Día: 2 septiembre, 2025

Bolsonaro a juicio

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Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.

Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.

Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.

Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.

Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).

El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.

Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.

En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.

Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.

En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.

Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.

Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.

El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.

Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.

Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.

Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.

La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.

Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.

Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.

También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.

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Alivio fiscal para la industria con reducción de alícuotas de Pago a Cuenta de Ingresos Brutos

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Desde el 1.º de septiembre, las industrias radicadas en Misiones cuentan con un beneficio impositivo clave: la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes del Convenio Multilateral. La medida, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2025, fue establecida por la Resolución General N.º 17/2025 de la Dirección General de Rentas (DGR) y ratificada por la Resolución N.º 905/2025 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

La disposición fija que los contribuyentes industriales alcanzados ingresarán un pago a cuenta calculado con una alícuota reducida del 1,50% sobre la base imponible, en lugar del 3,5% que se exigía antes de ingresar a Misiones en los controles fiscales de las rutas 12 y 14.

La medida se aplica exclusivamente a quienes tengan su actividad principal en el rubro industrial y cumplan con una serie de condiciones:

  1. Estar inscriptos ante la DGR con actividad principal industrial y domicilio fiscal en otra jurisdicción.
  2. Integrar el Padrón de Proveedores de Industria creado por la resolución.
  3. Realizar operaciones con contribuyentes cuya actividad principal también sea industrial y con domicilio fiscal en Misiones.
  4. Haber presentado y abonado las últimas 12 declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La inscripción en el padrón deberá efectuarse a través del sitio web de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), con validación posterior por parte de la DGR.

El objetivo es incentivar la inversión local, la generación de empleo y la formalización de operaciones, en línea con los principios de bienestar social y desarrollo sostenible que guían la política fiscal provincial. La superintendencia del Ministerio de Hacienda sobre la ATM legitima la medida, que fue publicada en el Boletín Oficial para su plena vigencia.

Uno de los puntos centrales es la creación del Padrón de Proveedores de Industria, que permitirá transparentar y formalizar las operaciones, asegurando la trazabilidad de bienes y servicios. Según la normativa, solo los contribuyentes registrados podrán acceder al beneficio de la alícuota reducida, lo que garantiza un control más estricto del régimen y evita prácticas irregulares.

Consenso institucional y privado

La decisión se tomó en un marco de diálogo entre la Agencia Tributaria Misiones, el Ministerio de Hacienda, la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, quienes venían reclamando alivio fiscal frente a la coyuntura económica nacional.

Con esta medida, la provincia busca reforzar la competitividad de sus industrias frente a otras jurisdicciones y sostener el nivel de actividad en un escenario de costos crecientes.

El beneficio tiene carácter transitorio, con vencimiento el 31 de diciembre de 2025, aunque podría evaluarse su continuidad de acuerdo con los resultados obtenidos. La reducción de la alícuota busca mejorar la liquidez de las empresas, permitiéndoles reinvertir capital en procesos productivos, expansión y generación de empleo.

En un contexto de recesión nacional, el alivio fiscal misionero se posiciona como un instrumento selectivo de política tributaria, que combina reducción de carga impositiva con control administrativo y trazabilidad de operaciones.

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“Huellas Ancestrales”: turismo comunitario con identidad ancestral

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En Puerto Libertad, se lleva adelante un proyecto de fortalecimiento turístico junto a las comunidades originarias del municipio. Esta iniciativa busca potenciar sus saberes, tradiciones y entornos naturales como parte de una propuesta turística auténtica y sostenible.

Uno de los avances más significativos se dio con la comunidad Guazurarí, que ya contaba con un circuito armado. Gracias al trabajo conjunto, que cuenta con el impulso de la Dirección Municipal de Turismo y el acompañamiento de la Fundación Ecologista Verde, lograron definir aspectos clave como el nombre del recorrido, su nivel de dificultad, duración, costo y materiales de difusión. Esto permitió su lanzamiento oficial que se concretó con la presencia del titular de la cartera turística, José María Arrúa.

Además, el trabajo involucra activamente a otras comunidades de la zona como Tekoa Guapoy y Tekoa Nuevo Amanecer, con el objetivo de que cada una desarrolle un producto turístico propio, complementario y con identidad diferenciada. Las actividades incluirán propuestas culturales, ancestrales, de naturaleza y aventura.

La visión del proyecto es que estos circuitos puedan combinarse entre sí y generar una red de turismo que destaque la riqueza de cada comunidad y promueva el respeto por sus particularidades.

