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¿La revuelta de Chile puede ser la chispa de América Latina?

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El 2019 está culminando con un clima de inestabilidad en América Latina. Protestas en Ecuador, Bolivia y Chile; inestabilidad política en Perú y una fuerte crisis económica en Argentina, agravada por la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales. 

Sin dudas, hay grandes diferencias entre estos países, tanto en su economía como en las estructuras sociales, cultura, recursos naturales y territorio. Sin embargo, es posible encontrar ciertos paralelismos en cada una de las circunstancias por las que atraviesan. 

Muchos podrían pensar que estos episodios de protestas y descontento popular podrían deberse a algún tipo de conspiración o que se encuentran impulsadas a partir de grupos con diferentes ideologías políticas. 

Sin embargo, las crisis tienen su nacimiento razones más profundas; en esos problemas estructurales que se definieron a partir de la historia y que a pesar del paso de los años no se han podido solucionar

  1. La desigualdad social

La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas. Aunque en los últimos años hubo muchos avances para corregir estas desigualdades a través de un gasto social que permite la redistribución de los ingresos, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo.

Tal vez usted se pregunte: si la desigualdad es un problema que existió siempre ¿por qué es un factor determinante en las crisis actuales? La respuesta tiene que ver con el panorama económico actual: desde el año 2015, debido a un enfriamiento de la economía global y la baja en los precios de los productos primarios (granos, minerales y todos aquellos productos que tengan que ver con extracción de recursos naturales) en los mercados internacionales, las economías de los países latinoamericanos están creciendo menos. Al crecer menos, comienza a subir el desempleo y la pobreza. A su vez, los países tienen déficit fiscales elevados casi inmanejables, que no les permiten incrementar el gasto para hacer frente a las demandas sociales.

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo comenzaron a aumentar la pobreza y la pobreza extrema en la región a partir de 2015, lo cual da cuenta del complejo panorama social.

  1. Economías basadas en la Producción Primaria

Este, tal vez, podría ser el origen de muchos otros problemas económicos de los países de Latinoamérica; y también es estructural y prácticamente determinado por la historia. Los países latinoamericanos nacen como colonias de las potencias europeas y con la función de proveer materias primas y alimentos a las grandes metrópolis. 

A pesar de la independencia política, la base de la economía latinoamericana nunca cambió: seguimos siendo lo productores de materias primas y dependemos fuertemente de las exportaciones de las mismas. Pero el mercado de estos productos tiene ciertas características que hacen a las economías muy frágiles:

  1. Los países no pueden incrementar mucho la oferta de productos porque el factor principal son los recursos naturales y son fijos;
  2. Los productores de materias primas tampoco controlan el precio de sus productos, ya que tienen poco valor agregado que los diferencie y el precio se fija en los mercados internacionales. Si los precios son altos, entra más dinero a la economía y esta crece; si bajan los precios, la economía comienza a tener problemas. La mayor dificultad es que no se puede prever cuándo los precios estarán altos y cuando caerán.

¿Cómo se soluciona este problema? Desarrollando la industria, invirtiendo en actividades productivas con mayor valor agregado

Pero… no es tan fácil como parece: para desarrollar la industria necesitamos los dólares de las exportaciones de los productos primarios (y con esto volvemos al problema inicial). 

  1. Instituciones débiles y gobiernos personalistas

Los países latinoamericanos se caracterizan por tener una situación política y económica peligrosamente inestable: democracias jóvenes (algunos países aún hoy tienen dictaduras), corrupción, desequilibrio de poderes y sistemas de gobiernos muy personalistas.

Si bien este punto no se puede clasificar como económico, es seguro que si no tenemos instituciones fuertes, la economía no va a funcionar bien. Si observamos a los países desarrollados, vamos a notar un profundo respeto por las leyes e instituciones de un país, así como también consecuencias serias para aquellos que no las respetan.

