Día: 5 enero, 2026

Colombia advierte que la amenaza de Trump a Petro vulnera normas del derecho internacional

Compartí esta noticia !

La Cancillería de Colombia emitió el domingo un comunicado oficial para rechazar las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo Gustavo Petro, a quien calificó como “un hombre enfermo” que dirige a Colombia, país al cual también calificó de “enfermo” y afirmó que le parece bien intervenirlo militarmente por ser un productor de drogas.

“Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia”, advirtió la Cancillería.

En ese sentido, recordó que Petro fue legítimamente elegido por “voluntad soberana” de los colombianos y que ejerce la presidencia conforme al orden constitucional vigente en Colombia.

La defensa de la soberanía de los Estados

“Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, sostuvo.

Además, agregó que las amenazas directas de Trump contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los de igualdad soberana de los Estados, la no intervención y el respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de las Naciones Unidas.

La Cancillería reafirmó también la disposición permanente del Estado colombiano a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco mientras actúa con coherencia, firmeza institucional y “pleno apego al derecho internacional” en la defensa de sus intereses y de su posición como Estado soberano en el sistema internacional.

“La soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados”, apuntó.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro lamentó en su cuenta de la red social X que tras la incursión militar del sábado en Venezuela, Estados Unidos pase a la historia como el primer país del mundo en atreverse a bombardear una capital suramericana, dejando una “herida abierta” por mucho tiempo en la región considerada zona de paz.

Compartí esta noticia !

Delcy Rodríguez propone a Trump una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

Compartí esta noticia !

En medio de la detención y judicialización del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, la funcionaria a cargo de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó formalmente a Washington a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”. El pronunciamiento se produjo horas después de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país está “a cargo” de Venezuela y que necesita “acceso total” a sus recursos estratégicos, en particular el petróleo.

El cruce de mensajes marca un punto de inflexión institucional tras la captura de Maduro en Caracas el sábado y su posterior traslado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. La situación abre un escenario de redefinición política, diplomática y económica, con impacto directo en la relación bilateral y en la transición interna venezolana.

El mensaje de Rodríguez: paz, cooperación y nueva diplomacia

El domingo por la noche, Rodríguez difundió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que reafirmó la “vocación de paz” de Venezuela y su aspiración a vivir “sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional”. En el texto, sostuvo que “la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

La funcionaria, que asumió de manera temporal la presidencia con el aval de la Corte Suprema y de las fuerzas militares, planteó como prioridad avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones exteriores. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EEUU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó.

Rodríguez extendió además una invitación directa al gobierno estadounidense: “Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

El pronunciamiento se conoció instantes después de declaraciones públicas de Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo” en Venezuela. Consultado sobre quién ejerce el control político, evitó precisiones: “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”.

Trump, los recursos estratégicos y la presión judicial

Desde Washington, Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, aunque aclaró que aún no habló personalmente con ella. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, dijo. En ese marco, el mandatario vinculó la cooperación con intereses estratégicos concretos: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país que nos permitan reconstruirlo”.

El presidente estadounidense describió a Venezuela como “un país muerto” y sostuvo que serán necesarias “grandes inversiones de las compañías petroleras” para poner en funcionamiento su infraestructura. Trump rechazó que Rodríguez haya respondido con críticas formales a la operación que derivó en la captura de Maduro, pese a que la dirigente había calificado ese accionar como una violación del derecho internacional y de la soberanía. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Maduro. Trump anticipó que el país enfrentará “un juicio muy duro” y aseguró que “el caso es infalible”. “La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, declaró.

Maduro tiene previsto comparecer este lunes al mediodía ante un tribunal federal de Nueva York, bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump calificó como “muy respetado”.

Comisión política y el inicio formal del proceso contra Maduro

Tras los comunicados cruzados, el gabinete chavista informó la creación de una comisión “de alto nivel” destinada a buscar la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien integrará el grupo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Iván Gil.

En paralelo, Delcy Rodríguez encabezó el domingo su primera reunión del Consejo de Ministros, apenas un día después de asumir formalmente la presidencia interina.

El núcleo del expediente judicial contra Maduro gira en torno a cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de una figura penal que combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que el ex líder chavista participó durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles. El expediente también menciona a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, y recuerda que dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York en 2017 por intentar introducir cocaína en Estados Unidos.

