Año: 2026

Posadas: se disparó la superficie autorizada para construir, pero 2026 acumula una caída del 35,8%

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La actividad de la construcción privada en Posadas dejó en agosto una fotografía con dos velocidades. Por un lado, la superficie autorizada dio un salto considerable y alcanzó uno de los registros más altos de los últimos años para ese mes. Por otro, se redujo la cantidad de expedientes aprobados y el acumulado de 2026 continúa muy por debajo del año pasado.

Según el informe de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas, elaborado sobre información de las Direcciones de Edificación y Obras Privadas, durante agosto se aprobaron 47 expedientes por 32.395,8 metros cuadrados. Fueron 11 permisos menos que en julio: la cantidad cayó 19% mensual y 20,3% frente a agosto de 2025.

La superficie, en cambio, recorrió el camino inverso. Los metros cuadrados autorizados aumentaron 168,3% en apenas un mes, desde los 12.074,8 m² de julio hasta los 32.395,8 m² de agosto. Frente a los 35.204,8 m² registrados en agosto de 2025, sin embargo, todavía existe una baja del 8%.

La aparente contradicción entre menos permisos y muchos más metros cuadrados tiene una explicación: aumentó fuertemente el tamaño promedio de los proyectos aprobados.

En agosto, cada expediente representó en promedio 689,3 m² autorizados, el mayor valor registrado para un mes de agosto entre 2021 y 2026. Un año antes el promedio había sido de 596,7 m²; en agosto de 2024, de 353,9 m².

La perspectiva histórica permite dimensionar mejor el dato. Los 32.395,8 m² de agosto de 2026 constituyen el segundo mayor registro para ese mes de los últimos seis años, solamente detrás del récord de 35.204,8 m² alcanzado en 2025.

La secuencia es elocuente: agosto de 2021 había contabilizado apenas 4.372 m²; en 2022 fueron 11.700 m²; en 2023, unos 8.300 m²; y en 2024, 17.000 m². El salto de los dos últimos años coloca a agosto de 2026 en niveles elevados aun cuando la comparación interanual resulte negativa.

Pero ese desempeño puntual no alcanza para cambiar el balance general de 2026. Entre enero y agosto se aprobaron 112.892,5 m² en Posadas, 35,8% menos que durante los primeros ocho meses de 2025.

Es probablemente el dato que mejor permite leer el momento de la construcción: agosto significó una recuperación importante respecto de los bajos niveles de meses anteriores, pero todavía no una reversión de la caída acumulada.

El impulso de agosto estuvo concentrado de manera muy marcada en la construcción residencial. De los 32.395,8 m² aprobados, 30.261,4 m² correspondieron a viviendas, equivalentes al 93,4% del total. Los proyectos no residenciales aportaron apenas 2.134,4 m², el 6,6%.

La diferencia entre ambos segmentos fue significativa. La superficie residencial creció 364,4% respecto de julio y quedó prácticamente en el mismo nivel de agosto de 2025, con una variación interanual de apenas -0,03%. La superficie no residencial, en cambio, cayó 61,6% mensual y 56,7% interanual.

Dentro de la vivienda también aparece una señal clara sobre qué clase de construcción sostuvo el mes. Las viviendas unifamiliares concentraron 24.415,9 m², el 80,7% de toda la superficie residencial; las multifamiliares sumaron 4.104,1 m² y los conjuntos habitacionales, otros 1.741,4 m².

Respecto de julio, los metros autorizados para viviendas unifamiliares crecieron nada menos que 842,8%, y contra agosto del año pasado aumentaron 43,1%. Las viviendas multifamiliares exhibieron la dinámica opuesta: crecieron apenas 4,5% mensual y retrocedieron 68,9% interanual.

La construcción destinada a actividades económicas tuvo un peso mucho menor. En agosto solamente tres categorías registraron superficie autorizada: almacenajes y galpones, con 1.089,5 m²; comercio, con 719,7 m²; y educación, con 325,2 m².

Los galpones representaron el 51% de toda la superficie no residencial y el comercio otro 33,7%. Pero ambos mostraron fuertes retrocesos frente al año pasado: -65,8% en almacenajes y galpones y -47,2% en comercio.

También en cantidad de certificados predominó ampliamente la vivienda. De los 47 expedientes aprobados durante agosto, 35 fueron residenciales y solamente 12 correspondieron a usos no residenciales.

Otro dato ayuda a explicar el fuerte aumento mensual. El 79,5% de la superficie aprobada correspondió a obras nuevas, con 25.765,9 m². Este segmento creció 475,9% respecto de julio y, a diferencia del indicador general, también mostró una fuerte expansión interanual: 149%.

