Las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresaron su profunda preocupación ante el inminente tratamiento del proyecto de ley 1861/2024 en la Legislatura de la provincia de Chaco, previsto para este miércoles 23 de abril.

El proyecto plantea modificaciones a artículos clave de la Ley 2079-R, que regula las sanciones por desmontes ilegales, incorporando un nuevo artículo 45 bis. Este artículo permitiría legalizar la comercialización de productos forestales obtenidos de manera ilegal mediante contratos privados.

“De aprobarse este proyecto, se institucionalizaría un incentivo perverso, promoviendo el negocio de la madera proveniente de desmontes ilegales. Esto implicaría un retroceso enorme para la protección de los bosques nativos chaqueños y consolidaría un modelo de explotación insostenible”, advirtió Francisco González Táboas, Director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas.

Chaco es una de las provincias más afectadas por la deforestación. En lo que va de 2024, se han perdido casi 40.000 hectáreas de bosque nativo, pese a las restricciones legales vigentes. Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia perdió cerca de medio millón de hectáreas, según datos oficiales de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF).

“El proyecto propone legalizar lo que la Ley de Bosques penaliza, debilitando aún más una normativa que ya viene siendo vulnerada y que resulta fundamental para la conservación y el uso sustentable de nuestros bosques nativos. Es necesario fortalecer su cumplimiento tanto a nivel provincial como nacional, para evitar incongruencias entre lo que la ley proclama y lo que efectivamente sucede”, señaló Sebastián Fermani, Director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Las organizaciones firmantes reclamaron el retiro del artículo 45 bis del proyecto y la implementación de mecanismos más eficaces para combatir los desmontes ilegales, como el decomiso de madera y el agravamiento de sanciones en caso de quema posterior. Estas medidas ya habían sido sugeridas por el propio Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Producción.

“El avance del desmonte ilegal pone en riesgo no solo la biodiversidad de la región, sino también la posibilidad de construir un modelo productivo verdaderamente sostenible para Chaco. No podemos seguir legalizando lo ilegal”, concluyeron las organizaciones.