Mes: junio 2017

Incorporan más tecnología al servicio de agua potable en Posadas

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Samsa informa que cumpliendo una etapa más del programa de inversiones en la mejora continua del servicio de agua potable para Posadas y Garupá, se ejecutarán mañana los trabajos de finalización de una nueva instalación automática de regulación hidráulica, en este caso en la chacra 137 de Posadas.

Por tal motivo, durante la mañana del jueves es imprescindible detener momentáneamente el bombeo de agua potable en la chacra 137; aunque los usuarios que cuentan con tanque de reserva domiciliario no percibirán mayores inconveniente se aconseja hacer un uso racional y tomar las previsiones del caso

En esta nueva etapa del proyecto se incluyeron obras hidráulicas en la red de distribución, la construcción de una nueva cámara soterrada de mampostería y la instalación de un nuevo equipo regulador automático de presión hidráulica, con sus correspondientes accesorios. Directamente serán más de 300 los usuarios beneficiados con un mejor servicio.

Más de 30 obras de similares características fueron finalizadas por Samsa en los últimos meses, con lo que decenas de barrios cuentan con un mejor servicio de agua potable . Estas obras y equipos permiten regular las presiones en las redes de distribución de agua en forma automática, de acuerdo a la variación de las condiciones del consumo, como también permitirán el control remoto y en tiempo real de las condiciones del suministro. Todo ello asegurará una mejor prestación del servicio de agua potable en la zona en todo momento.

Asimismo continúa el desarrollo del nuevo sistema de telecontrol en tiempo real de todo el sistema de captación, transporte, bombeo y distribución del agua. Mediante la incorporación de equipamiento de macromedición y equipos automáticos reguladores de presión hidráulica, sensores de nivel y un nuevo software incorporado por la empresa, se pueden anticipar inconveniente técnicos y resolver más rápidamente cualquier contingencia en el servicio.

Descripción general del proyecto en ejecución: El nuevo sistema de control en el transporte del agua segura desde las plantas potabilizadoras y del sistema de distribución mediante redes de cañerías en los barrios del Sur de la Capital Provincial y la ciudad de
Garupá fue diseñado por técnicos de Samsa y básicamente consiste en el monitoreo digital en tiempo real del estado de la producción, bombeo y distribución del agua potable.

Mediante la incorporación de equipamiento de macromedición y equipos automáticos reguladores de presión hidráulica, sensores de nivel y un nuevo software incorporado por Samsa se pueden anticipar inconveniente técnicos y resolver más rápidamente las contingencias en el servicio. Además se disminuye el índice de roturas de cañerías (ya que automáticamente se regula la presión en redes), se baja en el índice de pérdidas de agua, se aumenta el caudal de agua disponible y se cuenta con una mayor seguridad en todo el sistema de distribución.

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Impulsan que se declare servicio público a la distribución y comercialización de gas

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El Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), Resolución SC 464-E/2017, decidió por unanimidad en la 81ª Asamblea Ordinaria realizada el pasado 16 de Junio, en la Ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe, instar y promover ante las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, todas las acciones tendientes a que se declare la distribución, comercialización y suministro de Gas Licuado de Petróleo como “Servicio Público”, tal como ocurre con el suministro y distribución del gas por red.

En la asamblea –órgano máximo del Consejo Federal-, se analizó detalladamente la problemática existente en todo el país respecto a la producción y provisión del Gas Licuado de Petróleo en garrafa, a su abastecimiento, al alto e irregular costo del mismo y a las condiciones de seguridad en las que se comercializa en muchas ciudades y localidades del territorio nacional. Se destacó, además, que el problema subsiste desde hace años y que no ha encontrado solución definitiva en las regulaciones y normas que se han dictado hasta la fecha.

En este sentido, el Consejo Federal de Consumo, organismo institucional integrado por todas las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor del país, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, consideró que, tanto la producción y distribución, como la comercialización y el suministro de GLP, debe ser declarado “Servicio Público”, carácter con el que sí cuenta la distribución de gas por redes.

A su tiempo, los representantes de todo el país coincidieron en que “es de una enorme injusticia que exista una diferenciación para un mismo servicio y que, tal situación, condena a los sectores más desprotegidos, aislados y de menores ingresos que, por carecer de acceso al sistema de red, se ven imposibilitados de acceder a este servicio en las mismas condiciones de equidad e igualdad en que lo hacen el resto de los habitantes del país que se encuentran conectados al servicio de gas por red”.

Por estos motivos, la asamblea del COFEDEC decidió, por unanimidad, instar al Poder Legislativo Nacional para que sancione la legislación correspondiente para declarar como “Servicio Público” la producción, distribución, comercialización y suministro de Gas Licuado de Petróleo.

La Dirección de Defensa del Consumidor recuerda que el precio de la garrafa a los consumidores es de $135.

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El servicio de agua tuvo una adecuación tarifaria programada del 19% en Oberá, Posadas, Eldorado y Garupá

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El Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) anuncia que recientemente acordaron una readecuación tarifaria –las cuales fueron previstas tiempo atrás- a partir del pedido de aumento por parte de SAMSA y las cooperativas de agua en los meses de marzo y abril de este año.

A su vez, las solicitudes por un incremento en el importe final llegaban al 79% con respecto a los precios de ese momento debido al fuerte impacto que sufrían las proveedoras de agua a causa del acrecentamiento de la tasa energética.

En ese sentido, la energía eléctrica significa casi un 80% de la inversión total para llevar a cabo la producción del agua, entre los cuales contrastan los sistemas de bombeos y las plantas potabilizadoras de la provincia.

