Día: 6 enero, 2026

Red Federal de Concesiones: rutas clave del Mercosur pasan a manos privadas sin subsidios

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En la antesala de un vencimiento de deuda relevante, el Gobierno nacional formalizó la firma de los contratos que habilitan la concesión, explotación y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas estratégicas del Mercosur. Se trata de los primeros tramos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, un esquema sin subsidios públicos y financiado con peajes, que busca trasladar la gestión vial al sector privado, pero que ya genera cuestionamientos por el impacto en los usuarios, el estado de la infraestructura y la ausencia de compromisos de obras de ampliación.

La medida quedó oficializada a tres días de un vencimiento clave de deuda, en un contexto fiscal restrictivo y de fuerte ajuste del gasto público. A partir del 7 de enero, las empresas adjudicatarias asumirán la operación de corredores centrales para el transporte de cargas y pasajeros, en una decisión con implicancias económicas, logísticas e institucionales.

Rutas estratégicas del Mercosur y un cambio de modelo de gestión

Las concesiones alcanzan a 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes al Tramo Oriental y al Tramo Conexión, los primeros segmentos de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). En el caso del Tramo Oriental, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá la explotación de la red, que pasará a denominarse Autovía del Mercosur. En tanto, el Tramo Conexión, rebautizado Conexión Alto Delta, quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.

El Tramo Oriental incluye rutas nacionales clave como la RN 12, RN 14, RN 135, RN A015 y RN 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Este corredor constituye una pieza central del Mercosur terrestre, al articular la logística regional y el comercio con Brasil y Uruguay mediante pasos fronterizos estratégicos como Colón–Paysandú, Concordia–Salto Grande y Paso de los Libres–Uruguaiana.

Por su parte, el Tramo Conexión comprende el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace vital entre Entre Ríos y Santa Fe, que refuerza el flujo comercial hacia el Gran Rosario, uno de los principales nodos productivos y portuarios del país.

Desde el Ejecutivo, la designación de estas concesiones es presentada como un hito en la política vial, con el objetivo de incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en etapas sucesivas bajo el esquema de la RFC, desplazando la administración directa del Estado y promoviendo la inversión privada en infraestructura.

Concesiones sin subsidios, peajes y supervisión estatal

Según el comunicado oficial, el nuevo modelo funcionará sin subsidios del sector público, a diferencia del esquema anterior, que requería aportes estatales aun sin garantizar mejoras sustantivas para los usuarios. Los contratos otorgan a las concesionarias la gestión integral de las rutas, que incluye operación, mantenimiento, servicios al usuario y posibles explotaciones complementarias.

El financiamiento de estas obligaciones se realizará a través de un sistema de peajes, que será la principal fuente de ingresos para las empresas. En ese marco, el ministro Luis Caputo celebró públicamente el anuncio de la Etapa I de las concesiones viales, destacando el avance del esquema en línea con el objetivo de equilibrio fiscal.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será el organismo responsable de la supervisión de los contratos, con la tarea de evaluar resultados y exigir condiciones que garanticen la seguridad y transitabilidad de los corredores. Al frente de la DNV se encuentra el ingeniero Marcelo Jorge Campoy, quien ya había ocupado el cargo en 1999 durante el gobierno de Menem y regresó a la conducción del organismo en julio de 2024, tras la renuncia de Raúl Bertola.

Críticas, reclamos provinciales y la denuncia de un “Club del Peaje”

Pese a los objetivos oficiales, la iniciativa no estuvo exenta de cuestionamientos. Gobernadores de distintas provincias expresaron públicamente su preocupación por el estado de las rutas nacionales. A mediados de 2025, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó incluso a recomendar a los conductores utilizar rutas provinciales en lugar de nacionales, al describir el estado de estas últimas como “catastrófico”.

Desde el Gobierno nacional, los recortes en mantenimiento se inscriben en el plan de Déficit Cero, aun cuando, según distintos actores, esas decisiones impactan negativamente sobre la productividad y los costos logísticos del país.

En ese contexto, el presidente del Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, denunció que el sistema de licitaciones viales deriva en tarifas de peaje elevadas, sin compromisos claros de obras de ampliación o mejoras estructurales. Según advirtió, las concesiones se limitarían a tareas básicas como corte de pasto y bacheo, una crítica publicada por el sitio Construar.

