DEUDA ARGENTINA

El gobierno reacciona mal y tarde a la irregularidad

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Luego de dar una señal de techo a las tasas y de una política monetaria menos restrictiva sobre el final de febrero, el gobierno continuó comprando reservas, aunque intervino en el mercado secundario de títulos indexados al dólar, mantuvo las tasas de cortísimo plazo en alrededor del 20,0% y obtuvo un rollover del 108,1% en la última licitación.

En cuanto a la acumulación de reservas, recordemos que el 23 de febrero se tomaron una serie de medidas que señalizaron un techo a las tasas de interés en pesos y buscaron desacelerar parcialmente el carry. Esto provocó una subida del tipo de cambio que se estabilizó en la zona de $1.400/$1.420. Dado que la oferta de divisas asociada al carry se reduciría, una hipótesis, convalidada hoy, es que a partir de este cambio el BCRA desaceleraría su compra de divisas para no ponerle presión al precio del dólar. Desde el 23 de febrero hasta la fecha, el promedio de compra del BCRA al Sector Privado fue de USD 60 millones diarios, mientras que el promedio del año hasta ese cambio de dinámica que señalamos había sido de USD 73 millones. En principio uno podría pensar que el gobierno eligió una configuración en la cual las tasas de interés comiencen a ser más bajas y menos volátiles, a cambio de aflojar marginalmente el ritmo de compras que sostuvo durante los primeros dos meses del año, siempre que el efecto sobre el tipo de cambio no sea significativo. Aun así, todavía es pronto para sacar conclusiones y un factor que debe ponderarse en el análisis es el contexto internacional que entró en turbulencia, con presiones devaluatorias sobre países emergentes y la incertidumbre generada por la guerra en medio oriente.

En cuanto a las condiciones de política monetaria, el BCRA admitió, en el último informe monetario mensual, que las compras de reservas no tuvieron como contraparte un aumento en la demanda de dinero, algo que habíamos adelantado en el newsletter de CEPA. La mención resulta peculiar dado que contradice el discurso de más de un funcionario de la autoridad monetaria. Por ejemplo, Federico Furiase (hoy Secretario de Finanzas) publicó a principios de febrero que “El Tesoro absorbe pesos que vienen del desarme de repo pasivo del BCRA”, es decir, que la compra dólares sí respondió a un aumento en la demanda de dinero, cuyo incremento se reflejó en una caída del stock de pesos que “sobran” en el sistema financiero (repo pasivo del BCRA) durante el mes de diciembre. Este argumento omite aspectos que expusimos en nuestra 1era edición de febrero. El textual del informe del BCRA es: “En línea con el comportamiento de la demanda de dinero, la Base Monetaria se contrajo 0,8% en términos reales y ajustada por estacionalidad. Comparando el saldo a fin de febrero con el del cierre del primer mes del año registró una disminución de $1,8 billones. Si bien la compra de divisas de la autoridad monetaria fue un factor de creación primaria de dinero (en febrero adquirió USD 1.557 millones, acumulando un total de USD 2.715 millones en el primer bimestre del año), su efecto resultó más que compensado por la contracción asociada a las operaciones del fisco y a las operaciones del BCRA en el mercado secundario”.

La confesión del BCRA en su informe monetario se vio reflejada también en el resultado de la licitación del jueves 12, donde Finanzas obtuvo un rollover del 108,1% y retiró de circulación $0,9 billones. Justamente el monto esterilizado es similar a la emisión por compras de divisas realizadas por el Banco Central desde la última licitación ($0,8B), demostrando una continuidad en la dinámica del BCRA emitiendo y el Tesoro esterilizando. La última colocación también nos dejó algunos detalles clave: aun luego del mal dato de IPC (2,9% general y 3,1% la núcleo para febrero) se convalidaron tasas del 2,6% Efectiva Mensual para mayo de 2026, quedando en terreno negativo; por otro lado, el bonar AO27 en dólares salió al 5,6% TIR y si bien el rendimiento disminuyó respecto a la anterior colocación, también lo hicieron las ofertas rechazadas (USD 286 millones vs. USD 718 millones). Creemos que esto responde a una disminución de los dólares ociosos en el sistema, por lo que a medida que éstos se vayan agotando, es probable que estas tasas no se mantengan en el mediano plazo.    

