Año: 2025

Los departamentos legales argentinos adoptan IA y ganan peso estratégico

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Los departamentos legales se consolidan como socios estratégicos del negocio, pero con límites presupuestarios y tecnológicos

Los departamentos legales corporativos de la Argentina atraviesan una etapa de madurez y redefinición de su rol, con una creciente incidencia en las decisiones estratégicas de las empresas, aunque aún condicionados por restricciones presupuestarias y desafíos en la adopción tecnológica. Así lo revela el Reporte sobre los Departamentos Legales de Argentina 2025, elaborado por Marval y presentado en diciembre, a partir de más de 3.800 respuestas de líderes jurídicos de compañías de más de 15 sectores económicos.

El informe muestra un cambio estructural: el área legal dejó de ser únicamente un espacio de control y mitigación de riesgos para consolidarse como un socio estratégico del negocio, con foco en eficiencia operativa, acompañamiento al crecimiento y sostenibilidad corporativa, en un contexto empresarial cada vez más regulado y competitivo.

Un liderazgo senior y empresas de alta complejidad regulatoria

El relevamiento indica que el 78% de los líderes de departamentos legales tiene más de 40 años, lo que configura un perfil predominantemente senior, con trayectoria consolidada dentro de sus organizaciones. Solo el 2% de los referentes tiene menos de 30 años, mientras que el 20% se ubica entre los 30 y 40, confirmando que el seniority sigue siendo un factor central en los puestos de conducción legal.

Las empresas participantes pertenecen mayoritariamente a sectores estratégicos y altamente regulados. Encabezan la nómina software (10%), petróleo y gas/energía (10%), bancos y entidades financieras (9%), industria alimenticia (8%) y farmacéutica (8%). El 80% de las compañías opera tanto en Argentina como en otros países, lo que refuerza la necesidad de áreas legales con capacidad para gestionar marcos normativos múltiples y estructuras corporativas complejas.

En términos de tamaño, el 55% de las empresas cuenta con más de 500 empleados y el 18% supera los 1.000, mientras que solo el 17% tiene menos de 100 trabajadores. A pesar de este volumen, los equipos legales son mayoritariamente compactos: el 74% está integrado por hasta diez personas, incluso dentro de grandes corporaciones, lo que evidencia una estrategia de eficiencia y especialización interna, complementada con asesoramiento externo.

Tecnología e inteligencia artificial: fuerte adopción, pero sin presupuesto específico

Uno de los datos más relevantes del reporte es el crecimiento exponencial en el uso de inteligencia artificial. En 2025, el 75% de los departamentos legales utiliza regularmente herramientas de IA, frente al 11% en 2023 y el 35% en 2024. Las más empleadas son ChatGPT (62%) y Microsoft Copilot (60%), seguidas por Gemini de Google (30%), reflejando una preferencia por soluciones generalistas integradas a los entornos de trabajo habituales.

La IA se aplica principalmente a la revisión de documentos legales (63%), investigación jurídica (57%), análisis de contratos (57%) y respuesta a consultas internas (54%). El 89% de los encuestados afirmó que la incorporación de estas herramientas mejoró la eficiencia de sus equipos, ya sea de manera ligera (63%) o significativa (26%).

Sin embargo, el avance tecnológico convive con una limitación estructural: el 68% de los departamentos legales no cuenta con un presupuesto específico para tecnología legal. La falta de recursos, el tiempo requerido para la implementación y la priorización de otras áreas aparecen como los principales obstáculos. Aun así, más de la mitad de las organizaciones (56%) utiliza algún sistema interno de gestión legal, enfocado sobre todo en contratos, litigios y documentación.

Riesgos, estudios externos y el valor estratégico del área legal

El informe señala que las principales fuentes de riesgo legal para las empresas son las regulaciones sectoriales (58%), los riesgos laborales (56%) y los contractuales (51%), en un contexto argentino caracterizado por alta litigiosidad y cambios normativos frecuentes.

En este escenario, la relación con los estudios jurídicos externos se mantiene estable y altamente valorada. El 64% de las compañías trabaja con más de tres estudios en forma regular, priorizando calidad técnica, rapidez de respuesta y conocimiento del negocio. El nivel de satisfacción es elevado: el 96% califica el servicio recibido como “bueno” o “muy bueno”, y el 78% no planea cambiar de proveedor en los próximos seis meses.

