La Justicia detectó múltiples irregularidades en la llegada y salida de un jet privado de Royal Class procedente de EE.UU. Capturas de video muestran a tripulantes y equipaje evitando los controles aduaneros. El Gobierno niega responsabilidades, pero el Ministerio Público impulsa una investigación sobre presunto contrabando.

Un vuelo discreto, muchas valijas y ningún control

El 26 de febrero de 2025, un jet privado de la empresa Royal Class, que partió desde Opa-locka (EE.UU.), ingresó a Argentina por Aeroparque con 10 valijas, pero solo declaró 5 ante la Aduana. El avión, modelo Bombardier Global 5000, fue utilizado por Laura Belén Arrieta, ejecutiva de OCP TECH, junto a dos tripulantes. Se sospecha que ninguno de ellos fue sometido a controles de equipaje, a pesar de las normas vigentes.

El caso motivó una investigación por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que detectó serias irregularidades en los controles migratorios y aduaneros, y posibles maniobras de encubrimiento en la documentación oficial del vuelo.

Las valijas “fantasma” y los registros que no coinciden

La investigación, revelada por el programa ¿Y mañana qué? de TN, incluye 60 páginas de dictamen judicial y capturas de pantalla del sistema que evidencian la discrepancia en el número de bultos ingresados.

Además de las valijas no controladas, los registros migratorios presentan incongruencias: el avión fue declarado como procedente de Fort Lauderdale, pero en realidad despegó desde Opa-locka (KOPF). Y aunque se informó oficialmente que regresó a Estados Unidos, las cámaras y planillas muestran que el 5 de marzo partió rumbo a París con escala en las Islas Canarias.

Durante su estadía en el país, la aeronave estuvo en un hangar videovigilado, pero la Policía Federal advirtió “huecos temporales” en las grabaciones, impidiendo verificar quiénes accedieron al avión durante ese período.

Imágenes clave: ingreso sin escáner, gestos de complicidad y agentes no identificados

En las capturas de video analizadas por la Justicia, ni la pasajera ni los tripulantes pasaron por los escáneres ni el control de valijas, a pesar de que “el área no presentaba aglomeraciones”. Se observa cómo agentes aduaneros los escoltan directamente hacia la salida, lo cual contradice el tratamiento que recibieron otros pasajeros ese mismo día.

“El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos”, advierte el dictamen.

En otro pasaje, se identifica a la pasajera Arrieta entregando su teléfono celular a una funcionaria de Aduana, quien responde con un gesto de aprobación. La Justicia ordenó identificar a todos los presentes y ampliar las declaraciones testimoniales.

El Gobierno se despega y la empresa dueña del avión niega irregularidades

Consultado por la prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni negó cualquier anormalidad: “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño”.

Sin embargo, la evidencia fílmica y documental lo contradice.

Por su parte, la empresa COC Global, propietaria del avión, emitió un comunicado: “El avión recibió todos los controles. Estuvo cerrado en un hangar vigilado y no hubo ninguna irregularidad”.

El vuelo fue operado por Royal Class, empresa de Leonardo Scatturice, nuevo accionista de Flybondi y vinculado al presidente Javier Milei por su rol como contacto con Donald Trump y la CPAC. La dimensión política del caso lo convierte en una posible bomba de tiempo institucional, mientras la justicia avanza sobre presunto contrabando, encubrimiento y mal desempeño de funcionarios públicos.

El episodio pone en cuestión los mecanismos de control aeroportuario, la trazabilidad del equipaje diplomático y las vulnerabilidades del sistema aduanero en vuelos privados.