Según publicaron medios nacionales y replicaron agencias de Wall Street, la renuncia del Secretario de Finanzas Alejandro Lew estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. La propuesta del ahora exsecretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de USD 9.500 millones a una tasa del 9,75%. La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del Riesgo País y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei.

Esta especulación no suena descabellada si tenemos en cuenta el discurso que adoptó el gobierno a partir del fracaso en la colocación de deuda de diciembre de 2025, donde luego de buscar USD 1.000 millones a menos del 9,0% TNA, obtuvieron USD 910 millones al 9,3% TNA y la postura pasó a ser “eliminar la dependencia de Wall Street”. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones (recordemos que luego de las elecciones destacaron las declaraciones del director de mercados emergentes del fondo PIMCO, quien pidió “encarecidamente que dejen flotar su moneda” y agregó “los inversores extranjeros como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda. Punto. Punto final.”) contribuyeron a lo que vemos como un deterioro en la relación del gobierno con estos actores y a una puja de poder de negociación en la cual Milei busca demostrar que no los necesita y que prefiere/puede recurrir a mecanismos como el REPO, privatizaciones y concesiones de empresas o colocaciones locales para evitarlos. Estas alternativas no son para nada sostenibles para el refinanciamiento de la carga de vencimientos en moneda extranjera (USD 34.568 millones durante 2026 y 2027 incluyendo Bonares, Globales y Organismos Internacionales) y creemos que más temprano que tarde tendrá que dar el brazo a torcer, a menos que proceda en la descapitalización del Banco Central.

Los balances bancarios continúan dando mal y el gobierno anuncia medidas

La última semana salieron las presentaciones trimestrales de los balances de los bancos y los resultados van en línea con lo que venimos desarrollando desde hace varias ediciones, la morosidad muestra aumentos en el cuarto trimestre para todos los bancos (aunque en niveles muy distintos). El Grupo Financiero Galicia muestra la morosidad más elevada, en 8,2%, mientras que el Banco Macro registra 3,9%. Para las cuatro principales entidades que reportan en bolsa (Galicia, Francés, Macro y Supervielle), a pesar de la diferencia en las cantidades, la dinámica es la misma: fuertes subas en la morosidad del segmento minorista, de entre 0,9 p.p. y 1,4 p.p. de aumento trimestral y en el rango de 4.0 a 5.3 p.p. en términos interanuales. Como consecuencia, las previsiones -los recursos que los bancos reservan para afrontar futuras pérdidas por intereses incobrables- mostraron significativos aumentos en términos reales durante el último trimestre: +408% para el Supervielle (lo que representa 35% de los ingresos trimestrales de la entidad), +243% en el caso del Banco Macro (16,5% de los ingresos), +233% Grupo Financiero Galicia (41% de los ingresos) y +181% en el Banco Francés (25% de los ingresos).

También es relevante marcar la caída de la participación de los bancos privados en el segmento de crédito hipotecario, que tuvo como consecuencia que el Banco Nación se convierta en casi único prestamista. A comienzos de 2025 el BNA otorgaba alrededor del 20% de esta línea y el Galicia lideraba con 32%, mientras que a enero de 2026 el Banco Nación representó el 97% de las hipotecas entregadas. Esto encuentra un correlato en la evolución de las tasas de interés ofrecidas, que en sus mínimos de oct-24 promediaban 5,4% TNA (con acreditación de sueldo) y en feb-26 promediaron 11,4% TNA, un incremento de 6 puntos porcentuales impulsado por la política del Tesoro de ofrecer tasas reales altas en sus títulos. Como reacción a la insostenibilidad del otorgamiento de estas líneas, los bancos habrían pedido al equipo económico medidas relacionadas a la securitización de estos créditos, es decir, el agrupamiento o empaquetamiento de múltiples hipotecas para convertirlas en activos financieros negociables en el mercado secundario de títulos. En este sentido, es posible que el gobierno esté pensando en utilizar los recursos del FAL como garantía de fondeo a mediano/largo plazo para la securitización de los créditos hipotecarios.