Las registraciones de construcciones ya existentes sumaron 4.426,1 m² y representaron el 13,7% del total, con caídas del 9,4% mensual y del 80% interanual. Las ampliaciones aportaron 2.203,8 m² -6,8%- y retrocedieron 11,7% mensual y 9,9% frente al año anterior. Durante agosto no hubo superficie computada bajo la categoría reforma.

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Escala la crisis en Crucero del Norte: suspendió servicios y los trabajadores tomaron la base por salarios adeudados

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La crisis que desde hace meses golpea al transporte de larga distancia escaló en Crucero del Norte. La empresa suspendió los servicios entre Buenos Aires y Posadas, cerró puntos de venta y retiró la cartelería de algunas de sus dependencias, mientras los trabajadores mantienen una toma pacífica de la base operativa en Garupá para reclamar salarios adeudados y, sobre todo, una explicación sobre qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

El conflicto tiene dos caras que se potencian entre sí. Por un lado, una empresa que ya venía achicando su operación por la fuerte caída en la venta de pasajes y el aumento de los costos. Por otro, cientos de trabajadores y sus familias que aseguran haberse enterado de la suspensión de los servicios prácticamente al mismo tiempo que los pasajeros y las agencias.

La falta de información terminó de encender el conflicto.

“Nos topamos de golpe con que la empresa paró. Nosotros no quisimos parar”, explicó Héctor Silva, uno de los trabajadores que permanece en la base de Crucero del Norte. Según relató, el personal venía acompañando el proceso de reestructuración porque conocía las dificultades económicas de la compañía.

“Sabemos que la empresa está mal, que no anda bien. Le dimos todo el apoyo habido y por haber. Pero ahora paró de golpe y nosotros nos quedamos sin saber qué pasó”, señaló.

El reclamo inmediato es por los salarios atrasados, pero la incertidumbre va mucho más allá del próximo pago. Conductores, mecánicos, administrativos y personal de oficina aseguran que no recibieron una comunicación formal sobre el alcance de la decisión empresaria ni sobre la continuidad laboral.

“Hace tres días que estamos acá. Nos enteramos por los mismos medios por los que se enteran ustedes. La empresa comunicó que suspendía las ventas y los servicios a las boleterías y agencias, pero a los que trabajamos acá nadie nos informó nada”, relató otro de los empleados.

Desde entonces, los trabajadores organizan guardias durante las 24 horas en la base. La medida, remarcan, es pacífica y continuará hasta que obtengan respuestas.

A la delicada situación económica se suma ahora un conflicto dentro de la familia propietaria de Crucero del Norte.

Los trabajadores aseguran que uno de los responsables de la compañía se presentó ante ellos y les explicó que la firma no se encuentra formalmente en quiebra, pero atraviesa diferencias entre sus propietarios, identificados por los empleados como la madre y sus dos hijos.

Para el personal, esa disputa no puede trasladarse a quienes dependen de su salario.

“Sabemos que hay un problema interno entre los hermanos, pero nosotros no tenemos nada que ver. No tenemos la culpa de que ellos estén peleados. Queremos nuestra plata, lo que trabajamos”, resumió Silva.

La frase expone el punto más sensible del conflicto. Detrás de la discusión empresarial hay familias que aseguran no saber cuándo volverán a cobrar ni si tendrán trabajo cuando termine la paralización.

“Necesitamos pagar las cuentas, comer, pagar la escuela, la facultad, el colegio de nuestros hijos. Estamos acá y no nos vamos a ir hasta que nos paguen el sueldo y alguien venga a decir qué va a pasar con nosotros”, advirtieron.

La suspensión también alcanzó a los pasajeros. Con las ventas y servicios interrumpidos, usuarios quedaron sin respuestas ante viajes programados, mientras el cierre de sucursales profundizó las señales de un repliegue de la compañía.

En Garupá, incluso, fueron retirados los carteles identificatorios de Crucero del Norte, una imagen que aumentó la preocupación entre los trabajadores.

Una crisis que venía gestándose

El escenario actual tiene antecedentes. Tres meses atrás, Crucero del Norte había confirmado a Economis que estaba atravesando una “profunda reestructuración” para intentar sostenerse frente al derrumbe de la demanda.

Entonces, Julio Koropeski descartó una venta de la compañía y explicó que se estaban revisando rutas, frecuencias, procedimientos y estructura de personal. La definición era clara: había que achicar la empresa para mantenerla operativa.