Desde el punto de vista judicial, la audiencia de este lunes no implica aún un juicio ni una evaluación de pruebas, sino el inicio formal del proceso con el acusado presente. En esa instancia, la fiscalía detallará los cargos, la defensa podrá plantear objeciones preliminares y el juez resolverá cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

Compartí esta noticia !

Justicia de EE.UU. activa la causa contra Maduro y abre un frente judicial clave

Compartí esta noticia !

Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal del Distrito Sur de Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que enfrenta en Estados Unidos. La audiencia inicial marca su ingreso al sistema judicial estadounidense y abre una etapa procesal de alto impacto político, diplomático e institucional, tanto para Venezuela como para la región.

Según informó el tribunal, el objetivo de esta primera instancia es comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a asistencia legal y fijar las pautas iniciales del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva. Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal tras su detención el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York.

Los cargos por narcoterrorismo y el alcance de la jurisdicción estadounidense

El eje de la causa se centra en cargos por “narcoterrorismo”, una figura penal que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas destinadas a facilitar la distribución de estupefacientes. La fiscalía sostiene que Maduro participó durante años en un entramado orientado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos, vinculándolos con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. Según ese expediente, el objetivo del grupo consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína como mecanismo de desestabilización.

El escrito judicial también incluye a Cilia Flores, señalada por los investigadores como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya figuraba en antecedentes judiciales previos en Estados Unidos: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados en Nueva York tras intentar introducir cocaína en territorio estadounidense, un episodio citado por la fiscalía como parte del entramado familiar y político bajo investigación.

Desde el punto de vista estrictamente procesal, la audiencia de este lunes no implica el inicio del juicio ni la valoración de pruebas. Se trata del acto que da comienzo formal al caso con el acusado presente ante el tribunal, donde la fiscalía expone los cargos y el juez adopta decisiones iniciales sobre la detención, el calendario procesal y el acceso a la evidencia.

El juez del caso y un expediente de alto voltaje institucional

El proceso quedó a cargo del juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más influyentes del sistema judicial estadounidense en causas vinculadas con terrorismo, seguridad nacional y criminalidad internacional. Hellerstein, nacido en 1933, fue abogado del Ejército de los Estados Unidos, ejerció en el sector privado y fue designado juez federal en mayo de 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. Desde 2011 tiene estatus de juez sénior, aunque continúa al frente de expedientes de alto impacto.

A lo largo de su trayectoria, intervino en procesos de gran repercusión pública, entre ellos las reclamaciones por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el caso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y la causa contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.

Hellerstein también lleva el expediente contra el ex general venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia del chavismo, acusado de narcotráfico en el mismo tribunal. Según la información judicial, el testimonio de Carvajal será relevante en el proceso contra Maduro. El ex general se declaró culpable el pasado verano de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo y decidió colaborar con las autoridades estadounidenses.

El juez federal Alvin Hellerstein

Proyección política y judicial del caso

La comparecencia de Maduro ante un juez federal estadounidense proyecta consecuencias que exceden el plano estrictamente judicial. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal de Estados Unidos por delitos graves, reforzando la estrategia de Washington de avanzar por la vía penal contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y el aislamiento diplomático de los últimos años.

El expediente también plantea debates jurídicos de fondo, como el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio y el eventual estatus que Maduro podría invocar como ex jefe de Estado. Según la posición de Washington, cualquier protección asociada a ese cargo quedó anulada tras su salida forzada del poder.

En términos procesales, se anticipa un recorrido extenso, con audiencias preliminares, disputas sobre la admisibilidad de pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá acreditar no solo la existencia de envíos de droga, sino el rol específico de Maduro en su planificación, coordinación o encubrimiento, un desafío probatorio central del caso.

Más allá del desenlace judicial, la imagen del ex líder chavista ante un tribunal federal sintetiza un giro de alcance mayor: el traslado del conflicto venezolano al terreno de la justicia penal internacional, con Nueva York como escenario clave de una disputa sobre responsabilidades, poder y legalidad tras más de dos décadas de gobierno en Venezuela.

Compartí esta noticia !

Desde enero, la Argentina activa un acuerdo clave para frenar la erosión de la base tributaria

Compartí esta noticia !

