuestiona únicamente el tamaño del déficit, sino la necesidad de que las cuentas públicas representen fielmente todas las obligaciones asumidas por el Estado.

En ese sentido, el FMI recomendó avanzar hacia un sistema de contabilidad basado en el principio de devengado, mediante el cual el gasto se registra cuando nace la obligación de pago y no cuando efectivamente se desembolsa el dinero. Para el organismo, este cambio mejoraría significativamente la transparencia fiscal y reduciría las diferencias entre la ejecución presupuestaria y la realidad financiera del sector público.

La misión también instó al Ministerio de Economía y Finanzas a fortalecer la coordinación entre el presupuesto, la planificación financiera y el flujo de caja, además de profundizar los controles sobre la ejecución del gasto. Entre las recomendaciones figura completar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), garantizar su interoperabilidad con los sistemas de planificación de los distintos organismos públicos y evitar que las instituciones asuman compromisos sin respaldo presupuestario.

El propio Gobierno de Santiago Peña había identificado este problema al asumir la administración, cuando denunció el elevado volumen de obligaciones impagas heredadas y recurrió a emisiones de bonos soberanos para cancelar parte de esos compromisos. Durante los últimos meses se abonaron alrededor de US$330 millones a proveedores de Salud y Obras Públicas. Sin embargo, el FMI considera que aún persiste un importante stock de obligaciones que debe incorporarse plenamente a las estadísticas fiscales para fortalecer la credibilidad del esquema presupuestario.

El organismo incluso ofreció asistencia técnica para acompañar la implementación de estas mejoras, mediante capacitación a los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y apoyo en la transición hacia estándares internacionales de administración financiera.

Más allá del aspecto técnico, la advertencia tiene una dimensión estratégica. Paraguay consiguió durante años posicionarse como una de las economías más previsibles de la región gracias a una combinación de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reglas macroeconómicas consistentes. Ese recorrido permitió alcanzar el doble grado de inversión otorgado por dos de las principales agencias calificadoras internacionales, un hito que redujo el costo del financiamiento soberano y amplió el interés de los inversores extranjeros.

Precisamente por ese motivo, el FMI subraya que la consolidación fiscal no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una meta numérica, sino también por la calidad institucional de la información que presentan las cuentas públicas. La confianza de los mercados depende tanto de la solvencia financiera como de la transparencia con la que los gobiernos informan sus obligaciones.

El informe también plantea que Paraguay deberá continuar el proceso de consolidación fiscal hasta converger nuevamente al límite de 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, aunque aclara que el reconocimiento de los atrasos acumulados implicará un incremento transitorio del déficit durante este año.

Al mismo tiempo, el Fondo recomendó ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía, fortalecer la administración impositiva, revisar beneficios fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público para generar espacio fiscal destinado a infraestructura y desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

El mensaje del organismo llega en un momento especialmente sensible para Paraguay. Con el grado de inversión recientemente consolidado y una creciente llegada de capitales atraídos por sectores como energía renovable, agronegocios, infraestructura e inteligencia artificial, cualquier señal que afecte la percepción sobre la transparencia fiscal podría ser observada con atención por las agencias calificadoras y los mercados internacionales.

En ese contexto, la advertencia del FMI funciona más como un llamado preventivo que como una señal de alarma inmediata. El desafío para la administración de Santiago Peña será demostrar que puede preservar el principal activo económico construido durante más de una década: una reputación internacional basada en disciplina fiscal, previsibilidad institucional y credibilidad frente a los inversores.

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El superávit comercial no alcanza: intereses, turismo y fuga de divisas absorbieron gran parte de los dólares generados en mayo

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El balance cambiario de mayo dejó una fotografía con claroscuros para la economía argentina. Mientras el fuerte desempeño de las exportaciones, impulsadas principalmente por el complejo agroexportador y el sector energético, permitió revertir el déficit de la cuenta corriente cambiaria y sostener un importante superávit comercial, la salida de divisas por turismo, pago de intereses, utilidades y formación de activos externos continúa erosionando buena parte de esos dólares.

Así lo sostiene el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre la base de los datos oficiales del Banco Central, que pone el foco en la composición del resultado cambiario más allá del saldo positivo de la balanza comercial.

En mayo de 2026, la balanza de bienes registró un superávit de USD 4.322 millones, explicado por un aumento interanual de las exportaciones y una fuerte caída de las importaciones. El 67% de ese saldo provino del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó USD 2.892 millones, mientras que el sector petrolero sumó otros USD 1.599 millones gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas.

No obstante, el propio estudio advierte que el aporte del sector energético podría enfrentar mayores desafíos durante los próximos meses ante la caída del precio internacional del petróleo, un factor que podría moderar el ingreso de divisas por exportaciones.

