Día: 2 septiembre, 2025

Presupuesto 2026 de Ecología en Misiones: control territorial y modernización de la gestión

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El ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán, presentó ante la Cámara de Representantes la planificación y el presupuesto 2026, que prevé un incremento del 15% respecto del ejercicio anterior. La pauta surge de proyectar la ejecución real de 2025 a fin de año y adicionarle un 15% en función de inflación estimada y crecimiento económico, criterio ya explicitado por la cartera ambiental. El esquema de gasto se organiza en tres ejes de gestión -diálogo, presencia e innovación- y prioriza infraestructura y recursos para guardaparques, equipos de control y mantenimiento operativo.

El proyecto detalla una estructura de asignación que da previsibilidad a la operación cotidiana y al refuerzo del control en territorio:

  • Personal: 72%
  • Bienes y servicios: 24%
  • Gastos de capital: 3%
  • Transferencias para erogaciones: 1%
    Este reparto consolida la masa crítica de recursos humanos y sostiene compras operativas, con un componente de inversión para equipamiento e infraestructura.

Los tres ejes de gestión

1) Diálogo. La cartera profundizará la concienciación y los acuerdos con municipios, ministerios, fuerzas de seguridad, instituciones y organizaciones sociales. Durante 2024 se realizaron campañas ambientales en 43 municipios y más de 30 capacitaciones, con expansión de nuevos cursos.

2) Presencia. Se fortalece el control y la prevención con despliegue permanente de guardaparques, delegaciones y áreas técnicas. En lo que va del año se registran más de 470 operativos, un aumento del 55% interanual, y un 88% más de inspecciones ambientales, junto con refuerzo de equipamiento. La cobertura alcanzó 60 de 79 municipios, con más de 700 actividades y el 92% del Corredor Verde bajo acciones activas. En restauración y rehabilitación se reportan más de 70.000 árboles plantados, la construcción de un cerco de casi 2 hectáreas para tareas de recría y más de 50 animales reinsertados.

3) Innovación. Se consolidan herramientas de pagos por servicios ecosistémicos—incluida la Ley de Bosques, la Cuenca Forestal Yabotí y el Programa Jurisdiccional REDD+—y se aceleran procesos de transparencia y tecnología: 2.565 guías digitales emitidas, 500 muebles fabricados con madera incautada para escuelas y clubes, y datos operativos actualizados para decisión pública. Además, se avanzará con digitalización de licencias de pesca, el lanzamiento del sistema “Eco Contacto” para canalizar denuncias y consultas, y la maduración del Observatorio Ambiental, destinado a construir bases de datos de impactos y alerta temprana para diagnósticos y estrategias de intervención más precisas.

Metas operativas

  • Control y uso del suelo. Con el refuerzo de inspecciones y presencia territorial, la provincia reporta la tasa de cambio de uso del suelo más baja de la última década: 4.277 hectáreas afectadas en 2024, frente a un promedio histórico de 5.900.
  • Educación y corresponsabilidad social. Programas de concientización y educación alcanzaron a más de 40 municipios y más de 70 encuentros con comunidades educativas; la iniciativa “Censo Amigos del Parque” apunta a corresponsabilidad ciudadana en el cuidado ambiental.
  • Capacitación estratégica. Más de 160 efectivos de fuerzas de seguridad, guardaparques y brigadistas recibieron formación en control y protección ambiental.
  • Biodiversidad. Se avanza en restauración de la Selva Misioneramás de 60.000 árboles plantados de 100.000 previstos para el año—y se fortalecen los programas de rehabilitación de fauna, con proyectos de alta inversión como el Programa de Recría de Yaguareté, orientado a recuperar una especie emblemática del bioma.

Complementariamente, el Mapa de actividades por zona de la cartera muestra una agenda diversificada: Impacto Ambiental (25%), operativos de guardaparques (18%), control forestal (18%), planes aprobados PMS/PCUS (15%), educación ambiental (8%), PPMF (9%) y campañas (7%). La distribución confirma que la prioridad operativa se concentra en evaluación de impacto y control territorial, acompañada por educación y planificación de manejo.

