Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin
La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.
Los fundamentos del embargo y la acusación central
Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.
Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha
La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.
Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.
A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.
Indagatorias en curso y proyección judicial
Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.
El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.