Lasca calificó el esquema como un “Club del Peaje”, al sostener que no ofrece beneficios concretos ni contraprestaciones reales para los usuarios y que funciona como una “caja fácil” para empresas vinculadas al poder. En una entrevista concedida el 05/01 al medio Realpolitik, afirmó: “Quiero aclarar que hubo aumentos de tarifas, no de peajes, sino que es un impuesto al tránsito, también en Córdoba y en Santa Fe. Va a haber a nivel nacional con las nuevas concesiones del presidente Milei”.

Licitación, antecedentes y expectativas oficiales

La puesta en marcha de los tramos concesionados es el resultado de un proceso de licitación pública nacional e internacional, que atrajo a múltiples oferentes y fue lanzado en 2025 mediante la Resolución 29/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo sostienen que la adjudicación y el manejo profesionalizado de los corredores podrían incrementar la eficiencia del transporte terrestre, reducir tiempos de traslado y bajar costos logísticos para la circulación de cargas y pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno apuesta a que la integración de estas rutas fortalezca la competitividad regional y la conectividad internacional.

Sin embargo, el debate permanece abierto. A pocos días de un vencimiento financiero relevante, la decisión de avanzar con concesiones sin subsidios y con peajes como principal fuente de financiamiento vuelve a poner en discusión el equilibrio entre ajuste fiscal, calidad de los servicios públicos y el impacto directo sobre los usuarios y la producción.

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Según CEPA los jubilados tuvieron una pérdida del 27,4% en los haberes previsionales

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El cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023 provocó una pérdida acumulada del 27,4% en los haberes previsionales, según un estudio privado. El impacto es mayor en quienes cobran la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio, una de las principales herramientas de refuerzo del ingreso. La modificación fue clave para el superávit fiscal, pero consolidó un deterioro del poder adquisitivo del sistema previsional.

La alteración del esquema se implementó a través del DNU 274/2024, que dejó sin efecto la Ley 27.609 y estableció un mecanismo de actualización exclusivamente atado a la inflación. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión implicó un quiebre en la dinámica de recuperación de los haberes y consolidó una pérdida real significativa.

El cambio de fórmula y la brecha en los haberes

Según el relevamiento de CEPA, tras los aumentos por inflación aplicados en diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, de haberse mantenido vigente la fórmula anterior, el haber mínimo habría alcanzado los $434.279, lo que representa una brecha mensual de $93.393 para los beneficiarios.

El informe sostiene que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”. En esa línea, remarca que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

El esquema derogado combinaba la recaudación de la seguridad social y la variación salarial, dos variables que presentan rezagos respecto de la inflación y que, cuando los precios comienzan a desacelerarse, permiten una recuperación real del ingreso. Con el sistema actual, CEPA advierte que las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo ya perdido.

El bono congelado y el mayor impacto en la jubilación mínima

La situación es más crítica entre quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene fijo en $70.000, lo que implicó una fuerte licuación de su valor real.

El análisis precisa que “mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, solo aumentó 101%”. Para conservar el poder de compra original frente a la evolución del haber básico, el bono debería haber ascendido en diciembre de 2025 a $177.485.

La diferencia de $107.485 mensuales representa, según el estudio, el recorte efectivo que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización del refuerzo. En consecuencia, las jubilaciones con bono se ubican 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión anterior.

Efectos fiscales, vetos y fin de la moratoria previsional

El informe vincula directamente el cambio en la movilidad con la estrategia fiscal del Gobierno, al señalar que la nueva fórmula fue una de las herramientas que permitió alcanzar el superávit fiscal. Sin embargo, subraya que el ajuste recayó de manera significativa sobre el sistema previsional.

En términos históricos, el inicio de la actual gestión implicó un retroceso rápido de los haberes: una caída del 26,3% para las jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos niveles sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.

A este escenario se suman decisiones legislativas y administrativas. El informe recuerda que en agosto de 2025 el Poder Ejecutivo vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido” tras la asunción del actual gobierno.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama. Sin esta herramienta, CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no reunir los 30 años de aportes. En esos casos, solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de una jubilación mínima y con una edad de acceso más elevada para las mujeres.

