Día: 4 agosto, 2025

Reorganización en Cultura: Milei avanza con una reestructuración técnica y federal

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El Decreto 531/2025 oficializa una profunda reorganización administrativa, funcional y normativa de la Secretaría de Cultura de la Nación, con cambios claves en el Instituto Nacional del Teatro, el Parque Tecnópolis, y las bibliotecas populares.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 531/2025 publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial, introdujo una reconfiguración integral de la Secretaría de Cultura dependiente de Presidencia. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos, redefine la estructura organizativa de primer y segundo nivel, con el objetivo declarado de optimizar funciones y evitar duplicidades, sin incrementar la cantidad de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional.

Este rediseño se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y responde a los lineamientos de simplificación, eficiencia y desregulación impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Desde principios de año, la Secretaría de Cultura ha sido blanco de varias modificaciones estructurales, producto de la fusión, transformación o disolución de organismos descentralizados dictadas por los Decretos 345 y 346/2025. La nueva norma consolida esa transformación, actualizando objetivos, responsabilidades y relaciones jerárquicas en todos los niveles.

El decreto deroga una decena de normas anteriores —entre ellas el Decreto 1078/1989 y la Resolución 827/2017 del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO—, en un intento por unificar criterios organizativos y legales dispersos. También se readecúan funciones en el marco del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto 2098/08.

Cambios clave: Teatro, Bibliotecas y Monumentos

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la actualización de los objetivos y funciones del Teatro Nacional Cervantes, que ahora deberá no solo difundir la cultura escénica sino también fomentar la dramaturgia nacional y realizar investigaciones teatrales sobre el patrimonio cultural argentino.

También se redefinen las funciones del Instituto Nacional del Teatro, que pasa a tener dos nuevas direcciones:

  • La Dirección de Gestión Operativa y Fortalecimiento Teatral, encargada de la articulación administrativa, legal y presupuestaria del Instituto.
  • La Dirección de Políticas de Desarrollo de las Artes Escénicas, que será la responsable de implementar y evaluar los beneficios establecidos por la Ley Nacional del Teatro N° 24.800.

Asimismo, se refuerza la estructura de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, incorporando direcciones específicas para la gestión bibliotecológica y la evaluación de políticas de fortalecimiento federal.

En cuanto a patrimonio histórico, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ve reforzadas sus facultades de fiscalización y resguardo, con participación vinculante en la gestión legal y física de bienes protegidos.

Tecnópolis y cultura federal: más control y planificación

Otro eje central del rediseño es el Parque Tecnópolis del Bicentenario, que se organiza ahora con tres direcciones específicas:

  • Planificación y Programación
  • Mantenimiento e Infraestructura
  • Producción y Logística

La reestructuración también contempla la consolidación de espacios culturales estratégicos como el Centro Cultural Borges y el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, dotándolos de nuevas unidades de planificación y producción propias.

Además, se jerarquiza el área de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, con nuevas competencias para el diseño de políticas culturales federales e internacionales, fortaleciendo el rol de la Secretaría como coordinadora de estrategias entre Nación, provincias y municipios.

Desde una perspectiva técnico-institucional, el decreto plantea una estructura más racional, con criterios claros de competencias por áreas, aunque también puede interpretarse como una centralización operativa bajo el ala de Presidencia. La creación de nuevas unidades organizativas en áreas específicas es compensada con la eliminación o fusión de otras, cumpliendo con la directiva de no aumentar el tamaño del Estado.

El rediseño tiene como fundamento la necesidad de contar con una administración cultural “moderna, eficiente y federal”, con foco en la rendición de cuentas, el cumplimiento normativo y la planificación estratégica de actividades culturales.

Escenarios: ¿consolidación o resistencia sectorial?

A mediano plazo, este rediseño abre interrogantes sobre su aplicación efectiva y la aceptación de los sectores culturales afectados, en particular aquellos con fuerte tradición de autonomía institucional como el Teatro Nacional Cervantes o el Instituto Nacional del Teatro.

Desde el Gobierno aseguran que no habrá despidos masivos ni desfinanciamiento, aunque el artículo 9 del decreto aclara que el personal alcanzado por la medida está sujeto a las previsiones del artículo 11 de la Ley N° 25.164, que regula los derechos y deberes del empleo público en reestructuraciones. La referencia a “estabilidad” no es menor en el actual contexto de racionalización del gasto.

