Se afianza la tendencia y los salarios, que comenzaron a recuperarse en abril, consolidan en noviembre incrementos de 13% por encima de la inflación
En el último relevamiento del año, del que participaron 496 compañías con operaciones en el mercado argentino, Mercer registró una pauta de aumentos salariales de 136% frente a una inflación de 123%
El presupuesto anual de incrementos salariales aprobados para el mercado general presenta una leve disminución y se sitúa en un 136% (mediana), este mes de diciembre, lo que representa una caída de 3 puntos respecto al informe de noviembre. El dato surge del 12° informe del año, el cual analiza las proyecciones salariales y el panorama económico para 2024, relevado entre 496 empresas radicadas en Argentina por la consultora Mercer.
En tanto, la proyección de inflación privada ha disminuido, ubicándose en un 123% (Latin Focus – diciembre 2024), mientras que la proyección de inflación de las empresas se sitúa en un 124%. El panorama macroeconómico actual y el contexto de incertidumbre continúan representando un reto para las compañías al momento de realizar proyecciones salariales.
Desde abril, el incremento salarial del mercado general ha superado la inflación acumulada. En ese contexto, las compañías con casa matriz en Argentina han demostrado mayor agilidad en la adaptación al contexto, ajustando más rápidamente sus presupuestos salariales. Sin embargo, estas empresas presentan un presupuesto 10 puntos porcentuales por debajo de las subsidiarias multinacionales. En cuanto a la frecuencia de ajustes, la práctica prevalente durante este año fue otorgar entre cinco y seis incrementos salariales. Debido a la desaceleración de la inflación muchas compañías reajustaron la cantidad de incrementos a otorgar. En tanto, un 13% de las empresas traslada el 100% de la inflación a los salarios, sin considerar el mercado como referencia. Cabe destacar, que en cuanto a los incrementos en la subsidiaria tuvo un incremento del 139% en la mediana mientras que en la casa matriz el incremento fue de 129%.
“El año 2024 mostró un cambio de tendencia: los incrementos salariales finalmente superaron a la inflación. No obstante, la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo no es total debido a la pérdida acumulada de años anteriores”, destacó Inés García Toscano, Gerente de Careers & Rewards en Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.
El panorama hacia 2025
Para el año próximo hay muchas compañías aun definiendo el presupuesto de incrementos salariales y determinando la inflación estimada, pero el mismo por ahora se proyecta algunos puntos por encima de la inflación. “Estimamos que, de esta forma, las instancias de revisión de incrementos tenderán a decrecer y para 2025 se prevén entre tres y cuatro momentos de ajustes de incrementos al año”, afirma García Toscano y agrega: “Algunas de las prácticas que podrían recobrar protagonismo en materia de compensaciones son el incremento por mérito, en la medida en las compañías puedan destinarle una parte del presupuesto con el fin de premiar el desempeño individual y, en cuanto a los beneficios, entendemos que será foco para las compañías ofrecer un paquete de beneficios que sea competitivo y valorizado para los colaboradores.”
Según el informe de Mercer, solo un 38% de las compañías tiene un presupuesto definido para 2025, con una mediana de incremento salarial proyectada en un 45% para el mercado general. De las empresas con presupuesto definido o en evaluación, un 18% estima otorgar cuatro ajustes salariales durante el año próximo.
“La Argentina Robada”: el informe de Capital Humano que expone los casos de corrupción más relevantes
Un documento de nueve páginas, elaborado por el Ministerio de Capital Humano, recopila los episodios de corrupción más significativos denunciados ante la Justicia durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Desde la “Causa Seguros” hasta los “Guardapolvos Fantasma”, el informe detalla un perjuicio fiscal estimado en 40 mil millones de pesos.