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ARCA extiende alivio impositivo a alimentos, medicamentos e insumos pymes importados

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Con el objetivo de reforzar la estrategia antiinflacionaria, el Gobierno nacional decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 los beneficios fiscales aplicados a la importación de bienes de cuatro rubros considerados estratégicos. La medida, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y publicada en el Boletín Oficial, apunta a sostener precios en sectores sensibles del consumo y la producción, en un contexto de apertura comercial y mayor competencia externa.

La resolución excluye del pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA a las importaciones de alimentos que integran la canasta básica, bienes de primera necesidad, medicamentos e insumos destinados a pequeñas y medianas empresas, siempre que los importadores cuenten con Certificado MiPyme vigente al momento de la operación.

Alivio fiscal selectivo para bienes sensibles

La prórroga ratifica un esquema de beneficios fiscales focalizados, orientado a reducir costos de ingreso de productos esenciales y a moderar presiones inflacionarias. Desde el Gobierno sostienen que la mayor competencia vía importaciones contribuye a disciplinar precios, especialmente en rubros con fuerte impacto en el índice de inflación.

La medida se enmarca en una coyuntura de dinamismo del comercio exterior: en los primeros once meses del año, las exportaciones argentinas alcanzaron los US$ 70.235 millones, superando ampliamente los US$ 60.775 millones registrados en 2024, un dato que refuerza la estrategia oficial de mayor integración comercial.

No obstante, la prórroga no está exenta de críticas. Sectores de la industria local advierten que incentivar compras externas puede afectar la producción nacional, especialmente en segmentos donde la competencia internacional opera con ventajas de escala y costos.

Contexto: apertura comercial y simplificación aduanera

La extensión de los beneficios fiscales se suma a otras decisiones recientes orientadas a facilitar las importaciones. ARCA ya implementó un nuevo esquema administrativo que simplifica trámites, ordena procedimientos y avanza en la digitalización del sistema aduanero, como el reemplazo de formularios impresos por versiones online.

Estas normas benefician a personas humanas que importan bienes nuevos o usados para consumo personal, sin fines comerciales ni industriales, y buscan modificar la forma en que se gestiona la documentación ante la Aduana, reduciendo tiempos y costos operativos.

En paralelo, especialistas señalan que el Gobierno complementa estas medidas con la liberalización paulatina del mercado cambiario y la eliminación de la mayoría de las trabas al comercio exterior, configurando un esquema más abierto y competitivo.

Impacto económico y posibles repercusiones

Desde la óptica oficial, la prórroga hasta el 30 de junio refuerza el anclaje de precios en productos sensibles, especialmente alimentos, medicamentos y bienes esenciales, con impacto directo en el costo de vida. Para las pymes, el alivio fiscal en insumos importados busca mejorar la competitividad y reducir costos de producción.

Sin embargo, el debate permanece abierto. Mientras el Gobierno apuesta a que la competencia externa ayude a bajar la inflación, sectores industriales anticipan tensiones sectoriales y reclaman medidas complementarias para proteger la producción local.

En ese equilibrio entre precios, consumo e industria se juega una parte central de la política económica de 2026.

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Tras años de sequía, el agro proyecta la mayor producción de granos de la historia

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Tras varios años marcados por sequías, heladas tardías y olas de calor, el agro argentino enfrenta un cambio de escenario. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anticipa que la campaña 2025/26 podría cerrar con una producción total de 154,8 millones de toneladas, el mayor volumen de la historia, impulsada por un invierno excepcionalmente lluvioso y buenas condiciones hídricas acumuladas desde el otoño.

El relevamiento, elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, destaca que, de no mediar eventos climáticos disruptivos, el nuevo ciclo permitiría superar el récord previo de 141,5 Mt alcanzado en la campaña 2018/19, consolidando al agro como el principal generador de divisas genuinas para la economía argentina.

Producción: trigo y cebada récord y un fuerte rebote del maíz

La campaña 2025/26 se diferencia de los últimos ciclos por un factor clave: la continuidad de las precipitaciones desde el otoño, el invierno y el inicio del verano. Esa acumulación de humedad permitió un arranque sólido de los cultivos de invierno y sostiene las expectativas para la cosecha gruesa.