En este contexto de fuerte crecimiento del riesgo de crédito se conocieron dos medidas. Por un lado, el BCRA comunicó la implementación de un nuevo instrumento, el Cobro con Transferencia (CCT), que permite el cobro de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata hacia los acreedores (a diferencia del débito automático que puede presentar liquidaciones diferidas). Debería estar disponible para septiembre de 2026. Lo que consideramos más relevante de esta medida es el límite que impone en cuanto a la relación cuota/ingreso de 30% que, si bien era una práctica habitual para los bancos, la novedad es que incorpora a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC). Uno de los grandes problemas de la dinámica de sobreendeudamiento de las familias derivó del no control de la relación cuota/ingreso en los PNFC (Mercado Pago, NaranjaX, etc.): aunque los bancos limitaban los nuevos préstamos al 30%, los PNFC permitían financiaciones, provocando que las cuotas (agregando deuda con ambos tipos de entidades) superen ampliamente el 30% del salario. Otros de los aspectos importantes de la nueva modalidad es la asignación de la responsabilidad de fraude al prestamista y el límite a la cantidad de intentos de cobro de las cuotas, ya que ciertas entidades otorgan préstamos a individuos con baja o nula capacidad de pago, pero apuestan a “barrer las cuentas” constantemente. Aunque el CCT contiene medidas que ayudarían a un mercado crediticio más saludable, llega muy tarde y no resuelve el problema de la irregularidad del crédito hoy, sino que suaviza las condiciones en adelante, pero tendrá, como contracara, una reducción de consumo. Como sostenemos constantemente, la morosidad es una consecuencia de un programa económico que no impone un marco de tasas de interés asequibles para las familias, al mismo tiempo que recurre a pisar los salarios como ancla inflacionaria.    

La otra medida anunciada fue el descuento en nómina, muy festejada por el ministro Sturzenegger en redes sociales. La norma, incluida en la Reforma Laboral y que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, consiste en la habilitación a las entidades bancarias para descontar del salario las cuotas de préstamos. Aunque el gobierno la comunique como una medida de alivio a las familias, realmente atiende a las necesidades de las Entidades Financieras. En cuanto a las tasas, el razonamiento se orienta a que, si es más segura la capacidad de cobro, el costo de endeudamiento debería bajar. Además, incentiva a un menor esfuerzo de los prestamistas respecto el análisis crediticio de las familias, ya que cuentan con un seguro de descuento salarial. Por último, aunque se lo presente como una modalidad libre de riesgo, está expuesto a la pérdida del empleo, en un contexto de expectativas de caída de la actividad industrial y la desregulación generada por la reforma laboral.

Los cuatro frentes de Trump: inflación, Irán, crecimiento y elecciones

Previo a la guerra con Irán, los datos de inflación núcleo en Estados Unidos del último trimestre mostraban un valor interanual cada vez menor (2,7% en diciembre, 2,5% en enero y 2,47% en febrero), aunque con datos trimestrales más cercanos al 3% anual. La pregunta era, entonces, si se había estancado el proceso desinflacionario. Pero ahora con el impacto inflacionario evidente derivado del precio del petróleo que oscila entre subas del 28% y 65% desde el inicio del conflicto, la pregunta es otra: la suba del petróleo ¿tendrá un efecto único (one off) o habrá impactos de segunda ronda que puedan llevar a la FED a subir las tasas de interés este año? En este contexto, las probabilidades implícitas de suba de tasas en base a la FED de Atlanta pasaron de 8% previo al conflicto al 23% para fines de 2026.

