Mes: noviembre 2025

Cada día mueren 11 mujeres por violencia de género en América Latina

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Inter Press Service – El año pasado al menos 3828 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región latinoamericana y caribeña, lo que representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día, indicó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De esas muertes, 3814 se registraron en 17 países de América Latina, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal.

El acumulado en cinco años registra al menos 19 254 femicidios, de acuerdo con el reporte divulgado este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“La violencia femicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”, dijo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Agregó que “la prevención y eliminación del femicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la Década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado”.

Con ello hizo referencia al acuerdo establecido en el Compromiso de Tlatelolco, aprobado en la 16.ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto en México.

En ese documento los Estados de la región aprobaron impulsar leyes, políticas y planes para revenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género, reiterando que su expresión más extrema es el feminicidio.

En la región, la mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, y el reporte de la OIG subraya que con esos crímenes se afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, pero igualmente “se impacta a las comunidades y se limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

El reporte de la Cepal se divulgó con motivo de la celebración este martes 25 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abre 16 días de activismo contra la violencia de género.

Indica que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial, pero el seguimiento de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 000 mujeres. La tasa más elevada se observó en Honduras, con 4,3 casos por cada 100 000 mujeres.

Luego están Guatemala (1,9 casos por cada 100 000 mujeres) y República Dominicana (1,5 casos por cada 100.000 mujeres), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia, todos con una tasa de 1,4 casos por cada 100 000 mujeres, y Chile presentó la tasa más baja: 0,4 casos por cada 100 000 mujeres.

En el Caribe, de los nueve países que informaron, solo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024.

Según información proporcionada en 2024 por ocho países (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay), la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

No obstante, la violencia feminicida amenaza a las mujeres de todas las edades. En los mismos países, en 2024 se registraron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años, y 89 de mujeres mayores de 60 años.

De igual forma, en 2024 se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio en los 10 países que proveen esta información. Se trata de hijos, hijas y otras personas dependientes de las víctimas.

También el año pasado 14 países registraron 5502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato.

Ello confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal, y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

“Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales es esencial para prevenir la violencia por razón de género. La persistencia de estos crímenes en la región nos exige respuestas oportunas y acelerar las transformaciones necesarias con sentido de urgencia”, plantea la Cepal.

El reporte indica que la región registra avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, la cual incluye conductas como el ciberacoso, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, el acceso ilegal a información personal y la violencia y el acoso político.

Esta última forma “afecta especialmente a las mujeres que desempeñan cargos públicos roles de liderazgo, entre ellas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas”.

En América Latina 20 países han incorporado el delito de feminicidio en sus ordenamientos jurídicos.

En algunos casos se lo ha tipificado como delito penal específico: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, se lo ha incorporado como circunstancia agravante del homicidio.

Finalmente, la Cepal insta a avanzar en al menos tres ámbitos sobre esa materia: marco normativo, institucionalidad, participación y fortalecimiento de capacidades estatales; financiamiento y cooperación; y sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

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Juan José Szychowski y cómo reactivar la yerba mate: menos palo, más calidad y nuevos mercados

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Juan José Szychowski, diputado provincial y ex presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), advierte que la cadena yerbatera atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas. Sin regulación nacional y con un derrumbe histórico del precio de la hoja verde, en una entrevista con El Periodista, por Canal 12, el también productor yerbatero plantea un giro estratégico: abandonar la expectativa de volver a fijar valores desde Buenos Aires y concentrarse en los dos ejes que el propio decreto 812 dejó en pie para el INYM: promoción y calidad.

Un productor de Apóstoles definió la situación del sector como “a la deriva”. ¿Usted también le pondría ese título?

Estamos en una situación realmente muy difícil. El sector yerbatero la está pasando muy mal. La yerba mate es una cadena de valor, y una cadena de valor muy importante para toda la Argentina y la estructura vertical de la economía de Misiones. Cuando a la cadena le va mal, nos va mal a todos. Y cuando un eslabón se rompe, se rompe el funcionamiento de toda la cadena.

¿Cuándo comenzó a romperse ese eslabón?

Con las medidas del Gobierno nacional. Primero el decreto 70/2023 le quitó al INYM la facultad de fijar el precio. Después, el decreto 812 terminó de sacar las funciones de regulación: calendario de cosecha, cupos y manejo de plantaciones. Eso desnaturalizó al INYM. El espíritu de la ley era equilibrar oferta y demanda y garantizar un precio justo. Hoy nada de eso existe.