Sin embargo América Latina tiene muchos problemas en este punto. Una de las características más notorias son los gobiernos fuertemente presidencialistas, donde pareciera que el poder legislativo y judicial cumplen un rol secundario. Además de ello, son sistemas muy personalistas: la mayoría de las sociedades ven la solución a los problemas políticos en la persona de algún funcionario, más que en la democracia y en el sistema de gobierno en su conjunto. Tal vez esta visión de las cosas tenga una fuerte raíz cultural, pero pensar que una persona (ya sea un presidente o candidato) tiene todas las soluciones para los problemas de un país es un poco iluso (o se sobrestima la capacidad de una persona o se subestiman los problemas).

Más allá de ello, la importancia de la división de poderes justamente radica en el equilibrio y en el control del poder que se les da a nuestros representantes. El hombre tiende a ser egoísta y ambicioso por naturaleza y el poder puede ser un arma de doble filo. Por más buenas intenciones que tenga un candidato, el poder lo puede corromper. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de cambiar la visión que, como pueblo, tenemos de nuestros sistemas de gobierno y exigir que se respeten las leyes e instituciones.

Tal vez, sea el último punto de análisis de este artículo, pero debería ser el primero por donde comenzar a cambiar las cosas.


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Estados Unidos entregó nuevos documentos desclasificados sobre la Dictadura

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Hoy, 12 de abril de 2019, en una ceremonia realizada en el edificio de los Archivos Nacionales (National Archives) de la ciudad de Washington, el Gobierno de Estados Unidos entregó a nuestro país nueva documentación desclasificada producida por Agencias de Seguridad e Inteligencia, relacionada con la última dictadura cívico-militar en la Argentina.
Se trata de la cuarta entrega del Proceso de Desclasificación iniciado en 2002 e intensificado desde 2016 gracias a gestiones de la Argentina, tras un largo período de diálogo entre esta Cancillería y el gobierno estadounidense, en lo que se resaltó como la mayor entrega a otro Estado de documentos desclasificados en cuanto a su volumen.
El acto de entrega estuvo a cargo del titular de los Archivos de Estados Unidos (Archivist of the United States), David Ferriero, en tanto que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y el Embajador argentino Fernando Oris de Roa recibieron la documentación por parte de la Argentina. 
  
Durante el proceso previo a la entrega, la Comisión sobre Memoria Histórica de esta Cancillería, junto a organismos de derechos humanos y otras instituciones públicas, mantuvo contactos fluidos con el gobierno estadounidense. En el marco de este Proceso de Desclasificación participaron más de 16 agencias de seguridad e inteligencia.
Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos se encuentra trabajando en la publicación de un único portal web en el que se desarrollará a futuro un trabajo de clasificación para facilitar el acceso a los documentos.
La Argentina expresa su reconocimiento al Gobierno de Estados Unidos por su colaboración en la desclasificación y entrega de documentación que redundará en un valioso aporte al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

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Jair Bolsonaro alentó a las fuerzas armadas a reivindicar el golpe militar

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BRASILIA, New York Times. Por  — El presidente Jair Bolsonaro exhortó esta semana a las fuerzas armadas a “conmemorar” el 55 aniversario de un golpe que instauró una dictadura militar brutal en Brasil, lo cual generó un acalorado debate sobre el legado de esa era de represión.

Bolsonaro, un capitán retirado del ejército que compitió por la presidencia con una plataforma de ultraderecha, ha sido desde hace tiempo un apologista del gobierno militar de Brasil, y ha calificado al golpe que derrocó a un presidente de izquierda el 31 de marzo de 1964 como una victoria contra el comunismo.

Hasta hace poco, su opinión era poco convencional. El régimen militar que siguió al golpe apeló a la censura y el aparato de seguridad represivo para mantener el control durante veintiún años, en los que torturó y asesinó a cientos de sospechosos de ser disidentes. Tres de los presidentes de Brasil desde que el país regresó a la democracia a mitad de la década de los ochenta se han opuesto a los militares, y ellos mismos fueron exiliados, encarcelados o torturados por eso.

 

No obstante, la presidencia ha dado a Bolsonaro una poderosa plataforma para impulsar una versión revisionista de esa era en la cultura dominante.

Algunos miembros de su gobierno dijeron que la postura del presidente era una ruptura refrescante para una perspectiva dogmática sobre el pasado. “Veo esto como un debate saludable”, dijo Ernesto Araújo, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, en una entrevista el 29 de marzo. “Es saludable para una sociedad que discuta su pasado y su futuro de una manera franca”.

Sin embargo, para muchos otros brasileños, esto reabrió un capítulo doloroso y sin resolver en la historia del país. Políticos, activistas de derechos humanos e historiadores pronunciaron duras críticas. La Procuraduría General emitió un reproche extraño, y mordaz, por escrito.

“El golpe de 1964, sin ninguna posibilidad de duda o revisionismo de la historia, fue una ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional”, dijo el comunicado del procurador general.

El anuncio de Bolsonaro y el momento que eligió para hacerlo ha tensado aún más su ya tirante relación con el Congreso, y varios legisladores se manifestaron en su contra esta semana.

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Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, abraza al vicepresidente y general retirado, Hamilton Mourão, que ha sido desde hace tiempo un admirador orgulloso de la antigua dictadura militar del país.CreditSergio Lima/Agence France-Presse — Getty Images

Otros legisladores se mostraron confundidos de que un presidente cuyo índice de popularidad se ha desplomado en sus primeros tres meses —y que todavía tiene que cumplir con promesas claves de campaña, como disminuir la inseguridad y echar a andar la economía— gaste su capital político en esto en vez de impulsar iniciativas de ley para reformar el código penal y el sistema de pensiones.

Brasil ha hecho mucho menos que sus países vecinos, incluidos Argentina y Chile, para investigar los abusos cometidos por los militares durante la dictadura.

Aunque una Comisión Nacional de la Verdad reportó que alrededor de 8000 indígenas y por lo menos 434 disidentes políticos fueron asesinados durante la dictadura militar, nadie ha sido llamado a rendir cuentas. Una ley de amnistía aprobada en 1979, mientras el país todavía era gobernado por los militares, ha protegido a los abusadores de rendir cuentas judicialmente hasta la actualidad. El Supremo Tribunal Federal defendió la ley en abril de 2010.

La postura de que el golpe fue necesario es compartido por muchos miembros de las fuerzas armadas, quienes a lo largo de los años han celebrado el aniversario con ceremonias silenciosas.

Hace cuatro años, cuando era un legislador conocido más por su discurso ofensivo que por su capacidad para lograr la aprobación de iniciativas, Bolsonaro destacó el cincuenta aniversario del golpe al instalar un gran letrero amarillo frente al Ministerio de Defensa que decía: “Gracias a ti Brasil no es Cuba”. También detonó fuegos artificiales y dijo que los brasileños deben “su libertad y democracia” a los militares.

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente que es legislador federal, dijo en una entrevista este semana que la izquierda ha intentado desde hace tiempo “reescribir la historia para presentar a terroristas como víctimas o personas que han luchado por la democracia”.

Esa visión ha ganado tracción en la era Bolsonaro. Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, dijo en el congreso esta semana que él no consideraba que la intervención militar de 1964 fuera un “movimiento necesario para evitar que Brasil se convirtiera en una dictadura”.

Augusto Heleno Ribeiro Pereira, un general retirado que forma parte del gabinete de Bolsonaro como el funcionario de seguridad de más alto rango, dijo que el presidente considera ampliamente que el “registro histórico debe ser corregido” para desmentir lo que él calificó como “la versión no verdadera de la izquierda”.

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Emilio Garrastazu Medici, a la izquierda, después de ser proclamado nuevo presidente de Brasil por orden militar en 1969. Los brasileños no tendrían la oportunidad de elegir directamente a su presidente hasta 1989. CreditAssociated Press

Sérgio Moro, el ministro de Justicia de Bolsonaro, llamó en 2017 a la “dictadura militar” como un “gran error”. Sin embargo, esta semana, el exjuez federal se rehusó a decir si los términos “golpe” y “dictadura” eran históricamente precisos.

