El grupo de policías que fue exonerado de la fuerza por un intento de sedición que fue aplacado a fines de septiembre, presentó un amparo para recuperar su libertad y que se revise su expulsión de la fuerza.

Sin embargo, el juez de la causa, Fernando Verón, rechazó la petición y remarcó que el proceso administrativo cumplió con todos los pasos procesales. 

“En primer lugar que el acto administrativo dictado por el Ejecutivo Provincial, es a todas luces el instrumento pertinente para el objeto que fue destinado, conforme lo establecido en el artículo 62 de la

Ley XVIII – No 3 (Antes Decreto Ley 570-71). Además dicho acto encuentra motivación en un sumario administrativo interno de la Policía de Misiones (sobre la destitución por cesantía al oficial ayudante Diego Correga y otros), conforme lo manifiestan los propios amparistas y finalmente para la declaración de cesantía no se requiere sentencia judicial firme”, remarca el fallo judicial.

El grupo de sediciosos planteó que se les impidió el ejercicio del derecho de defensa y la falta de revisión administrativa por haber sido dictado por la máxima autoridad provincial. Sin embargo los amparistas han referido, y surge de los antecedentes del acto cuestionado, que fueron notificados del sumario de manera previa al dictado del decreto cuestionado. 

Como se dijera, fue dictado por la autoridad competente, conforme establece expresamente el art. 62 de la Ley XVIII – No 3 (Antes Decreto Ley 570-71), a lo que se suma que el acto es pasible de recurso conforme lo prevé el art. 66, segundo párrafo, del Régimen Disciplinario y en su defecto recurrir a la revisión jurisdiccional, con los mecanismos pertinentes, que no es la vía del amparo”, reprochó el magistrado.  

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