El mayor ingreso de dólares por comercio exterior permitió que la cuenta corriente cambiaria volviera a terreno positivo por segundo mes consecutivo. En mayo alcanzó un superávit de USD 1.877 millones, impulsado casi exclusivamente por el desempeño de la balanza comercial. Desde enero de 2024, el superávit acumulado de bienes asciende a USD 50.917 millones, aunque la cuenta corriente apenas acumula USD 802 millones positivos, reflejando el peso que tienen otros componentes de la salida de divisas.

Precisamente allí aparece uno de los principales ejes del informe. Según el CEPA, durante mayo los pagos por intereses, el déficit turístico y la remisión de utilidades consumieron el equivalente al 58% del superávit comercial del mes.

La balanza turística volvió a mostrar un rojo significativo. Solo en mayo registró un déficit de USD 855 millones considerando consumos con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, mientras que en los primeros cinco meses del año acumula un saldo negativo de USD 4.131 millones, aunque inferior al registrado durante igual período de 2025.

A ello se suma la creciente demanda de divisas por utilidades y dividendos. Durante mayo las empresas remitieron al exterior USD 484 millones por este concepto, elevando el acumulado de los primeros cinco meses del año a USD 1.841 millones. Desde diciembre de 2023, la salida neta por utilidades ya supera los USD 2.480 millones.

El estudio también pone la lupa sobre una tendencia estructural. Desde diciembre de 2023, la balanza comercial acumuló USD 54.298 millones de superávit. Sin embargo, una vez descontados los pagos de intereses de deuda y el déficit turístico, ese resultado se reduce a apenas USD 5.547 millones. En otras palabras, intereses y turismo absorbieron cerca del 90% del saldo comercial generado durante el período.

En paralelo, el Banco Central logró incrementar sus reservas durante mayo gracias a una combinación de endeudamiento privado, mayores exportaciones y un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. La cuenta financiera cambiaria registró un superávit de USD 1.763 millones, permitiendo un aumento mensual de las reservas internacionales de USD 3.646 millones.

Sin embargo, el informe advierte que buena parte de esos ingresos financieros terminaron financiando la creciente formación de activos externos (FAE), es decir, la compra de divisas por parte del sector privado. Entre enero y mayo de 2026 la dolarización de activos alcanzó USD 10.893 millones, mientras que desde la unificación cambiaria acumula USD 43.764 millones.

Para el CEPA existe una correlación prácticamente directa entre el incremento del endeudamiento y la salida de capitales. Desde diciembre de 2023 el endeudamiento neto aumentó USD 42.595 millones —entre deuda pública y privada—, una cifra muy similar a los USD 40.591 millones acumulados por la formación de activos externos durante el mismo período.

El comportamiento de las personas físicas ocupa un lugar central en esta dinámica. Solo durante mayo, las denominadas “Personas Humanas” compraron divisas por USD 2.212 millones, prácticamente la totalidad de la formación de activos externos del mes. Desde diciembre de 2023 acumulan compras netas por USD 47.804 millones, mientras que el resto del sector privado no financiero registró un desatesoramiento debido a las restricciones que aún mantienen las empresas para acceder plenamente al mercado cambiario.

Otro aspecto que destaca el informe es la persistente debilidad de la inversión extranjera directa. En mayo volvió a registrar un saldo negativo de USD 798 millones, explicado principalmente por la salida de capitales del sector petrolero. De esta manera, desde el inicio de la actual administración el flujo acumulado de inversión extranjera permanece en terreno negativo, con una desinversión neta superior a los USD 1.180 millones.

Respecto del financiamiento internacional, el CEPA señala que desde la unificación cambiaria el ingreso neto proveniente de organismos multilaterales alcanzó USD 21.327 millones, de los cuales cerca del 73% corresponde a desembolsos del Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, el informe concluye con un dato que sintetiza la tensión cambiaria del actual esquema económico. Durante los primeros cinco meses de 2026, las compras de divisas realizadas por personas humanas alcanzaron USD 14.033 millones, un monto 26% superior al ingreso neto generado por el complejo oleaginoso y cerealero en igual período. Además, la formación de activos externos acumulada desde abril de 2025 equivale al 282% de todos los desembolsos efectuados por el FMI bajo el programa vigente.