Este escenario de inflación creciente se presenta en un momento de mucha debilidad del mercado laboral: en febrero se perdieron 92.000 puestos de trabajo y el desempleo subió 0,1 p.p. (a la zona de 4,4%), nivel en el cual se mantiene relativamente estable desde septiembre de 2025 (aunque es 0,6 p.p. mayor al valor de marzo 2025). La debilidad del mercado laboral se refleja en que, en promedio, la variación de empleo en los últimos seis meses fue de una retracción de mil puestos de trabajo por mes, en un país que según estimaciones de la FED y la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés), debe crear entre 40 mil y 80 mil puestos de trabajo mensuales para mantener estable el nivel de desempleo (debido a la incorporación de jóvenes e inmigrantes al mercado laboral).
Trump llegó al poder con la propuesta inicial del 3-3-3, que hacía referencia a aumentar en 3 millones la producción de barriles de petróleo, 3% el PBI y reducir el déficit financiero al 3%. Pero este escenario se encuentra lejos de cumplirse.

Para el objetivo de 3 millones nuevos de barriles por día el gobierno recurrió principalmente a desregulaciones del sector y quitar beneficios a las energías renovables, el resultado fue una suba de 0,7 millones desde enero a septiembre, donde la producción se estancó y las proyecciones de la EIA (Energy Information Administration) para 2026 no muestran un repunte en la producción, por lo que si se desea alcanzar el objetivo harán falta nuevas medidas o un precio mayor al promedio 2025 (USD $69 por barril).
El 3% de crecimiento del PBI por año aún no se logró: 2,2% en 2025 aunque impactado por el shutdown. Según el discurso oficial se alcanzaría por las desregulaciones y quitas de impuestos, aunque lo más probable es que el motor real para un eventual 3% de crecimiento sea la inteligencia artificial. En ese punto es relevante notar que el impacto de la política antinmigración de Trump lo alejó de la meta. Según estimaciones de la Reserva Federal de San Francisco, la inmigración neta en 2025 alcanzaría las 500.000 personas, frente a los 2,2 millones de 2024, lo que, según estimaciones de la FED de Dallas, redujo el crecimiento del PBI en 2025 entre 0,75 y 1,0 puntos porcentuales.

El último objetivo, de 3% de déficit financiero, depende no solo de una reducción del déficit primario mediante recaudación por aranceles y ajustes al gasto sino también una reducción en la carga de los intereses de la deuda por lo que, durante los últimos meses, se profundizaron las presiones hacia Powell para que baje las tasas. La combinación del fallo adverso de la Corte Suprema y que después de los últimos acontecimientos el mercado redujo sus expectativas de bajas de tasas, genera que se aleje aún más el objetivo.

Respecto al futuro de las tasas de interés, las especulaciones acerca de qué esperar con la asunción de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal en mayo, son enormes. Se trata de un ex gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 que, si bien apoyó el Quantitave Easing (inyección de liquidez mediante compras de títulos públicos por parte de la FED), luego se volvió muy crítico de la liviandad con la que se lo utilizó posteriormente (actualmente nos encontramos en un ciclo de inyección de liquidez iniciado en diciembre 2025 por USD 20 mil millones mensuales). Si bien se trata de un perfil con diversas conferencias de prensa en las cuales prioriza controlar la inflación y, por lo tanto, se lo considera más propenso a un endurecimiento de la política monetaria, no es un factor a olvidar que quien propuso su candidatura es el mismo Trump. Luce difícil entender las razones por las cuales Trump hubiera elegido alguien incluso más restrictivo que Powell (a quien critica cada vez que puede por su “demora” en bajar las tasas). Es posible imaginar que, al revés de lo previsto, Kevin Warsh es elegido justamente para hacer el “trabajo sucio” (una baja de tasas más basada en motivos políticos que técnicos) por su reputación de un hombre duro contra la inflación.

