Peña admitió que Misiones no recibe obras de PPP por una cuestión de “mercado”

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Misiones nuevamente quedó relegada. Esta vez por la “tormenta” y una situación de “mercado”. Tras el fracaso del Plan Belgrano para realizar obras de infraestructura, el Gobierno apostó a la Participación Público Privada, pero nuevamente, las escasas obras que se licitaron, están concentradas en Buenos Aires y la zona centro del país. Misiones, como otras provincias del norte, quedaron fuera del reparto.
Ahora el jefe de Gabinete, Marcos Peña admitió que Misiones recién será tenida en cuenta cuando pase la “tormenta” financiera que hundió al país en una larga recesión. En los papeles, Misiones tiene asignados 697 millones de dólares para obras de PPP.
“Por una cuestión de mercado se está esperando el proceso de aquellas obras que no fueron realizadas. Están pendientes de que podamos terminar la normalización financiera para que se abra nuevamente el mercado a fin de colocar esta herramienta, que es muy importante para el desarrollo y para mantener la infraestructura. Podremos avanzar apenas tengamos más novedades de ello”, relató Peña.
No es la única “demora” que debe soportar Misiones. Peña volvió a responder con evasivas cuando el diputado Daniel Di Stefano le interrogó por el precio de los combustibles, que tiene en la provincia uno de los valores más altos del país, con casi 49 pesos por litro la nafta Premium y sin otra alternativa energética. El bloque misionerista en el Congreso enviado un proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que en el presupuesto 2019 se tenga en cuenta, en el artículo 113, referido a impuesto sobre los combustibles líquidos, una exención para Misiones para recuperar el consumo y la recaudación en los municipios, la provincia y la Nación.
“Deseo decir que tomo la inquietud del diputado. Esto ha ido cambiando según el tipo de cambio y las distintas situaciones en estos tres años. De todas formas, en la actualidad el gran desafío que tenemos es la restricción fiscal, lo cual nos ha llevado a un proyecto de presupuesto con una dosis importante de austeridad, pero también entendemos que hay distintas situaciones que van compensando la cuestión. Trasladaremos la inquietud al secretario Javier Iguacel y al ministro Nicolás Dujovne para brindar una respuesta al respecto”, prometió, sin dar fechas.
“Respecto de los subsidios al combustible del transporte automotor o los subsidios en general al transporte, es importante enmarcarlos en la discusión del traspaso de recursos a las provincias, si no desacoplaríamos un debate que generaría cierta complejidad. Todo el país -la Nación, las provincias y los municipios- se beneficia con el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, el acceso a los mercados y la estabilidad. Las cuentas públicas de las provincias argentinas alcanzaron el superávit y cumplieron el Pacto Fiscal. De ese modo, bajaron la carga tributaria. Consecuentemente, tenemos que continuar este proceso, entendiendo que es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es exactamente lo mismo que viene haciendo el gobierno nacional que, a pesar del alto déficit, transfiere automáticamente recursos a las provincias. Ese es el espíritu del diálogo positivo que se viene dando con los gobernadores del país, generando ámbitos francos -a veces acordando y otras disintiendo- y viendo las realidades particulares de cada provincia. Entendemos que a la vez debemos ir hacia un Estado nacional en equilibrio, con provincias fortalecidas fiscalmente que puedan competir, generar más inversión, lograr más puestos de trabajo y mejorar la infraestructura. Venimos trabajando en ello, porque además es necesario contar con municipios que vayan en la misma dirección”, argumentó el funcionario.
Finalmente, también le puso paños fríos a la expectativa generada por la llegada del Banco de Inversión y Comercio Exterior a Posadas. “Voy a hablar del tema con el equipo a fin de analizar la viabilidad. Suena razonable y se está haciendo un trabajo muy bueno en el BICE, se está fortaleciendo mucho la línea de créditos y se está trabajando en todo el país con las pymes, de modo que sin dudas esto será algo beneficioso”, prometió.

