Tras participar del debate en la Comisi[on, el Diputado nacional por Misiones, Diego Sartori habló sobre el proyecto de ampliación de la Moratoria 2020.

El misionero explicó que “tenemos el problema de la pandemia, que nos sorprendió a todos, pero también las consecuencias en la economía” Y adelantó que los cambios que propone el bloque misionerista son ampliar el plazo al 31 de diciembre, incluir a obras sociales y ART en los planes de financiación de deudas y otorgar incentivos a los contribuyentes cumplidores.

Remarcó que siempre se acompañará las decisiones del Presidente que “han sido acertadas en este tema”. Reconociendo las diferentes realidades del país, Sartori planteó que se debe buscar un consenso “para llevar adelante el mejor proyecto”.

Al ser consultada sobre la ampliación presupuestaria y la renegociación de la Deuda, el misionero indicó que “hay que dejar de lado las cuestiones partidarias, y llegar a soluciones positivas para la gente. Hoy vimos la contrapropuesta de los sectores acreedores y conocemos las ideas del equipo económico liderado por Martín Guzmán y consideramos necesario llegar a un acuerdo que permita al país retomar la actividad económica para volver a crecer”.

Los legisladores de la comisión de Presupuesto y Hacienda acordaron extender el debate con la idea de acercar posiciones e intentar emitir un dictamen la semana próxima.

En una reunión llevada a cabo mediante videoconferencia, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller, avanzó hoy en el tratamiento del proyecto que amplía la moratoria establecida en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 

Cabe recordar, que la semana pasada expusieron ante los legisladores de la Comisión el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Al inicio de la reunión virtual, el diputado Carlos Heller, titular de la comisión, anticipó que “no es el objetivo sacar dictamen en el día de hoy. Seguiremos debatiendo, teniendo varios proyectos a la vista, para lograr la mayor adhesión posible e intentar aprobar la iniciativa el próximo martes”.

En esa línea, señaló que “es un buen proyecto que viene a tender un reclamo generalizado de la sociedad”.

“El proyecto cuenta con un doble propósito, por un lado, facilitar el ingreso a quienes han quedado afuera, por distintas situaciones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales y aduaneras, pero al mismo tiempo generar un incremento significativo de la recaudación”, detalló Heller. 

Sobre el espíritu de la norma, el titular de la Comisión, aclaró que “el estado da un beneficio y que eso no debería derivar en acciones que afecten el funcionamiento de la economía e interés público”. 

Al celebrar la apertura del debate, Luciano Laspina, diputado santafecino del PRO y vicepresidente de la comisión de Presupuesto, consideró como “una de las moratorias más justificadas por la gravedad de la situación de los contribuyentes y las empresas, que han estado meses sin poder cobrar ni pagar los impuestos”. 

En ese sentido, Laspina solicitó “que no sólo genere un premio a los cumplidores, sino también un incentivo a los contribuyentes que cumplan hacia adelante”. 

Por otro lado, criticó que la norma “es un traje a medida de las necesidades judiciales de OIL Combustibles, sentando un precedente muy negativo, motivo por el cual pedimos solicitarle un dictamen técnico de la AFIP con respecto al artículo que podría generar un grave perjuicio para la hacienda pública”. 

Luis Pastori, desde la UCR, pidió la incorporación expresa de una cláusula a la norma sobre el impuesto a los bienes personales, a las ganancias de las personas humanas y sucesiones indivisas. “Sería poner en un pie de igualdad a las personas humanas y jurídicas con respecto a estos impuestos”, explicó. 

El diputado del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori, propuso que del proyecto original “las deudas devengadas hasta el 30 de junio puedan ingresar a la moratoria hasta el 31 de diciembre y no al 31 de octubre, con facultades al Poder Ejecutivo de prorrogarla por seis meses más”. 

Romina Del Plá, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, ratificó que “no estamos de acuerdo con este tipo de moratorias, porque son eternas y todos los gobiernos lo han hecho, y la clase capitalista que debe pagar impuestos, mejor no los paga, total tarde o temprano les llegará una moratoria”, expresó. 

Al respecto, Del Plá manifestó que “presentamos proyectos opuestos a esta orientación social, económica y política”. “Nuestra iniciativa es un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas para recaudar 15 mil millones de dólares y resolver los problemas de los trabajadores frente a la pandemia”, enunció. 

Desde el bloque Consenso Federal, Jorge Sarghini, habló del proyecto presentado desde su espacio. “Todas las moratorias son injustas, entre los que han pagado y los que no. Los legisladores debemos darle a la moratoria mucha equidad interna, tratando igual a los iguales, sin beneficiar a nadie en detrimento de otro”, subrayó. 

“Es un traje de muchos talles, a medida de muchos; entonces, si hacemos el listado de las medidas ahondamos en la propia injusticia de la moratoria y nos podemos trabar en lo que es una necesidad general”, criticó, para luego sentenciar: “Los quebrados previos no deberían ser incluidos en la moratoria, sumado a que ahí también hay quiebras fraudulentas”. 

El diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) afirmó que “los argentinos están pendientes de este debate para ver si el Congreso está a la altura de la circunstancias y entiende que todos necesitan la mano tendida del Estado para volver a crecer y que les permita encuadrarse dentro de la ley”. 

En otro orden, Casaretto aclaró que “no es un traje a medida de una empresa en particular en cuanto a combustibles, ya que desde la AFIP informaron que son 39 las empresas que están en una situación problemática”.

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