Año: 2025

Passalacqua entregó 48 viviendas en Oberá y reafirmó la continuidad de la política habitacional provincial

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este lunes 29 de diciembre de 2025 la entrega de 48 viviendas en el barrio Punta Alta de Oberá, en una actividad que combinó gestión pública, simbolismo social y definición política. Las unidades forman parte de un conjunto mayor de 130 soluciones habitacionales cuya finalización depende de recursos provinciales, luego de la interrupción de las partidas nacionales destinadas al programa. En ese marco, el mandatario reafirmó que Misiones sostendrá la política de vivienda como política de Estado, pese al complejo contexto económico.

“La entrega de una vivienda es como una celebración más en esta época navideña”, expresó Passalacqua, al subrayar la importancia práctica e institucional de garantizar el acceso a la casa propia, no solo como respuesta social inmediata, sino como inversión pública de largo plazo que ordena la vida familiar, dinamiza la economía local y fortalece el tejido comunitario.

Vivienda, inversión pública y continuidad institucional

Durante la recorrida, el gobernador puso el acento en el esfuerzo fiscal y administrativo que implica sostener los programas habitacionales con fondos propios. “Brindar soluciones habitacionales requiere un enorme esfuerzo para reunir ese capital, que es dinero público, proveniente de los contribuyentes. Los impuestos no se terminan en la recaudación, sino que se invierten”, señaló. En ese sentido, destacó que destinar recursos a la vivienda supone una inversión cuantiosa y compleja, más aún en un escenario de restricciones macroeconómicas.

Passalacqua enfatizó que la decisión de avanzar con la finalización de las viviendas responde a una definición política: “La meta de Misiones es seguir adelante, porque cuando entregás una vivienda, y con ella el título de propiedad, se crea una atmósfera especial, casi sagrada —y más en esta época navideña—, que se asemeja a la fundación de un hogar”. Para el mandatario, ese acto “define el futuro de esa pareja, de esa familia y de cada niño que crecerá entre esas paredes”.

La entrega se inscribe en una estrategia provincial que busca sostener el empleo, la obra pública y la inclusión social, aun cuando el financiamiento nacional se vio interrumpido. En términos institucionales, el programa refuerza el rol del Estado provincial como actor central en la planificación urbana y el acceso a derechos básicos.

Familias adjudicatarias y trabajo conjunto

En el marco del acto, Passalacqua visitó a dos familias beneficiarias, poniendo rostro humano a una política pública de alto impacto social. Una de ellas fue la familia Núñez, integrada por Sergio Núñez, Ruth Sánchez y sus hijos Enzo (11) y Ruth (8). Sergio se desempeña como empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, mientras que Ruth trabaja desde su hogar en la confección de indumentaria y lencería. Enzo cuenta con Certificado Único de Discapacidad por una parálisis cerebral con cuadriplejia y la vivienda entregada fue completamente adaptada, con soportes y un baño amplio que permitirá mejorar su calidad de vida.

“Es una vivienda con soportes y un baño súper amplio que le permitirá a mi hijo tener una vida más cómoda y segura”, agradeció Ruth Sánchez, quien además destacó el acompañamiento social recibido para el tratamiento médico que su hijo realizará en México.

El gobernador también visitó a la familia Wroble, conformada por Luciano Wroble, Yesica Da Silva y su hija Tessa, de 7 años. Wroble trabaja en una pinturería y Da Silva en un servicio de salud mental. La familia se había inscripto en 2017 en Apóstoles y, tras actualizar su domicilio en Oberá, accedió al sorteo de la Convocatoria 253. “No alcanzan las palabras para describir lo que se siente tener una casa propia”, expresó Wroble, mientras que Da Silva remarcó que “la fe y la paciencia cobró sentido”.

