El gobernador Hugo Passalacqua recibió en Casa de Gobierno a referentes del sector yerbatero en un contexto de crisis creciente, atravesada por la caída del precio de la materia prima y el debilitamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras el DNU 70/2023. El dato que tensiona la escena política es concreto: según los productores, hoy se paga menos del 50% del costo de producción. Con ese telón de fondo, el sector confirmó que la próxima semana presentará una acción ante la Justicia Federal para intentar restablecer las facultades regulatorias del organismo. La pregunta queda planteada: ¿es un reclamo sectorial o el inicio de un conflicto institucional entre provincias productoras y el esquema nacional de desregulación?

El INYM sin poder de fijar precios: de la concertación al mercado

El eje del planteo no es solo económico, sino institucional. La modificación introducida por el DNU 70/2023 dejó al INYM con “facultades residuales”, limitadas a control de calidad y acciones de promoción. En términos concretos, el organismo perdió la capacidad de fijar precios de la hoja verde, una herramienta central en el equilibrio del sector.

Ese cambio alteró el modelo de concertación que durante años permitió negociar costos y márgenes entre productores, cooperativas e industria. Hoy, según describieron los representantes del sector, el precio queda determinado por quienes concentran la compra de materia prima.

El resultado es visible en los números: mientras el costo de producción rondaba los 465 pesos sin rentabilidad, el mercado paga entre 210 y 250 pesos en promedio. La brecha no solo elimina margen, sino que compromete la sustentabilidad de la actividad.

A esto se suma otro factor que agrava la ecuación: los plazos de pago. Según señalaron, se extendieron hasta 120 días, lo que traslada el financiamiento de la cadena hacia el eslabón más débil.

Judicialización y respaldo político: el conflicto escala

Frente a ese escenario, la estrategia del sector cambia de plano. La acción judicial que preparan asociaciones de productores busca restituir las facultades del INYM y cuestionar los efectos del DNU en la actividad yerbatera.

El planteo no es menor: implica trasladar al fuero federal una discusión que hasta ahora se dirimía en la política sectorial. En paralelo, el gobernador expresó su acompañamiento a la iniciativa, lo que introduce un elemento adicional de peso político.

El respaldo provincial reconfigura la disputa. Ya no se trata solo de productores reclamando condiciones de mercado, sino de una provincia productora alineando su estructura política para recuperar herramientas regulatorias.

En ese marco, el argumento de los productores apunta a una redistribución de poder dentro de la cadena. Según sostienen, la nueva normativa favorece a los sectores con mayor capacidad de compra y deja en desventaja al sector primario, cooperativas y pequeños secaderos.

Impacto en la economía regional y tensiones en la cadena

El deterioro del precio no impacta únicamente en los productores. La cadena yerbatera tiene un peso estructural en la economía misionera, por lo que la caída de ingresos se traslada al consumo, la recaudación y la actividad en el interior.

Los referentes del sector describen un efecto en cascada: menos ingresos para productores y tareferos, menor circulación de dinero en comercios y dificultades crecientes para sostener la actividad en cooperativas.

Incluso dentro del propio sistema cooperativo, que históricamente amortiguó las crisis, aparecen límites. La competencia con operadores que acceden a materia prima más barata presiona los precios hacia abajo y erosiona la capacidad de sostener valores diferenciales para los socios.

En paralelo, el mercado muestra una dispersión significativa: precios que van desde 180 hasta 450 pesos, según el canal y la modalidad de comercialización. Esa heterogeneidad refleja la ausencia de un marco común de referencia.

Un conflicto abierto que redefine el rol del Estado

El reclamo yerbatero abre un debate más amplio sobre el rol del Estado en las economías regionales. La eliminación de herramientas de regulación no solo modifica precios, también redefine la correlación de fuerzas dentro de cada cadena productiva.

En las próximas semanas habrá dos variables a observar. Por un lado, el alcance de la presentación judicial y su capacidad de generar un precedente sobre el DNU 70/2023. Por otro, la evolución de la zafra en un contexto de precios deprimidos y costos crecientes.

El escenario no está cerrado. La judicialización puede escalar el conflicto o abrir una instancia de negociación política más amplia. Mientras tanto, la actividad yerbatera entra en una fase de incertidumbre donde el equilibrio entre mercado y regulación vuelve a estar en discusión.