Qué mirar en 2026

  1. Observatorio Ambiental: primeros tableros con series de impacto y alerta temprana (deforestación, incendios, infracciones, fauna) para asignar recursos según riesgo.
  2. Control reforzado: sostenimiento del volumen de operativos y del descenso de cambios de uso del suelo a niveles históricamente bajos.
  3. REDD+ jurisdiccional y pagos ecosistémicos: expansión de acuerdos y verificación para monetizar la conservación con créditos de carbono de calidad.
  4. Modernización de servicios: licencias digitales, Eco Contacto y trazabilidad de madera incautada con valorización social (muebles para escuelas y clubes).
  5. Restauración y fauna: cumplimiento de metas de reforestación y avances medibles en rehabilitación (incluida la recría en recintos específicos).

“El verde de Misiones no es fruto del azar, sino de decisiones políticas sostenidas en el tiempo y del compromiso de nuestra gente”, sintetizó Recamán, al justificar un presupuesto que acompaña la inflación pero reorienta recursos hacia control, evidencia y tecnología para proteger la selva y su biodiversidad.

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Presupuesto 2026: autonomía y modernización en la Justicia misionera

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El Poder Judicial de Misiones presentó ante la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial su proyecto de Presupuesto 2026, con una novedad institucional que marca un antes y un después en la organización interna: el desdoblamiento de partidas que dará autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, explicó que la estimación se basa en el presupuesto ejecutado este año, proyectado hasta fin de ejercicio y ajustado con un incremento del 15% en línea con el crecimiento económico y la inflación esperada según datos del INDEC. Aclaró que para 2026 se pedirá “el 50% de lo ejecutado este año, porque no se planea un gasto grande pero sí un presupuesto muy novedoso”.

El desdoblamiento, precisó, no implica duplicación sino diversificación de recursos: “El Ministerio Público tendrá la posibilidad de definir cuáles son realmente sus necesidades, que no son las mismas de la judicatura. Tiene a su cargo la Secretaría de Acceso a la Justicia, las investigaciones complejas, la futura policía judicial y el manejo de tecnologías sensibles. Esa realidad distinta justifica que empiece a elaborar y ejecutar su propio presupuesto”. El procurador general, Carlos Jorge Giménez, detalló que esta autonomía permitirá al organismo cumplir con sus funciones específicas en la persecución penal, la defensa del debido proceso y el patrocinio gratuito, con herramientas propias para resguardar la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones externas.

La presidenta del STJ enfatizó además la centralidad de la tecnología como política estratégica: “Vamos a hacer mucho hincapié en digitalización, porque nuestra bandera es tecnología con humanidad. Nos interesa despapelizar todo, llegar al interior y sostener el desarrollo de sistemas propios”. En contraste con Corrientes, que paga 30 millones de dólares al año por licencias, Misiones desarrolla y mantiene plataformas propias como el SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes) y el SIA (Sistema Integrado Administrativo), lo que permitió reducir en un 28% el uso de papel e insumos de impresión respecto del año anterior. Venchiarutti señaló que contar con software propio otorga autonomía y ahorros sustantivos: “Nuestros técnicos permiten sostener un sistema de gestión sin costos de licencias enlatadas”.

El administrador general, Néstor Oscar Moróz, resaltó la presencia territorial del Poder Judicial con 154 dependencias, la mitad propias y la otra mitad gestionadas en cooperación con municipios, lo que garantiza cercanía con la comunidad. Subrayó que el Poder Judicial es uno de los poderes que menos gastos acarrea gracias a una administración austera, sostenida por magistrados, empleados y el compromiso ciudadano. Esa austeridad, explicó, se traduce en reducción de alquileres, menor consumo de insumos y racionalización de recursos.

El proyecto también contempla medidas de bienestar institucional. Venchiarutti destacó el programa “Cuidemos a los que nos cuidan”, orientado a la salud mental de agentes judiciales expuestos a situaciones de alto impacto emocional. En coordinación con el IPS y el Ministerio de Salud Pública, se prevén charlas y dispositivos de contención, incluso con testimonios de exadictos, para atender problemáticas que atraviesan a toda la sociedad. “La gente nos quiere sanos de cabeza y tenemos que cuidarnos”, afirmó.