En diálogo con ellos, Passalacqua subrayó que “detrás de estos logros siempre hay un gran esfuerzo y sacrificio, no solo del Gobierno provincial y del IPRODHA, sino también de las familias beneficiarias”. En ese marco, valoró el trabajo del organismo y del intendente Pablo Hassan, al remarcar que “estas no son tareas fáciles”.

Datos técnicos y alcance del programa

Las 48 viviendas entregadas cuentan con 64 metros cuadrados de superficie, están construidas en mampostería y disponen de dos dormitorios, cocina-comedor, baño, galería, lavadero externo, termotanque solar y espacio verde propio. El sorteo de ubicación se realizó en octubre, en el marco de la Convocatoria 253 de Oberá.

Las casas se emplazan dentro de una urbanización que incluye infraestructura y nexos de servicios esenciales, un aspecto clave para el desarrollo comunitario y la integración urbana.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, informó que la provincia ya entregó más de 420 viviendas, aun en un contexto económico adverso. “Trabajamos con mucho esfuerzo con los recursos que tenemos, pero con mucho entusiasmo. La inversión es más grande en este contexto, pero lo hacemos con alegría porque sabemos lo que significa para las familias”, afirmó.

Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la entrega al destacar que se trata de “familias que esperaron durante mucho tiempo el sueño de la casa propia”, y remarcó el impacto emocional y social que genera acompañar ese momento.

Impacto económico y social

Más allá del acto puntual, la entrega de viviendas tiene repercusiones directas en la economía local: moviliza el sector de la construcción, genera empleo, demanda insumos y consolida barrios con infraestructura. Desde el punto de vista institucional, refuerza una política pública sostenida en el tiempo, que busca garantizar previsibilidad a las familias y continuidad a la obra pública provincial.

En un escenario de retracción de fondos nacionales, la decisión de Misiones de financiar con recursos propios estas soluciones habitacionales marca una señal política clara y proyecta un modelo de gestión que prioriza el arraigo, la inclusión y el desarrollo territorial.

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El Presupuesto habilita al Gobierno a renegociar deuda sin las exigencias de la ley de Administración Financiera

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Por Silvia Rajcher / NA – El Presupuesto aprobado el viernes pasado introduce una reforma clave en la ley de Administración Financiera que amplía de manera sustancial el margen de maniobra del Poder Ejecutivo para canjear y administrar la deuda pública en 2026. A partir de los cambios incluidos en los artículos 55 y 56, el Gobierno podrá encarar operaciones de renegociación y administración de pasivos sin la obligación legal de obtener mejoras en los plazos, las tasas de interés o el capital, una condición que regía hasta ahora para cualquier reestructuración de deuda.

La modificación, que será promulgada en los próximos días, pasa relativamente desapercibida en el debate parlamentario, pero tiene un impacto económico e institucional significativo, en un contexto en el que la Argentina deberá afrontar fuertes vencimientos de deuda durante el próximo año y buscará mayor flexibilidad para gestionar sus compromisos financieros.

Cambios en la ley de Administración Financiera: más flexibilidad para Economía

El núcleo de la reforma se encuentra en el artículo 56 del Presupuesto, que modifica el artículo 55 de la ley complementaria de Presupuesto, ampliando las facultades del Ministerio de Economía para realizar operaciones de administración de pasivos.

Según el nuevo texto, la cartera económica queda habilitada a ejecutar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, lo que incluye: compra, venta y canje de instrumentos financieros, como bonos o acciones; pases de monedas, tasas de interés o títulos; compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros; y “cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”.

Además, el articulado autoriza que estas operaciones se realicen a través de entidades creadas ad hoc, ampliando aún más el abanico de herramientas disponibles para la gestión de la deuda.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) subrayó en un informe que la diferencia central con el régimen anterior es que ya no se incluye expresamente la reestructuración de la deuda pública bajo los términos del artículo 65 de la Ley 24.156, que imponía condiciones estrictas para cualquier renegociación.