Desde una perspectiva institucional, el reporte confirma que el área legal ganó peso en la toma de decisiones estratégicas: el 68% de los líderes declara un alto o muy alto nivel de involucramiento. Reducir riesgos (79%), acompañar al negocio (75%) y facilitar su desarrollo (75%) aparecen como los principales objetivos del departamento legal, desplazando la lógica puramente reactiva.

Un rol clave en transformación, con desafíos pendientes

De cara a 2025, los líderes legales identifican como principales desafíos mejorar la eficiencia y los procesos (57%), dar soporte al crecimiento del negocio (51%), demostrar el aporte del área a la organización (50%) e integrar tecnología e inteligencia artificial (48%). La optimización de procesos y el uso de tecnología concentran las prioridades para el próximo año.

En síntesis, el Reporte Marval 2025 describe a los departamentos legales argentinos como actores centrales del ecosistema corporativo, cada vez más profesionalizados, orientados a datos y tecnología, pero aún condicionados por limitaciones presupuestarias y de integración digital. La tendencia es clara: el área legal deja de ser un costo inevitable para convertirse en un facilitador estratégico del negocio, en un entorno económico y regulatorio que exige precisión, agilidad y visión de largo plazo.

Marval Reporte Departamentos Legales Argentina by CristianMilciades

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Adecoagro y ACA toman el control de Profertil en una operación por USD 1.200 millones

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La salida de la canadiense Nutrien del mercado argentino de fertilizantes quedó formalizada tras la adquisición del 50% de Profertil S.A. por parte de Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en una operación valuada en USD 1.200 millones. La transacción, aprobada por el Directorio de YPF el jueves 11 de diciembre, redefine el control accionario de la principal productora de urea del país y consolida un cambio estructural en el mercado de insumos agroindustriales, con productores e inversores locales al frente de una compañía estratégica para el sector agrícola.

La operación y el repliegue de YPF: foco en Vaca Muerta y activos estratégicos

El acuerdo fue confirmado a través de un comunicado oficial de YPF, en el que se detalla que el Directorio de la petrolera estatal aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil S.A., empresa líder en la producción de urea granulada en la región. La aprobación se formalizó en la reunión del 11 de diciembre, y la transferencia se concretó tras cumplirse las condiciones previstas en el contrato de compraventa.

YPF aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil”, señala el texto institucional difundido por la compañía. Desde la petrolera explicaron que la decisión se inscribe en una estrategia de concentración de recursos en el desarrollo de Vaca Muerta y en la ejecución del Plan 4×4, la hoja de ruta que guía la gestión del portafolio de activos desde hace casi dos años.

Según YPF, esta política implica la salida de activos no estratégicos, la desinversión en unidades maduras y la expansión en áreas clave, como las recientes adquisiciones de campos en la cuenca neuquina. En ese marco, la venta de la participación en Profertil aparece como una pieza coherente dentro del proceso de transformación de la empresa, orientado a fortalecer su posicionamiento en el segmento shale y a maximizar el valor para los accionistas.

La operación se desarrolló en dos etapas: la compra del 50% que estaba en manos de Nutrien, y posteriormente la transferencia del 50% perteneciente a YPF, una vez obtenido el aval del Directorio y completados los requisitos regulatorios. El monto total de la inversión asciende a USD 1.200 millones, según precisaron fuentes con acceso al proceso de adquisición.

Nuevo control accionario y peso estratégico de Profertil en el agro argentino

Con la operación cerrada, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas pasan a ser los principales controladores de Profertil, mientras que el 50% restante permanece bajo la órbita de YPF. De acuerdo con la documentación difundida, la participación de los nuevos accionistas se distribuye en un 90% para Adecoagro y un 10% para ACA.

Profertil S.A. ocupa un rol central en el sistema agroindustrial argentino. La compañía abastece cerca del 60% del consumo nacional de urea, produce aproximadamente 1,3 millones de toneladas anuales de ese fertilizante y genera además 790 mil toneladas de amoníaco por año, insumos clave para los principales cultivos extensivos del país.

