Día: 6 diciembre, 2025

Para hablar de IA responsable necesitamos entender quién hace los datos y en qué condiciones

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Milagros Miceli, investigadora argentina radicada en Alemania, reconocida por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes de la IA en 2025 brindó una charla titulada Lo que nadie dice de la IA en las oficinas de la tecnológica Santex. En la misma abordó el lado menos visible de la inteligencia artificial: el trabajo humano detrás de los algoritmos, los sesgos que nacen antes de los datos y el rol estratégico del sur global en la nueva economía de la inteligencia.

El trabajo de Miceli se centra en estudiar cómo se producen los datos que alimentan los modelos de IA, quiénes los generan, en qué condiciones y qué estructuras de poder moldean esa producción: “Hay una precarización de estos trabajadores, que van a buscarlos y buscarlas en lugares muy, muy vulnerables. Encima hay un discurso detrás de esto que tiene que ver mucho con la filantropía (…): llevamos trabajo a esta u otra población porque no tienen otras posibilidades, entonces la industria de la inteligencia artificial hace posible darles un trabajo (…) Pero hay una intencionalidad de tercerizar a países del mundo donde las normativas que tienen que ver con el trabajo son laxas” asegura.

Miceli también compartió su punto de vista respecto a Stargate, el proyecto anunciado por el CEO de Open AI Sam Altman para el sur argentino: “En el anuncio no hubo precisiones. Dicen “va a venir esta inversión” pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni quién la va a traer, en qué forma, no sabemos a quién va a afectar, dónde efectivamente (…) ni cuáles van a ser las condiciones que se le va a imponer a OpenAI para crear este mega data center, cuál va a ser el gasto energético y finalmente tampoco sabemos qué nos va a aportar a nosotros y nosotras como argentinos, a nuestra soberanía, qué ganancia le va a dejar”

“Estos data centers se instalan en territorios específicos, donde se los ceden. Tienen un consumo de agua enorme enorme. Se necesita agua fresca y limpia: no puede ser agua reciclada, ni salada; se necesita agua fresca y limpia. Necesitan litros y litros y millones de litros de agua para sus sistemas de refrigeración” agregó Miceli, haciendo referencia también al vasto consumo energético y las plantas de energía que prometen. “Lo más probable, y eso muestra las experiencias en Chile, en México y en otros países de la región, es que sí instalan plantas de energía, son energías altamente contaminantes. Entonces, no veo ahí tampoco el beneficio. Pero el contraargumento es “bueno, pero es una inversión de 2.500 millones de dólares, no estamos para despreciarla” sentenció

Santex llevó adelante esta iniciativa ya que siempre busca liderar estas conversaciones incómodas para gran parte del sector privado, mostrando su compromiso con un desarrollo tecnológico no extractivista y con las personas en el centro. Esto se da en el marco de un incipiente debate por el proyecto de reforma laboral que el Gobierno presentó este viernes y planea enviar al Congreso Nacional. 

“Nosotros nos encontramos como compañía en un lugar donde tenemos una responsabilidad enorme, porque nos dedicamos a la fabricación de tecnología. Ésta ha dejado de ser una conversación técnica y ha pasado a ser una conversación ética. La inteligencia artificial ha traído ese cambio de paradigma, de pensamiento y de mirada sobre qué tipo de ideología tenemos que desarrollar para construirnos nosotros mismos como humanidad en un futuro” aseguró Juan Santiago, CEO y Founder de Santex y miembro del Board de la AI League for Good.

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Argentina destaca postergación de la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación

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La decisión de postergar su implementación “es un paso en la dirección correcta” y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados por el Gobierno argentino y garantiza que las exportaciones agropecuarias argentinas a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental.

“La Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa -de carácter unilateral- y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador para presentar información relevante que, a través de las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), permita demostrar que nuestros productos de exportación a la UE conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación”, señaló el Gobierno a través de un documento de la secretaría de Agricultura.

“La Argentina confía en que este año adicional ofrecerá la posibilidad de llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea que aborde las preocupaciones de sus socios comerciales y dé lugar, en base a información fehaciente, a la reclasificación de la Argentina como país de bajo riesgo”, sostiene el documento.

“Nuestro país avanzará asimismo en el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino. Asimismo, continuaremos promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la SAGyP para fortalecer la competitividad de nuestros exportadores de soja, carne y madera, y sus derivados, en el mercado europeo”.

