El presidente Alberto Fernández anunció hoy que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.
En tanto, el Gobierno porteño presentó hoy un escrito ante la Corte para informar sobre “el incumplimiento” del Gobierno nacional del fallo que ordenó restituir el 2,95% de los fondos coparticipables y rechazó el pago en bonos, al considerar que los recursos “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”.
El jefe del Estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA” y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
“Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Sobre este punto, indicó que los bonos consignados “ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe” y añadió que, “siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.
La decisión de acatar el fallo, que convalida en los hechos un aumento de los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires, fue comunicada por el Presidente esta mañana a través de la red social Twitter.
“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, comenzó escribiendo el jefe de Estado.
La Corte Suprema dispuso el miércoles último que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso en 2016 de la Policía Federal.
Si bien se trata de una decisión sobre una medida cautelar pedida por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y no una decisión sobre la cuestión de fondo, el fallo fue firmado por los cuatro miembros del tribunal y con la directiva de que los pagos se hicieran “en forma y automática”.
En ese sentido, Fernández reveló hoy que, pese a que esa medida “viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente”, el Gobierno cumplirá lo dispuesto y, para ello, “se utilizarán bonos TX31”.
El conflicto Nación-Ciudad surgió cuando, a poco de iniciar su gestión en el 2016, el presidente Mauricio Macri subió la participación porteña en los impuestos coparticipables del 1,40 al 3,75 por ciento.
Ese incremento, considerado injusto por el Gobierno Nacional y la mayoría de las provincias, fue desactivado en septiembre de 2020, cuando Fernández estableció que le correspondía un 2,32 por ciento a CABA.
Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
Así se inició un proceso en el que las partes fueron convocadas para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente, pero el intento de mediación fracasó.
Hoy, el presidente Alberto Fernández reveló que instruyó al Procurador del Tesoro para “presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, añadió Fernández a párrafo seguido.
Desde la oposición, la candidata presidencial y exministra de Cambiemos y la Alianza, Patricia Bullrich, celebró que “el Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina” y prometió “suspender” una presunta denuncia por “sedición” que dijo presentaría durante este lunes contra el Presidente.
No obstante la promesa de Bullrich, hoy ingresó una denuncia por “desobediencia” a funcionarios de la administración nacional, que será investigada por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.
El Presidente hoy advirtió que debía “respetar las leyes vigentes”, pero remarcó: “El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto”.
En este punto, el mandatario explicó que “ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”.
Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley -para tratar en “sesiones extraordinarias”- que “prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22”.
“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, sostuvo para finalizar el jefe de Estado.
Mientras, la la administración de Horacio Rodríguez Larreta indicó en un comunicado que “el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad”.
En ese sentido, precisó que hoy lunes fue entregado ante la Corte un escrito en el que se informó sobre “el incumplimiento del fallo” y pidió “que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo”.
También indicó como otra de las acciones puestas en marcha desde la sede del Ejecutivo porteño la instrucción a la Procuración General del distrito, a cargo de Gabriel Astarloa, “que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo”.