El decreto ya está vigente y su cumplimiento será monitoreado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional (Secretaría de Transformación del Estado) y la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía, que participaron en su elaboración.

En paralelo, cada área deberá implementar los cambios operativos, administrativos y funcionales detallados en los más de siete anexos técnicos que acompañan el decreto.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de articulación entre las nuevas direcciones, la agilidad en la reasignación de recursos y la legitimidad que logre construir entre los agentes del sector.

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Autopartes: el Gobierno digitaliza el régimen de desarmaderos y refuerza los controles

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 536/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que introduce una profunda modificación al Decreto 744/2004, reglamentario de la Ley 25.761 sobre desarmado de automotores y venta de autopartes. La reforma impulsa una digitalización completa del sistema, reemplazando trámites presenciales por gestiones electrónicas, con el objetivo de reducir costos, agilizar procesos y fortalecer los controles contra el comercio ilegal de autopartes.

La Ley 25.761, sancionada en 2003, estableció el marco legal para el desarmado de vehículos y la comercialización de piezas usadas, con el fin de ordenar el circuito de autopartes, garantizar su trazabilidad y prevenir delitos vinculados al robo de automotores. El Decreto 744/2004 reglamentó su aplicación, pero con el paso de los años sus procedimientos manuales y la falta de digitalización quedaron obsoletos.

Según el texto oficial, las modificaciones se enmarcan en el proceso de modernización administrativa y responden a la necesidad de “desalentar prácticas irregulares y prevenir delitos contra la propiedad”. Además, el Poder Ejecutivo subraya que los trámites presenciales “encarecían y dilataban los procesos de baja de vehículos, sin aportar valor adicional al control registral”.

Digitalización total: baja y desarme 100% online

La medida elimina la obligatoriedad de presentar documentación en soporte físico, incorporando el Certificado de Baja y Desarme en formato electrónico, que será emitido por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

El listado de piezas recuperables deberá cargarse de manera digital y con fotografías adjuntas, lo que permitirá una trazabilidad online en tiempo real. Las autopartes serán identificadas con códigos únicos asignados por la DNRPA, que podrán ser verificados por las fuerzas de seguridad y organismos de control.

Las compañías de seguros deberán exigir el Certificado de Baja y Desarme antes de pagar indemnizaciones por destrucción total o robo, mientras que las fuerzas policiales podrán notificar abandonos de vehículos en la vía pública y pedir su baja con recupero de piezas.

El decreto también faculta al Ministerio de Seguridad a elaborar un instructivo para inspecciones, con el fin de homogeneizar los controles sobre desarmaderos y comerciantes.

Registro Único y trazabilidad reforzada

El Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas será público y de acceso digital, permitiendo consultas online sobre establecimientos habilitados, validez de certificados y stock de piezas registradas. Además, se elimina la obligación de renovación anual de la inscripción, reemplazándola por un sistema de actualización periódica de la documentación.

El decreto incorpora un Anexo con un listado básico de 30 autopartes recuperables, que incluye componentes clave como motores semiarmados, cajas de velocidad, puertas, capots y radiadores.

La digitalización del régimen permitirá acortar tiempos de gestión, reducir costos operativos y mejorar el control sobre el circuito de autopartes, un sector históricamente vinculado al robo de vehículos. Según especialistas del sector, la reforma podría impactar positivamente en la competitividad de los desarmaderos legales y en la transparencia del mercado.

El Poder Ejecutivo estableció un plazo de 60 días para que la DNRPA y la Secretaría de Industria y Comercio adecuen sus sistemas, y anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) controlará la situación fiscal de los actores del sector.

Con esta actualización, el Gobierno busca cerrar brechas normativas y tecnológicas que eran aprovechadas por el comercio ilegal, en una estrategia que combina desregulación, simplificación administrativa y fortalecimiento de la trazabilidad.

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Tierra del Fuego da un golpe: eliminan restricciones fiscales y buscan bajar precios

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La medida busca, ante todo, que los productos de Tierra del Fuego lleguen a las manos del cliente final a precios más competitivos.

