La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social y laboral. Un total de 90 choferes de colectivos urbanos fueron suspendidos por las empresas ERSA y TCM, entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expone la profundidad del deterioro del sistema, presiona sobre la continuidad del servicio y reaviva el conflicto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial, en un contexto de caída de pasajeros y atraso en el reconocimiento de costos.
El escenario se agrava porque, en Corrientes, la empresa ERSA ingresó además en el Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que amplía el alcance regional del problema y eleva la incertidumbre sobre el empleo y la prestación del servicio interprovincial.
Empresas en crisis: costos atrasados, menos pasajeros y competencia informal
Desde el sector empresario, la Cámara del Transporte Automotor del Chaco anunció una conferencia de prensa para exponer la “grave y sin precedentes situación” que atraviesa el sistema. Entre los factores centrales, señalaron la falta de reconocimiento de costos desde hace más de un año, una caída sostenida de la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre transportes alternativos, que compiten con el servicio regular sin cumplir las mismas exigencias regulatorias.
En términos económicos, el atraso en la actualización de costos afecta directamente la capacidad de las empresas para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y operación diaria. La combinación de ingresos reales en descenso y costos crecientes derivó, según el empresariado, en decisiones de emergencia como las suspensiones de personal, que buscan reducir gastos en el corto plazo.
Las empresas, entre ellas ERSA, no informaron hasta el momento si las suspensiones alcanzan también a los conductores que prestan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes, un dato clave para evaluar el impacto regional de la medida.
Reacción sindical y silencio oficial
Desde la UTA, el sindicato rechazó las suspensiones y advirtió que evalúa medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. El gremio sostiene que la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores y reclama respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo.
Por su parte, la Subsecretaría de Transporte aún no se pronunció oficialmente sobre la situación. Ese silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia
Escenarios posibles
Las suspensiones de 90 choferes representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del transporte urbano en el Chaco. A corto plazo, el conflicto podría derivar en medidas gremiales, con impacto directo en la frecuencia y regularidad del servicio. A mediano plazo, el sector empresario advirtió que podrían registrarse nuevas consecuencias tanto en la continuidad del sistema como en las fuentes de trabajo, si no se corrigen los desfasajes económicos y regulatorios.
La crisis del transporte urbano vuelve así al centro del debate público, con implicancias económicas, sociales e institucionales que exceden a las empresas involucradas y ponen en juego la capacidad del Estado para ordenar, regular y sostener un servicio clave para la movilidad cotidiana en el área metropolitana del Chaco.
El presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, emitió un decreto en el que «se declara el estado de emergencia en toda la República, con efecto a partir del martes 30 de diciembre de 2025, por un período de 90 días, renovable».
Asimismo, se impone «un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas en todos los puertos y cruces fronterizos», con excepción de cualquier otro cruce autorizado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí.
Esto se debe «a la necesidad de hacer frente al golpe de Estado que se viene produciendo desde 2014», en referencia a los rebeldes chiíes hutíes, así como «a los conflictos internos instigados por elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de EAU de lanzar una ofensiva militar contra las gobernaciones orientales con el objetivo de dividir la República del Yemen».
El Ejército del Yemen anunció su pleno apoyo a las decisiones nacionales adoptadas por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) y su disposición a enfrentar «cualquier circunstancia» tras el ataque de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra un cargamento de armas procedente de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Los secesionistas ven ilegales medidas
Los separatistas sureños respaldados por Emiratos Árabes Unidos (EAU) consideraron «ilegales» las medidas vinculadas al estado de emergencia decretado por Gobierno yemení por profundizar el «colapso» del país, y advirtieron de sus «consecuencias».
«Responsabilizamos a quien adopte estas decisiones de las consecuencias políticas, legales, de seguridad y económicas, y afirmamos que volver el camino correcto y a la lógica de la asociación y el acuerdo es la única vía para evitar un mayor colapso del país», dijo el Consejo de Transición Sureño (CTS) en un comunicado.
Son las primeras declaraciones que realiza este grupo, que ha sufrido un ataque esta madrugada por parte de las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, y tras la declaración del estado de emergencia en el país por parte de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.EFE
Roto el acuerdo de defensa
El Ejecutivo también rompió el acuerdo de defensa conjunto con EAU, y ordenó a todas las fuerzas y personal emiratíes su retirada del territorio yemení en un plazo de 24 horas.
En un discurso a la nación, Al Alimi aseguró que «se ha demostrado fehacientemente» que Abu Dabi ha «presionado y ordenado» al grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) para que «socave la autoridad estatal y se rebele contra él mediante una escalada militar».