El Ministerio de Turismo de Misiones acompaña esta iniciativa y pone el foco en la importancia de incorporar los saberes ancestrales como parte de los atractivos turísticos de la provincia. Esta apuesta no solo fortalece el desarrollo local, sino que también proyecta la identidad misionera al mundo.

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ARSAT invertirá en fibra óptica, satélites y data centers en 2025 con un resultado positivo de $4.374 millones

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El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2025 de ARSAT, que prevé ingresos por más de $167 mil millones y la continuidad de proyectos estratégicos en conectividad, televisión digital y servicios satelitales. La empresa estatal invertirá en infraestructura clave para la reducción de la brecha digital y la soberanía tecnológica del país.

La Resolución 1285/2025, publicada el 2 de septiembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó el presupuesto de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) para el ejercicio 2025.

Según el detalle oficial, la compañía proyecta:

  • Ingresos de operación: $157.835.667.445
  • Gastos de operación: $128.197.865.679
  • Resultado operativo: $29.637.801.766 de ganancia
  • Ingresos corrientes: $167.243.533.420
  • Resultado económico (ahorro): $39.045.667.741
  • Resultado financiero (superávit): $4.374.736.419

El documento resalta que estos números reflejan un escenario de equilibrio fiscal positivo, en línea con el rol estratégico de ARSAT como operador mayorista de telecomunicaciones y ejecutor de políticas públicas de conectividad.

Expansión de la infraestructura digital y el satélite ARSAT-SG1

El Plan de Acción 2025 detalla las prioridades estratégicas de la empresa estatal. Entre los principales proyectos figuran:

  • Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO): actualmente con 31.386 km operativos sobre un total de 36.616 km, alcanza al 85,7% de la red iluminada y conecta a más de 1.174 localidades. Para 2025 se prevé ampliar y securizar la infraestructura, cerrar anillos ópticos y actualizar tecnología para soportar un tráfico de internet que crecerá un 120% en el período 2025-2027.
  • ARSAT-SG1: el satélite de segunda generación, desarrollado junto a INVAP, avanza hacia su Fase 3 de integración de componentes. Permitirá conservar posiciones orbitales estratégicas, ofrecer banda ancha satelital y cubrir zonas rurales y de difícil acceso.
  • Capacidad satelital SES-17: ARSAT adquirió derechos exclusivos de comercialización en Argentina para brindar internet satelital en “banda Ka”, especialmente en escuelas y centros de salud.
  • Centro Nacional de Datos (CND): ampliación de la nube pública nacional, incorporación de servicios de ciberseguridad, almacenamiento y cómputo de alto rendimiento (HPC). Se financiará parcialmente con un crédito del Banco Mundial (BIRF-9455AR).
  • Televisión Digital Abierta (TDA): mantenimiento de las 101 estaciones terrestres que cubren al 86% de la población, con soporte satelital para llegar al 100% de los hogares.

Impacto

El plan ratifica a ARSAT como instrumento central de la política digital argentina, con objetivos que trascienden lo económico:

  • Reducción de la brecha digital: la empresa prevé conectar al 90% de las escuelas del país mediante fibra y satélites. Actualmente ya ofrece conectividad a 1.845 establecimientos y proyecta sumar otros 4.000 en 2025.
  • Telemedicina y servicios públicos: se contempla la provisión de internet satelital a más de 2.000 Centros de Atención Primaria de Salud en zonas aisladas.
  • Soberanía tecnológica: la continuidad de ARSAT-SG1 y la federalización de centros de datos buscan garantizar independencia en telecomunicaciones y resguardo de la información estratégica.
  • Empleo y eficiencia: la dotación de personal se ajustará a 596 empleados en 2025, con un esquema de optimización de recursos.
  • Financiamiento e inversión: ARSAT no prevé endeudamiento privado y evalúa la ampliación de capital con salida a mercados bursátiles, lo que implicaría un paso inédito en su esquema de financiamiento.

ARSAT entre la política digital y el mercado

La resolución consolida a ARSAT como actor clave en el despliegue de infraestructura digital en Argentina, en un contexto de creciente demanda de conectividad, competencia satelital global y presiones fiscales internas.

El superávit previsto, junto con el avance del ARSAT-SG1 y la expansión de la REFEFO, posiciona a la empresa como una pieza estratégica en la agenda de desarrollo económico y tecnológico. Sin embargo, la reducción de personal y la eventual salida al mercado de capitales plantean interrogantes sobre el modelo de gestión futura y su impacto en la gobernanza estatal de las telecomunicaciones.