La empresa cuenta con su planta industrial principal en el polo petroquímico de Bahía Blanca, considerado el más importante del país, en una ubicación estratégica que le permite acceder de forma competitiva a gas natural y energía eléctrica. Su infraestructura se completa con oficinas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe), lo que garantiza una red de distribución de alcance nacional.

Los datos oficiales indican que la capacidad instalada de la planta central alcanza unas 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada, consolidando a Profertil como un referente tecnológico y operativo en Sudamérica. Además, la compañía comercializa mezclas y otros insumos adaptados a las necesidades productivas de cada región, orientados a asegurar una nutrición eficiente de los suelos.

Impacto en el mercado de fertilizantes y consolidación de capital nacional

La salida de Nutrien y la reducción de la participación directa de YPF marcan un punto de inflexión en la configuración del mercado de fertilizantes en Argentina, que queda ahora bajo control mayoritario de empresas nacionales y cooperativas agropecuarias.

En un comunicado conjunto, Adecoagro y ACA definieron la operación como “un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios”. El gerente general de ACA, Ricardo Wlasicsuk, destacó que la adquisición fortalece la integración de la cadena agroindustrial y amplía la capacidad de respuesta a las necesidades de socios y clientes en todo el país.

Por su parte, Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, afirmó que la compañía está entusiasmada con la adquisición por tratarse de una de las empresas más relevantes del sector, y subrayó que la asociación con ACA refuerza el compromiso con el desarrollo de negocios agroindustriales sustentables y competitivos. También resaltó el valor estratégico de transformar gas natural en insumos esenciales para la producción de alimentos, consolidando el rol regional de Profertil como proveedor eficiente.

Desde los adquirentes señalaron que la nueva composición accionaria permitirá avanzar en una integración vertical de recursos, sostener la producción, impulsar mejoras tecnológicas y asegurar el abastecimiento de fertilizantes y amoníaco al sector agrícola. En paralelo, YPF reafirmó que la operación le permite profundizar su enfoque en los negocios estratégicos de energía, en línea con el Plan 4×4 y la priorización de inversiones en Vaca Muerta.

Con este escenario, el mercado argentino de fertilizantes inicia una nueva etapa, con mayor protagonismo del capital nacional y cooperativo, mientras el sector agroindustrial y la industria química quedan a la expectativa de cómo impactará esta reconfiguración en el precio, el abastecimiento y el acceso a insumos clave en las próximas campañas agrícolas.

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Se realizó un operativo de salud en la comunidad Mbya Pai Antonio Martínez

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Se llevó adelante un nuevo Operativo Integral de Salud en la Comunidad Mbya Pai Antonio Martínez – BOP 125, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, en articulación con la Subsecretaría de Articulación Interministerial e Integración de Sistemas del Ministerio de Salud, a cargo de la Lic. Alejandra Yelen Ledesma, y el municipio de Fracrán.

Durante la jornada se brindaron múltiples servicios de salud integral, entre ellos consultas de clínica médica, dermatología, ginecología —con colocación y recambio de DIU hormonal, implantes subdérmicos, realización de PAP y parches mamarios—, obstetricia, nutrición, psicología, controles de enfermería, extracciones para laboratorio, test rápidos de HIV, sífilis y hepatitis, asesoramiento en lactancia y crianza, atención odontológica y estudios de ecografía, garantizando un abordaje completo para las familias de la comunidad.

Estuvo presente el Programa Sí Mujer, que brindó acompañamiento, asesoramiento y espacios de escucha, fortaleciendo las políticas de cuidado y promoción de derechos.

En ese marco, Rosa, vecina de la colonia Fracrán, expresó, “Quiero agradecer a la ministra de Trabajo y al intendente por este operativo, que es muy importante para todas las familias, porque nos permite realizarnos muchos estudios de salud en un solo día y en un solo lugar”.

Por su parte, el intendente de Fracrán, Juan Fernández, destacó, “Este operativo en la aldea Pai Antonio, que es la segunda más grande de la provincia, es fundamental. Se trata de un operativo muy completo, en el marco de una política de Estado que viene a dar respuestas concretas a las comunidades”.

Desde el Ministerio de Trabajo y Empleo señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar el Estado a las comunidades, fortalecer el acceso a derechos y promover políticas públicas integrales que mejoren la calidad de vida de las y los misioneros.