Con un decreto del Poder Ejecutivo, el gobierno oficializó la eliminación de restricciones fiscales para las empresas del polo industrial de Tierra del Fuego. La medida busca fortalecer la competitividad de las industrias fueguinas y simplificar la venta directa al consumidor en el territorio continental.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 535/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que introduce cambios clave en el régimen fiscal y aduanero de Tierra del Fuego. La medida elimina las limitaciones impositivas vigentes sobre las operaciones de las empresas radicadas en el Área Aduanera Especial (AAE), fortaleciendo los beneficios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Con este ajuste, el Ejecutivo busca devolver competitividad a la producción fueguina, en un contexto de apertura comercial y nuevas reglas de juego para la industria.

El régimen especial de Tierra del Fuego fue creado por la Ley 19.640 en 1972, con objetivos geopolíticos y económicos: reforzar la soberanía argentina en el extremo austral y fomentar el asentamiento poblacional mediante beneficios fiscales para las empresas. Normas posteriores —como los decretos 1139/88 y 1395/94— ampliaron las franquicias, regulando el crédito fiscal presunto en IVA y el tratamiento en Ganancias.

En 2021, el Decreto 727 extendió el régimen hasta 2038, incorporando nuevas condiciones para su continuidad: adhesión expresa de las empresas y compromisos de diversificación productiva.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

El Decreto 535/2025 elimina las limitaciones que hasta ahora afectaban el uso de beneficios fiscales para determinadas operaciones, especialmente las vinculadas a ventas en el Territorio Continental de la Nación (TCN).

En concreto:

  • Se suprimen los párrafos 3° a 6° del inciso b) del artículo 6° del Decreto 1139/88, lo que permitirá a las empresas aplicar plenamente el crédito fiscal presunto de IVA por las ventas de productos originarios del AAE en el resto del país.
  • También se dejan sin efecto los párrafos segundo y siguientes del artículo 7° del Decreto 1395/94, ampliando el alcance de las ventajas en el Impuesto a las Ganancias.

Estas modificaciones aplican únicamente a las compañías que hayan adherido a los términos del Decreto 727/21 y que acrediten que sus productos son originarios de la AAE, en los términos del artículo 21 y 26 de la Ley 19.640.

Fundamentos: “Recuperar competitividad en un nuevo contexto”

El Ejecutivo justifica los cambios en el nuevo escenario económico nacional, caracterizado por la estabilización macroeconómica, la apertura comercial y la desregulación. “Las restricciones fiscales concebidas en un escenario económico diferente operan hoy como un factor que resta competitividad a los productos fabricados en el Área Aduanera Especial, afectando la sostenibilidad del polo industrial”, señala el decreto.

La norma también subraya que el fortalecimiento del régimen busca “remover los obstáculos que afectan la competitividad” y garantizar “una mayor oferta de los productos originados en la jurisdicción fueguina”.

La eliminación de las limitaciones tiene un efecto directo sobre el sector industrial fueguino, que concentra su producción en bienes electrónicos, electrodomésticos y productos de ensamblaje. Al recuperar plenamente los beneficios fiscales, las empresas podrían mejorar su posición frente a la competencia del resto del país y del exterior, en un momento en que la apertura comercial presiona los márgenes de rentabilidad.

Especialistas advierten que el impacto será doble: a corto plazo, aumentará la liquidez de las firmas al facilitar el aprovechamiento del crédito fiscal, y a mediano plazo, podría incentivar nuevas inversiones en el marco del régimen prorrogado hasta 2038.

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Astroturismo en el “Atardecer Santanero” en el Parque Temático de la Cruz

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Una experiencia lúdico-científica reunió a visitantes y turistas para descubrir los cielos oscuros de Misiones como parte del turismo de naturaleza.

El Parque Temático de la Cruz fue escenario de una nueva experiencia de astroturismo. “Atardecer Santanero” convocó a un gran número de participantes de Posadas, Santa Ana, localidades vecinas y de otras provincias, que se acercaron a contemplar el cielo misionero desde una perspectiva turística y educativa.

La actividad comenzó a las 18 hs con una charla introductoria sobre astronomía en el Santanero Bar, ubicado en el segundo piso del Parque. Luego, el  subió al cuarto nivel y participó de la observación astronómica guiada, donde pudieron conocer los paisajes celestes a través de distintos telescopios y recibir una capacitación especial sobre fotografía nocturna. Muchos de los asistentes incluso lograron capturar imágenes de la luna y las estrellas utilizando sus propios celulares, con el acompañamiento de expertos.

Con un entorno natural privilegiado y condiciones ideales para la observación del firmamento, el Parque Temático de la Cruz se consolida como un sitio ideal para el turismo astronómico en Misiones.

