Que la excepción no sea permanente
La Cámara de Diputados buscará sancionar esta semana el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que incluye la Emergencia Económica, un recurso legal que le da amplios poderes al Poder Ejecutivo para, entre otras cosas, para reasignar partidas y modificar eventualmente impuestos.
En la próximas horas el Congreso Nacional estará ocupado en el debate de un proyecto de ley, el primero enviado por el nuevo gobierno, del cual ha trascendido hasta ahora solamente su rimbombante nombre: “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia económica”, y que esconde bajo tan llamativa y ostentosa denominación lo que en la jerga se conoce como “superpoderes” que se delegan del Legislativo al Ejecutivo.
Es una verdadera lástima que el proyecto liminar de la nueva administración persiga el otorgamiento de facultades extraordinarias que no condicen con el momento que vivimos, pero que además se enmarca en un contexto en el que el oficialismo cuenta con mayoría en el Senado y es primera minoría en Diputados con el apoyo de otros bloques con los que lograría también la mayoría requerida para aprobar leyes. Quiero referirme en particular a la llamada “emergencia económica” cuyo inmediato antecedente es la ley 25.561 del 2002 (Duhalde) que iba a regir por dos años, pero que fuera sucesivamente prorrogada por los gobiernos kirchneristas y habiendo nalmente vencido el 31/12/2017 no fue continuada por la administración Macri.
Es decir que esta “emergencia” duró nada menos que dieciséis años, convirtiendo la excepción en una regla, atravesando épocas de crecimiento de la actividad económica a “tasas chinas” con superávits scal y comercial. Cabe entonces hacerse la pregunta obligada: ¿estamos hoy realmente en una situación de emergencia, parecida a la que vivimos en Argentina en el año 2001, y que por lo tanto exigiría una nueva medida de excepción como la que se dejó sin efecto hace menos de dos años?
Para dilucidar ello recordemos cuales son las “sombras” que oscurecen el panorama actual. Básicamente: a) la caída de la actividad económica en promedio los últimos cuatro años del 1,2% (en el período 1984/2019 cayó en 15 de los 36 años); b) La pobreza aumentó en los últimos cuatro años del 30 al 36%, con un promedio de 36% anual desde 1984, c) la inación aumento del 28 al 55% pero el promedio 1984/2019 es del 68%, d) el desempleo al segundo trimestre 2019 es del 10,6% siendo el promedio de los últimos 36 años del 11% y e) una deuda pública con problemas de liquidez y no de solvencia y que debe ser reestructurada.
Sin embargo, podemos contrastar estos datos claramente negativos de situaciones que la anterior gestión no pudo solucionar con las “luces” que signican importantes logros que no pueden ser minimizados. Veamos: a) baja del décit fiscal primario del 5,8% del PIB en 2015 a menos del 1% este año; b) baja del gasto público primario del 5,5% del PIB (especialmente en subsidios a la energía y el transporte); c) baja del décit scal total del 5.1% en recaudación de impuestos nacionales del 40,5% en 2015 al 49,5% en 2019; e) equilibrio energético; f) baja de la presión impositiva del 31 al 28% del PIB (baja en las alícuotas de ganancias para sociedades y suba del mínimo no imponible para personas humanas; baja en las alícuotas de Bienes Personales y suba del mínimo no imponible; baja de las retenciones a las exportaciones -soja del 35 al 24% y el resto del 22 al 6%-; mínimo no imponible para las cargas patronales; impuesto al cheque a cuenta de Ganancias); g) balanza comercial superavitaria y el décit de la cuenta corriente cercano ya al equilibrio; h) tipo de cambio competitivo; i) nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y el EFTA.
Las políticas públicas se pueden discutir, pero los números no tanto. Volvemos entonces a la pregunta clave: ¿estamos realmente en una situación de emergencia tal que amerite delegar poderes al Ejecutivo como los que pretende la administración Fernández?. Entendemos que no. Que lo excepcional no puede ser permanente. Que estamos en una coyuntura difícil, compleja y delicada: SI. Pero en emergencia: NO. Por ello, se equivoca el nuevo gobierno en su primer apuesta grande. Equivocación que, nuevamente, la terminaremos pagando todos los argentinos.