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Glaciares, minería y federalismo, los cambios clave que impulsa el Gobierno en la ley ambiental

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El Gobierno nacional avanza con un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639 que redefine el alcance del ambiente periglacial, introduce criterios técnicos más precisos y refuerza las competencias provinciales en materia ambiental. La iniciativa, a la que accedió Energy Report, propone un giro regulatorio de alto impacto económico e institucional: pasar de un esquema de prohibiciones amplias y definiciones imprecisas a un régimen basado en evaluaciones ambientales rigurosas, seguridad jurídica y federalismo ambiental, con especial incidencia en proyectos mineros y energéticos en la cordillera.

Un cambio de enfoque en la protección ambiental y el federalismo

El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, aún en etapa de discusión y previo a su ingreso al Congreso, busca ordenar el marco regulatorio vigente sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. La propuesta se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional y explicita la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.

Según el texto, el nuevo objeto de la ley mantiene la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero aclara que dicha protección debe interpretarse de manera armónica con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124. De este modo, se introduce un criterio de equilibrio entre preservación y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

El proyecto, calificado como “confidencial” y que será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo conforme al Decreto 865/25 del presidente Javier Milei, cuenta con consenso político para su envío, aunque fuentes oficiales no descartan ajustes menores antes de su tratamiento parlamentario. Por la intensidad de la agenda legislativa prevista entre el 10 y el 30 de diciembre, el debate podría postergarse hasta febrero.

Inventario de Glaciares, principio precautorio y evaluaciones ambientales

Uno de los ejes centrales de la adecuación es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. El inventario se mantiene como herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones de las autoridades competentes, un punto clave para la gestión provincial.

El proyecto incorpora además el artículo 3° bis, que introduce expresamente el principio precautorio. En ese marco, todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas. Una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la Ley General del Ambiente. Esta disposición apunta a corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.

En cuanto a la actualización del inventario, el artículo 5° mantiene al IANIGLA como organismo responsable del relevamiento y monitoreo, pero refuerza el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Un punto de alto impacto jurídico establece que la omisión del IANIGLA en actualizar el inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.

Prohibiciones, competencias y respaldo político de las provincias

El artículo 6° conserva la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Continúan expresamente vedadas actividades como la minería y los hidrocarburos en esos casos, pero la novedad es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.

El artículo 7° refuerza este enfoque al exigir evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades proyectadas y, cuando corresponda, evaluación ambiental estratégica, además de consolidar la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia.

Finalmente, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes: cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental y, en áreas protegidas nacionales, intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental.

El proyecto cuenta con respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas, que enviaron una carta al presidente Javier Milei en nombre de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan). En la misiva, firmada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, advierten que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia. “Termina por obstaculizar su finalidad última: promover el desarrollo sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”, señalaron.

En conjunto, la adecuación de la Ley de Glaciares propone un cambio de paradigma regulatorio. El debate en el Congreso será determinante para definir si la Argentina logra compatibilizar protección ambiental efectiva, respeto por las autonomías provinciales y desarrollo productivo en una de las normas más sensibles del entramado regulatorio nacional.

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Passalacqua designó a Nicolás Mazal como presidente de Vialidad Misiones

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El Poder Ejecutivo de Misiones designó oficialmente a Nicolás Enrique Mazal como presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante el Decreto N.º 2526, fechado el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Posadas. La medida cubre una vacante clave dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y tiene impacto directo en la gestión de la infraestructura vial de la provincia.

El decreto, firmado por el gobernador Hugo Mario Passalacqua y refrendado por el ministro Adolfo Safrán, establece que Mazal asume el cargo “a partir de la fecha del presente Decreto”, en la Jurisdicción 04 – Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Organismo 44 – Dirección Provincial de Vialidad.

Mazal, de 40 años, es oriundo de Dos de Mayo y es un profesional de carrera en Vialidad de Misiones con 14 años de trabajo en la entidad. Formado en la Facultad de Ingeniería de la UNaM en Oberá y con un posgrado en la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montañas (EICAM) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) cuenta con especialización en Ingeniería Vial.