Aunque los líderes militares gobernaron de una forma “autoritaria”, dijo, “lo que realmente importa es que hemos recuperado la democracia”.líderes militares sénior parecían ansiosos por restarle importancia a la controversia, y el Ministerio de Defensa no dijo cómo las unidades militares de todo el país conmemorarían la fecha.

Fernando Azevedo e Silva, el ministro de Defensa, dijo que “conmemoración” tal vez no era la palabra adecuada, pero argumentó que marcar el evento de manera oficial era importante porque “más jóvenes necesitan conocer qué ocurrió en esa fecha, en esa era”.

Con escasa o nula rendición de cuentas para los que cometieron abusos a los derechos humanos en Brasil, algunas víctimas buscaron justicia en el extranjero.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en noviembre de 2010 sobre la detención, tortura y desaparición de setenta personas vinculadas al movimiento rural guerrilla de Araguaia entre 1972 y 1975 y reprochó a Brasil por fracasar en el procesamiento de violaciones brutales a los derechos humanos.

Hace un año, la corte, que es parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, culpó a Brasil por su fracaso para procesar a los agentes de inteligencia que torturaron y asesinaron al periodista Vladimir Herzog en 1975, y después escenificaron un ahorcamiento y declararon que Herzog se había suicidado.

Los familiares de Herzog pudieron corregir el registro oficial en Brasil —una victoria poco común después de años de lucha en las cortes—. En 2013, un juez ordenó que le fuera emitido a la familia un certificado de defunción oficial que reflejara que Herzog murió debido al abuso sufrido mientras era interrogado.

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Además de llamar a las fuerzas armadas a conmemorar el aniversario del golpe militar el 31 de marzo, Bolsonaro también anunció que su gobierno ha comenzado a auditar un fondo creado para compensar a las víctimas de la dictadura. CreditAndre Penner/Associated Press

En ambos fallos, la Corte Interamericana reconoció los crímenes cometidos por la dictadura brasileña como crímenes contra la humanidad.

Eduardo Reina, un periodista brasileño, pasó años investigando las acusaciones de que funcionarios en Brasil secuestraron bebés de supuestos disidentes durante la dictadura. Reina presenta diecinueve de esos casos en Endless Imprisonment, un libro que será publicado la próxima semana.

Brasil tiene una tradición de no confrontar el pasado —particularmente sus aspectos más sombríos—, dijo el periodista.

“Existe esta cultura, esta consciencia colectiva de que no era una dictadura rígida, que era una dictadura ligera, que los niños no fueron secuestrados, solo los criminales fueron capturados y torturados”, dijo Reina. “Eso simplemente no es verdad”.

El debate reciente ha causado molestia entre las víctimas de la dictadura.

Ivan Valente, un legislador federal de izquierda que fue detenido y torturado por el gobierno militar en 1968, calificó la decisión de Bolsonaro como “un gran retroceso para Brasil”.

Revisar la historia sería más difícil si Brasil hubiera seguido el ejemplo de Argentina, Chile y Uruguay, que llevaron a juicio a los peores abusadores de las dictaduras.

“Los generales allí fueron llevados a prisión, los torturadores fueron detenidos y sentenciados”, dijo Valente en una entrevista. “Aquí en Brasil, los torturadores fueron ascendidos”.

Iracema de Carvalho Araújo tenía 11 años cuando la policía de Recife la detuvo junto a su madre, una activista política. Ellas fueron torturadas en la misma habitación, dijo; sufrió choques eléctricos mientras su madre gritaba cerca de ahí.

Posteriormente, un comandante se dio cuenta de que ella era solo una niña y ordenó a la policía que la llevara al centro de la ciudad y la dejara ahí. Su madre fue asesinada.