“Es una reestructuración operacional por baja ocupación, como todo el sector de larga distancia”, había explicado Koropeski.

El empresario vinculaba buena parte del problema con el deterioro económico de la clase media, históricamente uno de los principales públicos del transporte terrestre de larga distancia.

“Nuestros clientes son los de la clase media endeudada con la tarjeta de crédito y con Mercado Pago”, describía.

La radiografía era contundente: el servicio de cabotaje estaba funcionando con apenas el 40% de ocupación. De cada diez butacas disponibles, sólo cuatro viajaban con pasajeros.

Al mismo tiempo, la estructura de costos seguía aumentando. Crucero señalaba entonces una suba del 40% en combustibles, mayores costos de neumáticos y nuevas cargas operativas. En ese contexto, aumentar los precios tampoco aparecía como una solución: con una demanda deprimida, encarecer los pasajes podía profundizar todavía más la pérdida de pasajeros.

A ese escenario se sumó la competencia de las aerolíneas low cost. En determinadas fechas y rutas, volar puede resultar igual o incluso más barato que viajar en colectivo, especialmente cuando las compañías aéreas ofrecen promociones.

“Venimos golpeados desde 2024 porque el cliente está sobreendeudado”, había advertido Koropeski.

De la reestructuración al conflicto abierto

En aquel momento, la estrategia era reducir frecuencias y hacer más pequeña la estructura para atravesar la crisis. Crucero del Norte ya había recortado servicios entre Misiones y Buenos Aires y otras empresas del sector tomaban decisiones similares.

La flexibilización regulatoria impulsada por el Gobierno nacional permitió a las compañías modificar frecuencias, cantidad de servicios y tarifas con mayor libertad. Pero esa posibilidad encontró un límite mucho más difícil de resolver: la falta de pasajeros.

La crisis tampoco es exclusiva de Crucero. El transporte de larga distancia viene atravesando un proceso de concentración, cambios de propietarios y absorciones, mientras distintas compañías reducen estructuras para compensar menores ingresos y mayores costos.

Los problemas de liquidez también comenzaron a trasladarse al frente laboral, con atrasos salariales y dificultades para sostener obligaciones vinculadas a los trabajadores.

En Crucero del Norte, aquella reestructuración que tres meses atrás todavía era presentada como el camino para preservar la compañía desembocó ahora en un escenario mucho más delicado: servicios suspendidos, sucursales cerradas, pasajeros afectados y trabajadores instalados en la base reclamando salarios y certezas.

El interrogante ya no pasa solamente por cuántas frecuencias puede sostener la empresa. Los empleados quieren saber algo bastante más elemental: si Crucero del Norte volverá a operar normalmente y qué sucederá con sus puestos de trabajo. Por ahora, dicen, esa respuesta no llegó.

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Prefectura secuestró 334 kilos de droga valuados en $1.242 millones en Misiones

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En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 324 kilos de marihuana durante un operativo realizado a la vera del río Paraná, en la provincia de Misiones.

El procedimiento se inició cuando integrantes de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la dependencia de Libertador General San Martín obtuvieron información sobre un posible ingreso de estupefacientes desde la República del Paraguay. A partir de ese dato, la Fuerza desplegó un puesto de observación en la zona.

Durante la vigilancia, los prefectos observaron aguas abajo un bote a remos que cruzaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino, con dos personas a bordo y varios bultos. La embarcación arribó a la costa a la altura del kilómetro 1.738 del río Paraná, en inmediaciones del Arroyo León, por lo que se solicitó apoyo para reforzar el operativo.

Al llegar al lugar, personal de la Autoridad Marítima nacional localizó un vehículo con las puertas abiertas. En su interior encontraron tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.

Luego, durante el rastrillaje de la zona, los prefectos localizaron más estupefacientes en un sendero que comunicaba con la costa y en un bote de madera.

En total, se contabilizaron 13 bultos con 409 panes de marihuana, cuyo peso superó los 324 kilos y su valor de mercado los 1.242 millones de pesos.

Intervino la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, que dispuso el secuestro de los estupefacientes, el vehículo y la embarcación utilizados para la maniobra.

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El Tribunal de Cuentas proyecta $20.572 millones para 2027 y suma la auditoría de créditos del BID

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El Tribunal de Cuentas de Misiones proyectó para 2027 un presupuesto de $20.572,25 millones, con más del 90% destinado a personal y una novedad dentro de sus funciones: el organismo fue calificado para auditar programas financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ejecutará la Provincia.

