Este martes ingresó al Congreso el proyecto de emergencia social y económica; el miércoles habrá un plenario de comisiones, y el jueves llegaría al recinto de la Cámara baja. La iniciativa, que cuenta con 86 artículos, establece la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, que implica una delegación amplísima de facultades hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué es lo más relevante con respecto al dólar?

Una de las medidas más polémicas es el impuesto del 30 % para las transacciones en dólares con tarjetas en el exterior, que ahora podría ser aplicado también a las operaciones de compra de billetes para atesoramiento personal.

Actualmente, el acceso a los dólares para ahorro está limitado a USD 200. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que esa restricción de acceso al mercado continuará vigente. En concreto, con respecto al cepo, que fue colocado en un momento de gran ansiedad, no habría cambios.

Otra novedad significativa es que este esquema cambiario se extenderá al menos durante cinco años (cinco períodos fiscales), aunque el Poder Ejecutivo tendrá facultades especiales para interrumpirlo antes si lo considerase necesario según establece el texto del proyecto.

En este escenario, ¿cómo queda el mercado de transacciones? Aún es muy prematuro saber qué va a ocurrir con certeza. Por ejemplo, no está claro si la retención va a poder utilizarse a favor de algún impuesto, o bien, si va a poder solicitarse su devolución a futuro. Eso condicionaría totalmente la compra de los 200 dólares mensuales. De todas maneras, asumimos que si acceder al dólar oficial resultara más caro que otros mercados, todos los precios deberían moverse.

Sobre el impacto en materia de capacidad de ahorro y de resguardo de valor en el país, todo depende de la educación financiera de las personas. En principio, la capacidad de ahorro en dólares va a ser obviamente menor, ya sea por la retención que va a aplicarse en la compra o por acceder a otros mercados, que también crecieron.  

Una potencial consecuencia que debe ponerse de relieve es que, con las nuevas regulaciones, es posible que se fomente el mercado informal, y las cuevas van a estar esperando mayor cantidad de operaciones: cuanto más alta es la presión fiscal, más se fomentan los mercados paralelos/informales, dado que, indefectiblemente, los individuos intentan preservar sus ingresos/ahorros de la manera más conveniente, y, en situaciones como esta, el mercado informal puede ser visto como una buena alternativa.

Por último, comprendemos que las medidas en cuestión se definieron con la idea de proteger las reservas. No obstante, nos gustaría pensar en un país en el que no haga falta tomar medidas drásticas y que el acceso a las divisas fuera libre, sin restricciones. 

Desde lo que respecta a Buendolar, sea como fuera, acataremos todas las regulaciones que nos impongan, dado que somos una plataforma inscripta y no podemos ser ajenos a la realidad del país.

Ahora bien, de acuerdo con declaraciones recientes de Guzmán, “el 70% de la recaudación de ese impuesto estará destinada a la seguridad social, que fue dañada en estos años”. 

En esta dirección, pues, teniendo en cuenta los impuestos a las exportaciones agrarias, por un lado, y las medidas tendientes a garantizar la seguridad social, por un lado, y los impuestos a los bienes personales en el medio, ¿cuál es el sector social que podría salir perjudicado? 

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