vie. Dic 5th, 2025

Mes: noviembre 2025

Denuncian una “ofensiva concentradora” y buscan derogar el DNU que desarmó la regulación yerbatera

By Economis Redacción 5 días ago
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La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto 812/2025, norma con la cual el Poder Ejecutivo nacional suprimió las facultades históricas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para regular el sector, fijar precios mínimos y establecer mecanismos de control institucional. La iniciativa propone restituir plena vigencia al Decreto 1240/2002, que desde hace más de dos décadas ordena el funcionamiento del organismo.

El texto legislativo plantea que el decreto presidencial constituye una nueva avanzada desregulatoria, orientada a “dejar en completo desamparo” a miles de pequeños y medianos productores y a los más de 15.000 tareferos que integran la cadena yerbatera. Según expone el proyecto, esta medida consolida una “enorme transferencia de ingresos” hacia las grandes compañías industriales, en un contexto en el que —paradójicamente— producción, consumo y exportación de yerba mate atraviesan récords históricos.

Un diagnóstico crítico sobre el impacto del decreto

En los fundamentos, Monzón advierte que el DNU 812/2025 profundiza un proceso iniciado con el Decreto 70/2023, que ya había intentado limitar la capacidad del INYM para fijar precios de referencia y ordenar la actividad. Esa ofensiva fue objetada judicialmente por asociaciones de productores y por la provincia de Misiones, que obtuvieron fallos favorables.

El proyecto sostiene que la decisión del gobierno nacional de no nombrar un presidente del INYM durante 2024 y 2025 paralizó el funcionamiento del organismo y habilitó la caída abrupta del precio de la hoja verde: los colonos percibieron valores entre un 20% y un 80% menos, en un contexto inflacionario que elevó fuertemente los costos de producción. Esa situación dejó sin cobertura a casi 12.000 productores familiares y puso en riesgo la subsistencia de 15.000 tareferos.

La diputada Roxana Monzón pide derogar el DNU 812: alerta por concentración y expulsión de productores yerbateros

La diputada remarca que la desregulación abre paso a un proceso acelerado de concentración de tierras y expulsión de familias rurales, permitiendo que grandes empresas avancen sobre chacras históricas. Según el proyecto, el resultado será “la eliminación de miles de pequeños productores que quedarán en situación de extrema vulnerabilidad y el empobrecimiento de las familias que habitan la región”.

Monzón subraya que el corazón productivo del nordeste argentino está directamente amenazado. El documento recuerda que, durante más de veinte años, el INYM impulsó un esquema de desarrollo equilibrado, que permitió:

  • Crecer 25% en producción de hoja verde.
  • Aumentar 35% el número de productores activos.
  • Expandir 13,7% el mercado interno.
  • Alcanzar un récord de 325 millones de kilos de consumo en 2023.

Ese entramado -clave para sostener la ruralidad, la ocupación y la identidad cultural- podría desmoronarse ante un escenario de libre mercado sin reglas ni precios mínimos. El proyecto alerta que la medida del gobierno “profundizará la desigualdad, empobrecerá a la mayoría de la población y promoverá la conflictividad social”, recordando los antecedentes de resistencia del sector cada vez que se intentó avanzar sobre sus derechos.

Al fundamentar su iniciativa, la diputada Monzón sintetizó en una frase la asimetría que atraviesa la cadena:
“El valor del paquete de yerba en la góndola se duplica, pero a los pequeños y medianos productores les ofrecen $160 por kilo de hoja. No es libertad de mercado, es indefensión frente a un puñado de industriales yerbateros que se quedan con todo”.

La legisladora sostiene que el Estado nacional debe recuperar su rol en la regulación, no para intervenir en forma discrecional, sino para garantizar la competencia leal, la supervivencia del pequeño productor y la estabilidad de un sector estratégico.

El proyecto concluye con una advertencia: si no se frena la ofensiva desregulatoria, la Argentina perderá uno de sus modelos más exitosos de producción regional con valor agregado y equilibrio social. Por ello, Monzón solicita a sus pares que acompañen la iniciativa para restablecer las facultades plenas del INYM, proteger la economía de miles de familias rurales y evitar un proceso irreversible de concentración.

