Gobernar con la prórroga de la prórroga: el deterioro de la institucionalidad presupuestaria
Por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina se enfrenta a la posibilidad de una segunda prórroga consecutiva del presupuesto nacional, una medida que, si bien es legal, ha sido concebida como una herramienta excepcional para garantizar la continuidad de las políticas públicas en ausencia de consenso legislativo. Este mecanismo, sin embargo, se ha convertido en una práctica frecuente que debilita el proceso deliberativo y concentra el poder en el Poder Ejecutivo.
El presupuesto es mucho más que un documento técnico: es la expresión más concreta de las prioridades políticas, económicas y sociales de un gobierno. Su aprobación no solo define en qué se gastarán los recursos públicos, sino también quiénes serán los principales beneficiarios y cómo se estructurará el apoyo estatal a diferentes sectores. Según un informe del Programa de Justicia Fiscal, la tendencia a gobernar bajo regímenes de prórroga presupuestaria no solo elude el debate legislativo, sino que también distorsiona las prioridades previamente definidas, afectando directamente la calidad de vida de la ciudadanía.
Desde el año 2022, cuando se aprobó por última vez un presupuesto en el Congreso, el 70% del crédito presupuestario ha sido modificado de manera discrecional por el Ejecutivo mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decisiones administrativas. Este patrón, que refleja una creciente concentración de poder, ha permitido al Ejecutivo reasignar fondos según criterios propios, sin la intervención del Congreso ni la participación de la sociedad civil.
El impacto de esta discrecionalidad es notorio en programas sociales y de inversión clave. El presupuesto destinado al programa Acompañar, por ejemplo, ha sufrido una reducción real del 90%, mientras que el Plan ENIA, que busca prevenir el embarazo adolescente, ha perdido el 80% de su financiamiento. La construcción y mejora de jardines infantiles también ha visto recortes drásticos, con una disminución del 80% en términos reales. Al mismo tiempo, áreas como inteligencia han experimentado aumentos significativos en sus recursos, evidenciando una asignación asimétrica que prioriza intereses específicos por encima de las necesidades sociales más urgentes.
La inflación, un factor crítico en la economía argentina, ha exacerbado esta dinámica. Los ajustes presupuestarios realizados durante el último año no han compensado adecuadamente el impacto de la inflación, dejando a numerosos programas y sectores sin el financiamiento necesario para operar eficazmente. Al cierre de 2024, el presupuesto vigente es un 23% inferior en términos reales al último aprobado por el Congreso, lo que ha generado tensiones adicionales sobre un sistema ya debilitado.
El informe también señala que esta práctica no solo tiene consecuencias económicas, sino que erosiona la institucionalidad democrática. La prórroga presupuestaria se convierte en un “cheque en blanco” para el Ejecutivo, que carece de incentivos para buscar acuerdos en el Congreso. Esto reduce los espacios de debate y debilita el rol del Legislativo como contrapeso del poder, concentrando decisiones fundamentales en manos de un solo actor. Esta dinámica no solo afecta la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también distorsiona las prioridades políticas al margen de las demandas sociales y los principios de equidad.
Ante este panorama, los autores del informe, entre ellos Eduardo Ferreyra y Alejandro Gaggero, proponen reformas urgentes para limitar la discrecionalidad y fortalecer el rol del Congreso en el proceso presupuestario. Entre las medidas sugeridas destacan la necesidad de agotar todas las instancias democráticas para la aprobación de un presupuesto antes de recurrir a su prórroga, la implementación de actualizaciones automáticas que reflejen las prioridades del último presupuesto aprobado y la exigencia de una mayor supervisión legislativa sobre el uso de los DNU.
El contexto argentino contrasta con otras experiencias internacionales. En países como España, las normas establecen límites claros al uso de herramientas similares, garantizando que cualquier modificación presupuestaria pase por un trámite parlamentario. En Argentina, en cambio, el Ejecutivo tiene una capacidad significativa para redistribuir recursos sin la necesidad de aprobación legislativa, lo que aumenta la discrecionalidad y reduce los controles institucionales.
Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio de poderes y la calidad democrática en el país. La posibilidad de gobernar con presupuestos prorrogados refleja no solo una crisis coyuntural, sino también una tendencia estructural que requiere cambios profundos. Cada decisión presupuestaria que se toma al margen del debate legislativo representa una oportunidad perdida para construir consensos y garantizar que los recursos públicos se asignen de manera justa y equitativa. En este sentido, el informe llama a repensar las herramientas legales y políticas vigentes para asegurar que el proceso presupuestario sea verdaderamente representativo y democrático.