Un título directo y contundente
“‘La Argentina Robada’ funciona porque es visceral y directo: transmite cómo el país fue despojado de su potencial por décadas de corrupción”, señala el prólogo del informe, impulsado por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano del gobierno de Javier Milei. Cada caso presentado en el documento tiene su correlato en causas penales, con pruebas que derivaron en investigaciones judiciales por delitos como cohecho, extorsión, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Entre los casos destacados figuran el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el presunto uso fraudulento de planes sociales; las denuncias sobre irregularidades en la compra de guardapolvos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Victoria Tolosa Paz; y las contrataciones en seguros que involucran al expresidente Fernández.
“Un museo de la corrupción”
El informe también reflexiona sobre el impacto sistémico de la corrupción en Argentina. “Lejos de ser un hecho aislado, la corrupción se alimenta de sistemas que concentran poder y limitan la rendición de cuentas”, sostiene Pettovello. Bajo el subtítulo “Palabras impresas”, el documento enfatiza que el liberalismo promueve la transparencia y el respeto por las instituciones como antídotos contra estos abusos. “El liberalismo nos enseña que la verdadera justicia social se construye a través de la libertad económica, el respeto al derecho de propiedad y un Estado limitado”, subraya la ministra.
Cronología de la corrupción: los casos más resonantes
La investigación del Ministerio de Capital Humano presenta una cronología de hechos que reflejan prácticas sistemáticas de desfalco y abuso de autoridad en programas sociales, educativos y de asistencia. A continuación, un resumen de los casos más emblemáticos:
Caso Polo Obrero: Eduardo Belliboni y otros líderes piqueteros fueron procesados por utilizar planes sociales para actividades políticas, con delitos como administración fraudulenta y extorsión.
Línea 134: Más de 1.800 denuncias de beneficiarios de planes sociales coaccionados para asistir a movilizaciones bajo amenaza de perder sus subsidios.
Caso Alberto Fernández – Seguros: El expresidente y 39 personas más fueron denunciados por favorecer contratos con empresas de baja solvencia, generando pérdidas millonarias al Estado.
Guardapolvos Fantasma: Se denuncian irregularidades en la compra de 1,3 millones de guardapolvos. Solo se entregó el 47% del total, a pesar de haberse desembolsado el 84% del dinero.
Subsidios sin control: Auditorías revelaron irregularidades en programas de asistencia infantil administrados por la Secretaría Nacional de Niñez y Familia.
Caso Emilio Pérsico: El exfuncionario fue acusado de otorgar subsidios millonarios a cooperativas vinculadas a su gestión, violando la Ley de Ética Pública.
Becas Progresar: Se detectaron descontrol e incumplimientos en la administración del programa educativo.
Comedores Fantasma: Organizaciones sociales registraron comedores inexistentes para desviar fondos y alimentos destinados a familias vulnerables.
Caso Tecnópolis: Se denunciaron faltantes de equipamiento tecnológico en el predio, generando importantes pérdidas patrimoniales.
CEDYAT: Convenios fraudulentos entre 2017 y 2020 derivaron en denuncias por defraudación al Estado.
El impacto económico y las acciones futuras
Según el informe, el perjuicio fiscal causado por estos hechos asciende a 40 mil millones de pesos. Entre las medidas adoptadas por el actual gobierno, destaca la resolución que dio de baja las jubilaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. “Es hora de aprender del pasado y construir un futuro basado en la honestidad y el respeto por las instituciones”, concluye Pettovello.
El presidente Javier Milei compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un balance sobre los resultados económicos de su primer año de gestión. “En 2024 demostramos que se puede hacer un ajuste fiscal del 15% del PIB, donde cerca del 95% del ajuste cayó sobre la casta política y financiera. Logramos cortar con la emisión monetaria para bajar la inflación, sin afectar la actividad económica ni el empleo entre puntas”, afirmó.
En su publicación, Milei subrayó los efectos positivos de las medidas adoptadas, resaltando una reducción de cerca de 20 puntos porcentuales en la pobreza. “Esto deja en claro el daño que la inflación genera en los sectores más vulnerables”, agregó. Asimismo, destacó que la eliminación de intermediarios y prácticas corruptas, sumada a mejoras en las asignaciones sociales, “derrumbó la indigencia y brindó contención en el momento más duro del ajuste”.
