Superávit fiscal por tercer mes consecutivo: recorte de subsidios y baja de presión tributaria

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El Gobierno nacional cerró marzo con un superávit financiero de $398.909 millones, el tercero consecutivo en lo que va del año. Según el Ministerio de Economía, el sector público nacional acumuló en el primer trimestre un superávit primario de 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del Producto, consolidando el ancla fiscal del programa económico en un contexto de caída de la presión tributaria y recorte en subsidios.

Superávit financiero en marzo: el Gobierno consolidó equilibrio fiscal por tercer mes consecutivo

Cierre del primer trimestre con excedente: claves del resultado

De acuerdo con el informe oficial difundido por el Ministerio de Economía, en marzo el sector público nacional (SPN) alcanzó un resultado primario positivo de $745.339 millones, mientras que los pagos netos de intereses totalizaron $346.430 millones, resultando en un superávit financiero de $398.909 millones.

Con este resultado, el primer trimestre cerró con superávit primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2%, en línea con el compromiso del Gobierno de mantener el equilibrio fiscal como pilar central de su estrategia económica. Cabe recordar que 2024 finalizó con el primer superávit financiero en 14 años, y el más alto desde 2008.

Menor presión tributaria y recorte del gasto: el trasfondo del equilibrio

El Ministerio destacó que el desempeño fiscal se logró a pesar de una menor presión tributaria, explicada por:

  • La expiración del Impuesto PAIS, que había representado 0,3% del PBI en el primer trimestre de 2024.
  • La reducción transitoria de retenciones a exportadores que liquiden divisas dentro de plazos estipulados.
  • La derogación de la suspensión de certificados de exclusión, que afectó la recaudación de IVA y Ganancias en el comercio exterior.

En este marco, el Gobierno implementó un ajuste fiscal adicional de 0,3% del PBI, que eleva la meta anual de superávit primario de 1,3% a 1,6% del PBI, reforzando el compromiso de austeridad asumido ante el Fondo Monetario Internacional.

Ingresos en alza, pero gastos controlados: cómo se logró el resultado

En marzo, los ingresos totales del SPN alcanzaron $9,47 billones, con una suba interanual de +54,8%, impulsados por:

  • Ganancias: +104,3%
  • Aportes y contribuciones a la seguridad social: +99,7%
  • Derechos de importación: +89,8%
  • Derechos de exportación: +78%
  • IVA neto: +59,4%
  • Débitos y créditos bancarios: +57%

En cuanto al gasto primario, totalizó $8,73 billones (+58,8% i.a.), donde se destacan:

  • Prestaciones sociales: $6,3 billones (+73%), impulsadas por la movilidad jubilatoria y la ayuda escolar.
  • Remuneraciones: $1,14 billones (+39,3%).
  • Transferencias corrientes al sector privado: +40,3%.
  • Transferencias al sector público: +35,3%.

El dato saliente fue la caída de los subsidios económicos, que se redujeron en 11,9% interanual. En detalle, los subsidios energéticos retrocedieron -53,1%, mientras que los destinados al transporte crecieron +114,7%, producto de las actualizaciones en la asistencia a tarifas regionales.

Cierre con impacto: Milei refuerza el sendero fiscal de cara al FMI

El resultado de marzo fortalece la narrativa oficial sobre el ajuste fiscal sin emisión, un eje discursivo clave de la gestión de Javier Milei. En un contexto de fuerte contracción del gasto real y transición hacia un esquema cambiario flexible, el cumplimiento de las metas con el FMI aparece como objetivo prioritario.

Con la cosecha gruesa en marcha y la liberalización del mercado cambiario en proceso, el Gobierno apunta a consolidar superávit sostenido, reconstituir reservas y volver a acceder al financiamiento voluntario en los mercados. La consistencia fiscal será determinante para sostener la estabilidad lograda en el frente cambiario y financiero.

El informe del Ministerio de Economía

Durante marzo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $398.909 millones, producto de un resultado primario de $745.339 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $346.430 millones.

