Día: 5 diciembre, 2025

La inteligencia artificial amenaza con una era de desigualdad

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Inter Press Service – Un manejo inadecuado de la inteligencia artificial (IA) amenaza con ampliar las brechas económicas, de capacidades y de gobernanza entre países, revirtiendo décadas de progreso en la reducción de desigualdades, señaló un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

“La IA avanza a toda velocidad, y muchos países aún están en la línea de salida”, resumió Kanni Wignaraja, directora regional del Pnud para Asia y el Pacífico.

El informe del Pnud, “La próxima gran divergencia”, se centra en la región Asia-Pacífico, considerándola epicentro de esta dinámica. Abarca más de 55 % de la población mundial, y presenta considerables disparidades de ingresos y las mayores diferencias en la esperanza de vida.

La región representa ahora más de la mitad de los usuarios de IA del mundo y está expandiendo rápidamente su huella de innovación, desde el ascenso de China a casi 70 % de las patentes globales de IA hasta más de 3100 nuevas empresas financiadas con IA en seis economías.

La conclusión central del informe es que la IA, si no se gestiona adecuadamente, podría aumentar la desigualdad entre países al ampliar las brechas en el rendimiento económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, ya que el punto de partida es enormemente desigual.

El informe destaca que, si bien la IA abre nuevas vías cruciales para el desarrollo, los países inician esta transición desde posiciones extremadamente dispares para captar sus beneficios y gestionar sus riesgos.

Sin una acción política contundente, estas brechas podrían crecer, revirtiendo la tendencia de largo plazo hacia la reducción de las desigualdades en el desarrollo.

“La experiencia en Asia y el Pacífico demuestra la rapidez con la que puede surgir una brecha entre quienes moldean la IA y quienes son moldeados por ella”, observó Wijnaraja.

La IA podría incrementar el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) en la región en aproximadamente dos puntos porcentuales, e impulsar la productividad hasta en un cinco por ciento en sectores como la salud y las finanzas.

Solo las economías de la Asean (los 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) podrían registrar casi un billón (millón de millones) de dólares de PIB adicional durante la próxima década.

Durante el último medio siglo, muchos países de bajos ingresos han acortado gradualmente la distancia con los países de altos ingresos gracias a los avances tecnológicos, el comercio y el desarrollo, señala el reporte.

Sin embargo, advierte de que, sin decisiones políticas deliberadas e inclusivas, la IA podría poner en peligro estos avances en la convergencia.

Si bien Asia-Pacífico se está desarrollando rápidamente en materia de IA e innovación, el nivel de preparación digital varía considerablemente de un país a otro dentro de la región.

Países como Singapur, Corea del Sur y China están invirtiendo fuertemente en infraestructura y habilidades de IA, mientras que otros todavía están trabajando para fortalecer el acceso y el dominio de las tecnologías digitales básicas.

Las mujeres y los jóvenes son particularmente vulnerables.

Los empleos ocupados por mujeres tienen casi el doble de probabilidades de ser automatizados, y el empleo juvenil ya está disminuyendo en empleos con alta exposición a la IA, especialmente entre los 22 y los 25 años, lo que amenaza las oportunidades laborales tempranas.

Los datos de América Latina muestran que casi la mitad de los empleos expuestos a la IA generativa (17 millones de empleos que podrían beneficiarse de ganancias de productividad) se ven frenados por brechas en el acceso digital.

En el sur de Asia, las mujeres tienen hasta 40 % menos de probabilidades que los hombres de poseer un teléfono inteligente.

Las comunidades rurales e indígenas suelen permanecer invisibles en los conjuntos de datos que entrenan los sistemas de IA, lo que aumenta el riesgo de sesgo algorítmico y exclusión de los servicios esenciales.

A pesar de su considerable promesa, la IA también plantea un problema ambiental, vinculado al consumo de recursos, las desigualdades sociales en el acceso y uso, y las dependencias tecnológicas que pueden exacerbar los desafíos climáticos en lugar de mitigarlos.

Los sistemas de IA requieren enormes cantidades de electricidad y los centros de datos consumen entre 10 y 50 veces más energía por metro cuadrado que los edificios comerciales convencionales.

En 2024, los centros de datos de la región Asia-Pacífico, en particular los de China, Japón y Australia, consumieron entre 105 y 180 teravatios-hora (un teravatio equivale a 1000 millones de kilovatios). Tan solo en Singapur, representaron nueve por ciento del consumo eléctrico nacional.

Además, la refrigeración de servidores consume enormes cantidades de agua. Para 2027, los centros de datos de la región Asia-Pacífico podrían requerir hasta 6600 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a la mitad de la extracción anual total de agua del Reino Unido.