Informe de Balance Cambiario BCRA Junio 2026 by CristianMilciades

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El FMI respaldó el rumbo económico de Milei y dejó una señal clave sobre el regreso de Argentina a los mercados

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El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar la estrategia económica del gobierno de Javier Milei y dejó un mensaje que el equipo económico interpreta como una validación de la hoja de ruta que viene ejecutando desde diciembre de 2023. Durante su conferencia de prensa habitual desde Washington, la portavoz del organismo, Julie Kozack, destacó los avances logrados por Argentina en materia de estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, recomposición de reservas y mejora de las condiciones financieras, aunque aclaró que la decisión de regresar a los mercados internacionales de crédito dependerá exclusivamente de las autoridades nacionales.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca consolidar la recuperación de la actividad y profundizar el proceso de desinflación, también necesita fortalecer el acceso al financiamiento voluntario para reducir la dependencia de organismos multilaterales y consolidar el esquema financiero de mediano plazo.

En ese contexto, Kozack sostuvo que Argentina continúa registrando “grandes avances” en la reconstrucción de sus principales variables macroeconómicas y valoró el esfuerzo orientado a fortalecer la resiliencia económica del país. Para el organismo, el programa vigente está permitiendo avanzar hacia una economía más abierta, eficiente y competitiva, un concepto que coincide con la narrativa oficial impulsada por el Ministerio de Economía.

El FMI también destacó que la actividad económica continúa expandiéndose mientras la inflación mantiene una trayectoria descendente. La combinación de crecimiento con desaceleración de precios es considerada por el organismo como una de las señales más relevantes del proceso de estabilización, especialmente luego de años marcados por desequilibrios fiscales, alta emisión monetaria y restricciones cambiarias.

Uno de los puntos más observados por los mercados es la evolución de las reservas internacionales. Sobre este aspecto, Kozack remarcó que la acumulación de activos externos sigue avanzando y que ello contribuye a mejorar las condiciones de financiamiento para el país. La recuperación de reservas es uno de los pilares del acuerdo vigente con el Fondo y aparece como una condición indispensable para sostener la credibilidad del nuevo esquema cambiario y monetario.

La funcionaria también hizo referencia a la mejora en la percepción de riesgo de Argentina por parte de los inversores internacionales. Según explicó, los spreads soberanos se redujeron significativamente y actualmente se ubican por debajo de los 450 puntos básicos, reflejando una visión más favorable sobre las perspectivas económicas del país. A ello se suma la mejora de las calificaciones crediticias otorgadas por distintas agencias internacionales, un factor que fortalece las posibilidades de acceso al financiamiento privado.

Sin embargo, el organismo evitó fijar plazos o recomendaciones concretas respecto de una eventual emisión de deuda en los mercados internacionales. “Las decisiones con respecto al momento y las condiciones del acceso a los mercados son decisiones que toman las autoridades”, señaló Kozack, dejando en claro que la estrategia financiera seguirá siendo definida por el equipo económico liderado por Luis Caputo.

Detrás de esa definición existe una señal política relevante. El FMI reconoce que las condiciones financieras mejoraron de manera significativa respecto de los niveles observados al inicio de la gestión Milei, pero considera que la consolidación del proceso dependerá de mantener el equilibrio fiscal, fortalecer las reservas y profundizar las reformas estructurales que impulsen la productividad de la economía.

En ese marco, la portavoz destacó el papel que cumplen organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que continúan trabajando junto al FMI para facilitar una transición ordenada hacia un financiamiento más amplio y sostenible. Para el organismo, el respaldo de estas instituciones actúa como un puente que fortalece la confianza de los mercados internacionales.

Otro de los temas abordados fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consultada sobre los resultados de las modificaciones normativas recientemente reglamentadas, Kozack evitó realizar evaluaciones concluyentes y señaló que se trata de cambios demasiado recientes para medir su impacto. No obstante, sostuvo que el objetivo de estas reformas es promover la formalización laboral y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, uno de los desafíos estructurales más importantes de la economía argentina.

La prudencia del FMI en este punto refleja que, pese a los avances macroeconómicos, persisten interrogantes sobre la capacidad de la economía para generar empleo formal de calidad y reducir los elevados niveles de informalidad que caracterizan al mercado laboral argentino.

Finalmente, el organismo ratificó que Argentina mantiene una relación financiera normalizada con el Fondo. Kozack confirmó que el país se encuentra al día con todos sus compromisos y aseguró que la institución no tiene preocupaciones respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos.

Las declaraciones del FMI llegan apenas horas después de que el ministro Luis Caputo defendiera públicamente el rumbo económico ante empresarios de la construcción y asegurara que “Argentina ya cambió y no va a volver al pasado”. Desde Washington, el organismo pareció reforzar ese mensaje al reconocer avances concretos en estabilidad y financiamiento. Sin embargo, también dejó planteado el desafío central que enfrenta la administración Milei: transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido, inversión privada y generación de empleo formal.

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