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Misiones se adhirió a la ley nacional que regula los contratos del sector público

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La ley 27.328 alcanza los proyectos de infraestructura, vivienda, actividades, servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica. Y abarca las actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y mantenimiento. La medida fue adoptada por la Cámara de Representantes en su sesión semanal, en la que también decidió desafectar un inmueble del Estado provincial y donarlo a la asociación civil Sargento Ayudante Lima.
El régimen de contratación, denominado Participación Público Privada, es un marco regulatorio con el que se pretende combinar la experiencia del sector privado y la posibilidad de financiación del Estado nacional. Se busca impulsar la inserción internacional competitiva del país, mejorando la productividad a través de obras de logística, transporte, vialidad, educación, salud y energía.
A través de este sistema se permite no sólo la concreción de un proyecto de infraestructura física, sino que también se piensa en la provisión de servicios, inversión productiva e investigación aplicada y tecnológica.
El objeto de este régimen implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las facultades de derecho público de la administración, como el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia, la imposibilidad del contratista privado de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, o la limitación de la responsabilidad del Estado.
Otra ventaja es que, hasta que se complete la construcción del proyecto, se lo aísla de los problemas o restricciones presupuestarias del sector público. También se reduce el riesgo político de violación de esos contratos por parte de la Administración.
La adhesión provincial, impulsada por el ex diputado Alfredo Schiavoni, busca promover “un cambio de paradigma favorable al país, a la provincia de Misiones y sus municipios ya que propone un sistema equitativo, transparente y más eficiente para las partes contratantes”, según se explica en los fundamentos del proyecto.
“De esta forma estaríamos incorporando a la provincia dentro de un régimen alternativo, al ya contemplado en la Ley X Nº 4 y concordantes, dentro del cual estaríamos otorgando a las partes contratantes un marco de flexibilidad y dinamismo en el que podrán determinar la mejor manera de llevar adelante los proyectos propuestos”, manifestó el legislador.
Para el autor, “resulta vital implementar nuevos esquemas de participación y asociación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de obras, dado que la infraestructura pública incide no sólo en las condiciones de vida y salud de la población sino también en el crecimiento de la actividad productiva, pues no es viable un proceso de desarrollo sostenible sin inversiones en infraestructura pública”.
El régimen nacional “encuentra su fundamento en el principio de subsidiariedad en tanto permite confiarle al sector privado la realización de aquellos proyectos de infraestructura que no forman parte del núcleo de funciones indelegables del Estado, mientras que la Administración retiene las potestades de regulación, supervisión y control sobre las actividades de las empresas privadas”, manifestó.
Por otra parte, la Legislatura provincial también desafectó de su condición de reserva fiscal, un inmueble propiedad de la provincia de Misiones, ubicado en la Colonia Picada San Javier a Cerro Corá, para ser donado a la asociación civil Sargento Ayudante Luis Lima, de Leandro N. Alem, con el objetivo de que sea destinado a la construcción de un edificio para su sede social.
Dicha organización se orienta a la atención de grupos de condición de vulnerabilidad, “creando y recreando alternativas a su problemática con la participación plena como sujeto activos que aseguren su integración a la sociedad a la que pertenece”, argumentó el ex legislador Waldemar Wolemberg, autor del proyecto.
También fomentan “la participación y el rol generacional de las organizaciones intermedias de la comunidad local y barrial, promoviendo la creación y el fortalecimiento de nuevos grupos locales de acción comunitaria”, expresó en los fundamentos de su iniciativa.

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Las tapas del martes 28/8: El dólar sigue subiendo a pesar de la intervención del BCRA

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A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. A contramano de la región, el peso sigue devaluándose a pesar de la nueva intervención del Banco Central que vendió reservas. Para calmar a los inversores, el Gobierno pide un nuevo desembolso al FMI.
El Gobierno tuvo que dar un “manotazo” para salvar la obra pública, generando un fondo de garantía del Estado para las obras dentro del programa PPP.
El retiro de Manu Ginobili es la noticia del deporte, la máxima figura del basquet argentino se despide a lo grande en la NBA.