¿Qué le queda entonces al INYM?

Dos funciones claves: promoción y control de calidad. Y ahí, paradójicamente, puede estar la salida. El decreto dice “dedíquese a la promoción” y “dedíquese a la calidad”. Si uno profundiza en esas dos palabras, encuentra herramientas para reordenar el sistema.

Mientras tanto, el precio que recibe el productor está muy por debajo del costo.

El INYM fijó un costo de 450 pesos por kilo de hoja verde y se está pagando entre 250 y 300. Eso es inviable. Y cuando los productores se caen, se caen también los secaderos, los pequeños y medianos molinos. Hoy hay cheques rebotados, cesación de pagos, plazos larguísimos. La cadena completa está muy mal.

Incluso se habla de productores vendiendo sus chacras…

Sí. Ya pasó en los ‘90, cuando se desreguló la actividad. Hoy vuelve a suceder: están malvendiendo. Una hectárea que valía 5.000 dólares hoy vale 1.500 o 2.000, y en muchos casos no aparece comprador. La devaluación del precio de la yerba y la recesión generaron esta situación.

¿Dónde está la salida? ¿Existe?

Sí, pero no por donde se insistía antes. Insistir en Buenos Aires para que fijen el precio es inútil: la gente votó otra cosa. En las zonas productoras ganó Milei. Parecería que buena parte de la gente dijo “no quiero más intervención del Estado”. Ir ahora a pedir un decreto contrario a lo ya firmado es imposible.

Por eso hay que buscar otra salida: promoción y calidad.

La provincia acaba de enviar una misión comercial a Bombay. ¿Ese es el camino?

Totalmente. El mercado interno está saturado: estamos en el 97% de los hogares. La salida es exportar. Y la India es clave: es el país que más infusiones consume por habitante, incluso más que China. Toman té todo el día, en la calle, en pequeñas tazas, en infusiones que preparan en ollas.

Ahí entra el mate cocido. No debemos pensar en venderle la yerba como la tomamos nosotros, sino en incorporar el mate cocido como nueva infusión. Es un mercado ávido de productos nuevos. Es una oportunidad enorme.

Y Misiones ya trabaja en esto. El molino provincial de Andresito está en fase final de prueba y se prepara para exportar, sobre todo a Siria, que hoy representa el 70% de las exportaciones argentinas.

Dos cambios en el Código Alimentario 

¿Qué se puede hacer en materia de calidad?

Dos cosas, ambas modificando el Código Alimentario Argentino (CAA) vía CONAL, sin necesidad de pasar por el Congreso.

  1. Bajar las hierbas en las compuestas del 40% al 10%.
    Hoy sólo se necesita un 5 o 6% para saborizar. Reducir del 40 al 10% permitiría que entre más yerba verdadera en el paquete y generaría una demanda adicional de alrededor de 30 millones de kilos de canchada.
  2. Bajar el contenido de palo del 35% al 25%.
    Sería volver al estándar histórico. Eso crearía una demanda adicional de otros 40 millones de kilos y, además, estaría alineado con lo que piden los consumidores: cada vez prefieren yerbas con menos palo.

El sector industrial está totalmente de acuerdo con estas medidas. Las cooperativas también. Hay consenso. Falta unir voluntades y presentarlo formalmente.

¿Esto es rápido?

No. Pero es viable y es concreto. Y es ir en línea con lo que el propio Gobierno nacional dice que debe hacer el INYM: promover y cuidar la calidad.

Algunos productores votaron pensando que el libre mercado iba a mejorar el precio. ¿Es posible?

No. El mercado yerbatero es absolutamente inelástico. Si todas las marcas duplican el precio, el consumo no baja. Si regalan la yerba, el consumo no sube. Cada argentino toma lo que toma: ni más ni menos. Y el mercado interno está maduro. Por eso no funciona como la soja, el ganado o los cereales. No se abre el mundo automáticamente cuando baja el precio. Necesita intervención.

También aparece la discusión sobre diversificar las chacras. ¿Puede aliviar la situación?