Actualmente todos los medios económicos se centran en guerra en Irán. La previsión inicial de guerra corta (por los grandes costos en términos de actividad e inflación que puede generarle a Estados Unidos un conflicto extendido) parecen diluirse con el correr de los días. Se trata de una guerra con un país que parece haberse preparado para el conflicto, que cuenta con fuertes ventajas geográficas para defenderse y que apuesta a un proceso de desgaste atacando plantas desalinizadoras de agua de los países aliados de EE.UU. en la región y cerrando el estrecho de Ormuz para generar el mayor shock de oferta de la historia del petróleo (20 millones de barriles diarios o 20% del volumen global vs 5 millones o 10% del volumen global en la crisis del petróleo de 1973). En este contexto, los países miembros del G7 se comprometieron a liberar 400 millones de barriles para atender al shock (más del doble de lo que liberaron con el ataque de Rusia a Ucrania) y el Tesoro de los Estados Unidos empezó a intervenir activamente en los futuros de petróleo para intentar reducir el shock. Estas decisiones terminaron fortaleciendo la hipótesis de conflicto largo (un problema de flujo no se resuelve con stock). La extensión del conflicto impacta en dos problemas concretos. Por un lado, países como Iraq y Kuwait comunicaron que reducirán su producción ya que no cuentan con capacidad de almacenamiento suficiente para mantener el ritmo sin poder enviar barriles por el estrecho. En segundo lugar, aumenta las probabilidades de daños a capacidades instaladas difíciles de recuperar como la planta de GNL en Qatar, por lo que el mercado comienza a incorporar escenarios de estrés incluso después de una reapertura del estrecho de Ormuz.

La incertidumbre sobre la evolución de la inflación y el impacto futuro del incremento del precio del petróleo, los incumplimientos de promesas sobre PBI, déficit financiero y producción petrolera, la decisión de la Corte Suprema sobre aranceles y el escenario de posible postergación de baja de tasas, se debe analizar al calor de un hecho político trascendente: en noviembre de este año Trump enfrenta las elecciones de medio término, algo que parece condicionarlo en cada decisión.

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El dólar baja a $1.400 y se aleja del techo cambiario mientras cae el riesgo país

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La dinámica del mercado cambiario volvió a inclinarse hacia la estabilidad este martes y dejó una señal que el Gobierno observa con atención: el dólar mayorista cerró en $1.400, una caída de $16 respecto del día anterior, mientras el riesgo país descendió 26 unidades hasta los 557 puntos básicos. En paralelo, el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó USD 458 millones, uno de los niveles más altos de la semana.

La baja de la divisa ocurre en un momento políticamente sensible para el programa económico. El tipo de cambio oficial quedó 15,96% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.623,48, lo que amplía el margen antes de que el Banco Central deba intervenir. En términos concretos, el dólar todavía podría subir $223,48 sin que la autoridad monetaria tenga que actuar.

La pregunta que comienza a recorrer al sistema financiero es si este retroceso refleja una consolidación de la estrategia cambiaria o si se trata de una pausa dentro de un esquema aún sometido a fuertes tensiones macroeconómicas.

El esquema cambiario y el rol del Banco Central

El movimiento del dólar se inscribe dentro del esquema de bandas cambiarias que administra el Banco Central de la República Argentina, una herramienta que busca ordenar las expectativas del mercado mientras se reduce la volatilidad del tipo de cambio.

Según los datos oficiales difundidos este martes 10 de marzo, el sistema financiero mostró además otras señales de estabilidad:

  • Reservas internacionales: USD 46.043 millones
  • Compra de divisas: USD 67 millones
  • Tipo de cambio minorista promedio: $1.421,51
  • Tasa TAMAR (TNA bancos privados): 30,88%
  • Tasa BADLAR (TNA bancos privados): 28,50%

En el mercado formal, el dólar minorista cerró a $1.420 para la venta y $1.370 para la compra, mientras que en el segmento informal el dólar blue se negoció a $1.420, con una leve baja diaria de cinco pesos.

