A puertas cerradas, hoy jueves comienza el juicio contra la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti (25), y su pareja, Abigail Páez (28). Este miércoles, Cámara de Diputados aprobó la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que lleva el nombre de Lucio. Los detalles del caso que conmovió al país.

Lucio Dupuy fue asesinado el 26 de noviembre pasado, pero todo lo que había sufrido comenzó mucho antes. El chiquito de apenas 5 años fue víctima de un trajín judicial, que variaban de regímenes de visitas, disputas entre familiares, un acuerdo entre partes final que otorgó a la mamá y a su novia la posibilidad de la tenencia definitiva. Esa resolución se homologó en La Pampa, a principios de noviembre de 2020. Apenas un año después, la pareja entre Magdalena y Abigail, que en principio solicitó la guarda y debía garantizar el cuidado del chico, fueron las acusadas de haberlo torturado, abusado y golpearlo hasta la muerte.

Este hecho, dio origen a la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, la cual lleva el nombre de Lucio. Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad. Impulsada por el legislador Martín Maquieyra, la norma exige capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez. Una especie de trabajo para la alerta temprana, campañas de difusión para la protección de derechos de los menores, junto a otras medidas contra los casos de abusos, maltratos y abandono. A fin de poder detectar e impedir que este tipo de eventos ocurran.

La historia de Lucio:

El chico convivía con la pareja en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec, en la ciudad de Santa Rosa. Hacía menos de un año que se radicaba ahí. A principios del 2019 sus padres se habían separado, Magdalena y el papá de Lucio, Christian Dupuy, habían acordado que como la mujer estaba sin empleo y él trabajaba en Luján, que el pequeño viviera con sus tíos Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, en General Pico. Este acuerdo fue de palabra y mediante un trámite judicial, la justicia otorgó en junio de 2019 la guarda por un año.

Este acuerdo, empezó a tener sus quiebres a fines de enero en 2020. Magdalena había comenzado un emprendimiento de venta de tortas con su pareja Abigail, juntas lograron alquilar un departamento. Su situación económica mejoró y por ello, se propuso recuperar la tenencia de su hijo. Así iniciaron los conflictos.

La justicia, estableció en principio un régimen de visita. La madre podía ver a Lucio cada 15 días, podía llevárselo los viernes, pero debía devolverlo el lunes a primera hora. Incluso podía llevarlo a Santa Ros, para luego regresarlo a General Pico. Esta modalidad no prosperó más de un mes, debido a que “Cada vez que la madre iba a buscar al nene era todo un escándalo. Llamaba a la Policía y hacía denuncias de impedimento de contacto. Era una situación muy traumática para todos. Para los chiquitos y, principalmente para Lucio”, relataron desde el entorno de la familia Dupuy.

En medio de estas circunstancias, las restricciones de circulación por la pandemia en 2020, llegaron. En julio de 2020, con Lucio en su vivienda, Magdalena no podía regresarlo a lo de los tíos. Semanas después a fines de agosto, se acordó que el cuidado del nene pasaría a manos de la pareja ahora detenida. “Leticia (la tía) firma ese acuerdo porque la situación ya era insostenible. Ella tenía nenes muy chiquitos y los escándalos permanentes con la madre (de Lucio) no les hacían bien. Lo mismo para él. Eran situaciones de suma tensión que afectaban a todos y, más que nada, a los menores. Lo hizo por el bien de todos”, explicaron allegados.

En ese entonces, no se realizó ningún tipo de estudio socio ambiental para constatar que el nene vivía en condiciones adecuadas.

El día del homicidio

Lucio, había ingresado al Hospital Evita de la capital pampeana con convulsiones el 26 de noviembre, apenas tenía signos vitales. Los estudios posteriores revelaron lesiones internas, incluso signos de abuso sexual. Lucio, creen los fiscales, fue sometido a palizas y denigraciones de todo tipo.

La primera reacción de las mujeres al llegar al hospital, fue decir que habían sido víctimas de un robo. Nadie les creyó. Una hora y media después la policía pampeana allanó el domicilio donde vivían y luego de ese operativo, la pareja quedó detenida.

Las pruebas del expediente son graves, en particular la autopsia, la multiplicidad de golpes y el ensañamiento que había padecido y que se apreciaba a simple vista. El cuerpo del chiquito presentaba un golpe fuerte producto, probablemente, de una patada, además de heridas compatibles con quemaduras de cigarrillos y múltiples mordeduras. Algunas lesiones eran antiguas, otras recientes. Más tarde se descubrió que en varias ocasiones Lucio fue llevado al Evita, por diversas lesiones, con excusas de que el chico se había caído de una bicicleta.

Juan Carlos Toulose, el médico forense a cargo de la autopsia dejó una contundente impresión, “En mis 30 años de profesión nunca vi algo así. Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando, o por la calle y podía darse cuenta”.

El informe preliminar concluyó que la causa de la muerte fue una hemorragia interna derivada de varias lesiones. “No se puede determinar un traumatismo, un golpe, puntual que le haya causado la muerte. Sino que fue una multiplicidad de lesiones las que produjeron la hemorragia y posterior muerte”, explicaron desde la justicia.

La investigación y el juicio

Ambas mujeres desde el inicio, sostuvieron la misma postura: no reconocer el homicidio y culpar al padre del nene por lo que pasó. Al menos así lo expresaron en privado. Solo Magdalena rompió el silencio una vez. Fue durante una de las audiencias judiciales tras estar casi un mes detenida. Accedió a decir unas palabras para criticar a su ex pareja. “Quería aclarar que el término de víctima al progenitor no le queda nada bien”. En cambio, Abigail, siguió en silencio.

Tanto la versión de la supuesta agresión en marco de un robo, como la posible participación de terceras personas en el crimen fueron descartadas. Por otra parte, la pericia psicológica y psiquiátrica realizada a ambas concluyó que son personas imputables, que comprenden la criminalidad de sus acciones y sus actos. El informe también determinó que las dos cuentan con ciertos rasgos de personalidad perversa.

Un mes antes del homicidio, Abigail reflexionaba en su cuenta de Twitter: “¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”. El mensaje no era aislado, su perfil está repleto de otros estados referidos a la vida cotidiana con su hijastro y el conflicto entre su novia y el papá del nene.

La investigación se cerró después de seis meses y la causa fue elevada a juicio en junio pasado. Este jueves comenzará el debate, que será a puertas cerradas. Se esperan más de 100 testigos: el primero será Christian, el papá del chico. “No sé cómo voy a reaccionar al verles la cara (a las imputadas) y al escuchar las atrocidades que sufrió Lucio”, escribió en su perfil de Facebook.

Los alegatos tienen fecha programada para el próximo 22 de diciembre, se prevé que la lectura del fallo sea en febrero de 2023.

La imputación de la Magdalena, la mamá de Lucio, es particularmente larga ya que llega acusada de: “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. La querella además pidió sumar el agravante de “odio al género masculino”.

Su pareja, Abigail, fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos, ya que no era familiar de Lucio. En ambos casos la pena en expectativa es de prisión perpetua.

“Creemos que las pruebas que hemos reunido son suficientes para acreditar estos delitos”, coincidieron los fiscales Máximo Paulucci, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, quienes además adelantaron que pedirán la pena máxima. El tribunal de Audiencias de Santa Rosa, que tendrá la palabra final estará integrado por los jueces Anibal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

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