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Gran respuesta del público en MATEAR 2025, la principal feria del universo matero

By Redacción Economis 5 días ago
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En esta oportunidad, la feria tuvo como escenario el Parque Paraguayo, un emblemático paseo de la capital de Misiones que asoma como un balcón al río Paraná, en las inmediaciones del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.

Allí, 38 establecimientos yerbateros, entre empresas, cooperativas y emprendedores, pusieron a disposición de los visitantes más de 50 marcas de yerba mate y en presentaciones para todos los gustos: yerba mate tradicional con palo y despalada; yerba saborizada, compuesta o con hierbas; yerba mate agroecológica, orgánica, biodinámica o elaboradas bajo el sistema barbacuá; como así también las líneas elaboradas para tereré (mate frío).

En el trailer institucional del INYM, en tanto, se sucedieron las degustaciones de mate cocido frío y mate cocido tipo frozen que sirvieron para aplacar el calor que se prolongó durante toda la jornada.

Con entrada libre y gratuita, el público disfrutó del patio matero y pudo conocer más sobre la actividad yerbatera y el mate con la sommelier Angelina Fediuk. La música estuvo presente con la actuación en vivo de la Banda de la Policía de Misiones, la Orquesta Folclórica de la Municipalidad de Posadas y el cierre del grupo Tunami, brindando un repertorio que hizo bailar a los asistentes.

MATEAR 2025, declarada de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones, contó con el respaldo de la Municipalidad de Posadas y en el mismo espacio se desarrolló la Feria Provincial de Turismo organizada por el Ministerio de Turismo de la Provincia, lo cual se constituyó en un combo perfecto de atracciones para las familias que acudieron a compartir la jornada matera.

La feria también fue organizada como un homenaje previo al Día Nacional del Mate que se celebra todos los 30 de noviembre.

Yerba para todos los paladares

La comitiva yerbatera de MATEAR contó con una amplia gama destinada a satisfacer todas las preferencias. Estuvieron la Cooperativa de Productores de Jardín América (con la marca Flor de Jardín y otros productos), la Agrícola Kilómetro 16 de Oberá (Yerba Progreso), Cooperativa Caficla (con la marca Orembaé), Productores de Yerba Mate de Santo Pipó (con Piporé), Cooperativa Yerbatera Andresito (con la marca Andresito), Cooperativa Agrícola Limitada de Ruiz de Montoya (con Tucanguá), Cooperativa Agrícola Colonia Liebig (con Playadito) y la Cooperativa Agrícola Río Paraná (con la marca Titrayjú).

También, las empresas y emprendedores con sus marcas: Instituto Pascual Gentilini de San José (con Don Bosco), la familia Pawluk (con Sol y Lluvia), Aky, Cachamai, Principios, La Obereña, Lapacho Rosa, CBSé -Mateando, Flia. Semeniuk, Kraus, Mateandote-Encanto, Federal, Selva Colorada, Indumar, Zapeca, Amate toda la Vida Hierbas (Yerbella, Caricias de Mate, Don Julián, Mate y Playa), Romance, Zapecá, Indumar, Jesper, Vezná, Mate Rojo, Primicia, Susurro Nativo, Atiguá, Rosamonte, Saltos del Moconá y Secadero.

Además, la Casa del Mate Rumbo a Moconá, A toda hora, Biscochipa, y demás emprendedores de artesanías, gastronomía, y accesorios relacionados al mundo matero.

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Ecología detectó fraude sistemático forestal: guías adulteradas, cargas falsas y tala en zonas prohibidas

By Economis Redacción 5 días ago
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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones lleva adelante una intensa tarea de control y fiscalización del aprovechamiento forestal en toda la provincia, con el objetivo de resguardar uno de sus mayores patrimonios naturales: más de 1.500.000 hectáreas de bosques nativos que resguarda uno de los últimos relictos de la Selva Paranaense del país. A través de operativos permanentes en rutas, inspecciones en establecimientos forestales y controles en zonas protegidas, se busca garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, prevenir la tala ilegal y promover un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

Según un informe de la cartera de Ecología, los equipos técnicos y los inspectores forestales lograron identificar una serie de infracciones reiteradas que revelan las maniobras más comunes utilizadas para burlar los controles y explotar de forma irregular la madera nativa. Entre las prácticas más habituales se encuentra el transporte ilegal de madera aserrada oculta en cargas de especies implantadas, como pino y eucalipto. Estas especies no requieren documentación para su traslado, motivo por el cual algunos transportistas las utilizan como cobertura para trasladar madera nativa que carece de autorización, intentando evitar así la fiscalización en rutas provinciales.