En el circuito financiero también se registraron caídas: el dólar MEP se ubicó en $1.421,05 y el contado con liquidación (CCL) en $1.465,24. Ambos mecanismos permiten acceder a divisas a través de operaciones bursátiles con bonos y acciones.

La combinación de estas cotizaciones sugiere un escenario de relativa convergencia entre los distintos precios del dólar, un fenómeno que el equipo económico busca consolidar para reducir la presión sobre las reservas.

Bonos, riesgo país y el costo del financiamiento

La mejora cambiaria coincidió con una recuperación en los bonos soberanos, lo que impulsó la caída del riesgo país hasta 557 puntos básicos.

El indicador, elaborado por JPMorgan Chase, mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto mayor es esa brecha, mayor es la percepción de riesgo sobre la capacidad de pago de un país.

El nivel actual sigue siendo elevado, pero marca una mejora respecto de semanas previas. Con estos valores, el Estado argentino debería pagar tasas superiores al 9% anual en dólares si intentara financiarse en los mercados internacionales.

Por ahora, el Gobierno evita ese camino. La estrategia apunta a reducir la dependencia del financiamiento externo mediante instrumentos colocados en el mercado local.

La estrategia financiera del Gobierno

Dentro de ese esquema, el Ministerio de Economía impulsa la emisión de un bono quincenal en dólares en el mercado doméstico con el objetivo de captar USD 2.000 millones.

Los fondos servirían para afrontar un compromiso de deuda superior a USD 4.200 millones previsto para julio, una fecha que el mercado sigue con atención porque pondrá a prueba la capacidad del Tesoro para cubrir vencimientos sin recurrir a financiamiento externo masivo.

En este contexto, cada movimiento del dólar y del riesgo país funciona como un termómetro político del programa económico: si las variables financieras continúan estabilizándose, el Gobierno gana margen para sostener su estrategia. Si la tendencia se revierte, la presión sobre el esquema cambiario podría reaparecer.

Lo que viene: estabilidad o nueva tensión

El retroceso del dólar y la caída del riesgo país sugieren un clima de mayor calma financiera. Pero el equilibrio todavía depende de múltiples factores: la evolución del mercado internacional, el comportamiento de los inversores y la capacidad del programa económico para sostener sus anclas fiscales y monetarias.

En las próximas semanas, el mercado observará tres señales clave: el comportamiento del tipo de cambio dentro de la banda, la evolución de los bonos soberanos y la capacidad del Tesoro para cubrir sus vencimientos sin recurrir a deuda externa.

En ese tablero, la estabilidad cambiaria no es solo un dato técnico. Es también una pieza central de la disputa política que define el rumbo económico del país.

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Caputo desafía a los mercados y relativiza el riesgo país: “No se arregla con reservas ni con un bono de USD 1.000 millones”

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El ministro defendió la estrategia del Gobierno y marcó límites a la presión financiera.

En Córdoba, ante empresarios reunidos en la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso una tensión que atraviesa hoy al Gobierno: pese a la compra acelerada de reservas, el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos. Y lejos de anunciar un giro, eligió confrontar con el diagnóstico de los analistas. “Es más difícil de lo que se cree”, dijo, en un mensaje que buscó ordenar expectativas dentro y fuera del mercado.

El dato no es menor. El Ejecutivo incrementó las compras de divisas por encima del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional —pasó de un 5% del volumen diario acordado a algo más del 30%—, pero esa señal no se tradujo en una baja sustancial del indicador que mide el costo del financiamiento externo. La pregunta que dejó flotando Caputo es si el mercado exige algo más estructural que acumulación de dólares o si, directamente, el acceso al crédito sigue condicionado por factores políticos y externos.

Reservas, acceso al mercado y el debate sobre la colocación internacional

Caputo apuntó contra quienes, semanas atrás, reclamaban mayor intervención del Banco Central para fortalecer reservas como condición para reducir el riesgo país. Ahora, sostuvo, esos mismos sectores proponen una colocación internacional, aunque sea por USD 1.000 millones, como gesto para validar acceso al mercado.