En ese marco, la cosecha fina alcanzó niveles históricos. La producción de trigo se estima en 27,7 millones de toneladas, mientras que la de cebada llegaría a 5,6 Mt, ambos máximos para el país. El récord triguero anterior, de 23 Mt, había sido registrado en la campaña 2021/22, aunque en aquel entonces la sequía afectó severamente a los cultivos de verano, situación que por ahora no se replica en el actual ciclo.

Para la cosecha gruesa, el maíz emerge como el principal impulsor del crecimiento productivo. Con un rebote del área sembrada tras la caída del ciclo previo —afectado por la chicharrita— y una mayor adopción de variedades tempranas, la producción maicera se proyecta en 61 Mt, un incremento interanual del 22%, que marcaría un nuevo récord histórico.

La soja, en cambio, muestra una contracción de superficie. El área sembrada se reduciría en 1,4 millones de hectáreas, hasta 16,4 Mha, con una producción estimada en 47 Mt, un 5% menos que en la campaña actual. En sentido inverso, el girasol consolida su recuperación: el área crecería 13%, hasta 2,7 Mha, el nivel más alto del siglo, con una producción superior a 5,5 Mt.

Otros cultivos muestran retrocesos. El sorgo caería a 0,9 Mha, con una producción proyectada de 2,4 Mt, mientras que el maní reduciría su superficie a 450.000 hectáreas, con una cosecha estimada en 1,6 Mt.

En conjunto, la producción total de granos alcanzaría 154,8 Mt, un 12% más que en la campaña previa, aunque el informe aclara que los rindes definitivos dependerán del comportamiento climático durante el verano.

Exportaciones: 110 millones de toneladas y US$ 36.800 millones en ventas externas

El salto productivo proyectado se traduce en un fuerte desempeño exportador. Para la campaña 2025/26, la BCR estima exportaciones de granos, harinas, aceites y biocombustibles por 110 millones de toneladas, el mayor volumen histórico, 7,5 Mt por encima del ciclo actual.

En términos de valor, las exportaciones agroindustriales aportarían US$ 36.800 millones, unos US$ 600 millones más que en la campaña 2024/25. El incremento es acotado debido a la caída de los precios internacionales de los commodities, que absorbe buena parte del efecto volumen.

El maíz se posiciona como el principal grano de exportación, con 40 Mt, seguido por el trigo, que alcanzaría despachos récord de 17 Mt. La soja, en contraste, reduciría sus exportaciones de poroto a 5,5 Mt, frente a las 12,2 Mt estimadas para la campaña actual, aunque el informe señala que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China podría abrir oportunidades para Argentina, sujetas a la evolución de las negociaciones bilaterales.

En subproductos, se proyecta un leve aumento en los envíos de harinas y pellets (+400.000 toneladas) y de aceites (+100.000 toneladas), impulsado por un mayor procesamiento de girasol. El crush de esta oleaginosa alcanzaría 5 Mt, el mayor volumen del siglo.

Por complejos, el sojero lideraría nuevamente las exportaciones, con más de US$ 19.500 millones, seguido por el maíz, con US$ 8.200 millones, y el trigo, con US$ 3.750 millones. El complejo girasol aportaría US$ 2.500 millones, superando incluso el registro de la campaña 2021/22.

Divisas y Mercado Libre de Cambios: menor liquidación en 2026

Pese al aumento proyectado en producción y exportaciones, la oferta de dólares del agro en el Mercado Libre de Cambios (MLC) mostraría una leve baja en 2026. Según datos del BCRA, la liquidación total del sector oleaginoso–cerealero en 2025 se estima en US$ 36.500 millones, el tercer valor más alto de la historia, detrás de los picos de 2021 y 2022.

Para 2026, la proyección cae a US$ 33.600 millones, un 8% menos, debido al adelantamiento de exportaciones generado por la eliminación temporaria de derechos de exportación aplicada a fines de septiembre de 2025. Ese esquema derivó en una liquidación superior a US$ 8.000 millones en ese mes —el segundo mayor registro mensual histórico— y, como contracara, en el menor volumen acumulado de octubre y noviembre desde 2005.

