La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo episodio en los tribunales de Nueva York. Este jueves, los fondos Petersen y Eton Park presentaron un pedido ante la jueza Loretta Preska para que el Estado argentino sea declarado en desacato, por presuntas demoras e incumplimientos en la entrega de documentación clave exigida por la corte. La ofensiva eleva la presión legal y financiera sobre la Argentina y abre la puerta a eventuales sanciones y nuevas instancias de conflicto institucional.
El planteo se inscribe en la etapa de recabación de pruebas posterior al fallo adverso contra el país y apunta directamente a la estrategia de defensa del Estado, en un proceso que combina implicancias jurídicas, económicas y políticas de alto impacto.
El reclamo ante Loretta Preska y la acusación de incumplimiento
Según consta en la presentación, los fondos demandantes sostienen que la Argentina no entregó la totalidad de los correos electrónicos y mensajes oficiales de funcionarios actuales y anteriores que fueron requeridos por la justicia estadounidense como parte del proceso probatorio. A criterio de los beneficiarios del fallo, esa conducta configura una falta de cooperación con la corte.
El avance fue confirmado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, quien señaló en su cuenta de X que este jueves “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la Juez Loretta Preska que Argentina está en desacato con la corte”.
La estrategia de los fondos apunta a que la magistrada interprete que el Estado argentino incumplió órdenes judiciales expresas, lo que habilitaría una respuesta más severa por parte del tribunal.
Qué sanciones buscan los demandantes y la respuesta del Gobierno
Ante la presunta falta de cooperación, los querellantes solicitaron que la jueza evalúe una serie de medidas concretas. Entre ellas, figuran sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —es decir, que la justicia tenga por probados los hechos que los correos electrónicos podrían haber demostrado— y la imposición de cronogramas estrictos para tratar el desacato y forzar la entrega de la información requerida.
Desde el lado del Estado, la postura es de rechazo total a los argumentos presentados. Según indicó Maril, “Argentina rechaza todos los argumentos que se presentarán hoy y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”.
Esa línea es sostenida por la Procuración del Tesoro, desde donde el equipo de abogados que representa al país advierte que cualquier sanción en esta instancia sería prematura y vulneraría el derecho a defensa de un Estado soberano, dado que el proceso de producción de pruebas aún no se encontraría agotado.
El trasfondo: la búsqueda de activos y el concepto de “alter ego”
Más allá de la disputa puntual por los correos electrónicos, el conflicto tiene un objetivo de mayor alcance. El trasfondo de la presión judicial es la búsqueda de activos embargables que permitan a los fondos avanzar en el cobro de la sentencia multimillonaria.
En ese marco, los demandantes intentan demostrar que empresas y organismos públicos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado argentino. Si la justicia estadounidense aceptara esa interpretación, los fondos podrían obtener un argumento clave para avanzar sobre cuentas y bienes de esas entidades en el exterior.
El planteo, de prosperar, tendría implicancias profundas no solo en el caso YPF, sino también en la arquitectura institucional y financiera del país, al ampliar el alcance de eventuales embargos y reforzar el riesgo legal sobre activos estratégicos.
Un frente judicial que suma presión política y económica
El pedido de desacato agrega un nuevo nivel de tensión a una causa que ya condiciona la agenda económica y la estrategia internacional de la Argentina. Mientras la defensa insiste en que cumplió con las órdenes judiciales, los fondos redoblan la ofensiva para acelerar los tiempos y mejorar su posición negociadora.
La definición que adopte la jueza Loretta Preska marcará el próximo hito de una disputa que excede el plano estrictamente jurídico y vuelve a colocar al caso YPF como uno de los principales focos de riesgo legal y financiero para el Estado argentino.