Otra de las irregularidades detectadas con mayor frecuencia está relacionada con la adulteración de la documentación forestal. Durante los operativos, los inspectores proceden a la retención y análisis de las guías forestales que amparan el transporte de la madera. A partir de ese cotejo se detectaron casos de datos falsos en los registros de transportistas, diferencias entre la carga declarada y la efectivamente transportada, e incluso el uso de una misma guía para amparar distintas cargas. Estas situaciones son muy dañinas para el sistema de control, ya que afectan la trazabilidad del recurso forestal y dificultan la identificación del origen real de la madera.

Para hacer frente a estas maniobras, el Ministerio fortaleció los controles móviles, que permiten verificar en tiempo real la validez de la documentación, y posteriormente realizar un análisis administrativo detallado en gabinete. Cuando se comprueba una infracción, se aplican sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de autorizaciones y de los registros oficiales, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El trabajo de fiscalización no se limita al transporte. También alcanza directamente a los predios que cuentan con Planes de Manejo o autorizaciones de Cambio de Uso del Suelo otorgadas por la Dirección General de Bosques. En estos casos, los inspectores forestales se trasladan a terreno para constatar que las actividades desarrolladas se ajusten a lo aprobado en cada plan. Allí se verifica qué especies están siendo aprovechadas, en qué cantidad, en qué sectores del predio y bajo qué modalidad de intervención.

A partir de estas inspecciones, se detectaron situaciones en las que se extrajeron volúmenes superiores a los autorizados, se aprovecharon especies no contempladas en los planes aprobados o se modificaron las condiciones originales establecidas en las autorizaciones. A ello se suman los casos de tala fuera del área habilitada, una infracción considerada gravísima, ya que implica la intervención directa sobre lotes o parcelas que no fueron evaluadas ambientalmente ni incluidas dentro de los permisos otorgados.

En paralelo, se desarrolla un exhaustivo trabajo de revisión administrativa y técnica de los expedientes correspondientes a los Planes de Manejo Sostenible y Planes de Cambio de Uso del Suelo que se encuentran en trámite o ejecución. Este análisis se realiza en gabinete y se complementa con información obtenida a partir de imágenes satelitales, uso de drones y sistemas digitales de gestión forestal.

Como resultado de estas constataciones, durante el período 2024-2025 se procedió a la suspensión inmediata de nueve planes por incumplimientos a la legislación vigente. Las principales causales fueron la realización de desmontes sin autorización previa, el desarrollo de actividades forestales en zonas no habilitadas y la intervención sobre áreas ambientalmente protegidas.

Entre las situaciones más delicadas detectadas se encuentran las intervenciones en zonas categorizadas como rojas y amarillas, áreas que, por su elevado valor de conservación, cuentan con restricciones especiales. También se constató el daño en fajas de protección de cursos de agua, bosques protectores y zonas buffer, sectores fundamentales para resguardar los recursos hídricos y la biodiversidad de la provincia.

La utilización de nuevas tecnologías se convirtió en una herramienta clave para fortalecer la capacidad de control del Estado. El monitoreo mediante imágenes satelitales permite detectar cambios en la cobertura forestal, identificar desmontes ilegales y realizar seguimientos de largo plazo. A su vez, el uso de drones facilita la inspección de zonas de difícil acceso, mejorando la eficacia de los procedimientos y reduciendo los tiempos de detección.

Este sistema integral de control no tiene como objetivo exclusivo la aplicación de sanciones, sino fundamentalmente la prevención y el ordenamiento de la actividad forestal. La fiscalización permanente apunta a desalentar prácticas ilegales, promover la formalización del sector y garantizar que el aprovechamiento del recurso se realice dentro del marco legal.

El control forestal es considerado una política pública prioritaria, orientada no solo a resguardar el ambiente, sino también a proteger a los productores que trabajan dentro de la ley, promoviendo condiciones de competencia justa y sustentable.

