El Massismo pide una Ley de Emergencia Pyme “para cuidar el trabajo”

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Aunque el mes pasado el Presidente de la Nación Mauricio Macri prometió a los empresarios medidas para dar respiro a las Pymes, desde el Massismo aseguran que se debe crear una ley de emergencia fiscal para las Pymes con el fin de “cuidar las fuentes de trabajo”. Desde el bloque político aseguraron que “desde el Frente Renovador impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.
Para nadie es un secreto la angustiante realidad que atraviesan las pymes y las economías regionales debido a la crisis que el Gobierno espera frenar, y aunque el mes pasado el Presidente Mauricio Macri les anunció a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), una serie de medidas que venían siendo reclamadas por el sector para alivianar la pérdida de rentabilidad. Este respiro que les dio el Estado parecen no ser suficientes y el Massimo salió en reclamo de una ley de emergencia para “cuidar las fuentes de trabajo”.
De esta manera, integrantes de la fuerza política liderada por Sergio Massa se refirieron al Proyecto de Ley presentado a nivel nacional, provincial y municipal que busca frenar por 180 días l os embargos de cuentas bancarias y juicios de AFIP, ARBA y agencias municipales a PyMEs, comerciantes, profesionales, monotributistas y emprendedores. “Desde el Frente Renovador impulsamos medidas para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”.
Tras la presentación del Proyecto de Ley de Emergencia Fiscal PyME, referentes del FR insistieron en la importancia de impulsar esta medida frente a la delicada situación económica que atraviesa el país y que afecta especialmente al sector PyME. En ese sentido, la Presidenta del Bloque de diputados nacionales del FR Graciela Camaño sostuvo: “Las PyMEs son dadoras del 70% del trabajo, son el 98% de las empresas del país y representan el 45% de las ventas. Hoy están sufriendo el ajuste, y debemos cuidarlas”. Y advirtió: “Si no cuidamos las fuentes de trabajo en crisis, condena mos a los trabajadores a la desocupación”.
Y agregó: “La caída de la demanda interna, el aumento de costos de producción, la suba de tarifas, la imposibilidad de tener crédito y las importaciones destruyen las PyMEs y el trabajo de los argentinos. No sólo criticamos, también aportamos ideas y proyectos”.
Por su parte, el diputado provincial Ricardo Lissalde explicó: “Con los tarifazos, los contribuyentes se ven impedidos de pagar todas las cuentas, entonces priorizan el pago de servicios, porque sin ellos no pueden producir. Pero si no hacemos frente al enorme peso fiscal, también se generan medidas cautelares, como las inhibiciones que impiden llevar adelante la actividad comercial”.
“Desde el Frente Renovador impulsamos medidas, tanto a nivel nacional como provincia l, para darle una tregua a los contribuyentes hasta tanto se reactive la situación económica”, concluyó.
El proyecto contempla la creación de la Mesa de Coordinación de la Emergencia Fiscal Pyme destinada a colaborar en su ejecución, y estará integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de la AFIP, del Banco Central de la República Argentina, del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Emprendedores y Pymes.
Del mismo modo, se supo que el Frente Renovador solicitará una sesión especial en la legislatura provincial y nacional para tratar esta propuesta, la cual también se acordó que sea impulsada en el Senado con Miguel Ángel Pichetto.

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Diputados nacionales de la oposición buscan redireccionar impuestos a los combustibles

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Impulsan una iniciativa que redistribuye lo que tributan los combustibles líquidos. Sugieren hacerlo en un plazo progresivo de cuatro años
Una iniciativa impulsada por la legisladora justicialista Elda Pértile y firmada también por el diputado Renovador Marco Lavagna y el jefe del PJ en esa cámara, Pablo Kosiner, entre otros, plantea que de la tributación de combustibles líquidos y sobre dióxido de carbono no se gire más un 10,4% para el Tesoro e igual cantidad para las provincias, sino que los distritos también aspiren el porcentaje del primero entre 2019 y 2022.
Los diputados intentan “corregir la inequidad que representa la actual distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles” con “el propósito de fortalecer la participación de los fondos asignados al sector Provincias, que a su vez distribuye en Organismos Provinciales de Vialidad, 60%; Fondo Provincial de Infraestructura Pública, 30%; y Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, 10%”.
Sobre el primer punto, los legisladores argumentaron que los distritos mantienen “en la mayoría de los casos muy bajos niveles de inversión” y detallaron que en 2017, “la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural” dejó para las 23 jurisdicciones $6.322.730.025 millones, o el 6,16% del total de la recaudación al 31 de diciembre de 2016 para atender una red de 201.100 kilómetros”.
En cuanto al segundo punto -infraestructura pública- los peronistas, renovadores y dos kirchneristas explicaron que “el déficit histórico en materia edilicia amerita la necesidad de revisar los fondos que se movilizan para ello” debido a incremento poblacional. En esa línea, reconocen que las provincias tienen “en agenda proyectos que no pueden ser ejecutados por falta de financiamiento, alejando la meta perseguida cada vez más”.
Con respecto a la tercera cuestión, fundamentaron la obligación de incrementar el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior por “insuficiencia para financiar obras de infraestructura del plan eléctrico 2013-2033 provincial” y “cupos anuales actuales que sólo permiten la ejecución de obras rurales (500-600 suministros por año)”.
Los diputados también señalaron que el plan de obras “prevé para los próximos cuatro años una inversión anual promedio superior a los $500 millones, más de 14 veces lo disponible”, y aclaran que “desde su origen, estos fondos son para el desarrollo eléctrico del interior con la clara visión de situar a las provincias en una posición de igualdad de oportunidades frente a los grandes centros más evolucionados”.
Según los diputados opositores, “el problema descripto no es prioridad de ningún partido político, ni grupo empresario o sindical, ni de ningún ideólogo”, sino “un problema de comunidad de los argentinos, que todos debemos asumir otorgándole la real importancia que tiene”.
Además manifestaron que la situación debe convocar “a todos los gobernadores provinciales, a los dirigentes políticos y sus organizaciones; a los dirigentes sindicales por la propia esencia de su labor” y “a las organizaciones de empresarios, pues el futuro de sus empresas está condicionado y atado a un desarrollo que pasa necesariamente por el sistema de transporte carretero”, entre otros puntos.

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