Fundamentos legales y alcance institucional de la designación

En los considerandos, el Poder Ejecutivo provincial señala que la designación responde a la necesidad de cubrir el cargo de Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, y deja constancia de que el ingeniero Nicolás Enrique Mazal, DNI N.º 31.329.218, “reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñarse con responsabilidad y eficiencia en tal función”.

El Artículo 1° del Decreto N.º 2526 formaliza la designación, mientras que el Artículo 2° establece que el acto administrativo será refrendado por el ministro del área. Finalmente, el Artículo 3° ordena el registro, la comunicación, la notificación y la publicación oficial, dando intervención a los ministerios y secretarías de Estado, a la Dirección General de Coordinación del Sector Público y al Instituto de Previsión Social de la Provincia.

La norma se encuadra dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial y consolida la estructura de conducción de uno de los organismos estratégicos del Estado misionero en materia de obra pública y mantenimiento vial.

Perfil técnico y continuidad en la gestión de Vialidad

Según la información aportada, Nicolás Mazal se desempeñaba como jefe del Departamento de Conservación de Vialidad Misiones, organismo en el que cuenta con 14 años y 3 meses de trayectoria laboral, de acuerdo con su historial profesional publicado en LinkedIn. Su recorrido dentro de la propia estructura de Vialidad refuerza el perfil técnico de la designación y marca una línea de continuidad institucional en la conducción del organismo.

A lo largo de su paso por la DPV, participó del equipo de inspectores de obras emblemáticas como la pavimentación de la RN 14 Piñalito – Dos Hermanas, Pavimentación de la RP 221 y la pavimentación de la RP 8, y en construcciones significativas como los nuevos puentes sobre los arroyos Acaraguá y Torto.

Asimismo, fue ingeniero inspector de obras entre las que se destaca la Repavimentación del Tramo 1 de la Ruta Provincial 17 y la Travesía Urbana de Dos Hermanas, sobre la misma vía provincial.

En los últimos 4 años, como jefe de departamento tuvo bajo su responsabilidad el mantenimiento y conservación de las Rutas Provinciales y el destacado Programa 100 Puentes, que lleva más de 300 obras ejecutadas. Como parte de sus funciones trabajó en articulación con las 15 Unidades Regionales que la entidad tiene en la provincia, al igual que con las demás áreas, lo que le brinda un conocimiento más cercano del organismo.

Con formación específica y trayectoria técnica, Nicolás Mazal asume el cargo con el objetivo de profundizar las mejoras en los procesos que ya transita la organización como brazo ejecutor de obras viales del Gobierno de Misiones.

“Vialidad es desarrollo, es integración”

“Como trabajador vial y profesional es un honor que se me haya encargado la responsabilidad de liderar la entidad. Contamos con un gran equipo de profesionales y acciones en todo el territorio provincial. Estoy muy agradecido por la confianza”, aseguró Mazal, al tiempo que aseveró: “asumo con el compromiso de trabajar con planificación, transparencia y territorialidad, de cara a los misioneros, escuchando a cada comunidad, entendiendo sus realidades y priorizando las obras que realmente transforman”.

“Agradezco la confianza depositada en mí y aseguro que pondré mi mayor esfuerzo y experiencia para que este ente siga siendo un motor de crecimiento para nuestra querida Misiones”, puntualizó.

“Nuestro tiempo nos exige cercanía, eficiencia y transparencia. Por eso, desde hoy, mi compromiso es trabajar con honestidad, planificación y sensibilidad humana”, agregó el flamante presidente de la DPV. “Vialidad no es solo asfalto, maquinaria o kilómetros de ruta, Vialidad es desarrollo, es integración, es la posibilidad de que un chico llegue seguro a la escuela, de que un productor saque su cosecha, de que una familia pueda encontrarse sin dificultades”, amplió Mazal.

“Sé que los desafíos son muchos, pero confío en la fuerza de este equipo y en la colaboración de cada trabajador y trabajadora de Vialidad, que día a día, con esfuerzo y compromiso, hacen posible que Misiones siga avanzando. Tenemos más de 2.700 kilómetros bajo nuestro cuidado y una fuerte presencia en los municipios con las mejoras a los caminos vecinales. Es un trabajo constante y que se lleva adelante con recursos provinciales”, remarcó el ingeniero.

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