Crítica a modelos inflacionarios
En un tono categórico, el mandatario cuestionó las políticas de mayor gasto público y emisión monetaria que, según él, perjudican a los sectores que buscan proteger. “Aquellos que dicen preocuparse por los más vulnerables y proponen mayor gasto público terminan logrando lo opuesto. Si estas políticas inflacionarias se sostienen en el tiempo, el daño se vuelve estructural, haciendo más costosa la salida”, aseveró.
REFLEXIÓN EMPÍRICA En 2024 demostramos que se puede hacer un ajuste fiscal de 15% del PIB (donde cerca del 95% del ajuste cayó sobre la casta política y la financiera), cortar con la emisión monetaria para bajar la inflación y ello sin pérdida en actividad y empleo entre puntas.…
De cara al próximo año, Milei planteó su hoja de ruta para consolidar los avances sociales logrados en 2024. “A partir de ahora, mejorar los indicadores sociales dependerá del crecimiento económico. Para ello, seguiremos bajando la inflación, reduciendo el riesgo país y el gasto público, lo que permitirá quitar impuestos. Además, continuaremos con reformas estructurales y desregulando para ganar libertad, respetando siempre la vida, la propiedad y la libertad”, concluyó con su característico lema: “¡Viva la libertad, carajo!”.
Un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) elaborado Laura D´Amato (UCEMA-IIEP) y Juan Pablo Brichetti (Economista Asociado) bajo la coordinación de Daniel Artana (Economista Jefe).
Los mercados de capitales tienen en las economías desarrolladas y emergentes un rol central en el financiamiento del crecimiento económico, contribuyendo a incrementar los niveles de inversión, la productividad o ambos. Los canales a través de los que estos mercados contribuyen al dinamismo de la economía son diversos: (i) mejoran la asignación de recursos, al reducir los costos de información y de transacción, (ii) aglutinan los recursos de muchos ahorristas atomizados, explotando economías de escala, (iii) facilitan el manejo de distintos riesgos, aumentando la resiliencia de la economía a los shocks y (iv) promueven la disciplina de mercado.
También existe evidencia empírica sobre los beneficios de los mercados de capital para la estabilidad financiera. Varios estudios empíricos, motivados por la crisis financiera mundial de 2008, indican que las recuperaciones y la inversión posteriores a las recesiones son más fuertes en aquellos países con mercados de bonos más profundos en relación con el crédito bancario. Asimismo, estos estudios encuentran evidencia que el riesgo financiero sistémico aumenta con la profundización del crédito bancario y disminuye con una mayor profundidad de los mercados de capitales. Sin embargo, estos hallazgos no implican que los mercados de capital no involucren riesgos y es por eso que se han implementado herramientas regulatorias para controlar esos riesgos sistémicos luego de la crisis financiera global.
Si bien los mercados de capitales ofrecen una solución al problema de asignar los ahorros de múltiples agentes atomizados a su mejor uso posible y al menor costo, los contratos financieros adolecen de fallas intrínsecas que requieren de intervención en favor de la protección de los inversores, particularmente los más pequeños.
La mayor parte de las relaciones contractuales que se establecen en los mercados de capitales están sujetas a asimetrías informativas entre quienes contratan: los directivos de las firmas tienen ventajas informativas respecto de los inversores sobre las operaciones de la empresa, los agentes de bolsa suelen estar mejor informados que sus clientes sobre las condiciones del mercado y quienes ofrecen productos estructurados conocen en mayor detalle los términos de los contratos que establecen con los compradores.
Así, los inversores, particularmente los minoristas, carecen de conocimiento y capacidades para monitorear de manera efectiva las acciones que los profesionales del mercado de capitales realizan en su nombre. Si bien existen otros profesionales que ofrecen servicios de monitoreo a los inversores, como pueden ser las agencias de calificación, estos pueden estar sujetos a sus propios conflictos de intereses y pueden tomar acciones en contra de los intereses de los inversores.