La presidenta del organismo, Fabiola Bianco, presentó las previsiones para el próximo ejercicio ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes y explicó que la propuesta fue confeccionada siguiendo la pauta general establecida por el Poder Ejecutivo.

“Nos pareció razonable”, señaló sobre el criterio utilizado para elaborar las estimaciones, que consideró compatible con las necesidades previstas para el funcionamiento del Tribunal durante el próximo año.

El componente salarial concentra ampliamente el gasto. Más del 90% del presupuesto proyectado corresponde al rubro personal, mientras que el resto estará destinado a las necesidades operativas y a nuevas tareas de auditoría.

La exposición tuvo también uno de sus momentos de mayor tensión cuando el diputado de La Libertad Avanza Adrián Núñez puso el foco sobre el gasto en personal, la cantidad de cargos contemplados en el presupuesto y las recategorizaciones dentro del organismo.

Bianco no esquivó las preguntas. Por el contrario, respondió punto por punto y cuestionó algunas de las cifras utilizadas para formular los planteos.

Una de las discusiones giró alrededor de la diferencia entre los 359 trabajadores que actualmente integran la planta efectiva y los 509 cargos previstos en la estructura presupuestaria. La presidenta explicó que no se trata de 509 empleados, sino de una estructura que contempla aproximadamente 150 vacantes.

La funcionaria también defendió las partidas destinadas al personal. Explicó que las previsiones incluyen no solamente los salarios actuales, sino también los incrementos que puedan producirse durante el ejercicio y las recategorizaciones.

Bianco recordó que los trabajadores del Tribunal reciben los mismos porcentajes de aumento que el Poder Judicial, debido a la equiparación establecida por la legislación vigente. Sobre las recategorizaciones, sostuvo que forman parte de una política destinada a reconocer capacidades, responsabilidades y compromiso dentro de la administración pública.

Con 32 años de trayectoria en el Estado, reivindicó la jerarquización de los agentes como parte de su concepción de la gestión. También señaló que el contexto económico obligó a moderar ese mecanismo: anteriormente se realizaban dos procesos de recategorización por año y actualmente se redujo a uno.

El intercambio con Núñez fue subiendo de tono a medida que avanzaron las preguntas. Bianco defendió las atribuciones del organismo, corrigió las interpretaciones que consideró equivocadas y reclamó que, si públicamente se reproducían los cuestionamientos formulados durante la comisión, también se difundieran las respuestas completas del Tribunal.

La intensidad de la intervención no pasó inadvertida entre los legisladores. Al finalizar ese tramo, Ramón Amarilla celebró el modo en que Bianco había sostenido sus argumentos: “Qué carácter, qué bueno. Me gusta ese carácter”.

Una partida especial para las auditorías del BID

Más allá de ese contrapunto, la exposición dejó una novedad institucional de peso. El Presupuesto 2027 incorpora una partida cercana a los $150 millones destinada a preparar al Tribunal para las auditorías de programas financiados por el BID.

El organismo provincial atravesó durante aproximadamente cuatro meses un proceso de evaluación técnica y finalmente consiguió la calificación necesaria para intervenir como auditor de esos programas. Para Bianco, se trata de uno de los principales avances institucionales alcanzados por el Tribunal.

Los recursos previstos permitirán contratar especialistas cuando las características de los proyectos requieran conocimientos que no estén disponibles dentro de la estructura permanente y adquirir equipamiento y bienes de capital necesarios para desarrollar las auditorías.

La calificación adquiere relevancia porque el organismo internacional exige condiciones específicas de capacidad técnica e independencia para reconocer a una institución pública como auditora. Bianco indicó que, dentro de la Argentina, los tribunales de cuentas de Buenos Aires y Mendoza ya habían conseguido esa habilitación, mientras que en otros casos las auditorías quedan en manos de consultoras privadas.

Para el Tribunal misionero, superar esa evaluación implica incorporar una nueva dimensión a su tarea tradicional de control de las cuentas públicas.

La incorporación de las auditorías del BID no parte de cero. El Tribunal ya trabaja sobre programas financiados por la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Bianco explicó que se realizó un primer informe relacionado con inversiones que comprenden áreas como Ecología, rutas y bienes de capital. Una segunda instancia alcanzará la línea eléctrica de 132 kV de Energía de Misiones.

Esa experiencia forma parte de un proceso de especialización en auditorías que el organismo viene desarrollando desde hace más de tres años y que ahora tendrá como nuevo desafío los programas financiados por el BID.

La presentación presupuestaria también permitió conocer el estado de las rendiciones municipales.

