El Poder Judicial de Misiones presentó ante la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial su proyecto de Presupuesto 2026, con una novedad institucional que marca un antes y un después en la organización interna: el desdoblamiento de partidas que dará autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, explicó que la estimación se basa en el presupuesto ejecutado este año, proyectado hasta fin de ejercicio y ajustado con un incremento del 15% en línea con el crecimiento económico y la inflación esperada según datos del INDEC. Aclaró que para 2026 se pedirá “el 50% de lo ejecutado este año, porque no se planea un gasto grande pero sí un presupuesto muy novedoso”.

El desdoblamiento, precisó, no implica duplicación sino diversificación de recursos: “El Ministerio Público tendrá la posibilidad de definir cuáles son realmente sus necesidades, que no son las mismas de la judicatura. Tiene a su cargo la Secretaría de Acceso a la Justicia, las investigaciones complejas, la futura policía judicial y el manejo de tecnologías sensibles. Esa realidad distinta justifica que empiece a elaborar y ejecutar su propio presupuesto”. El procurador general, Carlos Jorge Giménez, detalló que esta autonomía permitirá al organismo cumplir con sus funciones específicas en la persecución penal, la defensa del debido proceso y el patrocinio gratuito, con herramientas propias para resguardar la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones externas.

La presidenta del STJ enfatizó además la centralidad de la tecnología como política estratégica: “Vamos a hacer mucho hincapié en digitalización, porque nuestra bandera es tecnología con humanidad. Nos interesa despapelizar todo, llegar al interior y sostener el desarrollo de sistemas propios”. En contraste con Corrientes, que paga 30 millones de dólares al año por licencias, Misiones desarrolla y mantiene plataformas propias como el SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes) y el SIA (Sistema Integrado Administrativo), lo que permitió reducir en un 28% el uso de papel e insumos de impresión respecto del año anterior. Venchiarutti señaló que contar con software propio otorga autonomía y ahorros sustantivos: “Nuestros técnicos permiten sostener un sistema de gestión sin costos de licencias enlatadas”.

El administrador general, Néstor Oscar Moróz, resaltó la presencia territorial del Poder Judicial con 154 dependencias, la mitad propias y la otra mitad gestionadas en cooperación con municipios, lo que garantiza cercanía con la comunidad. Subrayó que el Poder Judicial es uno de los poderes que menos gastos acarrea gracias a una administración austera, sostenida por magistrados, empleados y el compromiso ciudadano. Esa austeridad, explicó, se traduce en reducción de alquileres, menor consumo de insumos y racionalización de recursos.

El proyecto también contempla medidas de bienestar institucional. Venchiarutti destacó el programa “Cuidemos a los que nos cuidan”, orientado a la salud mental de agentes judiciales expuestos a situaciones de alto impacto emocional. En coordinación con el IPS y el Ministerio de Salud Pública, se prevén charlas y dispositivos de contención, incluso con testimonios de exadictos, para atender problemáticas que atraviesan a toda la sociedad. “La gente nos quiere sanos de cabeza y tenemos que cuidarnos”, afirmó.

Entre las metas concretas para 2026 se incluyen el fortalecimiento de investigaciones complejas, la implementación de denuncias online en todas las circunscripciones, la instalación de una VPN interna para garantizar la cadena de custodia de la evidencia digital y el avance en proyectos de infraestructura como una guardería en la sede judicial. Giménez adelantó que se reforzará la Quinta Circunscripción Judicial para ampliar el acceso a la justicia en zonas más alejadas.

La presentación no recibió objeciones por parte de los diputados, quienes acompañaron la propuesta.