 

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Dietrich: “Trabajamos para que no se frenen las obras de PPP, necesitamos que se terminen”

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El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que la causa de los “cuadernos”, en la que se investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, genera “incertidumbre”, pero aseveró que el Gobierno está trabajando para que no se frenen las obras de Participación Publico Privada (PPP).
“Estamos trabajando para que no se interrumpan, porque necesitamos que se terminen y que esas cuestiones no afecten a la gente que trabaja en las empresas constructoras”, sostuvo en diálogo con radio Continental.
“La corrupción parecía un relato mágico y ahora vemos que es un relato trágico. Que no quede impune es algo maravilloso y solo es posible porque Macri es presidente”, agregó.
El funcionario afirmó que “muchas veces los argentinos creemos que no es posible la transformación porque estamos acostumbrados a la corrupción”.
Por otro lado, desmintió que exista “falta de confianza” y sostuvo que “hay una gran convicción de que estamos en el camino correcto”.
Aunque admitió el contexto económico desfavorable explicó que “tenemos el mayor presupuesto social en la historia del país, estamos acompañando a los más vulnerables” y que “la inflación lamentablemente la tenemos hace 70 años, no la podemos resolver de un día al otro, pero estamos haciendo los cambios estructurales para salir de esta situación”.

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El Gobierno adjudicó las obras del primer proyecto de PPP por u$s 8.000 millones

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La comisión evaluadora firmó la resolución que adjudica los primeros seis corredores viales bajo la modalidad Participación Público Privada que transformará más de 7200 kilómetros de caminos nacionales en una moderna Red Vial de Autopistas y Rutas Seguras. El Tesoro intervendrá en Provincias donde contratos de este tipo no son económicamente rentables.
Finalmente, el Gobierno adjudicó los trabajos de obra del primer proyecto de Participación Público Privada (PPP), por una inversión total de aproximadamente 8.000 millones de dólares en la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras.
“Se analizó la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representa un menor costo para el Estado”, señalaron desde el Ministerio de Transporte a la hora de informar a los adjudicatarios de las obras que comenzarán en octubre de este año.
Vale recordar que, para este primer proyecto, el Gobierno recibió 32 ofertas en total de 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.
Finalmente, las empresas que realizarán las obras por corredor serán las siguientes:
• Corredor vial A: Consorcio: Paolini, Vial Agro, INC.
• Corredor vial B: Consorcio: China Construction America, Green SA.
• Corredor vial C: Consorcio: Jose Cartellone Construcciones Civiles SA.
 Corredor vial E: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial F: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial SUR: Consorcio: Rovella Carranza, JCR SA, Mota – Engil.
“La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto”, señaló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, luego de conocerse los resultados.
Es probable que esta primera ronda establezca un precedente para los proyectos posteriores, dado que el Gobierno espera inversiones por un monto de 26.000 millones de dólares para obras en sectores como minería, comunicación, justicia, tecnología y salud. 

• Continuidad y financiamiento de las obras por PPP
Una vez otorgada la concesión, los contratistas y Dirección Nacional de Vialidad (en representación del Gobierno argentino), deben firmar un contrato que separa la compensación financiera en la fase de construcción y la de operación y mantenimiento del proyecto.
Los fondos retenidos dentro del Fideicomiso PPP provendrán de dos fuentes principales: los impuestos sobre el gasoil destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el cobro de peaje (o contribuciones por tránsito del contratista).
Los trabajos de construcción se van a compensar sobre una base trimestral (siempre que la construcción se complete dentro del plazo de la inversión), a través de Títulos de Pagos por Inversión (TPIs). Dichos certificados pueden ser fijos o variables, dependiendo del tipo de garantía que coloque el contratista (a primer requerimiento o como seguro de caución).
En contraparte, la estructura PPP implica la entrega de estas garantías con respecto a un cierre financiero, así como proyectos primarios y operación de servicios. Los TPIs variables son susceptibles de sanción durante la vida del contrato PPP; por lo tanto, son sujetos a multas y sanciones por incumplimiento de normas de calidad.
En cuanto a la operación y mantenimiento del proyecto, los pagos se harán mediante Títulos de Pagos por Disponibilidad (TPDs) libremente transferibles e irrevocables, emitidos mensualmente en pesos argentinos.

 

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