Entre las metas concretas para 2026 se incluyen el fortalecimiento de investigaciones complejas, la implementación de denuncias online en todas las circunscripciones, la instalación de una VPN interna para garantizar la cadena de custodia de la evidencia digital y el avance en proyectos de infraestructura como una guardería en la sede judicial. Giménez adelantó que se reforzará la Quinta Circunscripción Judicial para ampliar el acceso a la justicia en zonas más alejadas.

La presentación no recibió objeciones por parte de los diputados, quienes acompañaron la propuesta.

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El Gobierno se vio obligado a intervenir en el mercado para frenar la escalada del dólar

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El gobierno nacional decidió intervenir en el marcado para frenar la escalada del dólar y en las primeras operaciones la divisa cede $ 10 con relación al cierre y la cotización oficial en el Banco Nación es de $ 1.335 para la compra y $ 1.375 para la venta.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

La comunicación de Quirno se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.

El dólar mayorista también retrocede a $ 1,353 y $ 1,362, mientras que los minoristas en los bancos acceden a una cotización promedio de $ 1.360 y $ 1.390 respectivamente.

Por su parte, el “blue” opera a $ 1.350 y $ 1.370. El MEP vale $ 1.360 y el Contado con Liquidación $ 1.370.

La decisión es un golpe duro para el equipo económico, que hasta hace poco se jactaba de que el “dólar flotaba” sin intervención y que, por lo tanto, el precio era el acorde a una negociación libre entre privados.

Es recordada una intervención en el canal de streaming Neura donde los funcionarios del Palacio de Hacienda en pleno realizaron un símil stand up con esta consigna.

También cabe recordar que a principios de julio el ministro de Economía, Luis Caputo, había desafiado al mercado y a los minoristas con la ya celebra frase: “Si te parece barato, comprá, campeón. No te la pierdas”. En ese momento, el dólar estaba a $ 1.235, por lo cual aumentó $ 135, generando una buena ganancia para los que le hicieron caso.

Si bien no hay precisiones, se suponen que la intervención se realizará con dólares que el Tesoro Nacional tiene depositado en el Banco Central. Son dólares comprados con superávit comercial y que están “ahorrados” para hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por casi US$ 5.000 millones en enero.

La situación sería diferente en caso de que se usaran los dólares depositados en el Banco Central, que son los que llegaron como parte del acuerdo con el FMI. Esos dólares no pueden utilizarse para intervenir en el mercado.

Pero de todas maneras, mediante diferentes operaciones podrían llegar a aplicarse complicando la relación con el organismo.

Luego de la comunicación de Quirno, ningún funcionario del ministerio de Economía –habitualmente activos en redes sociales- se pronunciaron sobre una medida que desanda el relato oficial desde prácticamente la asunción del nuevo gobierno.

La decisión fue replicada de inmediato por el presidente Javier Milei y su equipo económico, encabezado por Luis Caputo (ministro de Economía) y Santiago Bausilli (presidente del BCRA). Según fuentes oficiales, el movimiento busca garantizar estabilidad en el tipo de cambio de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires y, sobre todo, a las nacionales del 26 de octubre.

En la mesa chica de la Rosada lo definieron como un paso transitorio: “Es un período de zozobra, con mucho ruido. Buscamos generar tranquilidad y paz”, admitió una fuente presidencial.

De la ortodoxia monetaria a la intervención directa

Hasta ahora, el Gobierno había evitado reconocer una intervención explícita en el mercado. El esquema se apoyaba en:

  • Política monetaria contractiva: con tasas de interés en niveles récord.
  • Operaciones en el mercado de futuros: con posiciones del BCRA estimadas en USD 5.200 millones.
  • Altos niveles de encajes bancarios que restringían la liquidez.

Sin embargo, el avance del dólar —que llegó a $1.385 con una suba de $20 en una sola jornada— obligó a cambiar la estrategia. Incluso, informes de la consultora 1816 habían detectado ventas de divisas por parte del Tesoro días previos, presuntamente destinadas al pago de deudas provinciales.

Federico Furiase, director del BCRA, defendió el giro señalando que era necesario terminar con la capacidad del mercado de “mover el precio con apenas USD 30 millones diarios”.

Reacciones del mercado y críticas de economistas

El anuncio fue recibido con fuerte escepticismo en el ámbito financiero. Analistas consideran que la intervención contradice la promesa de mantener un régimen de flotación administrada con bandas cambiarias.

