SALUD PUBLICA

Misiones invierte 2 millones de dólares en un equipo PET/CT y revoluciona el diagnóstico oncológico

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El Parque de la Salud del Hospital Madariaga incorporó un equipo de tomografía por emisión de positrones (PET/CT), una tecnología de punta en medicina nuclear que permite un diagnóstico más preciso en pacientes oncológicos, neurológicos y cardiológicos. La inversión, estimada en 2 millones de dólares, convierte a Misiones en una de las pocas provincias argentinas con este nivel de aparatología en el sistema público, evitando que pacientes deban trasladarse a Buenos Aires u otros centros privados del país.

La puesta en funcionamiento se estima que permitirá atender a 100 pacientes por mes, lo que, a valores de mercado (entre 1.300 y 1.500 dólares por estudio), representa un ahorro significativo para el sistema sanitario y para las familias que antes debían afrontar traslados, alojamiento y altos costos médicos.

Un salto tecnológico en el Parque de la Salud

El nuevo equipo combina dos metodologías: la medicina nuclear, mediante la inyección de radiofármacos, y la tomografía convencional, lo que posibilita un diagnóstico integral en un solo estudio. El doctor Gustavo Goral, especialista en diagnóstico por imágenes, explicó en una entrevista en FM Show que “se trata de una técnica muy vinculada al área oncológica, aunque también tiene aplicaciones en neurología —como la detección temprana de Alzheimer— y en cardiología. Su gran ventaja es la precisión diagnóstica, que permite definir tratamientos adecuados en menor tiempo y con mayor certeza”.

El especialista subrayó que en el país este tipo de aparatología es habitual en centros privados de alto costo, mientras que en hospitales públicos es excepcional. Por eso, la decisión de Misiones de instalarlo en el Parque de la Salud constituye un hito en la política sanitaria provincial.

Cada estudio de este tipo en el sistema privado tiene un costo estimado de entre 1.300 y 1.500 dólares, cifra inaccesible para muchos pacientes. A ello se suman los gastos de traslado, alojamiento y acompañamiento, ya que la mayoría de los estudios requerían viajar a Buenos Aires, Paraná o Corrientes.

“Un paciente oncológico de Misiones debía recorrer hasta mil kilómetros, en muchos casos en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional. Ahora puede realizarse el estudio en su provincia, con seguimiento local de su médico tratante”, detalló Goral.

En términos de relación costo-beneficio, la inversión podría amortizarse en pocos años: con 100 pacientes por mes a valores de mercado, el ahorro potencial supera el millón de dólares anual, sin contabilizar los beneficios intangibles en salud mental y acompañamiento familiar.

Regulación, control y seguridad radiológica

La instalación del PET/CT cumplió con los protocolos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que fiscalizó la infraestructura y los niveles de seguridad en materia de radiación. El servicio cuenta con salas plomadas, puertas blindadas y protocolos específicos para garantizar que los estudios se realicen bajo condiciones de exposición seguras.

“No es un estudio comparable a una radiografía convencional, pero tampoco implica riesgos prolongados. Todo el proceso está regulado, fiscalizado y adaptado para proteger a pacientes y profesionales”, aclaró el especialista.

La puesta en marcha de esta tecnología fortalece al Instituto Misionero del Cáncer, que ya se posiciona como un referente regional en atención oncológica pública. Con esta incorporación, la provincia da un paso más en la descentralización sanitaria, reduciendo desigualdades de acceso frente a las grandes capitales del país.

Los primeros pacientes ya fueron atendidos durante la fase de prueba, y el sistema se encuentra en proceso de programación de agendas para ampliar progresivamente la cantidad de estudios. La meta es alcanzar la plena operatividad antes de fin de año, con derivaciones centralizadas desde oncología y neurología.

“El paciente ya no tiene que esperar semanas ni viajar cientos de kilómetros. El resultado se procesa en la provincia y el médico oncólogo local accede de inmediato a las imágenes para definir el tratamiento”, destacaron desde el Parque de la Salud.

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Emergencia pediátrica: el Congreso sancionó la ley que refuerza al Hospital Garrahan y residencias médicas

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El Congreso convirtió en ley la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales con epicentro en el Hospital Garrahan. La norma, que regirá por un año, fue sancionada en el Senado con 62 votos a favor y 8 en contra, en una sesión cargada de tensiones dentro y fuera del recinto. La medida implica la asignación prioritaria de recursos, recomposición salarial para personal y residentes, y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes cumplen funciones críticas.

La sesión estuvo marcada por las protestas en inmediaciones del Congreso y por un fuerte debate político en el recinto. El Hospital Garrahan, considerado centro de referencia nacional en alta complejidad pediátrica, enfrenta desde hace meses reclamos de médicos y trabajadores por la falta de insumos, bajos salarios y condiciones laborales deterioradas.