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 de la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales, la Argentina incorpora formalmente a su marco jurídico un instrumento clave para combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. La medida, publicada en el Boletín Oficial, impacta de lleno en la política tributaria internacional, en la seguridad jurídica de los convenios para evitar la doble imposición y en la relación fiscal con otros Estados.

La Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios entró en vigor para la República Argentina el 1 de enero de 2026, conforme lo establece su Artículo 34, según fue informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de una publicación oficial en el Boletín Oficial. El instrumento había sido aprobado mediante la Ley N° 27.788 y su ratificación fue depositada el 29 de septiembre de 2025.

Se trata de un paso institucional relevante en materia de fiscalidad internacional, ya que la Convención permite modificar de manera coordinada múltiples tratados fiscales bilaterales vigentes, sin necesidad de renegociarlos individualmente, con el objetivo explícito de prevenir prácticas de planificación fiscal agresiva.

Un instrumento multilateral con aval legislativo y cronograma definido

La Convención fue celebrada en París, República Francesa, el 24 de noviembre de 2016, y la República Argentina la firmó el 7 de junio de 2017. Su incorporación al derecho interno se concretó con la sanción de la Ley N° 27.788, que otorgó aprobación legislativa al acuerdo multilateral.

El paso decisivo se produjo con el depósito del Instrumento de Ratificación el 29 de septiembre de 2025, lo que activó el cómputo previsto en el propio texto convencional para su entrada en vigor. En consecuencia, y de acuerdo con el Artículo 34 de la Convención, el instrumento comenzó a regir para la Argentina a partir del 1 de enero de 2026.

La publicación oficial incluye además la aclaración de que la Argentina formuló reservas conforme al Artículo 28, inciso 5, y realizó notificaciones de acuerdo con el Artículo 29, inciso 1, las cuales constan en el texto del Instrumento de Ratificación adjunto a la comunicación oficial.

Reservas, notificaciones y alcance normativo

El esquema de reservas y notificaciones es un componente central del diseño de la Convención Multilateral. En el caso argentino, la formulación de reservas en los términos del Artículo 28 (5) delimita el alcance de determinadas disposiciones del acuerdo, mientras que las notificaciones previstas en el Artículo 29 (1) especifican cómo y sobre qué convenios bilaterales existentes se aplicarán las modificaciones introducidas por el instrumento multilateral.

Desde el punto de vista normativo, esto implica que la Convención no opera de manera abstracta, sino que interactúa con los tratados fiscales vigentes, ajustando cláusulas específicas relacionadas con la prevención del traslado artificial de beneficios y la erosión de las bases imponibles. La publicación oficial remite expresamente al texto del Instrumento de Ratificación, donde se detallan estas decisiones técnicas adoptadas por la República Argentina.

La comunicación lleva la firma de Juan Pablo Paniego, en su carácter de Consejero de Embajada y Cónsul General, de la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y fue publicada con fecha 5 de enero de 2026.

Impacto institucional y proyección fiscal

La entrada en vigor de la Convención Multilateral marca un hito en la política fiscal internacional argentina. En términos institucionales, refuerza el uso de herramientas multilaterales con aprobación legislativa para intervenir sobre la red de tratados fiscales, consolidando un enfoque coordinado frente a prácticas de erosión de la base tributaria.

En la práctica, el nuevo marco normativo incide directamente sobre la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, con efectos potenciales sobre empresas con operaciones transfronterizas y sobre la recaudación vinculada a rentas internacionales. Al mismo tiempo, introduce un esquema más complejo de interpretación y aplicación de tratados, condicionado por las reservas y notificaciones efectuadas.

La medida se inscribe así en un proceso de reconfiguración de la arquitectura tributaria internacional, con implicancias económicas y regulatorias que comenzarán a desplegarse a partir de su plena vigencia desde el inicio de 2026.

Compartí esta noticia !

Con precios en mínimos, la OPEP+ extiende el freno a la producción hasta marzo

Compartí esta noticia !

En un escenario global atravesado por conflictos políticos, caída de precios y señales de desaceleración económica, la OPEP+ resolvió mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo al menos hasta fines de marzo, una decisión que busca contener la volatilidad del mercado energético y evitar un agravamiento del exceso de oferta. La definición se adoptó este fin de semana durante una breve videoconferencia celebrada el 4 de enero y ratifica una estrategia de cautela frente a un contexto internacional cada vez más incierto.