La regulación aborda los problemas de agencia a través de diversos mecanismos, entre ellos las normas de divulgación obligatoria para las ofertas públicas, la supervisión del cumplimiento de las responsabilidades fiduciarias por parte de las firmas que ofrecen servicios financieros o la prohibición de ciertos términos contractuales que generen incentivos a conductas que pueden desfavorecer a los inversores. Eventualmente, los problemas de agencia pueden justificar la expansión del sistema regulatorio al gobierno corporativo.
La regulación de los mercados de capitales se enmarca en los estándares que establece la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). En los años recientes la crisis global ha llevado a una revisión y una permanente actualización de esos estándares internacionales por parte de IOSCO, que trabaja en estrecha colaboración y consulta con el Financial Stability Board (FSB), el Bank of International Settements (BIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2017 IOSCO definió tres objetivos básicos que deben guiar el diseño de las regulaciones de los mercados de valores: (i) proteger a los inversores, (ii) asegurar que los mercados sean justos, transparentes y eficientes y (iii) reducir el riesgo sistémico. A su vez, estos objetivos básicos no deben entrar en conflicto con dos principios centrales al desarrollo de los mercados de capitales. El primero es que la regulación debe evitar imponer una carga injustificada sobre los mercados que pueda inhibir su crecimiento y desarrollo. El segundo es que la regulación debería facilitar la formación de capital y el crecimiento económico y reconocer los beneficios de la competencia en el mercado.
El caso argentino
El mercado de capitales argentino se caracteriza por su falta de profundidad y una excesiva fragmentación, problemáticas que han afectado su eficiencia y desarrollo a lo largo de los años. Actualmente, el país cuenta con cuatro mercados operativos, aunque se espera que en el futuro este número se reduzca a tres a partir de la fusión entre el MAE y ROFEX recientemente anunciada. El número de empresas listadas -así como su capitalización- en estos mercados es considerablemente más bajo en comparación con otros países de la región, como Brasil o Chile. Los impactos de la fragmentación de los mercados se ven agravados por la falta de homogeneización entre los sistemas de operación, lo que genera ineficiencias operativas y duplicación de funciones, y la ausencia de una infraestructura centralizada que actúe no discriminatoriamente entre los actores del mercado facilitando las actividades de custodia, liquidación y cobertura de los diversos instrumentos financieros. Esto no solo limita la liquidez y el dinamismo del mercado, sino que también dificulta la competitividad de Argentina en el contexto regional y global.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mercado de capitales argentino es la naturaleza de corto plazo de los instrumentos financieros utilizados. Como consecuencia de un entorno macroeconómico desordenado y a diferencia de otros mercados más desarrollados, donde las empresas pueden recurrir al financiamiento de largo plazo a través de instrumentos estructurados, en Argentina predominan los instrumentos de corto plazo, lo que limita la capacidad de las empresas para financiar proyectos de crecimiento y expansión. Aunque este tipo de financiamiento suele ser competitivo en comparación con las alternativas bancarias, su enfoque en el corto plazo y la falta de utilización de instrumentos de equity hacen que las empresas recurran a otras fuentes para proyectos de mayor envergadura.
El futuro del mercado de capitales en Argentina depende en gran medida de la implementación de reformas que aborden sus principales deficiencias estructurales. La integración y consolidación de los mercados existentes, la creación de un marco regulatorio más flexible y la adopción de nuevas tecnologías son algunas de las iniciativas necesarias para modernizar el sistema. Además, es importante ampliar la oferta y el uso de instrumentos financieros, especialmente aquellos orientados al largo plazo, y promover la inclusión de jugadores internacionales que puedan aportar mayor liquidez y volumen de operaciones. A su vez, es vital generar confianza en el mercado a través de la transparencia y la supervisión adecuada, reduciendo así las barreras que enfrentan tanto los grandes como los pequeños inversores. Con un entorno institucional y regulatorio adecuado, el mercado de capitales argentino tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para el desarrollo económico del país, facilitando el financiamiento de proyectos estratégicos en sectores clave como la infraestructura, la energía y la tecnología.