Así, el SPN acumuló al tercer mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), para continuar consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.476.621 millones (+54,8% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +60,1% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+104,3% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+99,7% i.a.), Derechos de Importación (+89,8% i.a.) y Exportación (+78% i.a.), IVA neto de reintegros (+59,4% i.a.) y Débitos y Créditos (+57% i.a.).

Durante marzo, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $8.731.282 millones (+58,8% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $6.306.205 millones (+73,0% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, y de la ayuda escolar anual que se otorga habitualmente en el mes de marzo. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.147.470,3 millones (+39,3% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.033.494 millones (+39,6% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$771.584,6 millones (+40,3% i.a.). Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad en las asignaciones familiares, los programas de Política Alimentaria, y el Plan 1.000 días.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en marzo alcanzaron los $345.016 millones (+35,3% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $52.499 millones (-11,9% i.a.), donde los energéticos variaron -$163.914 millones (-53,1% i.a.), mientras que los destinados al transporte se incrementaron en +$119.314 millones (+114,7% i.a.).

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Impuestos: el FMI apunta contra retenciones, IVA e impuesto al cheque y exige cambios estructurales

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El Gobierno argentino se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar, antes de fin de 2025, una ambiciosa reforma tributaria estructural con impacto fiscal neutro, que incluirá la eliminación gradual de retenciones a las exportaciones y del impuesto al cheque, además de la simplificación del sistema impositivo. El objetivo es reducir distorsiones, ampliar la base imponible y mejorar la eficiencia y equidad del esquema fiscal actual, según detalla el documento oficial del nuevo programa aprobado por el organismo multilateral.

El FMI exige bajar retenciones e impuesto al cheque: el Gobierno promete una reforma tributaria para 2025

El sistema tributario argentino, en la mira del Fondo

En el informe técnico publicado tras la aprobación del nuevo acuerdo con la Argentina, el FMI calificó al sistema impositivo nacional como “excesivamente complejo y distorsivo”. Señaló que existen más de 155 tributos, aunque apenas seis concentran más del 80% de la recaudación: Ganancias, IVA, contribuciones patronales, impuesto a los débitos y créditos, derechos de exportación e ingresos brutos.

A juicio del organismo, la estructura tributaria actual obstaculiza el crecimiento económico, limita la equidad y desincentiva la inversión productiva. Además, advierte que la fuerte dependencia de impuestos indirectos reduce la progresividad del sistema y genera desequilibrios entre niveles de gobierno, agravados por la naturaleza federal del esquema impositivo argentino.

Reforma con impacto fiscal neutro y foco en eficiencia

Según el memorando firmado entre el Gobierno y el FMI, la administración de Javier Milei presentará una propuesta de reforma integral antes de diciembre de 2025, con el objetivo de comenzar su implementación en 2026. El plan, que requerirá aprobación legislativa, apunta a:

  • Eliminar gradualmente impuestos distorsivos al comercio (retenciones) y las transacciones financieras (impuesto al cheque).
  • Simplificar el impuesto a las Ganancias, con menor carga legal y una racionalización de deducciones y exenciones.
  • Armonizar las alícuotas del IVA, para reducir la complejidad administrativa y las diferencias entre sectores.
  • Mejorar la transición del monotributo al régimen general, promoviendo mayor formalización.
  • Reducir el gasto tributario ineficiente, en referencia a regímenes especiales que benefician a ciertos grupos o regiones.

El objetivo declarado es avanzar hacia un esquema impositivo más simple, justo y eficiente, sin aumentar la presión tributaria total sobre hogares y empresas.

Cambios a nivel provincial y municipal: un desafío adicional

El informe del FMI también planteó la necesidad de reformas en los niveles subnacionales, aunque reconoció la limitada capacidad de acción del Ejecutivo nacional en ese plano. A nivel provincial, recomendó eliminar tributos que distorsionan el patrimonio, actualizar las valuaciones fiscales de grandes propiedades rurales y avanzar en la modernización de catastros y registros.

