La cadena yerbatera atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Con precios de la hoja verde y de la yerba canchada muy por debajo de los costos de producción, plazos de pago que se extienden hasta 180 días y la eliminación de la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar un precio mínimo, productores e industriales enfrentan un escenario de fuerte deterioro económico e institucional. La desregulación impulsada por el Gobierno modificó de manera abrupta las reglas históricas del sector y profundizó un desequilibrio estructural que hoy amenaza la continuidad de cientos de pequeños y medianos actores.

El impacto ya no se limita al eslabón primario. La industria molinera también acusa el golpe: debe competir con marcas nuevas de baja calidad, que ingresan al mercado con precios predatorios, en un contexto sin controles ni precios de referencia. El resultado es una cadena que, en su conjunto, opera por debajo de los costos y con una creciente fragilidad financiera.

Un mercado concentrado sin precio sostén

La estructura del sector explica buena parte del problema. Se trata de un mercado oligopsónico, con pocos compradores altamente concentrados y una gran cantidad de pequeños y medianos productores con escaso poder de negociación. “Existen pocos compradores muy concentrados y una gran cantidad de productores que ofrecen la yerba mate canchada sin elaborar”, describe Ygor Sobol, productor yerbatero de la marca León, Misiones.

Durante años, el INYM cumplió un rol de mediación entre ambos extremos de la cadena, proponiendo precios que permitieran cubrir los costos y sostener la actividad primaria. Sin embargo, ese esquema fue desmantelado progresivamente y, en noviembre, el Gobierno avanzó un paso más al prohibirle al organismo dictar normas que afecten los precios del mercado.

Las consecuencias fueron inmediatas. Sin precio mínimo, los productores quedaron obligados a aceptar cualquier oferta de la industria. “Hoy se vende la hoja verde a 150 o 200 pesos por kilo, cuando el costo de producción ronda los 400 pesos. Se vende igual porque el productor vive de eso y necesita ingresos”, explica Sobol. La lógica de supervivencia reemplazó a la rentabilidad.

Incluso cuando algunas cooperativas logran ofrecer valores superiores, el contexto competitivo las deja en desventaja. “Alguna cooperativa puede pagar 350 pesos, pero tiene que competir con industrias que compraron a 150 o 200 pesos. Eso les permite vender más barato y desplazar a quienes intentan pagar precios coherentes”, agrega. La baja de precios, lejos de ser una buena noticia, se transforma así en un factor de expulsión del mercado.

Industria en tensión, pagos demorados y caída relativa del consumo

La crisis ya impacta de lleno en la industria. La semana pasada, la Cooperativa Andresito, una de las principales marcas del país, informó formalmente a sus socios la imposibilidad de cumplir con los pagos. En una carta dirigida a los productores, reconoció atravesar una situación financiera compleja y comunicó que “no se podrán efectuar pagos hasta nuevo aviso”.

Según fuentes del sector, la cooperativa venía abonando de manera fragmentada, con demoras de hasta un año, y había dejado de emitir cheques. El caso expuso con crudeza la ruptura de la cadena de pagos en un contexto de márgenes erosionados y competencia agresiva.

“El escenario del mercado se volvió crítico por la irrupción de nuevas marcas que, amparadas en la desregulación, bajan precios para ganar mercado. Para las empresas que apuestan por la calidad es casi imposible equiparar esas condiciones”, advierte Héctor Dingler, presidente de la Cooperativa Agrícola de Dos de Mayo, en Misiones. Esa presión termina trasladándose al productor, que liquida su producción a valores ínfimos con la expectativa de una mejora futura.

Los datos oficiales reflejan el desbalance. Según el Indec, en el último año el precio de la yerba mate en góndola aumentó apenas 9%, muy por debajo de la inflación general, que fue del 31,4%. La cadena absorbió el ajuste sin poder trasladarlo al precio final, profundizando la pérdida de rentabilidad.

Desde la visión del presidente Javier Milei, la competencia es un mecanismo saludable que elimina a los actores menos eficientes. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de reglas tiende a favorecer a quienes cuentan con mayor espalda financiera y pueden sostener precios predatorios, debilitando tanto a productores como a industrias que operan en condiciones normales.

Sin controles de calidad y con un horizonte incierto

El escenario se agravó aún más con la reciente desregulación de los controles de calidad. A partir de ahora, podrán ingresar al mercado marcas que no cumplen con los requisitos históricos de elaboración. Se eliminan controles vinculados a higiene y seguridad, y ya no será obligatoria la utilización de bolsas que regulen la humedad, lo que habilita productos con exceso de palo, semillas e incluso resabios de hongos.

Esta flexibilización presiona todavía más los precios a la baja y compromete la calidad del producto final, un atributo central de la yerba mate argentina. Para Dingler, si bien el encarecimiento del financiamiento fue un golpe inicial en 2024, hoy el principal problema es la combinación de desregulación y superproducción de hoja verde. “Con una oferta elevada y stocks acumulados en los grandes molineros, los plazos de pago se van a seguir estirando y los valores podrían quedar incluso por debajo de los del año pasado”, anticipa.

La salida exportadora aparece como una alternativa lejana. Para equilibrar el mercado interno, se necesitaría exportar al menos 120 millones de kilos de yerba molida o canchada, más del doble de lo que se envía actualmente al exterior. En ese contexto, la recomposición del INYM y la restitución de sus atribuciones surgen como la herramienta de impacto más inmediato, aunque chocan de lleno con la matriz ideológica del Gobierno y su apuesta irrestricta por la desregulación.