Qué se elimina: el requisito de “mejoramiento” de la deuda

Hasta ahora, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera establecía que el Gobierno solo podía reestructurar deuda pública “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Es decir, cualquier canje o renegociación debía traducirse necesariamente en un alivio financiero explícito.

Ese requisito desaparece con la reforma aprobada. Según detalló la OPC, el nuevo esquema autoriza operaciones financieras, pero sin exigir que impliquen una mejora en las condiciones originales de la deuda. En palabras del informe legislativo, ahora se permite “la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros” y otras operaciones habituales de mercado, así como la “cesión y/o disposición de créditos contra particulares provenientes de créditos devengados o facilidades de pago de deudas fiscales”.

En términos prácticos, esto significa que el Gobierno podrá reperfilar vencimientos o canjear deuda aun cuando no haya una mejora directa en tasas, plazos o capital, algo que hasta ahora estaba legalmente vedado.

Un debate legislativo de bajo perfil y un impacto de alto alcance

A diferencia de otros capítulos del Presupuesto, los cambios vinculados a la deuda no ocuparon un lugar central en la discusión parlamentaria. En la Cámara de Diputados, el debate estuvo dominado por la polémica en torno a la derogación de leyes de Discapacidad y Universidades, finalmente eliminadas del texto. En el Senado, la atención se concentró en el artículo 30, que suprimió los pisos de financiamiento para educación y ciencia y que sí quedó incorporado en la ley.

El nuevo régimen de deuda solo recibió cuestionamientos puntuales del jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans, y de la senadora kirchnerista Juliano Di Tullio, sin generar un debate amplio sobre sus implicancias de mediano plazo.

Un 2026 con vencimientos exigentes y mayor margen de negociación

Con esta reforma, el Gobierno —y en particular el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo— contará con mayor flexibilidad para encarar la gestión de la deuda en un año fiscal exigente, marcado por importantes pagos que deberá afrontar la Argentina.

Desde el punto de vista económico, la modificación apunta a evitar restricciones legales que puedan obstaculizar negociaciones financieras en escenarios de estrés. Desde el plano institucional, en cambio, abre un debate sobre el menor nivel de exigencias legales para la administración del endeudamiento público.

En un contexto de ajuste fiscal, búsqueda de estabilidad macroeconómica y necesidad de sostener el acceso a los mercados, la reforma del Presupuesto redefine las reglas de juego para la política de deuda en 2026 y le otorga al Ejecutivo una herramienta clave para administrar pasivos con mayor discrecionalidad.

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Monteoliva avisó que van a “apelar” el fallo judicial contra el protocolo antipiquetes

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X

Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. 

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró hoy la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

Los fundamentos del fallo

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. 

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Balance de fin de año: la mentira como política de gobierno

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Al finalizar el año, el gobierno de Javier Milei intenta imponer un balance triunfalista basado en una narrativa cuidadosamente construida. Según el relato oficial, la Argentina estaba “al borde de la hiperinflación”, el ajuste era inevitable y la desaceleración posterior de los precios constituye un éxito incuestionable. Sin embargo, un análisis riguroso de los hechos muestra otra realidad: decisiones políticas concretas que agravaron la crisis social, una fuerte transferencia de ingresos y una estrategia sistemática de distorsión de la verdad para eludir responsabilidades.

La mentira no aparece como un desliz ocasional, sino como un método de gobierno.

Inflación: el pico fue una decisión política

Argentina no llegó a la hiperinflación en 2023 como dijo Milei. La inflación era muy elevada, sin duda, pero no existían las condiciones técnicas ni económicas que definen un proceso hiperinflacionario. Esa afirmación, repetida hasta el cansancio por Milei y su gabinete, cumplió una función política clara: exagerar la herencia para justificar un shock de ajuste sin precedentes.