Es evidente que una macroeconomía ordenada es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo y la profundización de los mercados de capitales en Argentina. Sin embargo, la situación actual no debe ser un obstáculo para implementar acciones que maximicen el desarrollo posible bajo el entorno predominante. A la vez, es crucial preparar el terreno para que, ante eventuales mejoras en el contexto macroeconómico, el mercado de capitales pueda crecer sin impedimentos regulatorios o institucionales. En este sentido, ordenar, simplificar, transparentar y eficientizar los marcos regulatorios y legales no solo es una tarea urgente para el presente, sino también una prioridad estratégica para el futuro.
En este trabajo se detallan algunos aspectos centrales que una política de desregulación de los mercados de capitales en Argentina debe considerar. Un proceso de reforma del mercado de capitales debe abordar tanto los problemas inmediatos como las necesidades a largo plazo. Existen acciones concretas que pueden implementarse de manera rápida para simplificar y hacer más eficiente la operatoria del mercado, como la digitalización de procesos y la eliminación de trabas innecesarias, mientras otras acciones se refieren a modificaciones tendientes a mejorar el desarrollo del mercado de capitales doméstico en el mediano y largo plazo. La Tabla RE.1. resume las principales propuestas que se desarrollan en este documento.
En lo respectivo a las acciones de corto plazo en el presente trabajo se identifican algunas acciones que pueden ser tomadas de inmediato y podrían repercutir en una mejor operatoria en los mercados de capitales. Este listado incluye eliminar o flexibilizar diversas normativas emitidas por la CNV y el BCRA que generan ineficiencias en el mercado de capitales, desalentando la participación de inversores. Entre estas medidas, destaca la eliminación del “parking” en las operaciones de dólar MEP, la eliminación de la obligatoriedad de pasar por cuentas bancarias en ventas contra dólares y la flexibilización de las restricciones impuestas a los Fondos Comunes de Inversión para ofrecer un mayor abanico de instrumentos en dólares. Además, se recomienda revisar el proceso de aprobación de ofertas públicas de futuros y opciones para que esté en línea con los plazos de otros instrumentos y unificar criterios regulatorios que promuevan la inclusión financiera y un tratamiento impositivo más equitativo entre los diferentes instrumentos financieros y entre los agentes bursátiles y los bancos.
No obstante, estas soluciones inmediatas deben complementarse con políticas estructurales e institucionales que promuevan el desarrollo sostenido del mercado a mediano y largo plazo. Solo con un enfoque integral será posible crear un entorno que impulse la inversión, mejore la liquidez y permita la financiación de proyectos productivos de mayor envergadura.
En este sentido, el presente trabajo sugiere la necesidad de repensar la estructura del mercado de capitales (separando y haciendo neutrales a las infraestructuras), mejoras posibles sobre la gobernanza de actores claves y otras acciones tendientes a incrementar la profundización y liquidez de los mercados de capitales en Argentina.
Según las entrevistas y consultas realizadas, existe un consenso general sobre la adecuación de la Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831 y sus modificaciones) a los estándares internacionales propuestos por IOSCO, aunque se identifican áreas clave para revisar.
Específicamente, un área que puede ser revisada es la de establecer una gobernanza clara y equitativa para las infraestructuras del mercado, garantizando la participación de múltiples actores y evitando conflictos de interés, como podría surgir al estar la Caja de Valores controlada por un único operador.
Además, se sugiere promover la consolidación de mercados (una tendencia que ha comenzado de la mano de la fusión de Rofex y MAE), lo que permitiría reducir significativamente los costos de los agentes, actualmente elevados por la superposición de varias capas de regulación, supervisión y auditoría, lo que podría redundar en menores precios estos servicios para los inversores. Paralelamente, es necesario revisar el régimen de regulación y gobernanza de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), reemplazando a la Secretaría de PyMEs como regulador para evitar conflictos de objetivos y mejorar la evaluación del riesgo crediticio.