La diversificación es importante, pero no es una actividad en reemplazo de otra. Primero hay que resolver la yerba mate. Luego sí, pensar en chacras multiproductivas: verduras, cítricos, ganadería. Y, sobre todo, el café.

Las proyecciones climáticas indican que para 2035 más del 50% de las plantaciones de café en Ecuador desaparecerán por el calor. Y las nuevas zonas aptas se desplazarán a latitudes como Misiones, Salta, Tucumán, Australia o Sudáfrica. Es una oportunidad histórica. Pero café no se puede plantar en cualquier lugar: hay que estudiar chacra por chacra.

¿Qué tan importante es que el INYM tenga presidente designado por Nación?

Muy importante. Aunque ya no fije precios, un presidente es clave para coordinar calidad con Senasa, CONAL, Cancillería y para las misiones comerciales. También para informar sobre estructuras de costos y cargas tributarias de Argentina, Brasil y Paraguay.

Porque si nos piden competir, tenemos que competir en igualdad. Paraguay tiene una carga tributaria total del 12%. Nosotros, entre IVA, Ganancias y aportes, superamos el 60%. Así no hay forma.

¿El sector está a la deriva?

Sí. Pero hay una salida posible si la cadena se une detrás de dos objetivos claros: más exportación y mejor calidad. Ese es el camino que queda abierto.

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Comenzó el juicio contra los dirigentes sindicales Gurina y Sánchez por el acampe docente de 2024

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El Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas inició el juicio oral contra los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, imputados por Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte a raíz del acampe realizado en la avenida Uruguay durante el conflicto salarial de 2024. La causa fue impulsada tras denuncias de comerciantes de la zona, que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos durante la protesta.

El proceso, dirigido por la jueza Marcela Leiva, marca un precedente institucional clave para el debate sobre los límites del derecho a la protesta, el impacto económico de las manifestaciones y el rol de los sindicatos en un contexto social atravesado por reclamos salariales y deterioro del poder adquisitivo.

El origen de la causa y la acusación: protestas, cortes y denuncias comerciales

La investigación fue iniciada por la fiscal de Instrucción Nº 7, Patricia Inés Clerici, quien imputó a Gurina y Sánchez por los delitos de Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte, luego de que el acampe docente instalara 15 carpas y concentrara a más de 500 manifestantes en la avenida Uruguay durante varios días.

Comerciantes del corredor denunciaron baja de ventas, afectación del tránsito y dificultades operativas para el transporte urbano. En ese marco, la fiscalía solicitó agregar el testimonio del gerente de la empresa Tipoka como prueba. La defensa se opuso y planteó que “el Ministerio Público incumplió con los plazos en el ofrecimiento de pruebas”.

En la audiencia inicial de este lunes se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se acordó incorporar parte de la prueba testimonial por lectura, citando únicamente a cuatro testigos, entre ellos dos policías de Misiones.

Previo al inicio formal del debate, la fiscal María Laura Álvarez propuso conceder una probation, medida que ambos dirigentes rechazaron. Por ello el juicio continúa. Los imputados están representados por Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga.

Gurina negó responsabilidad penal: “No somos culpables de nada, sólo pedíamos salario digno. Se juzga a una sindicalista en una época donde se mira mal a los sindicalistas”.

Sánchez, con 20 años de docencia, sostuvo que las acciones fueron colectivas: “El derecho a la protesta es constitucional”.

Ambos optaron por no responder preguntas.

Primeros testigos: crisis docente, asambleas y la continuidad de un conflicto que se escaló tras el 1 de junio

Los primeros testimonios evidenciaron el trasfondo económico y sindical del conflicto.

Carlos Lezcano: “La desesperación hacía imposible pensar en términos de ilegalidad”

El docente Carlos Lezcano afirmó que el deterioro salarial fue el detonante: Desde octubre de 2023 “empezó el ajuste al sector docente”. Señaló una “transferencia de recursos de las escuelas públicas al sector privado”. Aseguró que una maestra de grado cobra 618 mil pesos y tiene una obra social “que no funciona”. Describió que en la inscripción para la Policía se anotaron 5.000 jóvenes, mientras que “los profesorados están vacíos”.

Sobre la protesta, precisó que la asamblea del puente Garupá decidió movilizarse hacia la avenida Uruguay y acompañar la protesta policial que ya cortaba el tránsito.