En cuanto a la tributación sobre recursos energéticos y mineros, el organismo multilateral sugirió una mayor coordinación con los incentivos previstos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en el paquete de reformas estructurales del oficialismo.

Una reforma esperada, pero con obstáculos legislativos

El equipo económico ratificó en el documento que la reforma tributaria forma parte de los compromisos asumidos dentro del programa económico acordado con el FMI, y que se vincula directamente con los esfuerzos para garantizar la estabilidad fiscal en el mediano plazo. Sin embargo, la falta de mayoría legislativa del oficialismo y la resistencia que podría generar la eliminación de retenciones en el actual contexto fiscal, anticipan un debate complejo en el Congreso.

Hoja de ruta tributaria en clave electoral

El anuncio de que el proyecto de reforma se presentará recién después de las elecciones legislativas de 2025 revela el componente político que atraviesa el rediseño del sistema tributario. El Gobierno busca ganar tiempo y evitar tensiones internas o con el electorado antes de avanzar con medidas de alto impacto económico y distributivo.

Por ahora, la promesa está hecha. Resta ver si el oficialismo logra los consensos necesarios para ejecutar una de las reformas estructurales más ambiciosas del programa económico, con potencial para reconfigurar el vínculo fiscal entre el Estado y el sector privado.

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El gobierno de Milei trata de acelerar el acuerdo con el FMI para recibir el primer desembolso y fortalecer reservas

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El Gobierno acelera las negociaciones con el FMI para fortalecer las reservas en medio de la incertidumbre global

El Poder Ejecutivo espera cerrar en los próximos días un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El contexto actual presenta diferencias respecto a 2018 cuando el país solicitó asistencia para evitar un default

El Gobierno espera tener cerrado en los próximos días un programa nuevo con el Fondo Monetario Internacional que sea aprobado con un desembolso importante para reforzar las reservas del Banco Central en medio de una pérdida acumulada en las arcas internacionales y en pleno temporal en los mercados externos por la imposición de aranceles globales determinados por Donald Trump.

En medio de esa “tormenta perfecta” que incluye elementos internos, como la pérdida de divisas del BCRA -que llegó a enhebrar más de 10 jornadas consecutivas con saldo vendedor en el mercado oficial- y un deterioro en los activos argentinos que hizo que el índice de riesgo país subiera a más de 800 puntos básicos, el equipo económico aguarda una luz verde final por parte del directorio del organismo a mediados de este mes.

Para el mercado, el mínimo de desembolso que podrá recibir el BCRA en el primer giro que haga el FMI tras la aprobación del directorio será de USD 8.000 millones, aunque se especula con una suma mayor. El Gobierno apunta a un paquete más amplio para incrementar las reservas internacionales y que incluirá fondos adicionales desde otros organismos bilaterales y, posiblemente, una ampliación del préstamo Repo entre la autoridad monetaria y un grupo de entidades financieras privadas.

Se trata de un monto, ya de por sí, considerado excepcional como primer giro de divisas para este tipo de programas. El 60% de los últimos 311 acuerdos celebrados por el organismo contempló desembolsos iniciales de entre el 20 y el 30%, según la consultora 1816. El argumento oficial versa precisamente sobre la excepcionalidad del plan económico implementado, que se sentó a negociar con el FMI ya con el ajuste fiscal y monetario previos.

El Gobierno solicitó que el préstamo sea por USD 20.000 millones, que todos los dólares que ingresen serán de libre disponibilidad y que es un error “restar” de la cuenta el pago de intereses de los próximos cuatro años, ya que comenzarán a ser relevantes recién a partir de 2027.

Sin embargo, como esos pagos no se realizarán por adelantado, todos los dólares que lleguen antes de esas fechas son considerados “usables” para el Banco Central.

Miembros del equipo económico aseguraron en los últimos días, en público y en privado, que la expectativa es de un envío inicial superior al promedio de los acuerdos normales del FMI.

