BRASILIA (Reuters) – La procuradora general de Brasil, Rachel Dodge, acusó el miércoles al presidente Michel Temer de corrupción y lavado de dinero por una investigación sobre sobornos en relación con concesiones portuarias, según un comunicado de su oficina.
Temer, quien dejará el cargo el 1 de enero, está bajo investigación por supuestamente aceptar sobornos a cambio de emitir un decreto en 2017 que permitía prorrogar dos contratos portuarios por hasta 70 años.
El despacho presidencial dijo que Temer probará que no hubo irregularidades y que ninguna compañía se benefició ilícitamente.
Temer solo puede ser juzgado siendo presidente si la Cámara baja del Congreso vota para permitir que se lleve a cabo un juicio, lo cual no sucederá antes de que abandone el cargo.
Sin embargo, los cargos y otros presentados anteriormente contra Temer se mantendrán, y es probable que tenga que enfrentarlos a principios del próximo año.
BUENOS AIRES, New York Times. Cuando se planeó que Argentina fuera el país anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para mostrar a la nación como estable y próspera
No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la seguridad.
Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener nexos con Hezbolá, el movimiento libanés.
Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la transportación en gran parte del país.
Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”.
Hinchas del equipo de fútbol River Plate se enfrentaron a policías antidisturbios la semana pasada después de que su partido ante Boca Juniors fue suspendido. Un autobús que transportaba a los jugadores de Boca fue atacado.CreditAlberto Raggio/Reuters
Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20. “Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”, dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri.
Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las relaciones con Estados Unidos.
Desde su elección en 2015, Macri, un político de centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la migración y la política comercial.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, al centro, y su esposa, Brigitte Macron, al centro a la derecha, en Buenos Aires el 29 de noviembreCreditFoto del pool por Ludovic Marin
“Pasamos de estar fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”.
En cambio, los líderes de las economías más grandes del mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de aprobación de Macri.
Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese préstamo tuvo que ser aumentado.
Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre ordenada.
El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la gente a salir de la ciudad.
Los funcionarios están conscientes de los disturbios que estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas.
Fuerzas de seguridad resguardan la pista de aterrizaje conforme los jefes de Estado llegaban al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini cerca de Buenos Aires el 29 de noviembre.CreditMartín Bernetti/Agence France-Presse — Getty Images
La reunión de este año ocurre durante un periodo de considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan violentas, particularmente en momentos de problemas económicos.
La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el dinero en medio de una creciente inflación.
“¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no trabajo, no como”.
Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los trabajadores.
La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga.
Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto regional.
No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón.
Un escuadrón antibombas inspecciona un artefacto explosivo que fue lanzado al hogar de un juez federal este mes en Buenos Aires.CreditReuters
Una de las personas implicadas resultó herida cuando el dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez.
Organizaciones que planean la protesta principal contra el G20, que se realizará el 30 de noviembre, afirman que están seguros que las medidas para resguardar la ciudad afectarán la participación. Sin embargo, aún esperan una gran asistencia en una marcha que terminará en el Congreso —ubicado a casi 5 kilómetros de donde los líderes más poderosos del mundo estarán reunidos—.
En la ciudad, muchas personas ya desean que todo el asunto se acabe.
“Tenemos un país tan grande, ¿por qué tenían que venir aquí?”, se preguntó Esteban Torres, un empleado minorista de 31 años. “Como si la vida en esta ciudad no fuera lo suficientemente difícil”.
Más de 147 millones de brasileños están habilitados para ir a las urnas este domingo y poder elegir al nuevo presidente, 513 diputados federales, 54 senadores, los gobernadores y asambleas de los 27 estados y el Distrito Federal. El sucesor de Temer (del PMDB) surgirá de una serie de candidatos entre los cuales encabeza las preferencias el ultraderechista y ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro (Partido Social Lliberal, PSL), seguido por el “delfín” de Lula da Silva, el ex alcalde de San Pablo Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores, PT), quienes, a su vez, tienen los mayores índices de desaprobación en los sondeos, 44% y 38%, respectivamente. Bolsonaro ha generado una relación amor-odio en el electorado con declaraciones racistas, xenófobas y de reivindicación de la última dictadura militar brasileña.
Además de Bolsonaro y Haddad, los electores brasileños podrán elegir entre varios candidatos como el laborista Ciro Gomes (PDT), tercero en las encuestas, el socialdemócrata Geraldo Alckmin (PSDB) y la ambientalista Marina Silva (REDE).
También se postulan a la Presidencia Guilherme Boulos (PSOL) y Alvaro Dias (PODE), ambos de centroderecha.
