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YPF volvió a aumentar los combustibles y en el interior la Infinia vale más de 30 pesos

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La petrolera YPF aplicó un aumento en los precios de los combustibles. De esa manera, la empresa bajo control estatal se sumó a la lista de incrementos que había iniciado Oil, seguida por Shell, primero, y Axion, después.
La nafta súper por litro cuesta 27,32 pesos, mientras que la infinia llegó a $ 30,61 pesos en el interior de Misiones. En Posadas la nafta súper subió a 23,70 pesos, en promedio 3,99 por ciento. La Infinia pasó a 27,11 pesos, con un aumento del 4,51 por ciento.
Las petroleras comenzaron a aplicar aumentos sin anunciarlos, una práctica que no habían tenido en la gestión de Mauricio Macri.
Según las empresas, este juego de las escondidas está más a tono con las nuevas condiciones del mercado y les permite competir.

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Aicheler confirmó un nuevo incremento del 11 por ciento en la tarifa de energía

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El presidente de Emsa, sostuvo que desde la Secretaría de Energía de la Nación se anuncia un segundo aumento en la tarifa de la luz del 11 por ciento a partir de febrero.
“La Nación está decidida a que en un tiempo prudencial, 2019, no haya  subsidios en el ámbito de la energía en todo el país, lo que hizo que en todas las provincias el incremento se haya producido. En Misiones tuvimos la particularidad de no tener ningún incremento, donde seguramente estábamos acostumbrados a pagar poco en la boleta sin tomar dimensión de que la energía tiene un límite”.
“Esto golpea muy fuerte en el bolsillo de la gente. El cuadro tarifario contempla un incremento del 35 por ciento como lo habíamos anunciado, en promedio, en cuanto a una tarifa básica. Se anuncia en muy pocos días un segundo aumento desde nivel de la Secretaría de Energía de la Nación, y eso nos complica bastante a todos los misioneros. La implicancia en la factura rondaría el 11 por ciento”. (Canal 12)

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Shell picó en punta con una nueva suba de las naftas

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Los surtidores de las estaciones de servicio de la petrolera Shell aparecieron hoy con nuevos precios para todos los tipos de combustibles, que sufrieron un aumento promedio de 6%.
El precio de la nafta súper subió a 23.29 pesos, mientras que la V-Power, ascendió a 26.68 en Posadas, donde rige el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles diferenciado.
Pero en otras latitudes la diferencia en el bolsillo se acentúa. En Córdoba, el precio del litro de nafta súper pasó a valer $ 26,5, y el de la Premium superó los $ 30. La provincia mediterránea está entre las que tienen los precios de los combustibles más altos, por el peso que tienen los impuestos internos.
En Chaco, el precio de la nafta premiun de Shell llegó a 32,97 pesos por litro, según advirtió ayer el diario El Norte.
Ahora los precios se fijan libremente por decisión de las petroleras y de acuerdo a los valores del barril de petróleo y cotización del dólar. 
Las otras petroleras todavía no tienen decisión tomada sobre nuevos aumentos, pero en general, todas han reaccionado de la misma manera en los últimos meses: cuando sube una, suben todas.

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El 95% de subsidios en transporte va a Buenos Aires

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Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto. Pero no son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas. Es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por el conurbano, asuman sus competencias. 
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció los incrementos programados para el año 2018 en colectivos, trenes y subtes de la región metropolitana. En el caso de los colectivos, la tarifa básica pasará gradualmente de $6 a $10 en junio. En los trenes pasará de $4 a $6,75 y en algunas líneas el incremento será de $2 a $3,25. El subte lo hará de $7 a $12,50.
Una innovación que se introduce en el diseño tarifario es la articulación de los tres tipos de transporte en un mismo instrumento de pago (la tarjeta SUBE). Esto permitirá que una persona que use colectivos, trenes y subtes dentro de las 2 horas que tome el primer medio de transporte tenga descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en los viajes subsiguientes hasta 5 viajes. Este es un esquema muy utilizado en los países avanzados donde la finalidad es incentivar el uso del sistema público de transporte por encima de la movilidad en vehículos particulares.
Las medidas, además de mejorar los servicios, ayudan a reducir los subsidios económicos y, con ello, contribuir al equilibrio fiscal. De todas formas, no resuelve un tema institucional central que es el de las competencias. Según datos de ASAP a noviembre del 2017 los subsidios al transporte que financia la Nación ascendieron a $70 mil millones de los cuales:
  • Unos $37 mil millones fueron a pasajes de colectivos fundamentalmente de la región metropolitana.
  • Otros $29 mil millones fueron a trenes de la región metropolitana.
  • Esto significa que el 95% de los subsidios nacionales van a la región metropolitana.
Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados. Se trata de una irritante discriminación contra los más de 2.000 centros urbanos que tiene la Argentina. Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales y no el gobierno nacional. 
La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 1996. Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, debería CABA en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana. Sólo a modo de ejemplo, CABA y la Provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el “Metro” de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado “Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington” para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos. Esto es lo que evita que el presidente de Estados Unidos tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington.   
Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de “intendente”. No es una cuestiona menor cuando el desarrollo del país necesita con urgencia construir autovías en las rutas nacionales, modernizar las hidrovías, mejorar la eficiencia de los puertos, revitalizar el transporte ferroviario de carga y desarrollar una densa red de vuelos de bajo costo que una los diferentes destinos del país sin tener que hacer escala en Buenos Aires. Por otro lado, disminuye los riesgos y las tentaciones de que futuros gobiernos hagan demagogia en beneficio de la región metropolitana usando fondos y funcionarios nacionales, como ocurrió en la gestión pasada.   
El Consenso Fiscal corrigió la discriminación que sufría la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la no actualización del tope en el Fondo del Conurbano. Pero para que esto no derive en una injustica contra el resto del país es fundamental que la Provincia de Buenos Aires y CABA se hagan cargo de los servicios públicos del área metropolitana. 
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Según Ecolatina, en 2018 podría superarse la “maldición de los años pares”