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 tuvieron como fecha límite de presentación el 30 de mayo. En apenas tres meses, el Tribunal ya había emitido 11 sentencias aprobatorias.

Bianco puso el dato en perspectiva: años atrás existían expedientes cuya resolución podía demorarse cuatro o cinco años, pese a que el organismo dispone legalmente de un año para pronunciarse.

La presidenta del Tribunal sostuvo que actualmente las sentencias se están dictando dentro de ese plazo y vinculó la reducción de los tiempos con los cambios realizados en los procedimientos internos.

A esa transformación se suma la digitalización. Durante 2026 se alcanzó un 100% de cumplimiento en la presentación de los libros municipales, después de que las rendiciones comenzaran a migrar al formato digital desde 2025.

Cumplir con la presentación, aclaró Bianco, no significa que las cuentas queden automáticamente aprobadas. Después comienza el análisis contable y documental, del que pueden surgir observaciones y eventualmente cargos.

Estos últimos tienen una característica importante: la responsabilidad es personal. Cuando el Tribunal determina mediante sentencia que existe un perjuicio económico, el importe debe ser afrontado por los responsables alcanzados y el dinero recuperado regresa al Estado provincial o al municipio correspondiente.

De los 78 municipios de Misiones, uno no presentó su rendición anual dentro de los plazos previstos. Ante el incumplimiento, el Tribunal inició durante los primeros días de junio el estudio de oficio de esa cuenta.

Bianco evitó revelar cuál es el municipio. Su argumento fue institucional: mientras el procedimiento esté abierto deben preservarse el derecho de defensa y la presunción correspondiente hasta que exista una sentencia firme.

La titular del organismo recordó, al mismo tiempo, que la legislación de acceso a la información pública ofrece mecanismos para consultar el estado de las cuentas y anticipó que el Tribunal trabaja en un sistema que simplifique esas consultas sin exigir al ciudadano conocer previamente datos técnicos como el número de expediente.

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Misiones Ganadera 2026: productores pondrán el foco en sanidad, mercado y productividad

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Bajo el nombre Misiones Ganadera 2026: Jornada de Actualización de Factores para el Desarrollo Ganadero en Misiones, el encuentro se desarrollará de 8 a 13 en el Hotel Austral de Dos de Mayo. La propuesta reunirá especialistas vinculados con el mercado, la sanidad animal, el manejo de enfermedades y parásitos, la eficiencia productiva y la alimentación del rodeo.

La agenda parte de una premisa concreta para una actividad condicionada por múltiples variables: mejorar la productividad no depende solamente de aumentar el stock, sino también de tomar mejores decisiones sobre comercialización, sanidad, manejo y disponibilidad de recursos forrajeros. Para la ganadería misionera, estos factores adquieren relevancia en un escenario donde la eficiencia productiva es determinante para sostener márgenes y competitividad.

Uno de los ejes será el mercado ganadero, a cargo del ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). El análisis permitirá abordar las señales de la demanda y los principales factores que inciden sobre la comercialización de la hacienda.

La sanidad tendrá un lugar central con las exposiciones del doctor Ricardo Burgos, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sobre entes sanitarios, y del doctor Raúl Roldán, también de CRA, quien abordará el manejo y control de garrapatas, uno de los problemas que puede impactar directamente sobre la productividad y el estado sanitario de los rodeos.

El programa también incorporará una cuestión vinculada de manera directa con la eficiencia: la merma bovina, tema que estará a cargo del doctor Daniel Benítez, del INTA Corrientes. Reducir pérdidas durante las distintas etapas del proceso productivo representa una vía concreta para mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles sin depender exclusivamente de una expansión del rodeo.

El componente nutricional estará representado por el ingeniero Nicolás Olivera, del INTA Misiones, quien expondrá sobre leguminosas. El manejo de especies forrajeras y la disponibilidad de alimento constituyen herramientas relevantes para mejorar la base productiva de los sistemas ganaderos, especialmente cuando se busca elevar la eficiencia por hectárea.

La jornada adquiere interés porque concentra en un mismo espacio problemas que suelen abordarse por separado: mercado, sanidad, parasitosis, pérdidas productivas y alimentación. La utilidad para el productor estará, en buena medida, en convertir ese conocimiento técnico en decisiones aplicables al establecimiento y adaptadas a las condiciones de Misiones.

La actividad se realizará el jueves 17 de septiembre, de 8 a 13, en el Hotel Austral de Dos de Mayo. La FARM informó que los interesados deben confirmar su asistencia mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización.

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