El Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez sentó postura sobre el nuevo reglamento para el uso policial de armas de fuego que plantea la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Para el misionero “La ley es clara sobre cuándo hacer uso de las armas”.
Pérez explicó que en el caso de Misiones la ley orgánica de la Policía establece que los funcionarios policiales “sólo pueden utilizar armas de fuego cuando fuera necesario asegurar la defensa oportuna de su persona, la de terceros o la de su autoridad”.
Y añadió, “muchas veces se busca que se comunique de esa manera como se comunicó en los medios de mayor difusión. La realidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, la de Rosario, no es la realidad del resto de la Argentina. Acá ustedes salen a la calle y llevan a sus hijos al colegio sin pensar que va a haber un delincuente que les va a robar. Puede ser que un delincuente le robe pero el pensamiento no es ese. Entonces la realidad de esa gente en Buenos Aires que está hastiada de que le roben es muy diferente a la de otras partes del país”.
Consultado en el programa TDM de Canal 12, sobre si la provincia aceptaría esa “invitación” de Nación sobre la reglamentación sobre el uso de armas, respondió, “no me parece que sea necesario, porque es muy clara la ley orgánica sobre cuándo usar el arma”.
De esta forma Misiones se suma a la provincia de Santa Fe que rechazó implementar el nuevo protocolo de utilización de armas de fuego que dispuso el gobierno nacional para las fuerzas federales, que flexibiliza su uso letal en caso de que “resulten ineficaces otros medios no violentos”. El Gobernador de esa provincia, Miguel Lifschitz había planteado que “tenemos leyes vigentes, la Constitución provincial, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso”.
El contrapunto surgió por una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habilita a partir de esta semana el uso de armas de fuego a las fuerzas federales “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.
La medida fue duramente cuestionada por organismos defensores de los Derechos Humanos, que llegaron a plantear que su implementación implicaba avalar el gatillo fácil y hasta la pena de muerte. La disposición nacional establece que el uso de armas letales es válido “en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.
La normativa considera “peligro inminente” cuando “se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí o para terceras personas”, o en caso de que “el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobara que se trataba de un símil de un arma letal”.
Diferente es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que decidió adherirse al protocolo de uso del arma de fuego. La decisión de la administración porteña tiene una importancia superior al simple acompañamiento de una propuesta del gobierno nacional, ya que en la práctica el delito común en las calles metropolitanas es enfrentado directamente por la Policía de la Ciudad, que tendrá en los próximos días nuevas directivas para la resolución de situaciones con el arma reglamentaria.
El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli -que asumió la semana pasada la conducción directa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad-, se reunió con la ministra Bullrich y volverá a encontrarse con la funcionaria nacional en los próximos días para avanzar con el nuevo protocolo para la policía porteña.