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Se firmó la revisión paritaria mercantil

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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un nuevo acuerdo en el marco de la paritaria para la actividad mercantil.

Las partes pactaron otorgar una suma fija no remunerativa de $ 60.000 (Art. 6, Ley 24.241), en carácter de recomposición, a abonarse en cada uno de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, y que se extingue con el pago mensual de cada una de ellas, con excepción de los últimos $ 60.000 –correspondientes al mes de marzo de 2026– los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de abril de 2026.

Asimismo, se acordó extender hasta el mes de marzo de 2026 inclusive la suma fija no remunerativa de $ 40.000 que había sido previamente acordada por las partes intervinientes el 26 de junio de 2025, en los mismos términos y con los idénticos alcances.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2026 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

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Crisis en Tapebicuá: 430 operarios quedan sin convenio y rechazan cobrar el 60% del salario

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La empresa Forestal Tapebicuá, ubicada en Gobernador Virasoro, cerró el pasado domingo 30 de noviembre el convenio laboral vigente con sus 430 operarios. La firma había propuesto suspensiones con “vacaciones forzosas” y un pago del 60% de los haberes hasta marzo de 2026, pero el planteo fue rechazado por la representación sindical, que exige elevarlo al 80%. La situación se agrava en medio de versiones de venta de la compañía y un escenario de inactividad prolongada.

Fin del convenio, propuesta de suspensión y tensiones por los salarios

El conflicto en Forestal Tapebicuá escaló en las últimas horas tras el vencimiento del acuerdo que regulaba las condiciones entre la firma y los operarios. El convenio dejó de estar vigente este domingo 30 de noviembre, dejando a 430 trabajadores sin un marco de continuidad claro.

Según trascendió durante la última reunión entre la empresa y los sindicatos, realizada el viernes, la compañía planteó: suspensiones con “vacaciones forzosas” por tres meses, pago del 60% del salario, continuidad de la medida hasta los primeros días de marzo de 2026, un esquema que incluiría el aporte provincial de un subsidio de $250.000.

En números concretos, la propuesta contemplaba abonar alrededor de $650.000 mensuales por trabajador más el subsidio estatal complementario.

La representación sindical rechazó el ofrecimiento al considerar que no garantiza el sustento mínimo de las familias durante un período de inactividad tan prolongado. La posición gremial es clara: exigir que el porcentaje de pago durante la suspensión se eleve al 80% del salario.

Un conflicto que se profundiza por la posible venta de la compañía

El trasfondo económico agrega tensión al escenario laboral. Fuentes internas señalan que la empresa estaría atravesando un proceso de venta, situación que explicaría la decisión de paralizar operaciones.

Esa presunta transición empresaria —no confirmada formalmente por la firma— dejó al personal sin definiciones sobre su continuidad, su relación laboral y el restablecimiento de la actividad productiva.

La propuesta de otorgar vacaciones forzosas por tres meses y pagar el 60% del salario aparece, en este contexto, como una solución de contingencia para la empresa, pero como una pérdida sustantiva de ingresos para los operarios.

Por ahora solo nos resta esperar hasta el 3 de diciembre, que será la próxima reunión con los empresarios y saber qué va a pasar”, expresó un trabajador de la planta a un medio local de Virasoro, graficando el clima de incertidumbre que atraviesa a las familias dependientes del complejo forestal

Impacto económico y político: qué está en juego

El conflicto no solo afecta a los operarios, sino también a la cadena forestoindustrial de Virasoro y de toda la región nordeste, donde la actividad aporta empleo, logística, servicios y movimiento comercial.

Los puntos críticos del escenario actual son: 430 trabajadores sin certeza sobre salario pleno ni continuidad laboral. Una oferta empresarial muy por debajo del ingreso normal. La intervención parcial del Gobierno provincial con subsidios, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida salarial. Una empresa en presunto proceso de transferencia, lo que podría modificar estructura, producción y condiciones laborales. Riesgo de paralización total de la actividad durante al menos tres meses.

En términos institucionales, la situación reabre el debate sobre los mecanismos de protección en empresas en transición patrimonial y la necesidad de instrumentos de negociación que eviten que la carga económica recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

La próxima reunión —3 de diciembre— será clave para destrabar el conflicto, definir un esquema de ingresos y proyectar el futuro de la actividad forestal en una de las ciudades más industrializadas del nordeste argentino.

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