“Exijo respeto por todo lo que hemos atravesado”, dijo en respuesta a la decisión de Bolsonaro de celebrar el comienzo del gobierno militar. “Hemos logrado tanto desde ese entonces, no podemos regresar a esos días”.

 
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El New York Times advierte sobre el riesgo del retorno de los militares en Brasil

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RÍO DE JANEIRO, New York Times — Los integrantes de las fuerzas armadas de Brasil, que en buena medida se han mantenido alejados de la vida política desde que terminó la última dictadura hace treinta años, ahora alistan su mayor incursión política en décadas. Algunos incluso advierten de intervención militar.

Generales retirados y otros exoficiales con fuertes vínculos al liderazgo castrense están montando una campaña electoral respaldando a unos noventa veteranos postulados a varios cargos nacionales para los comicios de octubre, incluida la presidencia. Dicen que ese esfuerzo es necesario para rescatar a la nación de un grupo de cleptócratas atrincherado que ha tenido un mal manejo de la economía y no ha podido atender el aumento de la violencia.

Y algunos exgenerales prominentes advierten que, en caso de que las urnas no provoquen un cambio con la rapidez necesaria, los líderes castrenses quizá se sientan obligados a reiniciar el sistema político a la fuerza.

“Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política. “Aún creemos que el proceso electoral representará una solución preliminar para cambiar el rumbo”.

El ingreso de los militares en la política es un giro extremo y, para muchos brasileños, sumamente preocupante. La dictadura militar duró veintiún años antes de terminar en 1985. Desde entonces, Brasil ha vivido el periodo más largo de democracia en su historia. Muchos protegen con recelo la separación de Ejército y política para resguardarse de un posible desliz hacia un gobierno autoritario.

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Antonio Mourão, general recién jubilado, fue nombrado hace poco presidente del Club Militar en Río de Janeiro. CreditDado Galdieri para The New York Times

Pero los antiguos generales, oficiales y veteranos que organizan las campañas para las elecciones de octubre dicen que “los valores militares” como la disciplina, la integridad y el patriotismo son fundamentales para arreglar la situación brasileña en momentos en los que consideran que el país tiene un mal gobierno, se ha polarizado de manera peligrosa y ha quedado en una posición irrelevante en el ámbito global.

Analistas y políticos dicen que las probabilidades de una intervención militar son remotas, pero les preocupa el perfil cada vez más destacado de figuras castrenses pues la nación no ha terminado de resolver su pasado autoritario.

Los militares torturaron a los sospechosos de ser opositores con choques eléctricos o golpes mientras los colgaban de las paredes, según el reporte de una comisión de la verdad en 2014. Por lo menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, Brasil ha hecho mucho menos que sus vecinos latinoamericanos para castigar los abusos de los años sesenta y setenta, por lo que hay temores de darle mayor poder político a quienes pertenecen a las fuerzas armadas.

“Puede que la eventual elección de estos oficiales militares lleve a la adopción de propuestas autoritarias, sobre todo si se trata de seguridad pública”, dijo Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El creciente atractivo político de las fuerzas armadas brasileñas surge en medio de un giro hacia la derecha en diversas partes de Suramérica y de un mayor autoritarismo en naciones democráticas como PoloniaHungríaFilipinas o Turquía.

“En cada país el movimiento ha surgido con facetas distintas, pero el trasfondo es la insatisfacción y el miedo”, dijo Fico.

Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un excapitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.

Bolsonaro, el primer miembro retirado de las fuerzas armadas con la posibilidad de tener una candidatura viable desde el regreso a la democracia, dijo hace poco que nombraría a generales en su gabinete “no porque son generales, sino porque son competentes”.

Las campañas se han enfocado en las fuertes frustraciones a lo largo de Brasil. La fe en la democracia de la nación y en sus instituciones se ha desplomado en los últimos años, sobre todo después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y las revelaciones de enormes escándalos de sobornos que involucran a los principales partidos políticos.