Consultado sobre la ilegalidad del corte, sostuvo: “Había docentes que no podían comprarle un yogur a un hijo. La desesperación hacía imposible pensar en esos términos”.

Lezcano también recordó que el conflicto se agravó tras la fallida reunión con el Ministerio de Hacienda el 1 de junio, y que el acta firmada el 7 de junio “no compensó la inflación”.

Estela Genesini: “Nunca se consiguió nada sin protestar”

En segundo término declaró Estela Genesini, secretaria general de UDNAM.

Sostuvo que la protesta tenía objetivos salariales y también de denuncia institucional: “Nunca se consiguió nada sin protestar”.

Recordó que antes del conflicto cobraban 250 mil pesos con FONID, frente a los 450 mil posteriores a las medidas.

Describió el clima social del acampe: Docentes con décadas sin adherirse a paros se sumaron. La comunidad llevó alimentos. Muchos maestros comían allí y cargaban viandas para sus familias. Las decisiones se tomaban “siempre en asambleas”, no en mesas con el Gobierno.

Además, mencionó que presentó denuncias administrativas contra Miguel Sedoff y Gilson Berger, por supuestas irregularidades vinculadas al ámbito educativo.

Un juicio que reabre el debate sobre protesta, economía y legitimidad sindical

El avance del juicio se da en un momento donde el rol de los sindicatos es objeto de controversias políticas y donde los conflictos salariales del sector docente se profundizaron por pérdida del poder adquisitivo, inflación y tensiones con el Ministerio de Hacienda.

La jueza Marcela Leiva dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30, cuando declararán cuatro testigos —entre ellos dos policías— y luego se escucharán los alegatos.

Gurina y Sánchez pidieron su sobreseimiento y reiteraron que las acciones fueron colectivas y decididas en asambleas.

El proceso podría sentar criterio sobre la responsabilidad penal de dirigentes sindicales en protestas masivas, un tema central para la regulación de la conflictividad laboral y para la futura relación entre sindicatos, Estado y poder judicial.

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“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente”

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Afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa’ar al acusar directamente a Nicolás Maduro de ser el lazo en Sudamérica entre Hamás, Hezbolá y Hutíes con Medio Oriente

“Venezuela nexo de grupos terroristas”

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, fue contundente al acusar a Venezuela de ser el «nexo» en Sudamérica de los grupos islamistas Hezbolá y Hamás y de los rebeldes Hutíes del Yemen, a los que calificó como «Estados terroristas» en Oriente Medio

“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente”, dijo. “Venezuela desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hezbolá”.

Sa’ar aseguró que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro dijo abiertamente que “Venezuela es parte del eje de la resistencia».

El canciller indicó que «Israel ahora se enfrenta a tres Estados terroristas en el Medio Oriente», contra Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los Hutíes en Yemen”.

A la vez que sostuvo que estos grupos “no son simplemente organizaciones terroristas”.

De igual forma, afirmó que estos países «cooperan entre sí como una red de terrorismo», y alertó que esa «cooperación va más allá del Medio Oriente» y se ha expandido en África, Latinoamérica, entre otros continentes

«Hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo».
El Canciller israelí se abstuvo de hablar sobre la presencia de células terroristas en la denominada Triple Frontera, más precisamente en las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este y sus vinculaciones con el Comando Vermelho; el Comando Capital de Brasil y el Ejército Revolucionario del Pueblo de Paraguay.

Informes periodísticos han dado cuenta que desde la ciudad mencionada se salen hacia el Líbano e Irán más de 25 millones de dólares camuflados como transferencias de ayuda de hospitales y escuelas.

El dinero recaudado ente los comerciantes musulmanes chiitas “viaja” vía Sao Pablo, hacia Venezuela y de allí a Medio Oriente.

Desmilitarización de la Franja de Gaza

El funcionario israelí destacó tanto la necesidad de “cooperación económica y de seguridad como la estrategia futura de Israel en Oriente Medio, haciendo hincapié en la desmilitarización de la Franja de Gaza.