La economista Natalia Motyl calificó la medida de “totalmente estúpida” y agregó: “Dinamitas el Tesoro sólo para controlar el dólar por una cuestión electoral. Es un delirio electoralista que compromete los pocos dólares que quedan”.

Otros especialistas como Christian Buteler, Gabriel Caamaño y Carlos Maslatón coincidieron en que el Gobierno pierde consistencia discursiva: “Ahora tendremos bandas, dentro de las bandas”, ironizó Buteler.

Además, se recuerda que el Banco Central mantiene reservas netas negativas por USD 8.000 millones, lo que limita la capacidad real de sostener este esquema en el tiempo.

En el oficialismo admiten que la meta es contener la cotización del dólar en la previa electoral. El temor central es que una derrota amplia en Buenos Aires —superior a 5 puntos— dispare expectativas negativas hacia las presidenciales de octubre.

Los economistas advierten que la estrategia tiene un costo elevado:

  • Puede comprometer las ya debilitadas reservas.
  • Incrementa la percepción de discrecionalidad monetaria.
  • Abre la puerta a un ajuste posterior vía devaluación o nuevas restricciones.

En el corto plazo, la señal de intervención logró moderar la suba del dólar y dio un respiro a los mercados. Sin embargo, las acciones y bonos argentinos continuaron en baja, reflejando la desconfianza persistente sobre la sustentabilidad de la política económica.

El escenario más probable es que, tras las elecciones, el Gobierno se vea obligado a redefinir el esquema de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas, en un contexto político cargado de incertidumbre.

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Alejandro Haene: RIGI, alivio fiscal y la necesidad de “vender la provincia”

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La aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las recientes medidas de alivio fiscal impulsadas por la Provincia de Misiones atraviesan al sector privado con expectativas. Alejandro Haene, directivo de la Confederación Económica de Misiones, sostiene que la aprobación del RIGI es un paso positivo, aunque advierte que no basta con la sanción de la norma: “Hay que salir a vender la provincia”, afirma, al subrayar la necesidad de atraer inversiones en turismo y forestoindustria.

También resalta el valor de las medidas fiscales adoptadas por la Agencia Tributaria Misiones, a las que califica como un estímulo que debe consolidarse con nuevas herramientas. En diálogo con este medio, Haene analiza el alcance del régimen nacional, la posibilidad de un “mini RIGI” que incluya a los empresarios locales y los desafíos de generar condiciones de competitividad para Misiones en un contexto económico complejo.

– ¿Cuál es su visión sobre la aprobación del RIGI en Misiones?
– Mi opinión es positiva. Siempre digo: hay que mirar para adelante. Si salió tarde o no, no me interesa. Lo que importa es que finalmente fue aprobado. Ahora bien, con eso no alcanza. Tenemos que competir con el país o, al menos, con todas las provincias que adopten el mismo régimen. Los sectores con mayores posibilidades en Misiones son la forestoindustria y el turismo.

– ¿Qué proyectos podrían encuadrarse en este régimen?
– Sí, por ejemplo, la cadena hotelera Meliá, que proyecta siete hoteles en sociedad con Rafael Nadal, con una inversión de 200 millones de dólares. Ese tipo de iniciativas pueden encuadrarse dentro del RIGI, más allá de que se repartan en distintas provincias. Pero insisto: no basta con aprobar la ley, hay que salir a vender la provincia, mostrar nuestras ventajas comparativas.

– ¿Cuáles son esas ventajas de Misiones frente a otras provincias?
– Nuestra infraestructura. Cuando uno viaja por las rutas y compara con Corrientes, Chaco o Formosa, se da cuenta de que la infraestructura en Misiones está impecable y mantenida en gran parte por la Provincia. A eso hay que sumarle los encantos naturales, que hacen muy competitivo al turismo.

– ¿El escenario actual favorece la llegada de inversiones extranjeras?
– Hoy no es el mejor momento. Muchos proyectos energéticos, sobre todo vinculados al petróleo, están parados por el costo de oportunidad. Pero las grandes inversiones no se piensan en semanas, sino en décadas. El que invierte 200 millones de dólares sabe que es un proyecto a 10, 20 o 30 años. Por eso hay que mirar la película completa y ser proactivos.

