Puertos: el Ejecutivo agiliza las operaciones de trasbordo en el sistema fluvial nacional
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la derogación de la Disposición N° 21/2023, que establecía un régimen específico de habilitación para las operaciones de transbordo buque a buque en el ámbito fluvial. Con esta medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 34/2025, el organismo busca agilizar la operatoria logística, reduciendo cargas administrativas y manteniendo los estándares de seguridad ambiental y operativa previstos en la normativa vigente.
Un cambio en la regulación portuaria
La disposición derogada, dictada en 2023 por la entonces Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, había introducido requisitos adicionales para que empresas privadas pudieran realizar transbordos de buque a buque como terceros operadores. Según la nueva resolución, estas exigencias resultaban redundantes, dado que las operaciones ya están reguladas por un marco normativo robusto, que incluye la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), la Ley de Política Ambiental Nacional (25.675) y las competencias específicas de la Prefectura Naval Argentina, responsable de la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación.
En sus fundamentos, la ANPYN destacó que la Prefectura Naval cuenta con atribuciones expresas, tanto en la Ley 18.398 como en el Decreto 962/1998 (REGINAVE), para controlar y vigilar la contaminación en aguas fluviales y marítimas, así como para intervenir en operaciones de trasbordo. Esto permite garantizar estándares de seguridad sin necesidad de sumar instancias administrativas adicionales que puedan entorpecer la fluidez de las operaciones logísticas.
Nuevo esquema institucional
La medida también se enmarca en la reestructuración del sistema portuario nacional dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que suprimió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos (AGP), creando en su lugar la ANPYN como única Autoridad Portuaria Nacional. Este nuevo ente autárquico, dependiente del Ministerio de Economía, asumió las competencias y funciones de los organismos disueltos, consolidando su rol en la regulación y planificación del sistema portuario.
La derogación del régimen específico de habilitaciones apunta a dotar de mayor flexibilidad a las operaciones de trasbordo, consideradas estratégicas para el comercio exterior argentino y la competitividad logística. En paralelo, el Gobierno ratifica que el control ambiental y de seguridad continuará bajo las normas y autoridades ya existentes, principalmente la Prefectura Naval.
En el contexto de creciente competencia en el transporte fluvial y marítimo, la medida busca equilibrar la agilidad operativa con la preservación de los estándares ambientales, sin incrementar las cargas para los operadores del sector.portuaria: el Ejecutivo agiliza las operaciones de trasbordo en el sistema fluvial nacional