El Presidente del EPRAC, Dr. José Guccione, aseguró que el primer aumento respectivo al mes de marzo se adaptó a las planificaciones para no impactar en el bolsillo de los misioneros y, además, aclaró que “este segundo aumento del mes de junio será el último del año”.

Estas acciones serán gestionadas de esta manera con el objetivo de que cada una de las estructuras de costo –relacionadas tanto con las cooperativas de agua como con SAMSA- logren habituarse a esta adecuación.

Gracias a esta acentuación tarifaria, todos estos organismos podrán solventar sus gastos pertinentes, independientemente de la mejoría en los ingresos en el área de recurso humano o los insumos importados como el cloro y los floculantes.

“Ahorrar el agua debe transformarse en una costumbre, y debemos asegurar a la población que el agua que consumen es de calidad”, señaló.

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Closs cuestionó artículos de la ley de responsabilidad penal empresaria

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En la que podría ser la última sesión antes de las PASO, la Cámara de Diputados realiza este miércoles desde las 12.33 una sesión en la que Cambiemos intentará alzarse con la media sanción del proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que establece un régimen para castigar a las empresas que cometan delitos de corrupción.

Antes de adentrarse de lleno en la campaña electoral, el oficialismo busca en la Cámara de Diputados dar un paso adelante con la iniciativa reclamada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, todavía existen las dudas sobre la posibilidad de alcanzar los votos necesarios.

El proyecto pretende lograr la aplicación de sanciones para las personas jurídicas (empresas) que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría avanzar penalmente sobre los funcionarios públicos que, por ejemplo, cobren coimas.

El texto fue modificado para la introducción de un artículo que apunta a que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria pueda aplicarse al caso Odebrecht, para propiciar la colaboración de esa empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.

Se trata del artículo 37 que establece la vía administrativa para que las empresas alcanzadas “por hechos anteriores a la presente ley” puedan ofrecer información, sorteando el impedimento de que toda ley penal no es retroactiva. Durante el tratamiento del proyecto en comisión, esa cláusula generó cruces entre los diputados, por interpretar la oposición una suerte de “pacto de impunidad”.

Ese artículo fue cuestionado por el diputado nacional por Misiones, Maurice Closs, quien sostuvo que el proyecto debe ser mejorado. Los diputados de la Renovación, en el marco de garantizar la gobernabilidad, dieron el quórum necesario para debatir la norma, pero de todos modos, cuestionaron varios puntos. 

“Siento que si han pasado tantos años y hoy se está hablando de esto, parece que es más una necesidad política. No nos apuremos”, sugirió Closs.

El diputado cuestionó, al igual que otras bancadas, el artículo 37 que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para negociar y premiar delaciones en casos de corrupción sin que haya sanciones a los corruptores. “Es un riesgo fenomenal porque da facultades a un poder del Estado que no es el judicial, de autojuzgarse o auto dar impulso procesal incluso con retroactividad”, explicó. 

En la misma línea, pidió coherencia en las penas, ya que no se puede pasar “de una multa a la disolución de una empresa”. “Es un artículo que merece ser visto de vuelta”, insistió.

La norma establece que las personas jurídicas podrán ser sancionadas con una multa que va del 0,5% al 20% de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”.

Además, de forma conjunta o alternativa, podrán sufrir la suspensión total o parcial de actividades; suspensión del uso de patentes y marcas; la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria por dos días a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; entre otras.

Por otra parte, se indica que en los casos de “transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria”, la responsabilidad de la persona jurídica será transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. No obstante, podrá quedar exenta por cumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz.

En las modificaciones se eliminó la responsabilidad de las personas jurídicas en cuanto a la actuación de los proveedores y contratistas.

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La deuda externa creció 16 por ciento respecto a marzo del año pasado

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El stock de deuda externa bruta total a fines de marzo de 2017 se estima en US$ 204.509 millones, con un incremento de US$ 16.293 millones, 8,7% respecto del trimestre anterior y US$ 28.237 millones, 16,0% respecto de marzo de 2016. Sin embargo, todavía no se contabilizan las emisiones de los últimos meses ni el bono a cien años emitido por 2.750 millones de dólares.

El 62,8% de la deuda corresponde al Gobierno General; 6,6% al BCRA; 16,6% a las sociedades no financieras y hogares, 11,1% a inversión directa entre empresas relacionadas, 2,2% a las sociedades captadoras de depósitos y 0,8% a otras sociedades financieras.
El endeudamiento del Gobierno General alcanzó US$ 128.482 millones. El 78,0% de esta cifra corresponde a títulos públicos; el 22,0% restante a préstamos.

El BCRA incrementó su deuda externa en US$ 351 millones, alcanzando un nivel de US$ 13.417 millones, de los cuales 78,8% se explican por préstamos recibidos.

Las Sociedades no financieras, Hogares e ISFLSH registraron a fines de marzo de 2017 un incremento de US$1.320 millones respecto del trimestre anterior, alcanzando un saldo de US$ 33.869 millones, de los cuales los principales instrumentos corresponden a créditos y anticipos comerciales, 44,9%, a títulos de deuda, y préstamos 19,6%.

Las sociedades captadoras de depósitos, excluido el BCRA, mostraron un saldo de deuda de US$ 4.453 millones con un incremento trimestral total de US$ 493 millones. Los principales pasivos externos del sector son títulos de deuda y préstamos.

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