Asimismo, la dispersión actual en las categorías de agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) añade una complejidad innecesaria al mercado de capitales argentino. Esta multiplicidad de tipos de agentes hace que el monitoreo y la supervisión sean no solo más difíciles, sino también más costosos para los reguladores. Una simplificación de las categorías de agentes permitiría una mejor eficiencia operativa por la vía de la reducción de los costos administrativos asociados con la inscripción, auditoría y supervisión continua. Esto beneficiaría a los reguladores, así como a los propios agentes, quienes podrían operar en un entorno más ágil y con menos burocracia. En lugar de dividir sus recursos entre diferentes categorías y cumplir con una amplia gama de normativas específicas, los agentes podrían concentrarse en sus actividades centrales, optimizando el uso del capital humano y financiero. Al mismo tiempo, la unificación de categorías puede dotar a los agentes de mayor flexibilidad, permitiéndoles adaptarse más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y a las nuevas tendencias, como la digitalización y la adopción de nuevos instrumentos financieros. Estas acciones contribuirán a una mayor eficiencia, competitividad e inclusión en el mercado de capitales argentino.
Una agenda desregulatoria del mercado de capitales argentino requiere atacar en el mediano plazo alguno de sus principales déficits como la baja profundidad, predominancia de instrumentos de corto plazo y escasa emisión de títulos de renta fija y variable. Para abordar estas falencias, se proponen varias iniciativas, como mejorar y desarrollar un régimen diferenciado de oferta pública, que busca reducir barreras regulatorias para que las empresas emitan deuda a largo plazo. Aunque se han realizado avances, como el régimen ON Simple y el Régimen Diferenciado Intermedio implementado por la CNV, persisten desafíos, incluyendo la necesidad de mayores incentivos fiscales y una flexibilización de los requisitos informativos. También se sugiere impulsar el desarrollo del mercado de préstamos de títulos valores y promover (y facilitar los procesos de aprobación) de nuevos instrumentos financieros, como los ´´pagarés producto” para el sector agropecuario o los warrants. Por otro lado, se destaca la importancia de incentivar la participación de inversores institucionales, como compañías de seguros y fondos de pensiones, mediante estímulos fiscales y la apertura del mercado a inversores y emisores de otras jurisdicciones, lo cual proveería mayor liquidez y estabilidad al sistema.
En un contexto global en el que los mercados y las regulaciones evolucionan rápidamente, es esencial que las normativas locales se mantengan actualizadas. Los marcos regulatorios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a nuevos instrumentos financieros y tecnologías emergentes, manteniendo a los actores competitivos en el escenario internacional. Para ello, es necesario incorporar mecanismos como los sandboxes regulatorios, que permitan probar innovaciones bajo un marco controlado, y establecer un proceso de revisión continua de las normativas. Esta flexibilidad, acompañada de una adecuada gestión de riesgos, será clave para fomentar la innovación sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
El optimismo respecto al crecimiento y la gestión actual crece y es generalizado en el mundo empresarial. Se destaca el cambio de dinámica sobre la rentabilidad y la colaboración entre los sindicatos y las compañías
El sector empresarial presenta un marcado optimismo de cara al año que comienza y altos niveles de confianza en el rumbo del Gobierno, aunque no está exento de preocupaciones relacionadas con desafíos estructurales pendientes. Aún así, la confianza en que los problemas sean resueltos es elevada. Por otra parte, la mayoría prevé expandirse a nuevos mercados dentro de la región.
De acuerdo con un estudio realizado por las consultoras Taquion y REF, el 87% de los empresarios encuestados anticipa un crecimiento económico para 2025. En detalle, el 58% que estima avances en el rango del 3% al 5%, mientras que un 22% espera incrementos de entre el 5% y el 10%. Cabe destacar que los empresarios mayores de 60 años se muestran como los más optimistas.