Misiones es una de las provincias con mayor riqueza biológica del país, y sus bosques nativos cumplen una función esencial en la regulación climática, la conservación del suelo y la protección del agua. Por eso, cada operativo, cada inspección y cada expediente analizado forman parte de una estrategia más amplia de conservación, cuyo objetivo final es asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este patrimonio natural único.

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Jueces de la democracia: un Poder Judicial cada vez más joven en Misiones

By Economis Redacción 5 días ago
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Con un promedio general de 52 años y una mayoría de magistrados sub 50 en áreas claves, el recambio generacional ya es un hecho. Sólo quedan dos o tres jueces anteriores al Consejo de la Magistratura. La Justicia en Misiones, además, lleva una década sin paros, lo que la convierte en una de las más estables del país.

Misiones atraviesa un proceso silencioso pero profundo: el Poder Judicial se renovó casi por completo en las últimas dos décadas, especialmente desde la creación del Consejo de la Magistratura y el impulso a la digitalización iniciado en 2014. Del viejo esquema de designaciones políticas sólo sobreviven apenas dos o tres jueces superiores y una tanda de jueces de paz, cuyas nominaciones recién ahora se incorporaron a la selección por ternas. El resto ingresó por concursos públicos, con nuevas exigencias y nuevas perspectivas profesionales.

Los datos oficiales permiten dimensionar el fenómeno. Un relevamiento de casi un centenar de magistrados revela un promedio general de edad de 52,6 años. Pero ese número, que puede sugerir estabilidad o incluso madurez, esconde una transformación mucho más profunda: en la mayoría de las áreas sensibles -civiles, de familia, penales y de las circunscripciones más dinámicas- los jueces tienen entre 38 y 49 años. Muchos nacidos en democracia.

El recambio generacional está instalado, es masivo y ya define una nueva identidad institucional. El nuevo procurador general, Carlos Giménez, recién ingresó a las cuatro décadas y reemplazó a Miguel Piñeiro, que lo doblaba en edad. Lo mismo Martín Rau, flamante juez penal, antes de los 45 años. Vladimir Glinka, fiscal del escándalo Kiczka, tiene 36 años. El fiscal de Cibercrimen, que entiende en delitos informáticos, Juan Pablo Espeche, tiene uno menos.

En la Primera Circunscripción, por ejemplo, los jueces civiles promedian apenas 45 años. Apóstoles -una de las jurisdicciones con mayor volumen de causas- el promedio es de 47. En los tribunales penales de Posadas, la media ronda los 50, con una presencia fuerte de magistrados de 43 y 44 años. Sólo el fuero laboral -tradicionalmente más estable y con menor movilidad- sostiene promedios que superan los 60 y elevan la media general. Esto marca una consigna: la experiencia también aporta muchísimo a la eficiencia. La edad muchas veces aporta el conocimiento empírico que sostiene como una balanza las respuestas judiciales.

El contraste entre los jueces jóvenes y los de mayor trayectoria no es apenas biográfico: es estructural. Los magistrados que superan los 60 años -una fracción mínima pero todavía influyente en ámbitos como el laboral- fueron formados en una matriz jurídica previa a la digitalización, donde el expediente físico, la delegación vertical y la cultura del “tiempo judicial” marcaban ritmos y jerarquías.

Su experiencia aporta estabilidad y una comprensión territorial profunda. Pero también -y esto lo reconocen incluso ellos mismos- cargan con inercias que chocan con las demandas actuales: plazos más breves, trazabilidad digital, audiencias inmediatas y transparencia en la gestión. Son profesionales de un ecosistema institucional que ya no existe.

La generación sub 50 ingresó en un escenario radicalmente distinto: concursos obligatorios, paridad creciente, firma digital, oralidad, estándares de género, derechos humanos y control estadístico de gestión. 

Para esta camada, el expediente electrónico no fue un cambio sino un punto de partida; la firma digital, una herramienta natural; y la carga de indicadores, una obligación ética. La cultura de trabajo es otra: más horizontal, más medible, más orientada a resultados. Además, su formación incluye nuevas problemáticas -violencia de género, delitos informáticos, vulnerabilidad social- que exigen enfoques más complejos y multidisciplinarios. La pregunta sobre si “la Justicia necesita recambio generacional” pierde sentido: el recambio ya ocurrió. El desafío hoy es armonizar lenguajes y culturas institucionales que conviven, se tensan y, muchas veces, se complementan.