El ministro rechazó esa alternativa. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, afirmó. Según su lectura, el mercado no necesita demostraciones simbólicas de acceso, porque “lo único que sabe es si un país tiene acceso o no”. La diferencia, agregó, puede estar en la tasa, no en la posibilidad técnica de emitir deuda.

La definición tiene peso político. Implica que el Gobierno no se moverá por presión de corto plazo y que priorizará el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas por sobre señales financieras que puedan interpretarse como concesiones.

El funcionario insistió en que la estrategia de compra de divisas continuará y que se ejecuta “sin afectar el precio”, considerando la profundidad del mercado. El mensaje apunta a despejar temores de distorsiones cambiarias, pero también a sostener la idea de que la política económica tiene coherencia interna más allá de la volatilidad externa, hoy atravesada por el conflicto en Medio Oriente.

Equilibrio fiscal como eje de poder

Caputo encuadró el debate financiero dentro de una narrativa más amplia: orden macroeconómico, reducción del gasto y eliminación del déficit. Aseguró que el Gobierno bajó el gasto 30% en términos reales y corrigió cinco puntos de déficit fiscal en un mes, sin recurrir a default ni a mecanismos extraordinarios.

En términos políticos, el mensaje es claro. El oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal como activo de poder, no solo como herramienta técnica. “El compromiso fiscal es indeclinable”, afirmó el ministro, y lo presentó como “el escudo más importante ante cualquier shock externo”.

Esa postura redefine la correlación de fuerzas con el mercado. Si el Gobierno mantiene superávit y disciplina fiscal, el riesgo país deja de ser —según esta lógica— un indicador exclusivamente interno y pasa a estar más vinculado a percepciones estructurales y al contexto global.

También defendió la continuidad de reformas y la baja de impuestos, condicionadas al crecimiento de la recaudación y la formalización del empleo. En ese marco, mencionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de aportes patronales de 18 a 2 puntos, con el objetivo de transparentar costos y reducir litigiosidad.

Crecimiento, crédito y el desafío estructural

El ministro vinculó el problema del riesgo país con una debilidad más profunda: la falta de crédito y de mercado de capitales. Recordó que cuando el Gobierno asumió, el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI, frente a niveles superiores al 30% en economías comparables.

Para Caputo, el ahorro existe pero permanece fuera del sistema financiero. Sin crédito interno y con dependencia histórica del financiamiento externo, la baja del riesgo país no depende solo de decisiones puntuales, sino de reconstruir confianza de largo plazo.

Esa definición introduce un matiz estratégico. Si el problema es estructural, la solución no será inmediata. Y si el mercado exige pruebas adicionales, el Gobierno parece dispuesto a sostener el rumbo antes que modificar la hoja de ruta.

Un indicador bajo presión y un Gobierno que no cede

La exposición en la Fundación Mediterránea funcionó como mensaje político. Caputo no anunció cambios. Tampoco negó la dificultad. Admitió que el proceso es “más difícil de lo que se cree”, pero reafirmó la continuidad del esquema fiscal, la acumulación de reservas y la agenda de reformas.

El riesgo país cerca de los 600 puntos básicos refleja que la discusión sigue abierta. La clave estará en si el equilibrio fiscal y la acumulación sostenida de divisas logran alterar la percepción de acceso al crédito o si el mercado demanda un hito adicional.

Por ahora, el Gobierno elige resistir la presión coyuntural. El termómetro financiero no acompaña, pero la estrategia no se mueve. En las próximas semanas, la evolución del contexto internacional y la reacción de los inversores marcarán si la apuesta consolida autoridad o reabre el debate interno sobre cómo acelerar la baja del costo argentino.

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Caputo dijo que prefiere no emitir deuda con legislación extranjera

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El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago de US$4.300 millones que debe servir en enero ante acreedores privados.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo a una pregunta de un seguidor en redes sociales.