El acuerdo de 2018 vs. el actual

La comparación entre la situación económica de Argentina en 2018 y 2025, respecto al acuerdo con el FMI, revela varias diferencias en los factores macroeconómicos que marcaron ambos períodos. Un informe de la consultora FMyA –Fernando Marull y Asociados- lo analizó para poder comparar en qué estado estaba la macro en las dos instancias: el Stand By durante el gobierno de Cambiemos y el programa actual en negociación.

En 2018, la economía enfrentaba desequilibrios significativos, con un déficit fiscal primario cercano al 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un déficit de cuenta corriente que alcanzaba casi el 5% del PBI. Este escenario generó una alta dependencia de financiamiento externo, lo que llevó al país a solicitar la intervención del FMI para evitar una crisis de deuda. La deuda pública en pesos, además, tenía una porción considerable en manos de inversores externos, lo que incrementaba la vulnerabilidad ante cambios en las condiciones financieras internacionales.

En 2025, la situación presenta una serie de diferencias. El Gobierno ha logrado recuperar el equilibrio fiscal, alcanzando un superávit primario del 1,8% del PBI en 2024 y proyectando un superávit del 1,5% para 2025. Esta mejora en las finanzas públicas se complementa con un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos significativamente reducido, que se encuentra por debajo del 1% del PBI, lo que indica una situación más manejable desde el punto de vista financiero externo.

En cuanto a la deuda pública, el perfil mejoró al reducirse el stock de deuda en pesos en manos de inversores externos, lo que limita los riesgos derivados de la deuda externa. A diferencia de 2018, donde gran parte de la deuda emitida por el Tesoro en pesos estaba en manos de no residentes, hoy esta proporción es considerablemente menor, situándose en apenas un 1% del total de la deuda en pesos.

El nivel de reservas del BCRA también presenta distancias entre esos dos momentos: mientras que en 2018 las netas eran de USD 38.000 millones -equivalían a seis meses de importaciones, ante posibles shocks financieros-, en 2025 se encuentran en niveles negativos, lo que incrementa las dificultades para manejar la economía en un contexto de incertidumbre.

Esta falta de reservas obliga al Gobierno a recurrir nuevamente al FMI, pero en un contexto diferente al de 2018. En lugar de buscar financiamiento urgente para evitar un default, como ocurrió en aquel momento, ahora recurre para fortalecer el activo del Central y recuperar activos externos de libre disponibilidad.

En términos de deuda, otro de los factores que distingue a 2025 de 2018 es el perfil de vencimientos. En 2018, gran parte de la deuda emitida por el gobierno en pesos tenía vencimientos concentrados en el corto plazo, lo que generaba una alta presión sobre las finanzas públicas y un riesgo elevado de default si no se conseguían recursos para refinanciar esa deuda. En 2025, el stock de deuda en pesos se distribuye en su mayoría en vencimientos más lejanos, lo que otorga un respiro a la administración para gestionar los pagos de manera más ordenada.

Finalmente, el contexto del mercado de deuda y los flujos de inversión también muestran importantes diferencias. En 2018, una parte significativa de la deuda en pesos estaba en manos de inversores internacionales, lo que exponía a Argentina a fluctuaciones en los mercados globales.

En 2025, la participación de los inversores externos en la deuda en pesos es mínima, lo que reduce el riesgo de fuga de capitales y la volatilidad del mercado en respuesta a cambios en las condiciones internacionales. Sin embargo, el nivel elevado de deuda en pesos sigue siendo un factor de riesgo, ya que si el mercado pierde confianza en la estrategia económica del gobierno, este stock de deuda podría generar presión sobre el tipo de cambio y las finanzas públicas.

En conclusión, aunque Argentina aún enfrenta desafíos macroeconómicos importantes en 2025, la situación es notablemente diferente a la que se vivió en 2018. El superávit fiscal, el déficit de cuenta corriente más bajo y la menor dependencia de la deuda externa proporcionan una base más sólida desde la cual se puede gestionar la economía. Sin embargo, la falta de reservas y el elevado nivel de deuda en pesos continúan siendo riesgos que podrían desestabilizar el panorama económico si no se gestionan adecuadamente, concluyó FMyA.