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Manifestantes en la avenida Paulista, en São Paulo, en junio de 2013 CreditMauricio Lima para The New York Times

Un sondeo de Latinobarómetro encontró el año pasado que solo 13 por ciento de los brasileños estaban satisfechos con el estado de su democracia, la cifra más baja entre las dieciocho naciones que formaron parte del estudio. La encuesta también arrojó que solo seis por ciento de los brasileños respaldan a su gobierno, muy por debajo de otros en la región que también son impopulares, incluido el de Venezuela y el de México.

Pero el Ejército ha librado, en buena medida, esas críticas. Aunque una mayoría de los brasileños desconfían del presidente Michel Temer, del Congreso y de los partidos políticos, ocho de cada diez encuestados ven con buenos ojos a las fuerzas armadas, según un sondeo de Datafolha del año pasado.

Esa es la razón, según analistas y los generales retirados, por la cual Temer le ha dado a funcionarios militares un poder poco común en su gabinete. En un giro respecto al pasado reciente, Temer nombró a un general en febrero para dirigir el Ministerio de Defensa.

Los llamados públicos para una intervención militar comenzaron a hacer eco en 2013 con grupos de ultraderecha que lo volvieron su consigna en manifestaciones masivas contra el gobierno de izquierda liderado por Rousseff.

Desde entonces, esa consigna ha ganado más adeptos, incluso durante un reciente paro de transportistas que paralizó al país durante más de una semana en mayo.

“Es un grito de desesperación en contra de la corrupción”, dijo Luciano Zucco, teniente coronel de 44 años que pidió licencia del Ejército para postularse a una diputación estatal. Aunque Zucco dijo que se opone a un golpe militar. “La intervención debe darse por medio de los votos”.

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El general Eduardo Villas Bôas, dirigente de las fuerzas armadas brasileñas, durante un desfile en Brasilia, en abril CreditEvaristo Sa/Agence France-Presse — Getty Images

El general Eduardo Villas Bôas, actualmente dirigente del Ejército, dijo en un discurso reciente que quienes hablan de intervención militar no entienden “el espíritu democrático que reina en todas las barracas”.

Incluso Rousseff, exprisionera política que fue torturada en la década de los setenta por el gobierno militar y que considera que su destitución fue un golpe de Estado, dijo que le sorprendería que los generales intenten quedarse con el poder.

“Los generales que he conocido no se dejarían seducir por este tipo de aventuras de una intervención”, dijo en una entrevista. “Hay muchas personas que intentan crear las condiciones para esto pero, por mi parte, no lo creo”.

Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo que aunque nadie en Brasil ha pedido una dictadura militar, a muchos brasileños —sobre todo los que no vivieron el último gobierno castrense— les atrae la idea de una intervención corta.

“Hace cuatro años habría dicho ‘nunca’, pero ahora diría ‘no es probable, pero en algunas circunstancias podría suceder’”, dijo Santoro. “Hay mucha gente en Brasil a la que le gusta la idea de que el Ejército expulse a la clase política actual y, seis meses después, convoque elecciones”.

El debate al respecto ha aumentado conforme los generales jubilados y en activo de altos niveles se han pronunciado sobre los temas políticos, una situación que no se veía desde los años de la dictadura.

El general Bôas, el comandante del Ejército, publicó en abril un inusual comunicado en Twitter que fue interpretado como una advertencia al Supremo Tribunal Federal. Dijo que el Ejército “repudia la impunidad”, en aparente referencia a la posibilidad de que los magistrados permitieran al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedar libre mientras apela una condena de corrupción de doce años.

Fue una decisión particularmente importante porque Lula buscaba postularse de nuevo a la presidencia y los sondeos indicaban que era el favorito. En una decisión apretada, el tribunal determinó que Lula debía ser encarcelado.