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El Ministerio de Justicia reglamenta el nuevo régimen de mediación en salud y fija honorarios para mediadores

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El Ministerio de Justicia oficializó la Resolución 1062/2025, que introduce cambios clave en la aplicación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), recientemente creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 379/2025. La medida establece el marco operativo, la digitalización de trámites, un nuevo esquema de honorarios para los mediadores especializados y mecanismos de recupero de fondos, en un intento de fortalecer el acceso a la justicia y ordenar los crecientes conflictos vinculados a prestaciones de salud.

La Ley 26.589 regula la mediación prejudicial obligatoria antes de iniciar un juicio. Hasta este año, la materia de salud estaba exceptuada del procedimiento. Sin embargo, el DNU 379/2025 incorporó a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y entidades reguladas por las leyes 23.660, 23.661 y 26.682, obligando a que los reclamos contra ellas pasen previamente por la instancia de mediación.

Ese mismo decreto creó el PROMESA, un procedimiento específico para controversias sanitarias que, según el Ministerio de Justicia, “atiende a la naturaleza federal de las prestaciones de salud y a la necesidad de mediadores especializados”. A partir de ahora, toda persona que reclame contra un agente del sistema de salud deberá iniciar primero esta instancia ante un mediador habilitado.

Honorarios, digitalización y recupero de fondos

La Resolución 1062/2025 introduce tres ejes principales:

  1. Registro y digitalización:
    • Se habilita la inscripción de mediadores en materia de salud (REGMESA) a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eliminando la exigencia de trámites presenciales.
    • Se actualiza el funcionamiento del Registro Nacional de Mediación, que llevará una matrícula diferenciada para estos profesionales.
    • El sistema MEPRE será el único habilitado para generar y gestionar actas de mediación, derogándose los formularios previos.
  2. Honorarios de mediadores:
    • El artículo 8 del DNU 379/2025 establece que el mediador percibirá honorarios equivalentes al ítem I de la escala del Decreto 1467/2011 (“cuestiones sin valor pecuniario”).
    • La nueva resolución multiplica por cinco (5) veces ese valor cuando la mediación concluya con acuerdo, para reconocer la especificidad del trabajo en salud.
    • En caso de mediaciones sin acuerdo, el Fondo de Financiamiento de la Ley 26.589 abonará los honorarios, que luego deberán ser reintegrados si el reclamante no inicia demanda en un plazo de 30 días o si hay condena en costas.
  3. Recupero de fondos:
    • El Anexo II (IF-2025-95560067-APN-UGA#MJ) establece el procedimiento administrativo y judicial para recuperar los honorarios pagados por el Fondo.
    • La Dirección Nacional de Mediación deberá informar semestralmente los casos sin acuerdo y elevarlos a la Subsecretaría de Gestión Administrativa, que instruirá acciones judiciales de cobro contra las partes deudoras.
    • Las sumas recuperadas se depositarán en la cuenta oficial del Fondo, garantizando su sustentabilidad.

Impacto en el sistema de salud y la justicia

La implementación del PROMESA tiene múltiples impactos institucionales y económicos:

  • Para los pacientes y afiliados: se crea una instancia más ágil y obligatoria antes de litigar, que podría facilitar acuerdos rápidos con obras sociales y prepagas, evitando juicios largos y costosos.
  • Para los prestadores de salud: implica una nueva obligación procesal que podría multiplicar los reclamos formales, pero también reducir litigiosidad si se logra una tasa alta de acuerdos en mediación.
  • Para los mediadores: se abre un campo de especialización en conflictos de salud, con un régimen diferenciado de honorarios y exigencias de capacitación.
  • Para el Poder Judicial: se busca descomprimir los tribunales federales, que reciben gran parte de los amparos y demandas por cobertura médica y medicamentos.

El Ministerio de Justicia, a cargo de Patricia Bullrich, remarcó que la entrada en vigencia es inmediata desde la publicación en el Boletín Oficial (2 de septiembre de 2025). Sin embargo, la implementación plena dependerá de:

  • La adaptación tecnológica del sistema TAD y MEPRE en todo el país.
  • La inscripción y formación de mediadores especializados en salud.
  • El financiamiento y recupero efectivo de honorarios para evitar un desfinanciamiento del Fondo de la Ley 26.589.
  • La reacción de las entidades de salud, que podrían cuestionar la carga de nuevas obligaciones procesales y financieras.

En términos políticos, la medida se inscribe en una agenda de modernización del sistema judicial y en la creciente conflictividad en materia de salud, donde los fallos judiciales suelen tener un fuerte impacto presupuestario en obras sociales y prepagas.

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