En una escalada directa tras el histórico fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales sus aranceles “recíprocos”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones, redoblando su estrategia proteccionista y anticipando una nueva batalla legal.

La reacción se produjo horas después de que el máximo tribunal, por seis votos contra tres, determinara que la Casa Blanca no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para aplicar gravámenes generalizados sin autorización explícita del Congreso. La decisión representó el mayor revés judicial para la agenda económica de Trump en su segundo mandato y puso en juego más de US$134.000 millones ya recaudados.

Lejos de moderar su postura, el mandatario cuestionó con dureza a los magistrados y defendió su autoridad ejecutiva. “Sin los aranceles, este país estaría en un problema enorme. Tengo el derecho de imponerlos por motivos de seguridad nacional”, afirmó en conferencia de prensa, dejando en claro que buscará vías alternativas para sostener su política comercial.

Cambio de herramienta legal: Sección 122

El nuevo gravamen del 10% será implementado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite al presidente aplicar aranceles de hasta 15% cuando existan desequilibrios significativos en la balanza comercial.

A diferencia de la IEEPA —que la Corte acaba de invalidar como sustento para aranceles generalizados—, la Sección 122 tiene límites claros: el arancel solo puede mantenerse durante 150 días, salvo que el Congreso apruebe su extensión. Esta restricción introduce un nuevo factor político en el esquema comercial de la Casa Blanca.

Trump también adelantó que iniciará investigaciones bajo la Sección 301, otro instrumento comercial que permite imponer aranceles tras determinar prácticas desleales por parte de socios comerciales. Sin embargo, estos procesos requieren tiempos más prolongados y fundamentos técnicos, lo que reduce la capacidad del Ejecutivo de actuar de manera inmediata.

Mercado y tensión fiscal

El anuncio abre un nuevo frente de incertidumbre para los mercados internacionales, que apenas comenzaban a digerir el fallo de la Corte como un límite institucional al proteccionismo unilateral.

El fallo había sido interpretado como levemente positivo para el apetito global por el riesgo, al reducir la posibilidad de aumentos arancelarios abruptos. Sin embargo, la reacción presidencial reintroduce volatilidad en el frente comercial.

En paralelo, persiste la incógnita sobre los posibles reembolsos de los aranceles ya cobrados. Si tribunales inferiores ordenaran devoluciones significativas, el Tesoro estadounidense podría enfrentar un impacto fiscal extraordinario en 2026, obligando a mayor emisión de deuda en un contexto de tasas elevadas y ajuste cuantitativo.

Punto de quiebre institucional

La Corte Suprema sostuvo que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles de magnitud y duración ilimitadas, y advirtió que conceder esa facultad implicaría una “expansión transformadora” del poder ejecutivo.

La respuesta de Trump deja en evidencia que el conflicto no se limita al comercio, sino que también involucra el equilibrio de poderes en la arquitectura institucional estadounidense.

En términos de negocios globales, el mensaje es claro: la política comercial de Estados Unidos entra en una nueva fase, más condicionada por límites legales, pero aún marcada por la voluntad del Ejecutivo de mantener presión arancelaria como herramienta de negociación.