La ley surge como respuesta a esta crisis, en un momento donde las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el sistema público de salud se intensificaron. La iniciativa fue aprobada en Diputados con amplio consenso semanas atrás, y en el Senado logró superar los dos tercios necesarios.

Los votos negativos provinieron en su mayoría del bloque de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto al formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. Entre las ausencias destacaron Alfredo De Angeli (PRO), Juan Carlos Romero (CF) y Claudia Abdala Ledesma (Frente Cívico por Santiago).

Contenido de la ley: asignación prioritaria de recursos y control legislativo

La norma establece que, por el plazo de un año, la salud pediátrica y las residencias nacionales en salud serán consideradas en emergencia sanitaria. Esto implica:

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y equipamiento.
  • Recomposición salarial para el personal de salud y residentes, tomando como piso los niveles reales de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para profesionales y trabajadores que realicen tareas críticas.
  • Garantía del funcionamiento pleno del Hospital Garrahan, con partidas presupuestarias adicionales reasignadas por el Poder Ejecutivo.
  • Creación de una comisión de seguimiento, integrada por el Ministerio de Salud, el Congreso, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, con la obligación de emitir informes públicos trimestrales sobre la implementación de la ley.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación, con facultades para reglamentar y reasignar partidas del ejercicio vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo estimado de la medida asciende a 65.000 millones de pesos entre julio y diciembre de 2025, y anualizado representaría unos 133.000 millones de pesos.

Fundamentos y posiciones políticas: apoyo transversal y críticas cruzadas

En el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP), miembro informante, defendió la ley como una respuesta a la “desatención presupuestaria” del Ejecutivo y al maltrato que sufren los trabajadores de la salud. “No hay senador que no pueda defender el trabajo de los médicos, enfermeras y personal del Garrahan”, sostuvo.

Otros senadores, como Luis Juez (PRO), apelaron a un discurso emocional: “Lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que nos siguen generando esperanza”.

Desde la oposición, la radical Carolina Losada criticó al kirchnerismo por “haber dejado un agujero fiscal” pero aclaró que votaría a favor de la emergencia por ser “una medida acotada a un año y focalizada en un hospital clave”.

En contraste, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) ratificó su rechazo, aunque pidió disculpas por sus polémicas declaraciones previas sobre el hospital. Para ella, la norma refleja una superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios que encarece la prestación de salud.

El senador Martín Lousteau (UCR) cuestionó duramente al oficialismo libertario por “revelar su visión real sobre el sistema de salud”, aludiendo a expresiones de voceros oficiales que deslegitimaron a residentes y médicos.

La aprobación de la emergencia sanitaria en el Garrahan tendrá efectos inmediatos sobre el sistema de salud pública:

  • Reforzará la atención pediátrica de alta complejidad, clave para derivaciones de todo el país: actualmente, unos 70.000 niños de distintas provincias se atienden en el hospital cada año.
  • Recomposición salarial para residentes, un sector que en los últimos meses protagonizó fuertes reclamos laborales por precarización.
  • Alivio fiscal para el personal de salud, al quedar exento del Impuesto a las Ganancias.
  • Mayor control legislativo y social sobre la gestión presupuestaria, gracias a la comisión de seguimiento y a la publicación de informes trimestrales.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre la viabilidad fiscal de la norma en el actual contexto de ajuste y sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, con facultad de veto, rechace su aplicación total o parcial.

La sanción de la ley representa un test político relevante: mientras la administración Milei promueve un severo ajuste del gasto, el Congreso avanzó en una medida que implica destinar más recursos a un sector crítico. El Gobierno podría optar por vetar total o parcialmente la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con la oposición, los gremios de la salud y la sociedad civil.

La atención está puesta ahora en la reglamentación del Ministerio de Salud y en el primer informe trimestral de la comisión de seguimiento, que permitirá medir el cumplimiento efectivo de la emergencia.

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El Gobierno disolvió y reestructuró organismos de salud para reducir gastos y mejorar la eficiencia

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Con la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el Poder Ejecutivo fusiona cinco hospitales nacionales y elimina dos institutos descentralizados que estaban inactivos o duplicaban funciones

A través del Decreto 459/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la disolución de organismos descentralizados del Ministerio de Salud y la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que unificará la gestión de cinco hospitales nacionales bajo una única estructura. La medida forma parte del proceso de reorganización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei para reducir el gasto público y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios esenciales.

La ANES estará integrada por los hospitales nacionales “Dr. Baldomero Sommer”, “Prof. Alejandro Posadas”, “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. Cada uno conservará su denominación, ubicación y especialización, pero pasará a estar administrado de forma centralizada.