A principios de diciembre, el CTS lanzó una ofensiva relámpago en el este del Yemen que culminó con el control de dos provincias, fronterizas con Omán y Arabia Saudí, situación que profundiza aún más el colapso del país.
El presidente dijo que también «se ha confirmado» que EAU envió «dos buques desde el puerto de Fujairah cargados con armas, vehículos de combate y equipo militar, y los descargaron en el puerto de Mukalla sin autorización, con el objetivo de abastecer a las fuerzas» del CTS.
Estos buques han sido atacados esta madrugada por la coalición liderada por Arabia Saudí.
Escalada
Al Alimi lo calificó como «una peligrosa escalada contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hadramut y Al Mahra, y parece ser la continuación de un enfoque sistemático aplicado durante años».
Igualmente, reconoció y apreció el «papel anterior» de EAU y sus esfuerzos como miembro de la coalición que apoya la legitimidad bajo el liderazgo de Arabia Saudí, creado para luchar contra los rebeldes chiíes hutíes, que controlan amplias zonas del país, incluida la capital Saná.
Pero, «lamentablemente su papel se ha dirigido contra los hijos de nuestro gran pueblo, mediante el apoyo abierto a la rebelión y el fomento de los conflictos internos, de una manera que amenaza nuestra seguridad y estabilidad, socava la cohesión de nuestras instituciones y nuestra unidad, y perjudica a nuestro querido pueblo».
La ofensiva del CTS llevó a que la coalición militar liderada por Riad -y en la que también está EAU-, creada para combatir a los rebeldes hutíes, lanzara el pasado viernes ataques de advertencia contra posiciones del grupo secesionista en la provincia de Hadramut -muy rica en petróleo-, algo insólito en el conflicto que asola el país árabe desde hace más de una década.
El Yemen del Sur fue un Estado independiente desde 1967 a 1990, algo que el CTS busca reavivar para formar, de nuevo, ese país.
La inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Villa Blanquita, en Oberá, marcó un hito institucional para la ciudad y para la provincia. El acto, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua el martes 30 de diciembre de 2025, puso en valor una obra surgida del primer Presupuesto Participativo del municipio, ejecutada mediante licitación pública por una empresa local y emplazada en un terreno cedido por el Ministerio de Salud Pública. Más allá de la infraestructura, el evento dejó una señal política clara: la articulación entre Estado provincial, municipio y vecinos como eje de la gestión pública en un contexto económico exigente.
“Esto es para mí la demostración perfecta de cómo se construye una sociedad: siendo socios”, afirmó Passalacqua, al remarcar el impacto social, institucional y económico de una obra que sintetiza participación ciudadana, inversión pública eficiente y fortalecimiento del tejido comunitario.
Una obra con participación ciudadana y eficiencia en el uso de recursos
El SUM de Villa Blanquita se construyó sobre una superficie total de 109,73 metros cuadrados, con prioridad en el uso de madera y ladrillos artesanales de producción local, elaborados con materia prima de la zona. La obra comenzó en mayo de 2025 y concluyó en octubre del mismo año, cumpliendo los plazos previstos. La ejecución se realizó mediante licitación pública y estuvo a cargo de una empresa de Oberá, lo que permitió generar trabajo y mano de obra local, un dato relevante en términos de impacto económico regional.
Durante el inicio de los trabajos se desarrolló una jornada de participación directa en la que los propios vecinos levantaron de manera colectiva una de las paredes del edificio. Ese muro, que hoy forma parte de la estructura del SUM, quedó asociado simbólicamente al compromiso barrial y al trabajo comunitario que dio origen a la obra.
La infraestructura se emplazó en un terreno provincial cedido por el área de Salud Pública, en un esquema de uso compartido con el Centro de Atención Primaria de la Salud. Esta articulación permitió cercar la totalidad del predio, mejorar las condiciones de seguridad y generar una relación funcional entre ambos espacios, con un uso orientado a la comunidad.
Presupuesto Participativo y fortalecimiento del tejido social
Durante el acto, Passalacqua destacó el rol del municipio y de los vecinos en la concreción del proyecto. “Felicito al intendente Hassan y su municipio por el excelente uso de los recursos públicos municipales, por ponerlos a disposición de la gente. También quiero felicitar a toda la barriada y a todos los vecinos por el trabajo de construir”, señaló. En ese marco, subrayó que la iniciativa demuestra que “la actitud positiva y alegre es el motor que hace que las cosas salgan bien”.
El gobernador remarcó además que la comunidad eligió construir el SUM en un terreno provincial y que fue el municipio el que ejecutó la obra, lo que calificó como una excelente inversión pública. “Este es un espacio comunitario donde la gente viene a construir sociedad, a fortalecer el tejido social. Y cuando ese tejido social es fuerte, no hay tormenta que pueda derribarnos”, afirmó.
Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la inauguración al señalar que se trata de la primera obra entregada en la historia de Oberá bajo la modalidad de Presupuesto Participativo. “Hoy se concretan sueños y los objetivos que se propuso esta gestión junto a los vecinos, a través de este innovador concepto. Mi deseo es que este espacio sea un semillero de comunidad, solidaridad y sentido de pertenencia”, expresó.
La actividad contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Héctor González, además de autoridades municipales, legisladores, integrantes del Gabinete provincial y vecinos del barrio.
Proyección del programa y alcance territorial
Durante 2025, Oberá desarrolló la primera edición del Presupuesto Participativo, una herramienta de participación ciudadana que incluyó el sorteo de cuatro barrios. El SUM de Villa Blanquita se convirtió en la primera obra finalizada e inaugurada en el marco de esta experiencia, consolidando un antecedente concreto para futuras iniciativas.
En ese sentido, la jefa del Departamento de Adultos Mayores Oberá, Gabriela Magali Fernández, destacó que el nuevo espacio cuenta con un sector exclusivo para actividades, talleres y deportes, lo que contribuye al bienestar comunitario “en un contexto económico complicado”.
En paralelo, se encuentran en ejecución los Salones de Usos Múltiples de los barrios Villa Ruff y Londin, además de una obra de mejora urbana en Villa Osorio, que contempla desagües y cordón cuneta. Para la edición 2026 del Presupuesto Participativo, se presentaron 30 iniciativas impulsadas por las comisiones vecinales, lo que anticipa una ampliación del alcance territorial y social del programa.
La titular del comercio, María Cristina Pichaka, celebró la iniciativa y dijo que es un incentivo que anima a seguir adelante. “Me pone contenta la mención, porque fuimos los mejores respecto a las ventas en una época en que las cosas no están fáciles. También me gustó mucho el obsequio que me dejaron”, manifestó, quien está al frente del negocio desde hace quince años.
Comentó que, permanentemente, “nos acomodamos a los cambios que se producen” y que en los últimos tiempos “no entregamos grandes premios” pero que, quizás, el 2026 “vendrá con más suerte”.
Contó que en la 340, de la que dependen dos subagencias y tres vendedores, la Quiniela Misionera es el atractivo principal, seguido de la Poceada Misionera, que incrementa las apuestas cuando suben los pozos. “Tenemos nuestros clientes habituales, pero en esta época del año, nos visitan personas desconocidas que vienen a la localidad a visitar a sus parientes o que están de paso por alguna razón”, indicó.
En un escenario económico aún complejo para la actividad industrial y la construcción, el sector de la madera comienza a mostrar signos de estabilización, con una leve recuperación respecto a los meses previos y oportunidades concretas vinculadas al comercio exterior, de acuerdo con el último informe elaborado por el asesor de mercado de FAIMA, Gustavo Cetrángolo.
“Durante noviembre y lo que va de diciembre observamos una continuidad en los niveles de actividad registrados en octubre, mes en el que se había dado una pequeña recuperación. Si bien el contexto sigue siendo desafiante, algunos indicadores permiten pensar en una etapa de transición hacia un escenario más previsible”, explicó Cetrángolo.
Según el análisis, las altas tasas de interés, la restricción del consumo y la caída de la obra pública continúan condicionando el desempeño del mercado interno. Los precios de la madera se mantienen prácticamente sin variaciones desde hace más de un año, con un fuerte nivel de competencia comercial que impacta en los márgenes de rentabilidad de las empresas, especialmente en las pymes.
No obstante, el informe destaca que la industria viene mostrando una capacidad de adaptación significativa, adecuando los niveles de producción a la demanda y explorando nuevos canales comerciales. En ese sentido, las exportaciones de madera aserrada de pino crecieron un 30,7% en los primeros once meses de 2025, impulsadas principalmente por la demanda de mercados asiáticos.
“Frente a la debilidad del mercado interno, la exportación se consolida como una herramienta clave para sostener la actividad, reducir costos fijos, asegurar cobranzas y preservar el empleo, aun cuando los márgenes sean ajustados”, señaló el consultor de FAIMA. Este proceso, que históricamente estuvo concentrado en grandes empresas, comienza a incorporar a un mayor número de aserraderos pymes.
El reporte también subraya que la actividad vinculada a la construcción continúa en una ‘meseta baja’, aunque algunos indicadores muestran leves mejoras intermensuales. En paralelo, las expectativas empresarias comenzaron a mejorar hacia el cierre del año, en línea con un escenario financiero algo más estable y una moderación en las tasas de interés.