El dato que el gobierno omite deliberadamente es central: el mayor salto inflacionario se produjo en diciembre de 2023, cuando Javier Milei ya había asumido la Presidencia. Ese mes, los precios se dispararon como consecuencia directa de una devaluación superior al 100%, combinada con la liberación de precios regulados y el inicio de los tarifazos. No fue una fatalidad heredada: fue una decisión política consciente, tomada en nombre del llamado “sinceramiento” económico.

El oficialismo incorporó luego ese pico inflacionario —provocado por sus propias medidas— al paquete de la “herencia recibida”, y se atribuyó como mérito la desaceleración posterior. Primero provocó el shock, después celebró la comparación contra el daño autoinfligido.

Desaceleración sin recuperación

Es cierto que la inflación se desaceleró con el correr de los meses. Pero esa desaceleración ocurrió sobre un piso social devastado. Los salarios reales, las jubilaciones y los ingresos populares quedaron muy por detrás del aumento de precios acumulado tras la devaluación inicial. La inflación bajó, pero el poder adquisitivo no se recuperó.

El ajuste operó fundamentalmente a través de la licuación de ingresos. Jubilados que perdieron capacidad de compra mes tras mes, trabajadores formales con paritarias a la baja, trabajadores informales directamente expulsados del consumo básico. La inflación dejó de correr, pero el daño ya estaba hecho.

Pobreza y empleo: el uso político de los números

El gobierno celebró cifras de pobreza en descenso, pero evita explicar cómo se construyen esos datos y qué esconden. La baja estadística no implica una mejora estructural de las condiciones de vida. El empleo no crece, cada vez se precariza más, con altos niveles de informalidad y salarios deprimidos. La pobreza por ingresos puede reducirse marginalmente, mientras se consolida una pobreza estructural más profunda, con menos derechos, menos protección social y mayor vulnerabilidad.

Una vez más, el patrón se repite: usar indicadores parciales para construir un relato de éxito, mientras se ignoran las consecuencias de largo plazo del ajuste. Y encima con una inflación que no logran controlar por más que “dibujen” los números.

El relato como sustituto de la gestión

La mentira como política de gobierno no se limita a la economía. Atraviesa la política exterior, donde se anuncian apoyos y alianzas que no se traducen en beneficios concretos; y el plano institucional, donde se desacredita sistemáticamente a periodistas, opositores, sindicatos y organizaciones sociales para deslegitimar cualquier crítica.

Gobernar, para Milei, parece reducirse a ganar la batalla del relato, no a resolver los problemas reales. Cuando los datos no convienen, se reinterpretan. Cuando las consecuencias son evidentes, se niegan. Cuando la responsabilidad es propia, se la adjudica al pasado.

Balance final

El balance de fin de año no admite ambigüedades: el gobierno de Javier Milei eligió mentir. Eligió falsear la herencia, ocultar el impacto de sus propias decisiones y presentar como éxito lo que en realidad fue una brutal transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grupos concentrados. La inflación de diciembre de 2023 no fue un accidente ni una fatalidad: fue el punto de partida deliberado de un programa que licuó salarios, jubilaciones y derechos.

La mentira dejó de ser un recurso discursivo para convertirse en arquitectura de gobierno. Se miente para justificar el ajuste, se miente para disciplinar socialmente, se miente para naturalizar el empobrecimiento y se miente para clausurar cualquier discusión democrática sobre alternativas posibles. El relato libertario no busca explicar la realidad: busca imponer resignación.

Frente a un gobierno que gobierna a fuerza de engaño, provocación y violencia simbólica, decir la verdad se vuelve un acto político. Nombrar las consecuencias del ajuste, señalar a los responsables y disputar el sentido común no es una cuestión retórica: es una tarea urgente. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se vacía, y el costo lo paga —otra vez— el pueblo argentino.