Puntualmente, sobre la política económica del Gobierno, el 88% las evalúa favorablemente para el desarrollo empresario del país. Entre los factores que contribuyen al desarrollo positivo, el 73% destaca la estabilidad macroeconómica, el 58% las políticas gubernamentales pro mercado; un 50% el acceso al crédito y financiamiento; el 39%, acceso a mercados internacionales; el 38% la cultura empresarial; el 38%, la educación y formación de capital humano; el 33% la estabilidad política y el 29% el desarrollo y la innovación.
El informe precisó que la estabilidad macroeconómica es más valorada por quienes consideran favorables las políticas del Gobierno para el desarrollo empresarial, mientras que la cultura empresarial es señalada por quienes las consideran desfavorables.
Además, según la encuesta, 7 de cada 10 piensa que la actividad económica de su sector crecerá el próximo año, sobretodo entre quienes trabajan en tecnología de la información, retail y consumo y construcción.
Sin embargo, los empresarios identifican varios desafíos que limitan el desarrollo: el 83% señala las cargas impositivas como el principal obstáculo, seguido por las regulaciones laborales (69%), corrupción y falta de transparencia (55%) y la inseguridad jurídica (53%). El grupo de entre 46 y 60 años es el más preocupado por la presión fiscal, aunque también reconoce los esfuerzos del Gobierno para controlar la inflación.
En este marco, Sergio Doval, CEO del Grupo Taquion, aseguró que los empresarios destacan la baja de la inflación y confían en que el Gobierno resolverá el resto de los problemas, que de todos modos ya estaban previamente. “Veo mayor optimismo por la previsibilidad, porque venimos de un año muy malo, entonces el rebote es bastante lógico; por la posibilidad de toma de crédito y más capacidad de crecimiento. Sin dudas, le están dando todavía tiempo al Ejecutivo para ir haciendo correcciones, ya que son problemas heredados y parecería ser un elemento que está aceptado”, dijo.
Por su parte, Patricio Fedio, Networker y Socio Internacional de REF, sostuvo que tras la recesión del primer semestre de 2024, lo empresarios creen que lo peor ya pasó y el comentario general es que esperan una reactivación. Aquellos que tienen perspectivas negativas de cara a este año son quienes están “expuestos a la competencia y a la competitividad internacional y no están en condiciones de poder competir por la alta carga impositiva que tiene Argentina, o por la no modernización de su industria al abrir el comercio exterior. Ellos ven obviamente amenaza competitiva. Es es caso de la industria textil, por ejemplo”, precisó.
En cuanto a los desafíos de la industria, el 55% prioriza mejorar la rentabilidad, mientras que el 49% busca incrementar su participación en el mercado y el 46% aumentar la eficiencia. La innovación tecnológica ocupa un lugar destacado, con un 42% enfocado en adaptarse a nuevas herramientas como inteligencia artificial, big data y automatización.
Doval también contó que “en Argentina se modificó muy rápidamente en un año la forma en que los empresarios encaran el negocio. Antes, lo principal era la búsqueda de rentabilidad y ahora se está cambiando el foco a controlar gastos, ser más eficientes y obtener la rentabilidad a través de un mejor desarrollo de la operación. En Inglaterra, por ejemplo, un negocio que deja 6% de rentabilidad anual es algo extraordinario, y en Argentina nadie ponía un negocio por menos del 20% anual”.
Otra cuestión que destacó es el cambio de paradigma en la relación sindicatos-empresas. Se construyó, dijo, un vínculo más colaborativo que combativo. “Empezó a darse un trabajo orgánico donde los sindicatos son parte de la solución y participan en buscar mejoras. Antes había tensiones porque el sindicato exigía y el empresario no quería. La solución de crisis creo que cambió esa dinámica de poder y hay muchos sindicatos que se están acomodando a trabajar con las empresas”, afirmó.
En otro orden, 7 de cada 10 empresarios tiene intenciones de expandir su negocio a un nuevo mercado, principalmente a Perú, Paraguay, Chile, México, Uruguay y Brasil.