“Estamos atravesando un punto de inflexión para el sector foresto-industrial. La competitividad sigue siendo un desafío central, especialmente por el fuerte aumento de los costos estructurales, pero también hay oportunidades si se avanza en una agenda que mejore las condiciones macroeconómicas, el acceso al financiamiento y la previsibilidad”, sostuvo Cetrángolo.
Desde FAIMA remarcan que el sector de la madera mantiene un rol estratégico en la industria nacional, con capacidad de generar empleo, valor agregado y divisas, y que será clave acompañar esta etapa con políticas que fortalezcan la competitividad y promuevan la inversión productiva.
“El desafío es grande, pero el sector ha demostrado históricamente una enorme resiliencia. Con reglas claras y una macroeconomía más estable, la industria de la madera tiene condiciones para recuperar dinamismo y proyectarse a largo plazo”, concluyó el especialista.
Variables que condicionan
La industria foresto-industrial argentina, y en particular el complejo maderero, llega al cierre de 2025 en una situación de extrema fragilidad. Tras una leve mejora técnica en octubre, noviembre y lo que va de diciembre consolidaron una “meseta baja” de actividad: se vende algo más que en el peor momento de la recesión, pero no lo suficiente como para recomponer rentabilidad ni aliviar la asfixia financiera que atraviesan los aserraderos y fabricantes.
El principal problema no es la falta total de operaciones, sino su calidad económica. Los precios de la madera se mantienen prácticamente sin cambios desde hace más de un año, pero en un contexto de costos que no dejaron de subir. Para cerrar ventas, muchas empresas se ven obligadas a aplicar descuentos sobre listas, extender plazos de pago y, en algunos casos, recurrir a esquemas informales. El resultado es una competencia feroz por colocar stock, con márgenes mínimos o directamente negativos.
La sobreoferta es otro rasgo del momento. Numerosos aserraderos arrastran altos inventarios de madera, lo que acelera la presión vendedora y empuja aún más los precios a la baja. El único segmento con algo más de dinamismo es el de pallets, aunque con pedidos de muy corto plazo, lo que vuelve al mercado extremadamente volátil e imprevisible.
Este deterioro ya se refleja en la cadena de pagos. En las últimas semanas comenzó a observarse un aumento en los cheques rechazados dentro del sector, una señal temprana de estrés financiero. Aunque todavía no se trata de una crisis generalizada, complica el acceso al crédito en un contexto en el que financiarse es caro y escaso.
La raíz del problema es estructural. En los últimos dos años, los ingresos del sector crecieron con fuerza en dólares, pero los costos lo hicieron mucho más rápido. La energía eléctrica —clave para aserraderos y secaderos— registró aumentos desproporcionados, al igual que los insumos, la logística y los costos laborales. La ecuación es simple y brutal: aun vendiendo más, muchas empresas ganan menos o directamente pierden dinero.
A este cuadro se le suma el calendario financiero de fin de año. El pago de paritarias, aguinaldos y vacaciones llega en el peor momento de liquidez, lo que vuelve especialmente delicada la situación de muchas pymes foresto-industriales.
La construcción, principal demandante de madera, tampoco ofrece un piso firme. Los despachos de cemento y otros indicadores del sector muestran una actividad deprimida, con leves oscilaciones mensuales que no alcanzan para revertir el estancamiento. La obra pública sigue prácticamente paralizada y la inversión privada no logra despegar en un contexto de crédito caro y consumo débil.
En ese escenario, la exportación se convirtió en la principal válvula de escape. Las ventas externas de madera aserrada de pino crecieron con fuerza en 2025, impulsadas por grandes jugadores y, cada vez más, por aserraderos pymes que encontraron en los mercados externos una forma de sostener producción, empleo y flujo de caja. Asia es hoy el gran destino, con precios estables pero bajos, que obligan a resignar margen a cambio de asegurar cobranzas.
Estados Unidos, en cambio, sigue sin traccionar. La débil recuperación de su mercado inmobiliario limita la demanda de productos de mayor valor agregado, como las molduras de pino, cuyas exportaciones continúan en caída. El sector apuesta a una reactivación en 2026, pero por ahora no hay señales claras.
El resultado es un modelo de supervivencia: se exporta para no cerrar, se vende barato para no acumular stock, se ajusta producción y horas trabajadas para no profundizar pérdidas. La industria comenzó a adaptarse a esta nueva normalidad reduciendo turnos y reestructurando plantas, un proceso que probablemente se intensifique el año próximo.
Para provincias como Misiones, donde la foresto-industria es un pilar del empleo, las exportaciones y la inversión, el momento es crítico. La combinación de costos desbordados, demanda interna débil y mercados externos que compran pero no convalidan mejores precios deja al sector en una posición frágil. El 2026 aparece, así, más como un año de resistencia y reorganización que de verdadera recuperación.