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El directorio del FMI no definió el monto del primer desembolso del préstamo para Argentina

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El directorio del FMI no logró llegar a un acuerdo sobre el primer desembolso del préstamo para la Argentina


El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió esta semana para evaluar el programa económico de Argentina, sin lograr un consenso sobre la liberación de fondos inicial que el país aguarda con urgencia. Según trascendidos, las discrepancias surgidas entre los representantes europeos en el organismo han impedido avanzar en la entrega de los recursos, en un contexto donde las reservas internacionales argentinas se encuentran bajo presión y el gobierno de Javier Milei busca oxigenar su plan económico. El dato fue confirmado a Ámbito por fuentes cercanas al organismo.

Este impasse se produce mientras Donald Trump, principal accionista del FMI tras su retorno a la presidencia de Estados Unidos, reconfigura el escenario global con la imposición de aranceles generalizados, afectando las dinámicas internas del organismo multilateral.

El encuentro en Washington tenía como objetivo destrabar la primera liberación de fondos de un programa financiero estimado en u$s20.000 millones, un monto que el Ejecutivo argentino considera esencial para fortalecer las arcas del Banco Central. No obstante, las objeciones planteadas por los directores europeos, centradas en la necesidad de mayores precisiones sobre el ajuste fiscal y la política cambiaria, han frustrado las expectativas del equipo liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el FMI, las declaraciones oficiales se limitaron a señalar que “las negociaciones continúan”, una fórmula diplomática que no disimula las dificultades para alinear intereses en un directorio marcado por tensiones geopolíticas.

A este cuadro se suma la influencia de Trump, quien, según trascendió en declaraciones de su enviado para América latina Mauricio Claver-Carone, estaría dispuesto a facilitar el respaldo del FMI a Argentina, pero bajo una condición estratégica: que el Gobierno de Milei revise sus vínculos económicos con China y adopte una postura más alineada con los intereses de Washington. Este planteo, que remite a las lógicas de la competencia global entre potencias, se entrelaza con la reciente decisión del mandatario estadounidense de imponer aranceles a gran escala, una medida que tensiona las relaciones comerciales con Europa y Asia. En este sentido, la Casa Blanca parece utilizar su peso en el FMI como herramienta de negociación, complicando aún más las aspiraciones argentinas de obtener recursos de libre disponibilidad.

La demora en la liberación de fondos agrava la situación económica local


Con vencimientos de deuda que se acumulan a partir de 2026 y una dependencia crítica de los ingresos por exportaciones agrícolas, el Gobierno requiere con urgencia un flujo de divisas que apuntale la estabilidad financiera. Sin embargo, las exigencias técnicas del Fondo y las presiones geopolíticas de Estados Unidos configuran un escenario adverso. En los mercados, la incertidumbre ya se refleja: el tipo de cambio paralelo registra alzas sostenidas y los bonos soberanos, que habían mostrado una recuperación ante la expectativa de un acuerdo, enfrentan ahora renovadas dudas sobre su desempeño, con un riesgo país muy cerca de los 950 puntos básicos.

“El FMI no opera según los plazos que demanda nuestra economía, y Trump condiciona su apoyo a un realineamiento estratégico”, señaló un analista financiero consultado, que prefirió mantener su identidad en reserva. Las señales provenientes de Washington, con ecos en Bruselas y Beijing, delinean un juego de intereses donde Argentina aparece relegada a un rol secundario. En este contexto, la postergación de la liberación de fondos no sólo pone a prueba la capacidad de negociación del Gobierno, sino que subraya las limitaciones de un país que, una vez más, espera resolución en los pasillos de la economía internacional.

