En línea con lo establecido por el Ministro de Economía en el sentido de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, recientemente modificado por el DNU 331/2022, el mes de julio muestra una serie de correcciones que permiten retomar un sendero fiscal compatible con un déficit anual del Sector Público Nacional de -2,5% de PIB.
En efecto, en el mes de julio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $75.947,3 millones contemplando el límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI. Así, en los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de -$876.628,7 millones (-1,1% del PIB). Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario de 2,5% del PIB, el déficit primario para el mes de julio resultó en $1.945,3 millones. Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $129.717,5 millones, resultando en un déficit financiero de $131.662,8 millones.
De esta manera, el mes de julio, luego de las correcciones aludidas presenta una desaceleración del crecimiento real del gasto primario, en virtud de la política de ordenamiento y consolidación de las cuentas públicas, establecidas por el Ministro de Economía y previstos en el presupuesto vigente, tal como se señaló más arriba. En línea con el objetivo mencionado y en pos del cumplimiento de los compromisos asumidos, se dictó la Decisión Administrativa N° 826/2022, de fecha 20 de agosto de 2022, la cual dispone una compensación de créditos presupuestarios, rebajándolos en varias jurisdicciones e incrementándolos en el Tesoro por $210.000 millones.
En el período de referencia, los ingresos totales del SPN ascendieron a $1.384.925,6 millones (+82,8% i.a.). Este resultado se da sobre una alta base de comparación del mes de julio 2021, periodo en el que se recaudaron $19.168,8 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y se percibieron $11.642,9 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) recibidos del FMI en el marco de la condonación de la deuda de Sudán. Los ingresos tributarios alcanzaron los $1.214.337,0 millones (+81,4% i.a.), motorizados principalmente por el Impuesto a las Ganancias (+$81.673,3 millones; +132,6% i.a.), sobre los Bienes Personales (+$9.915,8 millones; +322,8% i.a.), Débitos y Créditos (+$56.167,7 millones; +85,2% i.a.) y los recursos de la Seguridad Social (+$189.353,4 millones; +74,0% i.a.). Las rentas de la propiedad se incrementaron en +$88.843,4 millones, valor que contempla el crecimiento de las relacionadas con emisiones primarias del Tesoro ($74.002 millones).
En particular, el Impuesto a las Ganancias se vio impulsado por el ingreso de la segunda cuota del plan de facilidades de pago por el saldo del ejercicio 2021, del segundo anticipo correspondiente al ejercicio 2022 de las sociedades con cierre de balance en diciembre, y por el ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago para personas humanas. Respecto al impuesto sobre los Bienes Personales, su recaudación fue impulsada por el pago a cuenta y de la primera cuota del plan de facilidades de pago de la declaración jurada de personas humanas, y por el ingreso de declaraciones juradas no ingresadas en junio.
Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social evidenciaron una suba de +$189.353,4 millones (+74,0% i.a.) como consecuencia del incremento del salario medio tras los distintos acuerdos paritarios y del crecimiento del empleo registrado.
Los tributos asociados al comercio exterior muestran, en conjunto, un incremento de +$50.621,5 millones. Dentro de este grupo, los Derechos de Importación crecieron en un +81,1% i.a., producto del crecimiento de la actividad económica, mientras que los Derechos de Exportación se incrementaron en +41,2% i.a.
Por su parte, el gasto primario del Sector Público Nacional alcanzo los $1.386.870,8 millones y presentó una suba de +62,0% i.a., valor que asciende a +68,5% i.a. si se excluye el gasto COVID en 2021 y 2022. En lo que refiere a las prestaciones de la seguridad social, las mismas ascendieron a $486.240,3 millones (+71,9% i.a). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja incrementos conforme crece la economía y se recupera la recaudación y los salarios. En el mismo sentido, las remuneraciones registraron una variación de +87,4% i.a. producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados. En cuanto al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de +$4.315,3 millones (+10,0% i.a.), en parte, asociada al incremento de actividades relacionadas al Censo Nacional de Población y Vivienda, incremento que se vio aminorado por los menores gastos para acciones de mitigación de la pandemia COVID-19 respecto el mismo mes del año anterior.
Las transferencias corrientes alcanzaron los $425.009,4 millones (+34,5% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$83.954,4 millones (+34,2% i.a). Se registró un crecimiento en los pagos correspondientes a las Asignaciones Familiares (+$17.960,5 millones), impulsados por el otorgamiento del complemento mensual dispuesto por el decreto N°719/21, y a la Asignación Universal para Protección Social (+$7.329,4 millones). Por su parte, contribuyeron los incrementos de Políticas Alimentarias (+$10.642,2 millones) por el aumento de la prestación Alimentar en un 50% dispuesto en abril, y del programa Potenciar Trabajo +$16.669,0 millones), producto de la del incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanza los $45.540 en el mes de julio. Al mismo tiempo, se observaron aumentos en las transferencias destinadas a las becas PROGRESAR (+$7.503,5 millones), al programa ACOMPAÑAR (+$2.737,2 millones), y en concepto de Asistencia a Agentes del Seguro de Salud (+$1.054,0 millones) y Atención Medica a beneficiarios de Pensiones no Contributivas de ANDIS (+$1.086,5 millones). En materia de subsidios energéticos, se incrementaron principalmente, las transferencias a CAMMESA (+$4.588,0 millones) e IEASA (+$74.588 millones) producto del incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos.
Las transferencias corrientes al sector público arrojaron una variación de +$26.108,3 millones (+37,7% i.a.), destacándose las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606. Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Gobiernos Provinciales por parte del Ministerio de Educación en el marco del FONID (+$5.721,3 millones). Además, las transferencias a Universidades se incrementaron en +$56,6% i.a. en virtud de los acuerdos salariales vigentes.
Finalmente, el gasto de capital registró una suba de +$35.362,7 millones (+68,3% i.a.) respecto al año anterior. Por un lado, se evidenció un incremento de las Transferencias de Capital en +$33.533,6 millones (+192,5% i.a.), destacándose las transferencias a provincias por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (+$25.222,5 millones), las ejecutadas por Secretaria de Energía (+$2.023,1 millones millones) para la formulación y ejecución de políticas de hidrocarburos. A su vez, la Inversión Real Directa alcanzó los $35.299,6 millones, dentro de los cuales se destacan las erogaciones realizadas por las siguientes empresas públicas: Administración de Infraestructura Ferroviaria, AySA, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Operadora Ferroviaria.
