Por Ana Ionova. Reportando desde Brasilia, New York Times. El juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño acusado de intentar aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país, comenzará este martes.
Los fiscales sostienen que Bolsonaro, de 70 años, dirigió un amplio complot para anular las elecciones de 2022, con la intención de sembrar dudas infundadas sobre los resultados, otorgar poderes especiales a los militares, desmantelar los tribunales e incluso envenenar a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció por un estrecho margen en las urnas.
Para muchos en Brasil, un país que resurgió de una brutal dictadura militar hace apenas cuatro décadas, un proceso exitoso contra Bolsonaro representaría una victoria de la democracia.
Sin embargo, la forma en que Brasil está buscando esa victoria —a través de un tribunal supremo extraordinariamente empoderado— también ha hecho que el país enfrente interrogantes incómodas sobre la propia democracia que pretendía proteger.
Y para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones equivalen a una persecución política diseñada para frustrar su participación en las elecciones presidenciales del próximo año. Bolsonaro afirma que él sencillamente exploró medios legales para permanecer en el cargo tras perder unas elecciones que, según él, le robaron. (No hay pruebas de que se haya cometido fraude).
El caso contra Bolsonaro también ha desencadenado una crisis diplomática entre las dos naciones más grandes del hemisferio occidental, ya que el presidente Donald Trump se ha valido de aranceles y sanciones en un intento de forzar al poder judicial de Brasil para que retire los cargos contra su exdirigente, quien también es aliado político de Trump.
Los fiscales y Bolsonaro se valen de las evidencias para contar versiones diferentes
Bolsonaro y siete miembros de su círculo íntimo, entre ellos su compañero de fórmula y un antiguo jefe de espionaje, serán juzgados por cargos de “abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “golpe de Estado”, entre otros delitos.
En el juicio ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se espera que dure dos semanas, se evaluarán las pruebas reunidas por los investigadores a lo largo de casi dos años. Esto incluye el testimonio clave del secretario personal de Bolsonaro, quien confesó como parte de un acuerdo de colaboración.
Su confesión condujo a los investigadores a otras pruebas, como mensajes de texto, notas de voz y documentos encontrados en casas, oficinas y celulares de Bolsonaro y sus aliados.
En una parte especialmente siniestra de la trama, se acusa a los ayudantes cercanos de Bolsonaro de haber elaborado un plan para asesinar a Lula antes de su investidura. Los investigadores afirman que las pruebas demuestran que Bolsonaro aprobó el plan.
Bolsonaro ha negado haber conspirado para matar a Lula y afirma que nunca planeó dar un golpe de Estado, sino que analizó “formas previstas en la Constitución” para quedarse en el poder.
Brasil está en tensión mientras comienza el juicio
Dado el cúmulo de pruebas, es probable que Bolsonaro sea declarado culpable por la mayoría del tribunal de cinco jueces. Podría enfrentar una pena de hasta 43 años en prisión, o se le podría ordenar que cumpliera su condena en arresto domiciliario debido a su estado deficiente de salud y a su edad, avanzada según la ley brasileña.
El país se prepara para posibles disturbios durante el juicio.
Los partidarios de Bolsonaro han planeado manifestaciones masivas en todo el país el 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil. En Brasilia, la capital, el edificio del Supremo Tribunal está rodeado de barricadas, y hay fuerzas policiales adicionales montando guardia frente a otros edificios gubernamentales. En enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, los partidarios de Bolsonaro atacaron esos mismos edificios en un destructivo motín similar al ataque al Capitolio estadounidense ocurrido dos años antes.
Bolsonaro ha pasado las últimas semanas antes del juicio bajo arresto domiciliario. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ya había ordenado que el acusado llevara un monitor en el tobillo y se mantuviera alejado de embajadas extranjeras. Recientemente reforzó las medidas de seguridad, al considerar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.
El hijo de Bolsonaro, Eduardo, vive en Estados Unidos desde marzo y ha presionado enérgicamente a la Casa Blanca para que intervenga en el caso de su padre.
La crisis diplomática podría empeorar
Durante meses, el juicio a Bolsonaro fue un asunto de carácter interno. Luego, en julio, Trump amenazó repentinamente a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento si no ponía fin a la “cacería de brujas” contra Bolsonaro.
La amenaza fue cumplida, y Trump aplicó duras sanciones contra De Moraes. Una condena a Bolsonaro podría tensar aún más las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, y a algunos funcionarios y analistas brasileños les preocupa que pueda desencadenar más aranceles o sanciones estadounidenses.
Bolsonaro ha argumentado que la clave para llegar a una tregua económica con Estados Unidos es otorgar una amnistía a él y sus partidarios. Sus aliados en el Congreso de Brasil están promoviendo un proyecto de ley para indultar a los alborotadores implicados en el asalto a la capital. De aprobarse, algunos analistas afirman que la medida también podría beneficiar a Bolsonaro.
Pero Lula podría vetar esa ley, y aun si no lo hace, su aplicación en el caso de Bolsonaro probablemente sería impugnada ante el Tribunal Supremo.
También está en juego la cuestión de la elegibilidad de Bolsonaro para ocupar cargos públicos. Se le consideró inelegible hasta 2030 en otro caso, en el que las autoridades electorales determinaron que había abusado de su poder y había sembrado dudas infundadas sobre los sistemas de votación del país. Según lo establecido en la ley brasileña, una condena penal lo inhabilitaría de manera permanente para ocupar cargos públicos.