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En una huelga de transportistas durante mayo, a las afueras de São Paulo, surgieron llamados para que las “fuerzas armadas ayuden a la nación”. CreditAndre Penner/Associated Press

El exgeneral Eliéser Girão Monteiro, quien se ha postulado como gobernador para Río Grande do Norte, ha pedido un juicio político a los integrantes de la corte por otras decisiones que han resultado en la liberación de políticos sentenciados por corrupción.

El sistema político creado con la Constitución de 1998 se ha vuelto una “cueva de la cual no hay salida de emergencia”, dijo Monteiro en una entrevista. Aunque aseguró que personalmente no apoya un derrocamiento, añadió que “la única salida de emergencia de la cual hablan las personas es la intervención militar”.

Mourão, el general retirado de cuatro estrellas, dijo que a ninguno de sus pares le gusta la idea de romper con el orden democrático, pero mencionó que la agitación social podría forzar sus manos si se frenan las acciones judiciales contra los políticos o aumenta la violencia.

“Queremos adherirnos al Estado de derecho tanto como sea posible”, dijo Mourão. “Pero no podemos permitir que el país se suma en el caos”.

Cuando el Ejército tomó las riendas del poder a la fuerza en 1964, los líderes de la junta militar argumentaron que Brasil se encaminaba hacia el comunismo. Los dirigentes castrenses aún no se refieren a esa época como una dictadura; aseguran en cambio que las fuerzas armadas preservaron la democracia al librar a Brasil de un gobierno autoritario socialista.

La economía del país creció con fuerza durante los primeros años de la gestión castrense, por lo cual algunos historiadores se refieren a esa era como el “milagro económico”. Sin embargo, la deuda externa se disparó durante el mismo periodo y la brecha de desigualdad aumentó, lo que resultó en una crisis de hiperinflación que golpeó a la economía en los años ochenta.

Los medios fueron censurados y la ausencia de un poder judicial independiente significó que raramente se investigaban los abusos y la corrupción. Antes de que el Ejército dejara el poder, el gobierno aprobó una ley de amnistía que ha protegido a los oficiales de esa época.

Los analistas aseguran que esa ley ha prevenido que Brasil enfrente un ajuste de cuentas posdictadura como el que ha mantenido lejos de la política a las fuerzas armadas de Argentina, Chile o Uruguay.

Esa falta de rendición de cuentas también podría llevar a una generación de brasileños más jóvenes a fantasear sobre lo que implicaría una nueva intervención militar, dijo Pedro Dallari, jurista que supervisó los trabajos de la comisión de la verdad.

“Como el recuerdo de la dictadura se ha difuminado con el tiempo, porque no se confrontaron esos problemas, se ha generado ese riesgo”, dijo.

 
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Congelan distinción literaria a presunto agente civil de la dictadura

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Tras la polémica desatada por el caso de Marcelo Moreyra, después de recibir un Premio literario por parte de la Sociedad de Escritores de Misiones por su trayectoria como novelista y gestor cultural, y de difundirse su presunta participación como agente civil de la última la dictadura, la Sadem definió que su caso quedará como un Premio Observado por Derechos Humanos, hasta que se expida la Justicia sobre el tema.
 
De esta forma la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones pretende dar un cierre institucional a la cuestión, que generó posturas controvertidas entre los afiliados, algunos de los cuales llegaron a renunciar a la entidad.
 
 El titular ad honorem de Sadem, Anibal Silvero, manifestó hacerse responsable de la decisión, que tiene el respaldo de la Comisión Directiva. “Seguramente, podemos seguir discutiendo eternamente si está bien o está mal entregar un premio literario a Moreyra en estas condiciones, por lo que decidimos dejar el premio en observación, hasta que tengamos alguna resolución judicial”, indicó.
 
Silvero manifestó estar en consonancia con la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia: “Valoramos mucho el trabajo que realiza el ministerio de Derechos Humanos, es sumamente importante enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y sus colaboradores, y de ser cierta la acusación que pesa sobre Moreyra, repudiaríamos indudablemente sus acciones y evaluaríamos inmediatamente retirarle el premio”, comentó.
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