En Malasia, se han aprobado menos de 18 % de las solicitudes de uso de agua de los centros de datos, lo que refleja la preocupación por el desvío de agua de los hogares y los ecosistemas.

El hardware utilizado para la IA depende de minerales esenciales como el cobalto, el litio y las tierras raras, cuya extracción genera dióxido de carbono (CO2) y desechos electrónicos perjudiciales para el medio ambiente.

«La minería a menudo conduce a la deforestación, la contaminación del agua y la destrucción del hábitat», señala el estudio.

Pero, en resumidas cuentas, “la principal falla en la era de la IA es la capacidad”, afirmó Philip Schellekens, economista Jefe del PNUD para Asia y el Pacífico. “Los países que inviertan en habilidades, capacidad informática y sistemas de gobernanza sólidos se beneficiarán; otros corren el riesgo de quedarse muy atrás”, concluyó.

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El mapa de las desigualdades

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Argentina es uno de los países con mayores disparidades territoriales del mundo. El ingreso por habitante de la Ciudad de Buenos Aires es seis veces mayor que el de las provincias del norte. De esta forma, son muy diferentes las oportunidades para un niño que nace en un lugar u otro. 

Dicho esto, las provincias relativamente menos ricas enfrentan un enorme desafío a la hora de proveer de bienes y servicios en la cantidad y calidad equiparable al país central. 

Además de desigual, nuestro país es el más descentralizado en términos de gasto del mundo. Esto significa que las provincias y municipios se hacen cargo del 44% del gasto público total, mientras que recaudan el 17% de los recursos totales del Estado consolidado. Esta brecha se cubre con la coparticipación. 

La coparticipación, para que se entienda, es el sistema de reparto de los recursos que recauda el gobierno nacional hacia las provincias. Ahora, es importante que no se confunda la recaudación con la propiedad de esos recursos. Si bien los recauda la Nación, no son recursos nacionales. Por el contrario, la Constitución Nacional establece que los recursos se generan de manera concurrente entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) y asigna distintas potestades a cada nivel. 

Queda claro que Argentina arrastra desde hace décadas un régimen de coparticipación federal de impuesto que, lejos de fortalecer el federalismo, ha promovido un sistema de dependencia, ineficiencia y gasto descontrolado. Lo que debería ser una herramienta de coordinación armónica entre Nación y provincia, se ha convertido en un mecanismo perverso que fractura la solvencia fiscal y reproduce desigualdades estructurales. 

Las fuertes desigualdades territoriales del país, la brecha existente entre los gastos que realizan los gobiernos subnacionales y lo que recaudan directamente, y el hecho de que las potestades de impuestos sean compartidas entre el Gobierno Nacional y las provinciales  hace ineludible contar con un sistema de coordinación tributaria y reparto de recursos. 

El problema no es nuevo, pero se ha agravado. El administrativista Juan Carlos Cassagne ya lo advertía, el actual régimen mezcla lo peor de dos mundos: un centralismo recaudador en la Nación con una coparticipación mal diseñada. 

La brecha limita el desarrollo de las provincias

En un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de autoría del economista Nadin Argañaraz, analiza en profundidad la distribución de los recursos federales en la Argentina y pone el foco en la capacidad de gasto por habitante derivada de las transferencias automáticas que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El completo estudio, que abarca la evolución de estos giros durante los años 2010, 2023 y 2024, confirma una estructura de reparto desigual donde las jurisdicciones con menor densidad poblacional y menores ingresos propios se mantienen como las principales beneficiarias en recursos per cápita. 

El informe da cuenta de que las transferencias automáticas, que constituyen el objeto central del análisis, están compuestas por la coparticipación federal de impuestos, diversas leyes especiales y la compensación por el Consenso Fiscal. 

Del relevamiento de los datos correspondientes al año 2024 se desprende que las provincias que lideraron la recepción de fondos por habitante fueron Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa. 

La disparidad entre los extremos del ranking resulta significativa al cuantificar los recursos recibidos. Según detalla el informe de la IARAF, la brecha entre la jurisdicción de mayor recaudación y la de menor recaudación fue del 809% en el último año analizado. 

En términos de evolución temporal, el trabajo de Argañaraz expone una dinámica de crecimiento seguida de una retracción reciente. El análisis indica que las transferencias automáticas reales por habitante promedio de las 24 jurisdicciones argentinas experimentaron una suba del 19% entre los años 2010 y 2023. Sin embargo, la tendencia se revirtió entre 2023 y 2024, período en el que se registró un descenso del 12% debido a la caída real de la recaudación nacional coparticipable. 