El cartel, que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, sostiene así el esquema acordado en noviembre, cuando decidió pausar los aumentos de oferta que se venían aplicando desde abril de 2025. La extensión de esa pausa hasta los primeros tres meses de 2026 refuerza el mensaje de estabilidad en un mercado golpeado por la mayor caída anual de precios desde la pandemia.

Precios en retroceso y temor a un superávit récord

La reunión contó con la participación de ocho productores clave: Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán. En conjunto, estos países representan cerca de la mitad de la producción mundial de petróleo, por lo que cualquier ajuste en sus cuotas tiene impacto directo sobre el equilibrio global de oferta y demanda.

El contexto que rodea la decisión es particularmente adverso. Durante 2025, el precio del crudo acumuló una caída superior al 18%, la mayor en un solo año desde la crisis del COVID-19. Al inicio de esta semana, los futuros del Brent cotizaban en torno a los 60,52 dólares por barril, con una baja diaria del 0,4%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) operaba en 57,11 dólares, también con un retroceso del 0,4%.

Según analistas y agencias internacionales, el mercado enfrenta una combinación de factores negativos: amplios stocks a nivel mundial, crecimiento sostenido de la producción fuera de la OPEP+ y una demanda que muestra signos de moderación, especialmente en grandes consumidores como China. En ese marco, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyecta un posible superávit récord de petróleo en 2026 si se mantiene la actual dinámica de expansión de la oferta.

Venezuela, sanciones y un impacto acotado en los precios

Aunque la situación de Venezuela no fue abordada formalmente durante la videoconferencia, los acontecimientos recientes en ese país se mantienen como un factor de presión latente sobre el mercado. Venezuela, miembro de la OPEP, atraviesa una compleja coyuntura tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses durante el fin de semana, y la posterior confirmación de que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente.

El país sudamericano posee cerca del 17% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 303.000 millones de barriles, según el Instituto de Energía de Londres, por delante incluso de Arabia Saudita. Sin embargo, su producción actual dista mucho de ese potencial. De haber alcanzado picos de 3,5 millones de barriles diarios en la década de 1970 —más del 7% de la producción mundial—, cayó por debajo de los 2 millones en la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones el año pasado. Actualmente, produce alrededor de 800.000 barriles diarios.

Analistas consultados por Reuters señalaron que, incluso si se produjera una interrupción temporal de las exportaciones venezolanas, el impacto inmediato sobre los precios sería limitado. Más del 80% del crudo venezolano se destina a China, que cuenta con amplias reservas estratégicas. “Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas”, explicó Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón.

En un mercado global con abundante oferta, los inversores continúan evaluando el escenario venezolano, aunque los valores de referencia se mantienen volátiles más por expectativas que por efectos concretos sobre los flujos de suministro.

Producción futura y presión estructural sobre el mercado

Las proyecciones a mediano y largo plazo refuerzan la cautela de la OPEP+. Un informe de JP Morgan, elaborado por la analista Natasha Kaneva, estimó que, bajo un escenario de transición política, Venezuela podría elevar su producción a entre 1,3 y 1,4 millones de barriles diarios en un plazo de dos años y alcanzar hasta 2,5 millones en la próxima década.

Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs advirtieron que cualquier recuperación de la producción venezolana sería gradual y demandaría inversiones significativas. En una nota fechada el 4 de enero, el equipo liderado por Daan Struyven estimó que, si Venezuela lograra aumentar su producción hasta los 2 millones de barriles diarios, los precios del petróleo podrían caer unos 4 dólares por barril hacia 2030.

A corto plazo, Goldman sostuvo que las perspectivas dependen en gran medida de la evolución de la política de sanciones de Estados Unidos. “Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela”, indicaron. Para 2026, la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones: un precio promedio del Brent de 56 dólares por barril y del WTI de 52 dólares, con una producción venezolana estable en torno a los 900.000 barriles diarios.

En este contexto, la decisión de la OPEP+ de sostener la producción por al menos tres meses más aparece como una señal de prudencia frente a un mercado frágil, atravesado por tensiones geopolíticas, cambios estructurales en la demanda y una creciente competencia de productores no miembros como Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana. La próxima reunión del grupo, prevista para el 1 de febrero, será clave para evaluar si esta estrategia de contención se mantiene o si el cartel opta por ajustar sus cuotas ante un escenario que sigue siendo altamente volátil.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin