El Gobierno argentino solicitó a la jueza neoyorquina Loretta Preska la suspensión del fallo que obliga al país a pagar una indemnización multimillonaria en el juicio por la expropiación de YPF, en un intento por ganar tiempo y evitar la ejecución inmediata de la sentencia. Además, ratificó que no entablará negociaciones con los demandantes hasta que haya una resolución definitiva del caso en la Justicia de Estados Unidos.

La Procuración del Tesoro presentó formalmente un pedido de “stay”, una medida cautelar que, de ser concedida, permitiría aplazar la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación. En caso de que Preska rechace esta solicitud, el Gobierno anticipó que recurrirá directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.

Fuentes oficiales confirmaron que, por el momento, el Ejecutivo descarta toda instancia de negociación con Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen. “No vamos a negociar bajo presión con una sentencia todavía apelable y que consideramos inviable de cumplir”, señalaron cerca de la Casa Rosada. En esa línea, calificaron como un “daño irreparable” una eventual transferencia de la mayoría accionaria estatal en YPF.

La estrategia: apelar y dilatar

El objetivo central del Gobierno es lograr que la ejecución del fallo se postergue hasta que el proceso de apelación quede completamente resuelto, lo que podría demorar varios meses. En el mejor escenario, esperan que esa dilación llegue hasta una revisión en la Corte Suprema de Estados Unidos. Una alternativa menos ambiciosa sería conseguir una prórroga de al menos 90 días, el plazo necesario para presentar la documentación de apelación.

El escenario más adverso sería que ni Preska ni la Cámara de Apelaciones accedan a frenar la ejecución. En ese caso, el país debería avanzar con el pago o la entrega de acciones a mediados de este mes, algo que en la Casa Rosada consideran impracticable, no solo por los montos involucrados —alrededor de 16.000 millones de dólares— sino también por las dificultades técnicas de una eventual reversión del traspaso accionario en caso de que una instancia superior revierta el fallo.

Además de apelar la responsabilidad jurídica del Estado, la defensa argentina buscará cuestionar el monto establecido. Argumentará que la jueza Preska se excedió en sus atribuciones al “dolarizar” la sentencia, cuando el estatuto de YPF establece parámetros de compensación expresados en pesos argentinos. Según esta interpretación, el valor de la indemnización podría ser sustancialmente menor.

“El número que se maneja —USD 16.000 millones— no es definitivo”, explicaron fuentes del Ejecutivo, que sostienen que un recálculo sobre la base de otra fecha de referencia y otro tipo de cambio podría reducir el pasivo a “algunos cientos de millones de dólares”.

El juicio se originó en la demanda del Grupo Petersen, exaccionista de YPF, por no haber recibido una oferta pública de adquisición (OPA) cuando el Estado argentino expropió la compañía en 2012. En su fallo, Preska entendió que esa omisión violó el estatuto de la empresa.

Para el Gobierno, se trata de un caso con “gravedad institucional”, y consideran que la magistrada carece de jurisdicción para fallar sobre decisiones soberanas de política pública. Con ese argumento, buscarán que la Cámara revierta la sentencia, y con ello, evitar un desenlace que consideran lesivo para el interés nacional.

Mientras tanto, el caso YPF sigue sumando tensión a una economía frágil y a una administración que intenta mostrar señales de responsabilidad fiscal, sin ceder soberanía sobre activos estratégicos del Estado.