La matemática del desequilibrio que padece Misiones

Misiones es una de las más castigadas en cuanto a reparto de la coparticipación. El informe de la IARAF advierte un retroceso persistente en la provincia, que continúa recibiendo montos inferiores a sus pares regionales y evidencia un deterioro relativo frente a otras jurisdicciones. 

Entre 2010 y 2024, Misiones registra una caída acumulada de 4,2% en los ingresos automáticos por habitante, según los números publicados. Es una baja que ubica a la provincia entre las cinco con mayor deterioro en todo el período.

Dentro del Norte Grande, Misiones aparece como la provincia con menor nivel de transferencias automáticas por habitante. Dentro del NEA, la comparación directa con Chaco y Formosa refuerza el deterioro relativo que atraviesa Misiones: ambas lograron variaciones positivas en el período total. Corrientes, por su parte, tuvo una merma del 1,6%.

El esquema actual es el reflejo de una flagrante inequidad en la distribución de recursos por habitantes, siendo Misiones la más perjudicada en una región que en general está desfinanciada por la Nación. 

Para hablar en términos concretos, Misiones pierde cerca de $84.000 millones de pesos mensuales comparado con lo que recibe Chaco, quien ostenta la alícuota más alta de la región, siendo que nuestra provincia ostenta la mayor cantidad de habitantes del NEA y en términos de actividad representa a la séptima economía de Argentina. Esta escandalosa diferencia de fondos se traduce directamente en servicios públicos deficientes y menor capacidad de desarrollo regional. Frente a este difícil contexto, el Gobierno de Misiones apela al equilibrio fiscal como bandera política y al uso eficiente de los recursos para poder cumplir con las necesidades más elementales de la población. 

Queda claro que la Argentina debe debatir enserio un Régimen de Coparticipación más justo. La dilación de esta reforma, que por mandato constitucional debía haberse llevado a cabo en 1996 y que fue ratificada en el Pacto de Mayo al comienzo de la presidencia de Javier Milei, tiene un costo tangible. La merma de ingresos y la distribución inequitativa genera un desfinanciamiento que obliga a las provincias a limitar aumentos salariales para docentes, policías y personal de salud, situación que afecta directamente a miles de familias misioneras. No sólo eso, también limita la ejecución de infraestructura vital como hospitales, caminos y la necesaria ampliación de red eléctrica para la provincia, por caso la línea de 132 kw Alem – Oberá. 

Un verdadero debate sobre la coparticipación no es sólo una disputa por números, es la exigencia de soberanía económica. Los fondos coparticipables son automáticos e intocables, en efecto, recibir lo que corresponde es crucial para la provincia y representa un acto de justicia.

La corrección de esta injusticia fiscal es la madre de todas las prioridades para el desarrollo de Misiones en serio. Es hora  de que los misioneros dejemos de recibir menos por el solo hecho de vivir en una provincia condenada a una ley obsoleta.

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Netflix compra Warner Bros.: se queda con Harry Potter, Game of Thrones y el Universo DC

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En la mañana de este viernes, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el legendario estudio de cine y televisión, así como activos como el servicio de streaming HBO Max, por un total de US$ 72.000 millones.

El anuncio sacudió a Hollywood y alteró las expectativas sobre los próximos pasos de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN.

Warner Bros. Discovery sigue adelante con sus planes de dividirse en dos mitades que coticen en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix pretende adquirir la mitad de Warner. La otra mitad, Discovery Global, albergará a CNN y a otros canales de cable.

La fusión de Netflix, Warner Bros. y HBO requerirá una intensa regulación en Estados Unidos y otros países.

La fusión crearía un gigante del entretenimiento en streaming y pondría fin a una de las grandes rivalidades de la industria de los medios de comunicación de la última década. Un reciente informe de un analista de Bank of America lo expresó así: “Si Netflix adquiere Warner Bros., la guerra del streaming prácticamente termina. Netflix se convertiría en la potencia global indiscutible de Hollywood, incluso más allá de su actual posición privilegiada”.

Durante varias semanas, Paramount era el favorito en la subasta de WBD. Los ejecutivos de Paramount, que querían comprar la totalidad de WBD, incluidos sus activos de cable, irradiaban confianza en su propuesta de fusión y en su relación mutuamente beneficiosa con el presidente Trump.

Pero Netflix sorprendió a muchos con la audacia de sus ofertas. El gigante del streaming presentó dos propuestas a principios de esta semana que lo catapultaron por delante de las de Paramount, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Además, Netflix aceptó la misma costosa comisión de ruptura que Paramount, según una de las fuentes. Esto significa que el posible comprador pagará a WBD miles de millones de dólares si el acuerdo no se cierra.