Sa’ar afirmó que Israel no solo se encuentra bajo “amenazas militares consistentes, estados terroristas y guerras”, sino también bajo un “asedio político consistente que busca lograr exactamente lo mismo que un asedio militar”,

Sa’ar fue contundente al declarar que Israel “no tiene la intención de rendirse”. El ministro destacó el apoyo de Paraguay durante estos años difíciles, “Paraguay se ha mantenido como uno de los “más grandes amigos” de Israel”

Apoyo de Paraguay

El canciller resaltó que, durante la guerra contra Hamas, Paraguay emitió aproximadamente 65 declaraciones de apoyo al Estado de Israel, calificando este hecho de “realmente asombroso” y “muy apreciado”.

Al enfrentar iniciativas hostiles en foros como la Asamblea General de la ONU, Israel siempre cuenta con el apoyo de naciones como Estados Unidos, Argentina, Hungría y Paraguay, recalcó.

Desmilitarización

Respecto a la situación en Oriente Medio, Sa’ar reconoció que, aunque existe una “especie de pausa” con el alto el fuego, Israel no se engaña creyendo que tendrá vecinos como Paraguay, recalcó.

Señaló que Israel tiene “vecinos más duros” y, por lo tanto, “siempre debe estar preparado para el futuro”. Israel está trabajando activamente con “amigos estadounidenses” para asegurar el éxito del plan de paz del presidente Donald Trump.

“El proceso implica estabilizar el sistema y luego avanzar hacia el corazón del plan: El desarme de Hamás. La desmilitarización de la Franja de Gaza”.

“La desmilitarización no solo creará un futuro mejor para Israel, sino también para los propios palestinos que viven en la Franja de Gaza.

El ministro de Relaciones exteriores de Israel de Israel, Gideon Sa’ar fue contundente al sostener los lazos bilaterales y el apoyo incondicional de Paraguay a Israel, en el acompañamiento en la lucha contra el terrorismo de los grupos como Hamás, Hezbolá y Huties entre otros.

A la vez que destacó el traslado de la embajada de Paraguay a la ciudad de Jerusalén, como ya lo hizo Guatemala y lo hará el año próximo Argentina.

Israel había cerrado su embajada en Paraguay en octubre de 2018 cuando, en septiembre de ese año el entonces presidente Mario Abdo Benítez había decidido retomar de Jerusalén a Tel Aviv la sede diplomática paraguaya.

Cuando asumió el actual mandatario guaraní Santiago Peña retomó las relaciones con el Estado Judío, nombró como embajador en ese país a Alejandro Rubín y trasladó la sede diplomática a Jerusalén

De su parte el Primer ministro Benjamín Netanyahu nombro como diplomático en Paraguay a Amit Mekel

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La apertura al comercio internacional y las oportunidades de integración en la frontera con Brasil

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Dentro del Pacto de Mayo, firmado el año pasado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, se encuentra el objetivo de promover “La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.

Esta apertura implica avanzar en acuerdos comerciales,eliminar o facilitar procesos necesarios para el comercio exterior y realizar inversiones en infraestructura logística que reduzcan los costos de exportación y faciliten el tránsito de mercaderías de otros países por el territorio argentino.

No obstante, este proceso enfrenta restricciones significativas. En primer lugar, en el nordeste argentino, las rutas nacionales 12 y 14 destacan como los principales corredores de conexión con Brasil y Paraguay, pero presentan limitaciones estructurales importantes: el mantenimiento es insuficiente, la congestión en algunos tramos supera con holgura los 15 mil vehículos de tránsito medio diario anual y gran parte de la traza aún no cuenta con autovías o autopistas. En este contexto, y considerando los elevados costos del transporte terrestre, resulta difícil pensar en incrementar su uso para el transporte de mercaderías de larga distancia hacia los puertos de Rosario, Zárate o Buenos Aires.

Por otro lado, el transporte fluvial en la región del Alto Paraná (aguas arriba de la confluencia con el río Paraguay) claramente está subutilizado por nuestro país debido a la falta de infraestructura (obras portuarias, dragado y balizamiento) y a las complejas regulaciones relacionadas con la ley de cabotaje y los convenios colectivos sindicales vigentes, que encarecen el servicio muy por encima de los valores vigentes en países vecinos. De hecho, actualmente sólo el puerto de Posadas se encuentra operativo en la región, transportando aproximadamente 120 contenedores mensuales mediante un “waiver” o permiso precario que habilita el uso de buques de bandera extranjera para transportar carga nacional, el cual debe ser renovado periódicamente. Mientras tanto, Paraguay, con un marco regulatorio mucho más flexible, tiene en este mismo tramo fluvial nueve puertos operativos orientados principalmente al transporte de soja. 