Bolsonaro tiene el 35% de intenciones de voto seguido por Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) con el 22% y con el 11% está Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista, según la última encuesta de Datafolha.
También se elegirán dos tercios de los 81 miembros del Senado federal, 513 miembros de la Cámara de Diputados, así como gobernadores y vicegobernadores.
Para que un candidato acceda a la Presidencia en la primera vuelta deberá obtener más del 50 por ciento de los votos, lo cual, a la luz de las últimas encuestas, parece difícil y todo apunta a que la elección se defina en un balotaje que se celebrará el 28 de octubre.
Haddad, afirmó hoy que Bolsonaro está apelando al “voto útil” debido a que sabe que será derrotado en un posible balotaje.
“El otro lado está desesperado porque ellos saben que si Bolsonaro es obligado a participar en debates (para la segunda vuelta), su liderazgo va a derretirse”, afirmó Haddad en un video que publicó en sus redes sociales en vísperas de las elecciones.
El sucesor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del PT respondió de esa forma a la petición hecha el viernes por Bolsonaro para que el “voto útil” de los electores de candidatos ya sin opciones en los sondeos le ayude a ser elegido presidente el domingo sin necesidad de disputar una segunda vuelta.
El Lula ausente hizo su apuesta por el carisma personal y principalmente por la memoria de los brasileños beneficiados por sus dos mandatos presidenciales (2003-2010). Y la apuesta resultó: Haddad, virtualmente desconocido por la inmensa mayoría del electorado, se transformó en un candidato viable y con altas posibilidades de victoria en la segunda vuelta. Más que cualquier otra cosa, Lula logró derrotar el golpe institucional que destituyó, en 2016, a la presidenta Dilma Rousseff, y cuyo objetivo principal era precisamente impedir que él volviese al poder. La trama involucraba todas las instancias del Poder Judicial, más el Ministerio Público, y con pleno y decisivo respaldo de los medios hegemónicos de comunicación. Pretendía eliminar a Lula del escenario político brasileño y sepultar su Partido de los Trabajadores.
Ausente, encerrado en una celda, Lula fue una presencia decisiva en esa primera vuelta electoral que termina hoy.
Los sondeos de ayer indican una batalla reñida en la segunda vuelta, confrontando la ultraderecha de Jair Bolsonaro con la izquierda de Fernando Haddad. Lo que parecía improbable hace poco tiempo –dos semanas– ocurrió: Bolsonaro llega a las elecciones con una significativa distancia de Haddad.Si no ocurre una muy poco probable victoria de Bolsonaro hoy, mañana empieza otra elección.
Los actuales excedentes de producción de gas en la cuenca Neuquina, (con origen en Vaca Muerta) conjuntamente con la disponibilidad de grupos de generación térmica eficiente en el sector eléctrico, permitieron a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, presentar una oferta de exportación de energía a precios competitivos al sistema eléctrico brasileño.
La propuesta de CAMMESA fue superadora a otras según los procedimientos del ONS (Operador Nacional Del Sistema Eléctrico Brasileño), que tiene a su cargo la operación y el despacho eléctrico en el país vecino. Si bien anteriormente Argentina había realizado exportaciones de energía a Brasil, esas habían tenido el carácter de “devoluciones” por importaciones de emergencia realizadas por nuestro país.
Las ofertas se realizaron de acuerdo con los protocolos existentes divididos en dos bloques de 300 MV valorizadas en 90 y 85 U$S/MWH cada uno. Ambas cuentan con una validez inicialmente para la semana operativa de Brasil que va del 22 al 28 de septiembre, pero se espera también poder mantener esa competitividad en las subsiguientes.
El gas utilizado es parte de los excedentes de gas en la cuenca Neuquina que no pueden reemplazar la importación de gas desde Bolivia en la zona norte del país, por razones técnicas vinculadas a la capacidad de transporte de dicho fluido.
Por este motivo, son utilizados en la producción de energía eléctrica en la zona sur/sureste del país y, mediante la red eléctrica de alta tensión, lleva la oferta de energía a la localidad de Garabí. Esta localidad se encuentra al sur de Posadas, sobre el Río Uruguay, y es el nodo de frontera del sistema eléctrico argentino y punto de ingreso al brasileño.
Cabe mencionar que no solo es necesaria la disponibilidad del gas y de la presencia de los generadores disponibles, sino también es fundamental contar con un marco legal binacional dentro del cual se le permita a CAMMESA y a ONS realizar esta operación. Este ámbito fue creado por el compromiso de los gobiernos de ambos países en permitir dicha actividad como una forma de complementarse para brindar un mejor y más eficiente servicio eléctrico en cada país, posibilitando los intercambios en períodos de excedentes de un sistema al otro cuando resulte conveniente para ambos sistemas.