Un Superior Tribunal con otra matriz de ingreso

La composición del Superior Tribunal de Justicia también revela el alcance de los nuevos tiempos. De los actuales ministros, solo dos provienen de la carrera judicial tradicional: la presidenta, Rossana Venchiaruti Sartori y Froilán Zarza. Ambos hicieron todo su recorrido como secretarios, prosecretarios y camaristas dentro del Poder Judicial. El resto ingresó desde la abogacía privada o como referentes emergentes de otros ámbitos profesionales, introduciendo nuevas miradas y diversidad de trayectorias. 

Esta heterogeneidad en la cúspide del sistema no solo rompe con la lógica endogámica de décadas anteriores, sino que confirma que Misiones consolidó un modelo de selección donde el mérito, la formación continua y la competencia abierta sustituyen al viejo esquema de promociones automáticas.

Otro elemento que suele pasar desapercibido y que profundiza la singularidad del sistema misionero es su continuidad operativa. A diferencia de otros poderes judiciales del país, el de Misiones lleva más de una década sin paros, lo que se traduce en miles de horas de servicio efectivo. La ausencia de huelgas, sumada a la digitalización y a la estabilidad institucional, produce un volumen de trabajo que marca diferencias con provincias donde los conflictos gremiales paralizan periódicamente la actividad. La inexistencia de huelgas es producto de una gestión ordenada y un trabajo consensuado

Paradójicamente, algunos abogados señalan que la feria judicial sigue siendo “muy extensa”. Es un reclamo recurrente, pero que contrasta con una realidad objetiva: la Justicia misionera funciona todo el año, con licencias ordenadas y sin interrupciones laborales. En un sistema donde cada día perdido equivale a acumulación de expedientes, la continuidad es un activo institucional de enorme valor.

En Misiones se realizan concursos de manera continua, lo que explica por qué el recambio generacional opera sin necesidad de grandes reformas. Con cada convocatoria se incorporan nuevos perfiles, más jóvenes y con una visión profesional acorde a los estándares nacionales e internacionales. La narrativa del “Poder Judicial envejecido” es, en buena medida, un mito: los datos muestran exactamente lo contrario.

Ahora bien, ¿una justicia más joven es una justicia mejor? Una estructura más joven no garantiza eficiencia por sí misma, pero sí habilita nuevas dinámicas. Los jueces sub 50 se formaron con la lógica del expediente digital, el uso intensivo de tecnología y los mecanismos de monitoreo de gestión. En muchos despachos la medición de tiempos, el análisis estadístico de procesos y las audiencias virtuales ya forman parte del trabajo cotidiano, sobre todo con la experiencia de la pandemia.

Este cambio generacional implica un nuevo equilibrio: una justicia más dinámica, más digital y más permeable a cambios culturales, pero que todavía convive con tensiones heredadas y resistencias tradicionales en el ejercicio de la profesión. Lo cierto es que Misiones tiene hoy un Poder Judicial de la democracia, renovado por concurso, con fuerte presencia femenina y con una estructura etaria que ya no es un problema, sino parte de su impulso hacia la modernización.

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La nueva ley educativa cambia todo: homeschooling, vouchers y menos Estado

By Economis Redacción 5 días ago
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La filtración del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” generó un revuelo político por el impacto de la propuesta libertaria, ya que la iniciativa implica una de las reformas más profundas de las últimas décadas en el sistema educativo argentino. El nuevo que deroga la Ley de Educación Nacional (26.206), redefine la arquitectura institucional, el financiamiento, el rol de las familias y la relación entre escuelas públicas y privadas. Su alcance es estructural y plantea un giro ideológico que transforma la educación de bien público universal en una lógica de mercado y elección individual. Sepulta la ley actual que fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos y redefine el concepto ignorando el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la Educación como un Derecho Social y al conocimiento como un bien público,

El texto introduce tres pilares nuevos: el rol preferente de la familia, la subsidiariedad del Estado y una amplia libertad educativa que habilita modelos alternativos como el homeschooling y planes pedagógicos propios sin intervención estatal más allá de los contenidos mínimos.