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Como sucedió en los últimos años electorales (2013 y 2015), la economía cierra el año con expansión del nivel de actividad y descenso de la inflación, recuperándose de la mala performance del 2016 (el año pasado el PBI cayó más de 2% y la suba de precios rozó 40%).
Pese a que la mejora fue gradual, el Ejecutivo logró llegar a las elecciones de mitad de término con una situación económica aceptable. Es difícil pensar que dicha performance le haya sumado votos a Cambiemos en las Legislativas (es probable que la polarización sí lo haya hecho, especialmente en Provincia de Buenos Aires), pero no le restó apoyo como pensaba la oposición (que basó buena parte de su discurso en la problemática económica).
En materia de actividad destacó la recuperación del consumo y de la inversión (cierran el año más de 3% por encima de los niveles de 2015) y el fuerte aumento de las importaciones (muy por encima de las exportaciones). A nivel sectorial se observó un fuerte dinamismo en la construcción y los servicios (especialmente financieros e inmobiliarios) y una recuperación magra y heterogénea en la industria.
En materia inflacionaria no hubo milagro: la meta del BCRA (12-17%) fue incumplida: la suba de precios minoristas a nivel nacional cierra 2017 en torno al 24%. Cabe destacar que, tanto a principios como a fines de año, la inflación se aceleró producto del reacomodamiento de diversos precios de bienes y servicios regulados (destacan las subas de gas, luz y agua). A nivel de remuneraciones la mejora real se percibió fuerte en el segundo y tercer trimestre del año cuando la inflación mensual se moderó y se implementaron las principales subas salariales acordadas en paritarias.
Por último, si bien el dólar se mantuvo prácticamente planchado durante el año, hubo dos procesos de suba intensos: entre el cierre de listas (fin de junio) y las Paso (mediados de agosto) y en las últimas dos semanas del año. De todas formas, el tipo de cambio nominal cierra 2017 recortando la brecha respecto de la suba de precios y salarios de la economía.
La performance de los déficit gemelos deja mucho que desear. Pese al cumplimiento de la meta oficial del resultado primario, el rojo financiero del sector público nacional empeoró (levemente) respecto de 2016 por el fuerte incremento del pago de intereses de la deuda.
Más alarmante aún fue la performance del déficit externo. El rojo del intercambio de bienes está cerrando en torno de U$S 9.000 M, el déficit de turismo internacional superaría los 10.000 M y es probable que el rojo de la Cuenta Corriente (que incluye el intercambio de bienes, servicios y rentas) roce 28.000 millones, lo que equivale a casi 5% del PBI.