La iniciativa propone generar conciencia sobre la conservación del cielo oscuro como patrimonio natural no renovable, y fomentar experiencias que conecten ciencia, cultura y territorio.

Próximamente, se prevé una nueva edición del “Atardecer Santanero”, para seguir acercando esta propuesta a familias, aficionados, estudiantes y turistas que deseen adentrarse en el universo astronómico desde un enfoque vivencial y accesible.

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Veto presidencial: por qué Milei rechazó los proyectos de aumento previsional, moratoria y pensiones por discapacidad

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual vetó en su totalidad los proyectos de ley N° 27.791, 27.792 y 27.793, aprobados por el Congreso el 10 de julio pasado. Las iniciativas incluían un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, una nueva ayuda previsional de hasta $110.000, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad con nuevas prestaciones y beneficios.

Según el Poder Ejecutivo, estas normas “implicarían para el Estado un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026”, lo que representa el 0,9% y el 1,68% del PBI, respectivamente. “Su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema previsional y pondría en riesgo las metas fiscales”, señala el decreto firmado por Milei.

¿Qué preveían las leyes vetadas?

El proyecto más amplio (27.791) otorgaba un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones con movilidad por la Ley 24.241 y una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable por el índice de movilidad jubilatoria. También disponía transferencias adicionales a las provincias con cajas previsionales no transferidas y establecía modificaciones al financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones de IVA a directores de sociedades y a contratos de garantía recíproca.

Por su parte, el proyecto 27.792 prorrogaba por dos años el plan de pagos de la deuda previsional (moratoria) y reducía de 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres accedan a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), compatibilizándola con otras prestaciones e ingresos laborales.

Finalmente, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo y garantizaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre otras medidas de apoyo a personas con discapacidad y prestadores del sistema.

Las razones del veto: “Gasto exorbitante e insuficiente financiamiento”

El decreto firmado por Milei califica las normas como “técnicamente deficientes” y “manifiestamente inviables” por carecer de fuentes de financiamiento adecuadas.

Solo la ayuda económica previsional prevista en el proyecto 27.791 demandaría $1,3 billones este año (0,16% del PBI) y $3,2 billones en 2026. Sumando todas las medidas, el gasto adicional asciende a $4,45 billones en 2025 (0,54% del PBI) y a $8,9 billones en 2026 (0,89% del PBI). El impacto total de los tres proyectos eleva el gasto en 6% del gasto primario anual previsto.

“El Congreso no cumplió con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar fuentes concretas, específicas, actuales y suficientes de financiamiento. Pretender cubrir estos gastos con reasignaciones presupuestarias o eliminación de exenciones marginales es irresponsable”, sostiene el texto.

Además, el Ejecutivo cuestiona la prórroga de las moratorias previsionales, señalando que el 55% de las jubilaciones actuales corresponden a regímenes por moratoria, y que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral y generan inequidades frente a quienes aportaron durante 30 años”.

Más allá del aspecto económico, el decreto denuncia “graves vicios” en el procedimiento legislativo del Senado. Según el Ejecutivo, los proyectos fueron tratados sin una citación formal a los senadores, con dictámenes “careciendo de los requisitos reglamentarios” y con votaciones que deberían haber requerido dos tercios de los presentes.

“La sanción de estos proyectos constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución. No resulta tolerable que una mayoría circunstancial manipule las reglas del Congreso para imponerse sobre las minorías”, afirma el texto presidencial.

Milei: “El equilibrio fiscal es innegociable”

El veto se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno. “El equilibrio fiscal constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Presidente y fue refrendado en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores”, señala el decreto, que reitera el objetivo de “emisión monetaria cero” y la defensa del valor de la moneda.

“El gasto aprobado por el Congreso aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”, advierte el texto.

Con el veto, los proyectos regresan al Congreso, que podrá insistir con una nueva votación por dos tercios de ambas cámaras para convertirlos en ley. Sin embargo, en el oficialismo confían en que no existen los votos para revertir la decisión presidencial.

Desde la oposición, algunos bloques anticiparon que buscarán insistir, mientras que organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad cuestionaron la medida por “afectar a los sectores más vulnerables”.

El Gobierno, por su parte, sostuvo que seguirá “generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento genuino, basado en la sustentabilidad y la búsqueda de fuentes de financiamiento reales”.

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