A diferencia de la Ley 26.206, que concibe al Estado como responsable indelegable de garantizar igualdad educativa, la nueva norma lo relega a actor complementario, capaz de intervenir sólo cuando las familias o instituciones no puedan hacerlo. Esta redefinición altera la esencia del sistema argentino, históricamente centrado en la escuela pública como garante de integración social.

El proyecto reconoce explícitamente la educación en el hogar, la educación híbrida y la educación a distancia, incluso con instituciones extranjeras. La acreditación dependerá de exámenes basados en contenidos mínimos. Para especialistas, este punto constituye una ruptura histórica: la escolarización obligatoria presencial, adoptada desde la Ley 1420, queda sustituida por la mera acreditación de aprendizajes.

El texto equipara jurídicamente a escuelas públicas y privadas, confiriendo a estas últimas una autonomía inédita: pueden definir admisión, ideario, régimen laboral y planes pedagógicos. El Estado supervisa solo contenidos mínimos y validez de títulos. La desigual capacidad de gestión entre sectores abre un interrogante sobre el futuro de la educación pública, que queda sujeta a normas más rígidas y recursos más limitados.

Las principales entidad gremiales rechazan la iniciativa “por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la Educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las Escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la Educación en los propios hogares (homeschooling)”.

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, Rubén Grillo aseguró que “el borrador que circula aspira a la eliminación de la actual ley 26.206 de educación, que es una ley que se aprobó con amplios consensos por parte de la sociedad en general y por las fuerzas políticas que formaban el parlamento nacional en ese momento”. 

“Con esta ley se logró instalar a la educación como un derecho social y no como un servicio más, cuestión que pretende instalar este borrador. De aplicarse provocaría una mayor dispersión del sistema educativo a la ya existente porque deja librado a las provincias, familias, y organizaciones por fuera del sistema educativo la responsabilidad de educar. Elimina la figura del Estado como principal responsable del financiamiento en educación, pasa a ser subsidiario”, detalló. 

“No es casualidad que esté circulando este borrador, va muy de la mano del  presupuesto 2026 para educación”, agregó el gremialista. El Presupuesto poda los principales recursos para la educación. 

El proyecto consagra sistemas de vales, becas y créditos fiscales para familias, así como aportes obligatorios del Estado a instituciones privadas. En los hechos, implica una transición hacia un modelo de financiamiento por demanda -el conocido “voucher”- que puede redirigir fondos públicos desde la escuela estatal hacia ofertas privadas, generando un mercado educativo altamente competitivo y desigual.

La creación de Consejos Escolares de Padres con poder de participar en nombramientos y remociones de directores constituye un cambio profundo en la organización institucional. La propuesta puede politizar el gobierno escolar, tensionar con los equipos docentes y alterar la conducción pedagógica en favor de intereses particulares.

El proyecto establece evaluaciones censales anuales y la publicación de resultados por institución. Si bien aporta transparencia, también puede activar mecanismos de competencia entre escuelas con resultados diferenciados por origen social, profundizando estigmatizaciones y desigualdades.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la declaración de la educación básica como “servicio esencial” (artículo 42), lo que obliga a garantizar una “continuidad mínima” del servicio durante medidas de fuerza. Esta definición modifica de hecho el alcance del derecho constitucional a huelga, especialmente en el sector docente, donde los paros han sido históricamente una herramienta de negociación ante reclamos salariales, condiciones laborales y presupuesto.

Al imponer servicios mínimos obligatorios, el proyecto introduce una restricción que puede traducirse en sanciones para quienes no garanticen la prestación durante un conflicto. En el marco de un diseño institucional que amplía la autonomía de las escuelas y desplaza el peso del sistema hacia decisiones familiares, esta limitación debilita la capacidad de presión colectiva del sector docente y consolida un esquema más disciplinado y alineado con los nuevos criterios de gestión.

La “Ley de Libertad Educativa” no es una reforma parcial: es un replanteo ideológico integral del sistema argentino. Sustituye el enfoque de derecho social por un esquema de libertad de elección, reduce la función ordenadora del Estado y expande el rol del mercado.
La discusión pública deberá evaluar si este giro fortalece la calidad y diversidad educativa o si, por el contrario, fragmenta aún más un sistema ya atravesado por profundas desigualdades.

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