Fue el mismo Caputo quien había abierto la puerta para una colocación de este tipo, pero ahora se manifestó con mayor prudencia.

El Gobierno ya cuenta con cerca de US$1.800 millones producto de compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029, a lo que debe sumarse los US$700 millones que va a reunir con la concesión de las represas del Comahue.

El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o de la firma del REPO que se negocia con bancos.

Al respecto, Caputo añadió en un segundo posteo: “El repo ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que WS (Wall Street) sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”.

Consultado sobre el porqué de querer alejarse de Wall Street Caputo afirmó que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.__IP__

“Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que en este período de crecimiento sea de largo plazo”, subrayó.

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Deuda en dólares: el Gobierno vuelve a los mercados y coloca US$1.000 millones en el bono 2029

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El Gobierno vuelve a los mercados y coloca US$1.000 millones a una tasa del 9,26% en el BONAR 2029

El Ministerio de Economía logró su objetivo de financiarse en los mercados internacionales con la colocación de US$1.000 millones del Bono del Tesoro en dólares con vencimiento en noviembre de 2029. La operación, adjudicada a una tasa anual del 9,26%, marca el retorno del Gobierno a las emisiones externas y refuerza la estrategia oficial de consolidar “fundamentals económicos” para sostener el programa financiero.

Una licitación clave: fuerte demanda y tasa del 9,26%

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación del BONAR 2029N —Bono del Tesoro Nacional en dólares 6,50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029— se recibieron 2.693 ofertas, por un total de US$1.420 millones de valor nominal (VNO). De ese total, se adjudicaron US$1.000 millones, equivalentes a US$910 millones de valor efectivo.

El rendimiento final se ubicó en 9,26% (TNA), lo que implica que el Estado pagará aproximadamente US$92,6 millones por año en concepto de intereses. El precio de corte se fijó en US$910 por cada US$1.000 de VNO, y dado el alto nivel de demanda, Economía aplicó un factor de prorrateo del 40,9516867971678% para las propuestas presentadas al precio final.

El Ministerio de Economía destacó que la operación “refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”.

Con esta colocación, el nuevo valor nominal en circulación asciende a US$1.000 millones, correspondiente al instrumento AN29.

Impacto financiero y señales al mercado

La emisión se transforma en un indicador clave para el escenario financiero argentino: representa la primera colocación de magnitud desde el relanzamiento del programa económico y se interpreta como una prueba de demanda para los títulos soberanos en dólares.

El rendimiento del 9,26% se ubica dentro del rango esperado por los analistas para un bono a cinco años, mientras que la relación entre US$1.420 millones ofertados y US$1.000 millones adjudicados muestra un nivel de apetito relevante para instrumentos soberanos en moneda dura.

La adjudicación también deja señales institucionales importantes: Fortalece el programa financiero, al garantizar recursos en dólares a mediano plazo. Ordena el perfil de vencimientos con un bono de amortización íntegra al final del período. Actúa como referencia de tasa para futuras emisiones, tanto soberanas como corporativas.

Además, el resultado amplifica las expectativas oficiales de recuperar progresivamente la confianza de los inversores, un elemento que la propia cartera económica subrayó al mencionar “la demostrada confianza en las mejoras de fundamentals”.

Efectos sobre financiamiento, mercados y política económica

La licitación puede tener repercusiones en varios frentes del ecosistema económico:

Mercado de deuda

El éxito en la demanda puede mejorar la percepción de riesgo país en los tramos medios de la curva, y servir como guía para operaciones futuras, tanto en dólares como en instrumentos ajustados por inflación.

Programa financiero

Los US$1.000 millones adjudicados representan una fuente relevante para cumplir con vencimientos en moneda extranjera, reducir presiones sobre las reservas y mejorar la previsibilidad fiscal.

Relación institucional

El comportamiento de los mercados se interpreta como una señal política: valida parcialmente el rumbo económico y otorga margen al Ministerio de Economía para sostener su hoja de ruta mientras se negocian otras variables del programa fiscal.

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