El Gobierno sostuvo el veto de Milei a los jubilados
En una sesión atravesada por tensiones y acusaciones cruzadas, el oficialismo logró este miércoles sostener el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones, gracias a un juego de abstenciones y ausencias decisivas. Con apenas 83 votos afirmativos, la bancada libertaria y sus aliados alcanzaron el tercio requerido para bloquear la insistencia legislativa. El resultado dejó al descubierto las negociaciones políticas detrás del tablero parlamentario y abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el costo social del ajuste.
El veto presidencial y la disputa por las jubilaciones
El eje del debate fue el veto total de Milei a la ley que establecía un aumento del 7,2% en las jubilaciones, acompañado por un bono adicional. La norma había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo opositor, pero el Poder Ejecutivo la objetó en línea con su política de equilibrio fiscal y reducción del gasto público.
La sesión se anticipaba adversa para la Casa Rosada, luego de que la Cámara Baja rechazara horas antes el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, el desenlace en materia previsional fue distinto: el oficialismo consiguió blindar la decisión presidencial, lo que implica que los jubilados no recibirán el incremento previsto.
El bloque misionerista, fue determinante, los diputados Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik se abstuvieron, reduciendo el umbral de votos necesarios para alcanzar el tercio de bloqueo.
A esa estrategia se sumó la abstención de María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, y de la entrerriana Marcela Ántola, del bloque de Facundo Manes pero cercana al gobernador Rogelio Frigerio. Semanas atrás, Vidal había declarado en Córdoba que “los jubilados no pueden esperar una respuesta”, pero en la votación eligió no pronunciarse, facilitando el resultado que buscaba el Gobierno.
También contribuyeron las ausencias de la macrista Silvia Lospennato, el rionegrino Agustín Domingo (cercano a Alberto Weretilneck) y el formoseño Gerardo González, recientemente alejado del bloque libertario pero ligado al gobernador Gildo Insfrán.
El resultado desató duras críticas en el recinto. El radical Pablo Juliano cuestionó a quienes modificaron su posición a último momento: “Si traicionás a los jubilados que no llegan a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas”.
Desde el peronismo, el jefe de bloque Germán Martínez denunció que “los derechos de los jubilados no pueden estar en ninguna mesa de negociación”. En sintonía, el diputado Fernando Carbajal (Formosa) alertó sobre la presunta entrega de recursos discrecionales a cambio de votos: “No sean crápulas, cambiar ATN por jubilados es corrupción”.
Dentro de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo generó controversia al plantear inicialmente una “insistencia parcial” contra el veto. Finalmente votó por la afirmativa, acompañado por ocho correligionarios, aunque otros radicales —como los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, el chaqueño Gerardo Cipolini, el entrerriano Atilio Benedetti y la cordobesa Soledad Carrizo— se alinearon con la Casa Rosada, evidenciando la influencia de los gobernadores Cornejo, Zdero y Frigerio.
El desenlace tiene consecuencias múltiples. En primer lugar, los jubilados no percibirán el aumento del 7,2% ni el bono previsto, lo que refuerza el sesgo fiscalista del Gobierno en detrimento del gasto social. En segundo lugar, la sesión evidenció la capacidad del oficialismo de articular con gobernadores y referentes provinciales para sostener su agenda, incluso con minoría legislativa.
El episodio reaviva el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional y el costo político de un ajuste que impacta en los sectores más vulnerables. También proyecta un escenario de mayor fragmentación opositora, con bloques divididos y tensiones internas en la UCR, el PRO y espacios provinciales.
A mediano plazo, el Gobierno refuerza su estrategia de gobernabilidad basada en acuerdos puntuales y negociaciones con líderes territoriales, en un Congreso donde los números puros no le alcanzan. Sin embargo, la legitimidad política de estas decisiones seguirá bajo la lupa, especialmente en un año electoral en el que la situación de los jubilados se consolida como tema sensible en la agenda pública.