Esta transacción le permite a Argentina evitar el cierre de pozos de gas con las pérdidas que ello implican en la eficiencia de la explotación, preserva equipos y puestos de trabajo y posibilita continuar reduciendo los subsidios por capacidad al sistema eléctrico.
RÍO DE JANEIRO, New York Times — Casi dos años después de que el Congreso de Brasil destituyera a la entonces presidenta Dilma Rousseff y propiciara una de las caídas políticas más asombrosas en la historia de Brasil, la primera presidenta de ese país espera regresar a la capital como senadora.
Rousseff anunció formalmente sus intenciones de postularse para ocupar un escaño en el Senado el 28 de junio pasado, en representación del estado de Minas Gerais, de donde es originaria. Lo más probable es que en esta contienda se enfrente al titular actual, el senador Aécio Neves, a quien logró derrotar por un ligero margen en las elecciones presidenciales de 2014.
Si llega a ganar, Rousseff se convertirá en el caso más reciente de un polémico expresidente de la región que regresa a la política con un cargo en el Senado.
El colombiano Álvaro Uribe Vélez y la argentina Cristina Fernández de Kirchner se convirtieron en personajes importantes de la oposición en el Congreso después de haber cumplido dos mandatos en la presidencia.
“Creo que puedo contribuir mucho al país desde la perspectiva de Minas Gerais”, dijo Rousseff en una entrevista el viernes por la noche. “Sobre todo, quisiera ser una de las voces que defiendan la expansión de la democracia en Brasil”.
Rousseff afirmó que cree que su imagen entre el electorado ha mejorado debido a la cantidad de escándalos que han envuelto a varios legisladoresresponsables del proceso para destituirla, al que considera un golpe antidemocrático.
Rousseff dijo que, en caso de ser votada al cargo, luchará para reducir la desigualdad y ampliar el acceso a la educación, dos de las iniciativas principales que el Partido de los Trabajadores (PT) impulsó cuando esa agrupación estuvo en el gobierno, de 2003 a 2016.
“En la actualidad observamos un retroceso significativo por todo el país”, aseveró. “Los más pobres sufren las consecuencias de las políticas de este gobierno”.
Quizá Rousseff sea el nombre más reconocido que aparezca en las boletas representando al PT en octubre, cuando los brasileños elijan presidente.
Todavía no se sabe a quién postulará el partido de izquierda para la contienda presidencial. Su plan de lograr la elección para un tercer periodo de Luiz Inácio Lula da Silva, el predecesor de Rousseff, sufrió un traspié este año, cuando Lula comenzó a cumplir una sentencia de doce años por cargos de corrupción.
Rousseff, de 70 años, podría convertirse en el segundo caso de un expresidente brasileño destituido y después electo al Senado desde el restablecimiento de la democracia a mediados de la década de los ochenta. El expresidente Fernando Collor de Mello, quien renunció en diciembre de 1992 mientras se realizaba un procedimiento de juicio político en su contra por corrupción, ha ocupado un escaño en el Senado desde 2007.
Laura Carvalho, economista de la Universidad de São Paulo, quien publicó hace poco un libro en el que critica la política económica de los gobiernos del PT, opinó que Rousseff podría convertirse de nuevo en una voz influyente.
“Dilma podría tener una enorme influencia en los debates sobre temas económicos y políticos durante los siguientes cuatro años, en gran parte debido a su experiencia de haber fungido como presidenta”, explicó. “No me extrañaría que resultara mejor senadora que presidenta”.
Rousseff se ha mantenido relativamente lejos de la escena pública desde su remoción del cargo en agosto de 2016, después de que el Congreso determinara que había utilizado indebidamente fondos de los bancos del Estado para ocultar déficits presupuestarios.
Desde entonces se han formulado cargos de corrupción tanto en contra de ella como en contra de Neves, político de centroderecha afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña.
El año pasado, los investigadores obtuvieron una grabación en la que se escucha a Neves solicitar un soborno enorme a un empresario conocido. Aunque Neves ha negado su culpabilidad, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril que había suficientes pruebas para proceder con el caso.
Una denuncia presentada en septiembre señaló a Rousseff como una de las responsables de operar un esquema masivo de sobornos dentro del Partido de los Trabajadores, expuesto como una organización criminal. Rousseff mantiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.