Estas limitaciones obligan a reflexionar sobre los objetivos planteados en el Pacto de Mayo, las oportunidades de integración productiva y logística (especialmente con Brasil) y las restricciones que hoy dificultan el uso de los puertos argentinos en este tramo del río Paraná.

Para analizar el potencial de integración basta observar los municipios brasileños ubicados a 200 km (o menos) de los puertos argentinos de esta región (Posadas, Ituzaingó, Santa Ana y Eldorado). Se trata de una franja fronteriza de los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que exportan en conjunto 3.300 millones de dólares anuales (principalmente cargamentos de soja y productos derivados de la carne en el sur de la zona de frontera analizada, y carne, productos alimenticios y maquinaria en los municipios ubicados al norte de dicha región).

Por ejemplo, el municipio de Cascavel exporta anualmente 465 millones de dólares (principalmente carne de ave y porcina, además de soja); el municipio de Matelandia 330 millones de dólares (principalmente carne de ave); y Foz do Iguassu exporta 265 millones de dólares anuales (los productos más importantes son hortalizas, placas de cerámica, partes de automóviles, vajilla y papel). En comparación, la Provincia de Misiones exportó durante 2024 un total de 444 millones de dólares y la Provincia de Corrientes 261 millones de dólares.

Este perfil productivo y exportador de esta región brasileña se encuentra, a su vez, también con cuellos de botella asociados a la congestión existente en los puertos brasileños utilizados para la exportación (y a la distancia hasta los mismos), lo cual nos permite pensar en la oportunidad de canalizar dichas cargas por los puertos de Misiones y Corrientes.

Por las características de las cargas antes señaladas y la de los puertos argentinos cercanos que existen, las cargas de proyectos especiales y contenedores podrán ser transportadas por los puertos de Posadas (multimodal), Eldorado (en caso de recibir las inversiones necesarias) e Ituzaingó (puerto multimodal recientemente inaugurado pero que aún no tiene un operador asignado), mientras que las cargas a granel (principalmente exportaciones de soja e importaciones de fertilizantes) podrían ser transportadas por el puerto de Santa Ana (donde parte de las inversiones en infraestructura ya se realizaron).

Esta mayor integración logística se ve potenciada por el anuncio realizado en Brasil hace poco más de un mes de la construcción de un nuevo puente entre Argentina y Brasil, uniendo las localidades de San Javier (Misiones) con Porto Xavier (Rio Grande do Sul), en el marco de un proceso en el cual pronto se iniciarán las obras, ya que las etapas tanto de licitación como la firma de contrato con la constructora han sido superadas, con lo cual será mucho más sencillo transportar la carga brasileña a los puertos regionales.

No obstante, para aprovechar plenamente estas oportunidades, será necesario avanzar en reformas claves vinculadas al Pacto de Mayo, entre las cuales encontramos especialmente cuatro ejes de modernización que podrán impactar en la reducción de costos y generación de competitividad logística regional: la Ley de Cabotaje, mantenimiento de la Hidrovía en el Alto Paraná (tareas de dragado y balizamiento que hagan viable la navegación nocturna), reforma sindical y facilitación de procesos de certificación, control e inspecciones asociadas al comercio exterior.

El punto de partida inmediato debería ser la modernización de la Ley de Cabotaje, que rige desde 1944, ya que su marco regulatorio impone costos y requisitos que hacen casi prohibitivo utilizar el transporte fluvial, como ser la prohibición de uso de buques extranjeros, la complejidad para inscribir buques de bandera nacional, restricciones al uso de talleres nacionales y las rigideces para la contratación de tripulación.

Revitalizar el transporte fluvial y fortalecer la integración logística con la zona fronteriza de Brasil representa una enorme posibilidad para incrementar los volúmenes de cargas en puertos regionales, expandir exportaciones y ofrecer servicios logísticos a otros países. Esto impactará en la reducción de costos de transporte internacional y de cabotaje por cuestiones de escala, incluso para los productores locales. Pero estas oportunidades sólo podrán ser aprovechadas si el marco jurídico se adapta para facilitar las inversiones en infraestructura y disminuir los costos asociados al transporte fluvial.

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