El mayor interrogante es la aprobación regulatoria. El Gobierno de Trump revisará cualquier transacción entre Netflix y WBD, y algunos analistas prevén una batalla política y legal. Algunos políticos estadounidenses ya han expresado su preocupación por la posible consolidación.

“Conocer la ambición de Netflix de comprar su verdadera amenaza competitiva —el negocio de streaming de WBD— debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo”, escribió el senador Mike Lee en X. “Esta posible transacción, de materializarse, plantearía serias dudas sobre la competencia, quizás más que cualquier otra transacción que haya visto en casi una década”.

Paramount y Comcast, el otro gigante de los medios que se sabe que ha presentado ofertas por WBD, podrían seguir buscando un acuerdo. En otras palabras, esta saga está lejos de terminar.

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Sheinbaum envía reforma de jornada laboral de 40 horas

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Ciudad de México amaneció con un anuncio histórico: el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales, una demanda centenaria del movimiento obrero mexicano que ahora logra un amplio consenso entre sindicatos y sector empresarial. La reforma constitucional y legal, según prevé el Ejecutivo, será votada y aprobada el próximo año.

La propuesta contempla una entrada en vigor gradual, diseñada para que los centros de trabajo adapten sus procesos sin impactos negativos. El 2026 será un año de transición técnica y administrativa; a partir de 2027 comenzará la reducción progresiva de dos horas por año, hasta que en 2030 quede plenamente establecida la semana laboral de 40 horas.

Sheinbaum subrayó que el acuerdo es resultado de un diálogo sostenido y serio: “Una vez más, los cambios laborales se logran por consenso”, dijo, recordando que inicialmente existieron reticencias del sector empresarial y una exigencia sindical para que el nuevo estándar se aplicara desde 2026.

No obstante, la mandataria insistió en que la evidencia internacional demuestra que menos horas de trabajo no reducen la productividad, sino que la incrementan, como muestran los casos de países nórdicos que incluso discuten semanas laborales de 36 horas.

Jornada laboral

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, recordó que 13.4 millones de personas actualmente laboran jornadas de 48 horas, una de las más largas de la región. Citó además estudios de la Organización Internacional del Trabajo, según los cuales la reducción a 40 horas mejora la productividad, reduce la fatiga, disminuye accidentes laborales y fortalece la cohesión social. Para alcanzar un acuerdo amplio, el gobierno instaló 40 mesas de diálogo en las que participaron más de dos mil representantes del mundo laboral y empresarial.

La reforma también contempla adecuaciones paralelas, como establecer un máximo de cuatro horas extras al día, sin rebasar una jornada de 12 horas. Las horas extraordinarias no serán obligatorias y se prohíbe que menores de edad las realicen, reforzando el marco de protección laboral.

Del lado empresarial, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, calificó la reforma como un avance importante hacia esquemas flexibles y equilibrados, capaces de fortalecer la productividad mientras se mejora la calidad de vida de los trabajadores.

Para el Congreso del Trabajo, representado por Reyes Soberanis, el momento es histórico: “Desde la Constitución de 1917 no se había incorporado la jornada de 40 horas. Han pasado más de cien años.”

El debate legislativo se instalará en un clima donde el gobierno insiste en que la medida no sólo es justa, sino económicamente viable, mientras sindicatos y organizaciones sociales celebran un paso que consideran indispensable hacia una vida más digna.

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DPV trabaja en la conservación de avenidas de Leandro N. Alem y en la RP 225

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La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está ejecutando tareas de mantenimiento en Leandro N. Alem en colaboración con el municipio local en arterias de la zona urbana. Además se ejecuta bacheo en sectores de la Ruta Provincial N° 225, también en Alem.

En el caso de la zona urbana de la ciudad, se avanzó con tareas de bacheo superficial en diferentes sectores de las avenidas Libertad y San Martín. En conjunto con la Municipalidad se coordinó un relevamiento para determinar los tramos que presentaban daños en la capa de rodamiento asfáltico y, en forma inmediata, se concretó la intervención para optimizar las condiciones de las mencionadas avenidas.

En la Ruta Provincial N° 225, que vincula a Leandro N. Alem con Caa Yarí, se desarrollaron trabajos de mantenimiento consistentes en bacheo superficial y profundo en el tramo que comprende a la comuna de Alem.

El Gobierno de Misiones, a través de la DPV, trabaja en el monitoreo y puesta en valor de las condiciones de las rutas y caminos de toda la Provincia.

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