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Milei envió al Congreso los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario

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El texto fue publicado en el Boletín Oficial. Solicita autorización al Poder Legislativo para firmar un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI. El Gobierno buscará una aprobación rápida en Diputados

El presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, tomó hoy la decisión de remitir al Congreso Nacional un pedido de autorización para firmar un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según se confirmó en el boletín oficial, el acuerdo con el organismo multilateral establecerá un plazo de amortización de diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses, y tiene como principal objetivo la cancelación de deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y con el propio organismo de crédito.

En el primer artículo, el documento señala: “Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, las que tendrán un plazo de amortización de DIEZ (10) años”.

Además, según lo establece un decreto de necesidad y urgencia que fue publicado en el Boletín Oficial del martes y tendrá vigencia inmediata, el programa permitirá cancelar:

  1. Letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimiento más próximo.
  2. Obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.

El texto oficial argumenta que la medida es necesaria para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad de las variables financieras. Según datos del Gobierno, en diciembre de 2023 las reservas netas del Banco Central eran negativas en USD 11.200 millones, mientras que al 6 de marzo de 2025 se habían incrementado en USD 7.034 millones.

El Ejecutivo sostuvo en el DNU que el ajuste fiscal y la política de déficit cero permitieron una reducción significativa de la inflación y la pobreza. En ese sentido, resaltó que en enero de 2025 la inflación interanual descendió a 84,5 %, mientras que la pobreza cayó del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al texto, la aprobación del acuerdo por medio de un DNU se justifica en la urgencia de solucionar el deterioro del balance del BCRA y despejar la carga de vencimientos del Tesoro Nacional en los próximos años. El decreto también destaca la necesidad de avanzar en la flexibilización del mercado cambiario -cuya explicitación es el cepo- para mejorar la eficiencia económica y facilitar la inversión a largo plazo.

El Poder Ejecutivo, según el DNU, delegará en el Ministerio de Economía la firma de los instrumentos necesarios para implementar el acuerdo. Asimismo, se indicó que el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para su tratamiento legislativo.

En los extensos considerandos el Gobierno repasó los resultados del plan económico, los objetivos del acuerdo, vinculados principalmente en reforzar las reservas para en un futuro poder liberar el cepo y mantener bajo control la inflación.

Pero también establece una extensa fundamentación en contra de la Ley Guzmán, que estableció la obligación de que los acuerdos con el Fondo tengan que ser aprobados por Diputados y el Senado. Hay una razón jurídica para eso, pero sobre todo política: la Casa Rosada sabe que el kirchnerismo está en condiciones de trabar su aprobación en el Senado, donde tiene 34 bancas propias y al menos cuatro que votan en sintonía.

“La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BCRA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza”, indicó el DNU.

Y agregó: “La gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FMI a los efectos de garantizar el orden público económico, configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”.

“Que la exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente”, amplió.

Lo que viene en el Congreso

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, el DNU del acuerdo con el FMI empezará un recorrido que está definido paso a paso por la ley 26.122. Deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -conocida como “Bicameral de los DNU”- en un plazo de hasta 10 días hábiles contados a partir de este lunes. Ese envío está a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Luego, la Bicameral tiene hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, con la firma de 9 de sus 18 integrantes. Después de cumplido ese tiempo, ambas cámaras quedarán habilitadas para su discusión. En el Gobierno destacan que la mayoría de los DNU que firmaron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, nunca llegaron al recinto y, sin embargo, mantienen vigencia plena, pero que en este caso buscarán un rápido tratamiento.

La Bicameral de los DNU está presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), su vicepresidente es el diputado Hernán Lombardi (PRO) y el senador chaqueño por el radicalismo Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) es el secretario. Como vocales están los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola y los opositores Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (UP); y los diputados K Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez, los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago y el crítico Nicolás Massot.

Con esa composición, el Gobierno confía en tener los votos necesarios para conseguir un rápido aval en comisión para luego ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados. Allí, estiman que hay un escenario menos hostil que en el Senado, donde el kirchnerismo está más cerca de llegar a los 37 voluntades, sobre 72, es decir, el regreso de la mayoría propia.

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