Derechos de Exportación: el agro aportaría US$ 4.830 millones en 2026

En base a los volúmenes y precios proyectados, el informe estima que la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) de los principales complejos alcanzaría US$ 4.830 millones en 2026, un 4% más que en 2025.

El complejo soja concentraría US$ 3.670 millones, prácticamente sin variaciones interanuales, mientras que el maíz mostraría el mayor crecimiento relativo, con US$ 725 millones (+32%). El trigo aportaría US$ 248 millones y el girasol US$ 95 millones, con una suba del 18%, explicada por el mayor volumen exportado.

Renovado optimismo para la Cosecha 2025-26 by CristianMilciades

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ARCA elimina la exención y las fintech deberán pagar el impuesto al cheque

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió que las billeteras digitales no bancarias comiencen a tributar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, una decisión que encarece el uso de plataformas como Mercado Pago y otras fintech de consumo masivo. La medida redefine el esquema vigente desde 2001 y tiene impacto directo sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), en un contexto de creciente presión fiscal y reordenamiento del sistema financiero digital.

A partir de esta definición administrativa, operar con billeteras virtuales será más caro, ya que los movimientos de fondos quedarán alcanzados por el llamado impuesto al cheque, con una alícuota total del 1,2% por operación (0,6% para el emisor y 0,6% para el receptor), siempre que una de las partes sea una persona jurídica.

Fin de una exención histórica y nuevo criterio fiscal

Hasta ahora, las fintech no bancarias se encontraban exentas del impuesto, al igual que los bancos tradicionales, bajo el esquema que rige desde la creación del tributo en 2001, en plena crisis económica e institucional. El impuesto, pensado originalmente como una herramienta transitoria, se consolidó con el paso del tiempo como uno de los instrumentos de recaudación más efectivos, representando una erogación multimillonaria para empresas y consumidores.

La decisión de ARCA implica un cambio de criterio: las billeteras virtuales dejan de ser tratadas de forma similar a los bancos y pasan a tributar como otros actores del sistema financiero ampliado. En noviembre de 2024, el Gobierno ya había avanzado en esta dirección al reincorporar al impuesto a las billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas. Ahora, el alcance se extiende al resto de las plataformas digitales no bancarias.

A quiénes alcanza el impuesto y cómo se aplica

La medida impacta principalmente sobre los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), figura bajo la cual opera la mayoría de las billeteras virtuales del mercado. Entre las plataformas alcanzadas se encuentran Mercado Pago, la de mayor volumen de operaciones, y otras como App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, entre similares.

El Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios establece una alícuota del 0,6% sobre cada movimiento de fondos, tanto para quien envía como para quien recibe el dinero. No se aplica a transferencias entre particulares o monotributistas, pero sí cuando interviene una persona jurídica, lo que afecta de lleno a comercios, empresas y operaciones comerciales canalizadas a través de estas plataformas.

Para fundamentar la decisión, ARCA sostuvo que las billeteras digitales no están inscriptas en los regímenes 375 y 376 del impuesto, diseñados originalmente para entidades bancarias. En ese marco, las únicas fintech que quedan excluidas son aquellas que cuentan con licencia bancaria, las cuales mantienen la exención vigente para los bancos tradicionales.

Impacto en el sector y estrategias en evaluación

La resolución genera tensión en el ecosistema fintech, que advierte sobre un posible traslado del mayor costo fiscal a comercios y usuarios finales, encareciendo los medios de pago digitales. Al mismo tiempo, abre un debate sobre la competencia regulatoria entre bancos y plataformas tecnológicas.

Frente a este nuevo escenario, algunas fintech evalúan avanzar hacia la obtención de licencias bancarias como alternativa para quedar excluidas del impuesto. Mercado Pago ya inició ese proceso y se encuentra a la espera de la autorización del Banco Central, un paso que podría redefinir su rol dentro del sistema financiero argentino.

La decisión de ARCA marca un punto de inflexión en la regulación de las billeteras virtuales, con implicancias económicas, fiscales e institucionales que reconfiguran el mapa de los pagos digitales en la Argentina.

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