– Usted mencionó la idea de un “mini RIGI”. ¿De qué se trata?
– El RIGI fija un piso de inversión de 200 millones de dólares, con un mínimo del 20% de proveedores locales. El mini RIGI, en cambio, podría partir desde 10, 20 o 30 millones, poniendo en igualdad de condiciones a empresarios locales con los internacionales. Eso les daría estabilidad tributaria y jurídica para inversiones de largo plazo. Es clave recrear una burguesía nacional, darle al empresario argentino la oportunidad de competir en el mismo plano.

– El gobierno provincial aplicó medidas de alivio fiscal. ¿Cómo las evalúa?
– Siempre soy positivo: entre cero y algo, me quedo con algo. Las medidas de la Agencia Tributaria Misiones son un estímulo y hay que recibirlas bien. Desde el sector privado siempre pedimos baja de la presión fiscal en los tres niveles: nacional, provincial y municipal. En lo nacional no hubo alivio; en los municipios, al contrario, hubo aumentos. Allí es donde más pesa porque no se puede mover una industria o un comercio de ciudad. Por eso lo que venga de la provincia es bienvenido.

– ¿Alcanza con estas medidas?
– Son un paso. Es como el reloj: lento pero sin pausa. Ahora tendrán que venir otras. La recaudación se mantuvo a pesar de la caída del consumo, gracias a contribuyentes en convenio multilateral. Lo importante es que no solo llevemos problemas, sino también alternativas de solución. En este caso, la industria recibió un alivio. Habrá que seguir proponiendo medidas que equilibren la carga sin erosionar la recaudación.

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Autonomía funcional y autarquía financiera: la consolidación institucional del Ministerio Público en Misiones

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El debate sobre la autonomía funcional y la autarquía financiera del Ministerio Público Provincial se ha instalado en la agenda institucional de Misiones como un paso decisivo hacia el fortalecimiento del sistema de justicia. La iniciativa, respaldada por el Poder Ejecutivo y presentada en la Legislatura, busca otorgar al organismo un presupuesto propio y un marco de independencia que garantice mayor eficacia en su rol central: la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.

El procurador general Carlos Giménez explicó que el Ministerio Público es la herramienta de la sociedad para intervenir en los procesos judiciales, promoviendo la protección de los derechos humanos en todas las ramas del derecho -penal, civil, laboral, comercial, administrativo y de la seguridad social-. En el fuero penal, cumple la función de investigar y perseguir delitos, garantizar la legalidad de los procedimientos y sostener la acusación ante los tribunales. En el ámbito de la defensa, asegura el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.

Giménez subrayó que la autonomía funcional permite al Ministerio Público ejercer sus atribuciones sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado. En paralelo, la autarquía financiera otorga la capacidad de planificar y administrar de manera directa sus recursos presupuestarios, sin condicionamientos externos.

El hecho central, destacó, es que por primera vez el Presupuesto 2026 de la provincia de Misiones incorpora una partida autónoma para el Ministerio Público, lo que marca un hito en la institucionalidad de la justicia provincial. “La cuestión presupuestaria es central si se piensa en el fortalecimiento de cualquier institución”, señaló, al tiempo que afirmó que un presupuesto propio es condición necesaria para garantizar independencia, previsibilidad y transparencia en la gestión.

Proyecciones estratégicas para 2026

El plan presupuestario del Ministerio Público incluye líneas de acción concretas que reflejan el impacto esperado de estas reformas institucionales:

  • Investigaciones complejas: reglamentación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales Complejas, implementación de la Policía Judicial y ampliación de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Incorporación de softwares forenses especializados, como Autopsy y GREIKI, además de equipamiento de última generación y una unidad móvil en telecomunicaciones para criminalística.
  • Acceso a la justicia: creación de una sede en la Quinta Circunscripción Judicial, digitalización del acceso con denuncias en línea y puesta en marcha de una VPN institucional para la transmisión segura de evidencia digital.

El procurador general cerró su exposición con un reconocimiento al Superior Tribunal de Justicia y al gobernador de la provincia por respaldar la iniciativa, y pidió el acompañamiento legislativo para lo que calificó como un “paso histórico”. La combinación de autonomía funcional y autarquía financiera, afirmó, no es un privilegio institucional, sino un requisito para brindar un servicio de justicia más eficiente, independiente y cercano a la ciudadanía.

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