Disolución de institutos inactivos o superpuestos

El decreto también ordena la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca operativo, y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad dependiente del Ministerio de Salud. Este último continuará gestionando el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) y el Registro Oncopediátrico, en el marco del Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.

Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, al 7 de febrero de 2025 existían 111 organismos públicos bajo la órbita del Ejecutivo, con 477 autoridades superiores y una estructura considerada “excesivamente onerosa”. En ese marco, la dotación de personal en organismos descentralizados creció de 35.481 en 2010 a 88.095 en 2024.

La ANES tendrá como misión centralizar la ejecución presupuestaria, la administración de los recursos humanos y los procesos de compras y contrataciones, con el objetivo de lograr economías de escala, mejorar los controles internos y facilitar la implementación de políticas sanitarias unificadas. Estará dirigida por un Administrador Nacional con rango de secretario, asistido por directores ejecutivos por cada hospital y uno para coordinación legal y administrativa.

El Gobierno remarcó que la medida no implicará el cierre de hospitales ni recortes en la atención, sino una reestructuración administrativa para fortalecer la gestión sanitaria. Hasta tanto se apruebe la nueva estructura organizativa del Ministerio de Salud y de la ANES, se mantendrán las plantas de personal vigentes y las funciones esenciales de los organismos fusionados.

Además, se modificaron artículos de leyes vigentes para adecuar el marco normativo a la nueva organización, como la Ley 27.674 sobre oncopediatría, y se derogaron las leyes que daban sustento a los organismos disueltos.

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El Gobierno disuelve hospitales SAMIC y Delegaciones Sanitarias Federales

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El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de ajuste en el sistema de salud pública al dejar sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. Lo hizo a través del Decreto 460/2025, en el marco de la emergencia pública y bajo el objetivo de reorganizar estructuras estatales consideradas ineficientes o duplicadas.

El Decreto 460/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud y deroga la potestad del Poder Ejecutivo de constituir nuevos “Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad” (SAMIC). Se trata de una estructura creada en 1968 para gestionar hospitales interjurisdiccionales, sostenidos con aportes de Nación, provincias y municipios.

Según los considerandos de la norma, la medida busca reducir el “sobredimensionamiento” del Estado y transferir responsabilidades sanitarias a los gobiernos provinciales, en línea con lo establecido por la Ley 27.742 de Bases.

Deudas provinciales y colapso de los entes interjurisdiccionales

El decreto señala que la experiencia con el esquema SAMIC mostró “ineficacia y falta de sostenibilidad financiera”, ya que muchas provincias no cumplían con sus aportes, dejando a cargo del Estado nacional la mayoría de los gastos operativos. Esta dinámica, según el Poder Ejecutivo, generó un sistema ineficiente, con duplicidad de funciones y afectación al equilibrio fiscal.

Por otro lado, se sostiene que las Delegaciones Sanitarias Federales, creadas mediante el Decreto-Ley 4143/58, han dejado de operar hace años, sin presencia activa en las jurisdicciones.

La decisión se apoya en las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo en el marco de la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. En ese contexto, se habilitó la posibilidad de suprimir entes descentralizados o dependencias cuya existencia no se justifique por su desempeño o utilidad.

El decreto también deroga expresamente las normas legales que daban sustento al régimen SAMIC y a las Delegaciones Sanitarias, incluyendo el Decreto 8248/68 y la Ley 17.102, junto con sus reglamentaciones.

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 460/2025, el Ministerio de Salud deberá dictar las normas complementarias necesarias para llevar adelante la disolución y reorganización del sistema sanitario nacional en relación con estas estructuras. La medida representa un paso más en la estrategia del Gobierno para transferir competencias y recortar el gasto público, dejando bajo responsabilidad de las provincias una mayor parte de la atención sanitaria.

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Crecieron las prestaciones del sistema público de salud en Misiones durante 2024

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Durante 2024, el sistema de Salud Pública de Misiones registró un incremento en la cantidad de prestaciones brindadas a la población, con un total de 2.759.427 ingresos, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al año anterior.

Según datos oficiales, las consultas médicas ambulatorias alcanzaron las 2.643.657 atenciones, frente a las 2.542.009 registradas en 2023. Esto significa que más de 100 mil personas adicionales accedieron a controles, consultas y seguimientos médicos en hospitales y centros de salud públicos.

También se observó un incremento en los egresos hospitalarios (internaciones), que pasaron de 107.120 casos en 2023 a 115.770 en 2024, lo que representa una suba del 8%. Este indicador incluye a todos los pacientes que debieron permanecer internados por diferentes patologías y procedimientos, lo cual evidencia una mayor capacidad operativa del sistema.

En total, el crecimiento interanual de las prestaciones fue de 110.298 casos adicionales, confirmando la creciente demanda de servicios en el sistema público y el esfuerzo sostenido para responder a las necesidades sanitarias de la población.

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