En el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, el bloque misionerista presentó una disidencia parcial al dictamen de mayoría elaborado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, al advertir sobre el impacto social de uno de los artículos incluidos en la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

La comisión analizó el mensaje 104/2025 y el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el 15 de septiembre de 2025, y si bien manifestaron compartir el objetivo general del dictamen de mayoría, marcaron una diferencia central respecto del artículo 75 del texto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Según expresaron, ese artículo propone la derogación de las Leyes Nros. 27.793 y 27.795, correspondientes a la Emergencia en Discapacidad y a la Emergencia en Universidades, una decisión que consideran “un error” y que no están dispuestos a acompañar.

En el escrito, los legisladores misioneros sostienen que garantizar derechos como la salud, la educación, la protección social y el trabajo para las personas con discapacidad -en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– debe seguir siendo una prioridad del Estado. Por ese motivo, reclaman que se respete la vigencia de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

De manera puntual, la disidencia solicita la eliminación del artículo 75 del dictamen, al considerar que su aprobación implicaría retroceder en políticas públicas sensibles tanto para la provincia como para el conjunto del país. “Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a las personas con discapacidad y a la educación pública”, señala el documento por los legisladores Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, y agrega que no pueden acompañar una iniciativa que busque derogar emergencias vinculadas a dos áreas consideradas estratégicas y socialmente críticas.