La Municipalidad de San José ingresó en un escenario de fuerte tensión institucional luego de que el intendente Jorge Tenashchuk resolviera vetar en forma total el Presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 01, firmado el 22 de diciembre de 2025, apenas cuatro días después de que el Departamento Ejecutivo recibiera la ordenanza que establecía el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el próximo ejercicio.

El núcleo del conflicto está en las modificaciones que el Concejo introdujo al proyecto original enviado por el Ejecutivo el 29 de septiembre. Según sostiene el intendente en los considerandos del decreto, los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo alteraron de manera sustancial el texto del presupuesto y añadieron disposiciones que resultan ambiguas, imprecisas y de alcance indeterminado. Para el Ejecutivo, estas alteraciones no sólo modifican el espíritu del proyecto, sino que generan incertidumbre sobre cómo debe ejecutarse el gasto público, afectando la dinámica normal de la administración financiera municipal.

El documento oficial advierte que esas ambigüedades se traducen, en los hechos, en condicionamientos operativos no previstos de manera clara, lo que compromete la capacidad del Departamento Ejecutivo para administrar los recursos y ejecutar el presupuesto conforme al marco legal vigente. En ese sentido, Tenashchuk remarca que la ejecución presupuestaria es una responsabilidad propia del Ejecutivo, mientras que el rol del Concejo es aprobar el marco general de gastos y recursos, no intervenir en la gestión cotidiana de la caja municipal.

Como parte de su argumentación, el intendente reivindica el desempeño histórico de su administración en materia de manejo de fondos públicos. El decreto recuerda que las cuentas municipales de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones mediante sentencias formales, lo que —según el Ejecutivo— demuestra un desenvolvimiento ordenado, transparente y ajustado a la normativa. En ese contexto, considera que los cambios introducidos por el Concejo resultan innecesarios e injustificados desde el punto de vista del control institucional.

Tenashchuk también fundamenta su decisión en la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 85 reconoce al Departamento Ejecutivo la facultad de promulgar o vetar las ordenanzas dentro de los diez días de su notificación, incluyendo de manera expresa la posibilidad de veto total o parcial en el caso del presupuesto. En función de esa atribución, optó por el instrumento más drástico: el rechazo completo de la ordenanza presupuestaria.

El veto total implica que el Presupuesto 2026 aprobado por el Concejo queda sin vigencia legal y obliga a reabrir el proceso político y legislativo. Ahora el cuerpo deliberativo deberá decidir si insiste con la norma con la mayoría especial requerida o si negocia un nuevo texto con el Ejecutivo. De no alcanzarse un acuerdo, el municipio podría quedar obligado a operar bajo un esquema de presupuesto prorrogado o con mecanismos transitorios de administración financiera.

Más allá de sus efectos administrativos, la decisión expone un conflicto de fondo sobre el control del poder y la gestión de los recursos públicos en San José. El intendente dejó en claro que no está dispuesto a ejecutar un presupuesto que, a su entender, invade competencias del Ejecutivo y pone en riesgo la gobernabilidad financiera del municipio, abriendo así una disputa institucional que marcará el inicio del año político 2026 en la localidad.