 
¿Segundo año consecutivo de crecimiento y reducción de la inflación?
La principal duda económica a despejar respecto del 2018 es si finalmente la Argentina va a dejar atrás el escenario de “Estanflación” (estancamiento con inflación elevada) que afectó la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la primera mitad del mandato de Mauricio Macri. Para que ello suceda, hay que romper con la maldición de los últimos tres años pares recesivos (2012, 2014 y 2016) y profundizar el proceso de desinflación.
Pese a que no prevemos que se cumpla la pauta de crecimiento de la actividad (3,5% según el Presupuesto 2018) ni la flamante meta de inflación propuesta por el Ejecutivo 15%), es probable que el PBI crezca y que la suba de precios se modere, por segundo año consecutivo, en 2018.
Nuestra estimación de crecimiento para el año que viene se ubica en torno de 2,5% gracias al elevado arrastre estadístico positivo que deja el PBI del cuarto trimestre de 2017 (no menor al 1%), al mayor dinamismo Brasil (nuestro principal socio comercial crecería casi 3% el año entrante); y a las buenas perspectivas globales (abundante liquidez, tasas de interés bajas en términos históricos, y aceleración del crecimiento mundial y del comercio internacional).
La meta oficial de crecimiento es difícil de alcanzar en un contexto de política fiscal contractiva (el déficit primario nacional tiene que bajar 1 p.p. del producto para cumplir la meta de 2018); y una política monetaria que va a seguir siendo contractiva pese a un leve relajamiento (ex ante, el rendimiento real de una Lebac del BCRA supera el 10% anual) para contener la inflación. Por último, la falta de competitividad cambiaria seguirá afectando al sector transable de la economía generando déficit externo que genera dependencia al ingreso masivo de capitales externo para financiarlo.
En materia inflacionaria, el verdadero desafío para el año que viene será lograr que la suba de precios se ubique por debajo del 20%, algo que no se observa desde 2009. El recientemente anunciado cambio de las metas de inflación (del 8-12% del BCRA para 2018 al 15% propuesto por el Ejecutivo y el diferimiento a 2020 del cumplimiento del objetivo de una inflación anual de 5%) muestra que el gobierno subestimó el problema inflacionario o sobrestimó su capacidad de reducir la suba de precios. Recordemos que al inicio de su gestión Cambiemos planteó una inflación entre el 20-25% para su primer año de mandato, 12-17% para 2017, 8-12% para el año entrante y llegar al 5% en 2019.
La flamante meta de inflación para 2018 (15%) está más cerca de las proyecciones del mercado (17%), pero no será sencilla de cumplir. Los drivers que impulsarán la inflación el año que viene son: i) inercia inflacionaria (en la última década los precios crecieron en promedio al 25% anual); ii) ajuste tarifario (la contracara de la reducción de los subsidios para bajar el déficit); iii) expectativas crecientes de inflación (y por encima de la nueva pauta oficial), lo cual genera demandas salariales o incrementos de precios elevados (superiores al nuevo objetivo).
La autoridad monetaria ha subido significativamente la tasa de interés de referencia (LEBACs) para tratar de alinear las expectativas y así lograr el cumplimiento de la antigua meta. Sin embargo, el impacto del principal instrumento para combatir la inflación es acotado. Este año la elevada tasa de interés real no ha logrado llevar la inflación por debajo de la velocidad crucero (25% anual). Más preocupante aún, pese a que en los últimos meses llevó el rendimiento de la LEBAC hasta casi el 30% anual, las expectativas inflacionarias no se están reduciendo. Además, los aumentos tarifarios anunciados junto con la reciente escalada del dólar y el probable relajamiento de la política monetaria auguran un recalentamiento de la inflación en verano, complicando el inicio de las paritarias de 2018.
Por último, pero no por ello menos importante, el Ejecutivo se planteó reducir el déficit primario del sector Público Nacional en un punto porcentual del producto. No será sencillo, pero el gobierno puede cumplir dicha meta si logra mantener el dinamismo de la actividad y, simultáneamente, recortar el gasto en subsidios y acotar las erogaciones de la seguridad social. Pese al elevado costo político, el cambio de la fórmula previsional era condición necesaria (no suficiente) para lograr la meta fiscal del 2018 (por dicho mecanismo ajusta la mitad del gasto primario). Además, esto permitió concretar el Pacto Fiscal acordado entre Nación, Provincias y ANSES y destrabó la sanción de las restantes leyes.
El problema aquí es que, a diferencia de las cifras presentadas por el equipo económico, la reducción del déficit primario no se traduce bis a bis en un menor rojo financiero producto del fuerte incremento del pago de intereses. El financiamiento del déficit con deuda (mayoritariamente externa por la acotada escala del sistema financiero local) permite reducir la emisión monetaria pero a costa de un mayor pago de intereses por parte del Tesoro (y del BCRA que esteriliza la compra de dólares).
De hecho, si se cumple la meta oficial de reducción del déficit primario Nacional en la segunda mitad del mandato de Macri (-3,2% del PBI en 2018 y -2,2% del PBI en 2019), estimamos que el rojo financiero al término de su gestión roce el 5% PBI (por mayores intereses), nivel similar al de 2015.  
 
El mayor riesgo proviene del desequilibrio externo
En síntesis, pese a incumplir las metas oficiales, es probable que la economía argentina logre, por segundo año consecutivo, crecer y reducir la inflación en 2018. En términos fiscales, es posible alcanzar el objetivo de déficit primario planteado para el año entrante pero, como hemos visto con  la reforma previsional, el esfuerzo requerido será costoso políticamente.
Sin embargo, el gobierno no ha despejado las dudas reinantes en el frente externo, que representa el talón de Aquiles del actual modelo económico. El último dato de la “grieta” externa es alarmante: el déficit de Cuenta Corriente (que incluye el intercambio internación de bienes, servicios y rentas) en el tercer trimestre de 2017 acumuló 4,5% del PBI durante los últimos 12 meses, el mayor rojo observado desde el año 1998.
Si persiste el atraso cambiario (producto del endeudamiento externo y los elevados retornos en dólares de las tasas de interés en pesos que fija el BCRA) dicha brecha puede superar 5% del PBI el año entrante, generando una dependencia extrema al ingreso neto de capitales. Asimismo, mejorar la competitividad cambiaria implica asumir costos (inflacionarios y de actividad/consumo) en el corto plazo, que pueden jaquear la salida de la Estanflación de la economía argentina.

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