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El BCRA definió su estrategia monetaria y cambiaria para 2026: foco en remonetización y reservas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó sus Objetivos y planes para el desarrollo de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2026, un documento clave que consolida el programa de estabilización iniciado en diciembre de 2023 y proyecta una nueva etapa marcada por la remonetización de la economía, la acumulación de reservas internacionales y la continuidad del régimen de flotación cambiaria entre bandas. La hoja de ruta resulta central para el sistema financiero, el sector productivo y los mercados, ya que define el marco macroeconómico bajo el cual operarán las decisiones de inversión, crédito y precios durante el próximo año.

El informe oficial detalla que, tras eliminar la dominancia fiscal y financiera y sanear el balance del BCRA, la autoridad monetaria buscará en 2026 avanzar en la desinflación, extender la estabilidad financiera y sentar las bases de un crecimiento sostenido, manteniendo un estricto control de los agregados monetarios y reforzando la transparencia del esquema de política económica.

De la estabilización inicial a la tercera fase del programa económico

El BCRA repasó los resultados de las primeras etapas del programa económico. Durante el primer año de gestión se eliminaron desequilibrios macroeconómicos significativos: se erradicó el déficit fiscal y su monetización, se redujo la emisión por intereses del Banco Central y se inició el saneamiento de su balance mediante el traspaso de pasivos al Tesoro. En paralelo, se sinceró el tipo de cambio y se implementó un esquema de crawling peg inicial del 2% mensual, luego reducido al 1% a partir del 1 de febrero de 2025.

Según el documento, estas medidas permitieron una fuerte baja de la inflación, la normalización de precios relativos y tasas de interés, la duplicación del crédito al sector privado en términos reales y una recomposición del respaldo prudencial de los depósitos. El año cerró con un crecimiento interanual del 6% y una reducción marcada de la pobreza.

La segunda fase profundizó el ancla monetaria, fijando un límite estricto a la base monetaria amplia y eliminando completamente los pasivos remunerados del BCRA. Además, el Régimen de Regularización de Activos permitió regularizar más de USD 35.000 millones, fortaleciendo reservas y financiamiento privado en dólares.

En abril de 2025 se inició la tercera fase, orientada a una mayor flexibilidad cambiaria y de tasas. En ese marco, el 11 de abril se adoptó un régimen de flotación entre bandas móviles, con límites que se ajustan al 1% mensual. También se eliminaron restricciones clave: dejó de operar el dólar blend, se flexibilizaron pagos de importaciones, se levantaron restricciones para personas humanas y se habilitó la libre distribución de utilidades al exterior desde los ejercicios iniciados en 2025.

Reservas, financiamiento externo y normalización del mercado

El informe destaca el respaldo financiero internacional como un pilar del proceso. En 2025 se firmó un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones, con desembolsos por unos USD 15.000 millones durante el año. A esto se sumaron programas del Banco Mundial por USD 12.000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 10.000 millones, con desembolsos efectivos por USD 4.700 millones.

Estos fondos permitieron fortalecer el balance del BCRA mediante el reemplazo de activos ilíquidos por reservas en moneda extranjera líquidas. En mayo de 2025, el Banco Central recibió USD 12.000 millones por la cancelación total de Letras Intransferibles con vencimientos en 2025 y 2026 y una cancelación parcial de la correspondiente a 2029. En agosto se sumaron otros USD 2.000 millones por nuevas cancelaciones, operaciones que también implicaron una reducción de la deuda en dólares del Tesoro.

En conjunto, el BCRA y el Tesoro lograron duplicar el nivel de reservas internacionales brutas desde el inicio de la gestión. Las compras netas del Banco Central en el mercado de cambios alcanzaron unos USD 22.000 millones, a las que se sumaron USD 1.500 millones del Tesoro y financiamiento adicional, totalizando más de USD 28.500 millones.

Durante el ciclo electoral de 2025 se registró una volatilidad cambiaria inédita: la demanda de cobertura alcanzó cerca de USD 35.000 millones, equivalente a más del 50% del M2. El BCRA intervino en tres rondas consecutivas por USD 1.110 millones para defender el techo de la banda, mientras el Gobierno eliminó transitoriamente retenciones a granos por hasta USD 7.000 millones y el Banco Central firmó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por hasta USD 20.000 millones.

Objetivos y lineamientos de política para 2026

Para 2026, el BCRA anticipó una nueva etapa centrada en la remonetización de la economía, compatible con la estabilidad de precios y el fortalecimiento del frente externo. La autoridad monetaria anunció que pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales preanunciado a partir del 1 de enero de 2026, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. En una primera instancia, las compras diarias representarán alrededor del 5% del volumen del mercado de cambios, con posibilidad de operaciones en bloque para evitar disrupciones.

La política monetaria seguirá basada en el monitoreo de agregados monetarios. Mientras la inflación doméstica se mantenga por encima de la internacional, el BCRA sostendrá un sesgo monetario contractivo respecto de la trayectoria prevista en su Programa Monetario 2026. Para administrar la liquidez, se utilizarán operaciones de mercado abierto y repos pasivos con entidades financieras, con tasas de referencia basadas en el mercado secundario de LECAP.

En el plano cambiario, se mantendrá el régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el piso y el techo de la banda se ajustarán mensualmente al ritmo del último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. El objetivo, según el BCRA, es limitar movimientos extremos del tipo de cambio sin perder flexibilidad.

El organismo también anunció la normalización gradual de la política de encajes, buscando compatibilizar estabilidad de precios y recuperación del crédito. En materia institucional, retomará la publicación del Informe Trimestral de Política Monetaria desde enero de 2026, con mayor detalle técnico y cuantitativo sobre decisiones y perspectivas.

Pagos digitales y competencia de monedas

Otro pilar del plan 2026 es la profundización de los medios de pago electrónicos. Durante 2025 se registraron casi 15.000 millones de transacciones en pesos y más de 20 millones en dólares, con un crecimiento anual superior al 50% en moneda extranjera. El programa Transferencias 3.0 concentró operaciones equivalentes a casi 95% del PBI.

El BCRA anticipa más interoperabilidad, menor uso de efectivo y avances en competencia de monedas, con cuentas y medios de pago en pesos y dólares funcionando en paralelo.

También se prevé impulsar instrumentos electrónicos como el ECHEQ, la factura de crédito MiPyME y nuevos mecanismos de cobro de cuotas, con foco en seguridad y prevención del fraude.El desafío de sostener la confianza

El mensaje del BCRA para 2026 es claro en los objetivos, pero exigente en la ejecución. La remonetización, la compra de reservas y el ajuste de las bandas al IPC requieren coordinación fina con el Tesoro y acceso sostenido a los mercados internacionales.

Con una inflación que todavía ronda el 30% anual y un mercado atento a cualquier desvío fiscal o cambiario, el programa enfrenta su principal prueba. La estabilidad lograda en 2025 sienta una base sólida, pero el 2026 pondrá a prueba si el esquema puede combinar crecimiento, desinflación y confianza en el peso de manera duradera

Objetivos BCRA 2026 by CristianMilciades

Impacto esperado y proyección institucional

Las definiciones del BCRA tienen implicancias directas sobre el sistema financiero, el sector productivo y los mercados de capitales. La continuidad del control de agregados monetarios y la compra preanunciada de reservas buscan anclar expectativas y reducir la incertidumbre cambiaria, mientras que la mayor previsibilidad favorece la inversión privada y la expansión del crédito.

El informe también anticipa avances en medios de pago, finanzas abiertas y digitalización, con impacto en costos de transacción y eficiencia del sistema. En paralelo, el fortalecimiento de la competencia de monedas y la eventual flexibilización adicional de restricciones cambiarias sobre stocks de dividendos y deudas comerciales podrían mejorar la integración financiera internacional.

En un contexto de consolidación fiscal y reformas estructurales en debate, el BCRA plantea para 2026 un esquema que combina disciplina monetaria, mayor flexibilidad operativa y una estrategia explícita de acumulación de reservas, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

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