Día: 15 enero, 2026

Finanzas logró cubrir casi el 93% de la licitación y validó tasas de hasta 49% anual

Compartí esta noticia !

El Tesoro captó $9,37 billones en la licitación de enero y consolida el financiamiento en pesos con fuerte demanda por instrumentos de corto y mediano plazo

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, adjudicó este miércoles $9,37 billones de valor efectivo en la licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, sobre un total de ofertas recibidas por $10,06 billones, en una operación clave para el programa financiero 2026. La colocación combinó instrumentos en pesos a tasa fija, ajustados por CER, a tasa variable TAMAR y una letra vinculada al dólar, en un contexto de fuerte concentración en vencimientos durante el primer semestre y validación de rendimientos elevados por parte del mercado.

La licitación se realizó el 14 de enero de 2026, y fue respaldada bajo el marco normativo establecido por la Resolución Conjunta 3/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dictada en función de las autorizaciones conferidas por los artículos 44 y 45 de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 y la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Alta participación y predominio de instrumentos en pesos

El proceso registró un total de 4.613 ofertas, de las cuales 4.374 correspondieron a instrumentos en pesos y 239 a títulos denominados en dólares estadounidenses. En términos de valor efectivo, las ofertas alcanzaron $9,63 billones en pesos y $428.668 millones equivalentes en dólares, calculados al tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación “A” 3500 del 13 de enero de 2026 ($1.463,3168 por dólar).

Finalmente, se adjudicaron $9,18 billones en instrumentos en pesos y $185.500 millones equivalentes en dólares, totalizando $9,37 billones, lo que implicó un nivel de adjudicación cercano al 93% del monto ofertado.

Dentro de los instrumentos a tasa fija, se destacaron las Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP) con vencimiento en febrero, mayo y noviembre de 2026, todas reaperturas, con tasas efectivas mensuales de corte de 3,39%, 2,86% y 2,51%, respectivamente. En términos de tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA), los rendimientos oscilaron entre 34,57% y 49,16%.

También se adjudicó parcialmente el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027, instrumento nuevo, por un valor efectivo de $384.242 millones, con una TIREA del 35,75%.

Cobertura inflacionaria y tasa variable: el rol del CER y la TAMAR

Los instrumentos ajustados por CER volvieron a ocupar un lugar relevante en la estrategia de financiamiento. Se adjudicaron letras y bonos con vencimientos en mayo y noviembre de 2026, y bonos cero cupón con vencimiento en junio de 2027 y 2028. Las TIREA asociadas a estos títulos se ubicaron entre 6,92% y 8,32%, reflejando la prima exigida por el mercado para cubrirse frente a la evolución de la inflación.

En paralelo, la Letra del Tesoro Nacional a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 concentró un volumen significativo, con un valor efectivo adjudicado de $1,45 billones y una TIREA del 44,50%, consolidándose como uno de los instrumentos más demandados de la jornada.

Letras dólar linked: adjudicación parcial y una licitación desierta

En el segmento de instrumentos vinculados al dólar estadounidense, se adjudicaron USD 128 millones de la Letra del Tesoro Nacional cero cupón con vencimiento el 27 de febrero de 2026, a un precio de corte de USD 990 por cada USD 1.000 y una TIREA del 9,23%. El valor efectivo adjudicado, expresado en pesos, ascendió a $185.500 millones.

En contraste, la licitación de la Letra del Tesoro Nacional dólar linked con vencimiento el 31 de marzo de 2026 fue declarada desierta, un dato relevante en términos de señal de mercado respecto de las preferencias de plazo y cobertura cambiaria.

Marco normativo y estrategia de emisión

La operación se encuadró en las facultades conferidas por el régimen de crédito público y contempló tanto la emisión de nuevos instrumentos como la ampliación de series existentes, además de la imputación presupuestaria de bonos CER emitidos y no colocados en ejercicios anteriores.

La Resolución Conjunta 3/2026 autorizó, entre otros puntos, la emisión de hasta $5 billones de VNO del bono capitalizable en pesos con vencimiento en junio de 2027 y hasta USD 3.500 millones en letras dólar linked de corto plazo. Asimismo, habilitó ampliaciones de emisión para letras capitalizables, ajustadas por CER y a tasa TAMAR, todas dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuesto 2026.

Impacto y lectura económica

El resultado de la licitación confirma la capacidad del Tesoro para renovar y ampliar su financiamiento en moneda local, aunque a tasas elevadas y con fuerte concentración en instrumentos de corto y mediano plazo. La elevada participación en letras capitalizables y CER refleja un mercado atento tanto al rendimiento nominal como a la cobertura frente a la inflación, mientras que la menor tracción en algunos instrumentos dólar linked sugiere una selectividad creciente por parte de los inversores.

Desde el punto de vista institucional, la operación refuerza el rol del mercado doméstico como principal fuente de financiamiento del Estado Nacional y consolida el esquema previsto en el programa financiero 2026, en un escenario de administración estricta de los vencimientos y del perfil de la deuda.

Compartí esta noticia !

Petro se reunirá con Trump el 3 de febrero para discutir narcotráfico y cooperación bilateral

Compartí esta noticia !

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en Washington, en un encuentro clave para aclarar información vinculada al narcotráfico y destrabar tensiones acumuladas tras meses de advertencias de la Casa Blanca en el marco de su política antidrogas. La reunión, según el propio Petro, será “determinante” para el vínculo bilateral y para la lectura que hace Estados Unidos sobre la estrategia colombiana contra las drogas.

La confirmación fue realizada por el jefe de Estado colombiano, quien sostuvo que el diálogo directo con Trump permitirá “dar tranquilidad al pueblo colombiano” y exponer ante las autoridades estadounidenses lo que definió como “mentiras” difundidas por sectores de la oposición de su país sobre su gestión y su política antidrogas.

Una reunión “determinante” tras meses de tensión

“El debate de los Gobiernos, de los presidentes, ha terminado con la posibilidad de reunión que será el 3 de febrero y ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante”, afirmó Petro, de acuerdo con un informe difundido por la agencia Xinhua. La cita se realizará en Washington y se da luego de un período marcado por advertencias y presiones desde Estados Unidos en relación con el combate al narcotráfico en Colombia.

Según explicó el mandatario colombiano, el encuentro apunta a recomponer canales formales de comunicación al más alto nivel político. “Por fin, hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general”, señaló.

En ese marco, Petro planteó que parte del objetivo de la reunión es contrarrestar versiones que, según indicó, fueron promovidas desde la oposición colombiana ante funcionarios estadounidenses, afectando la percepción externa sobre la política de seguridad y drogas del actual Gobierno.

Producción de cocaína, fentanilo y responsabilidades compartidas

Durante sus declaraciones, Petro reconoció que Colombia continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, pero introdujo un eje central en su argumentación: el consumo y el impacto del fentanilo en Estados Unidos. El presidente colombiano sostuvo que el abuso de esa sustancia constituye un problema de salud pública cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre el Gobierno estadounidense.

“El fentanilo es un arma de destrucción masiva”, afirmó Petro, al tiempo que remarcó la necesidad de impedir que esa droga ingrese a Colombia. En ese sentido, aseguró que una de las prioridades de la Fuerza Pública es identificar y desarticular posibles redes criminales que intenten introducir y comercializar esta sustancia en el país sudamericano.

El planteo marca una diferenciación conceptual en la agenda bilateral: mientras Colombia asume el desafío estructural de la producción de cocaína, el Gobierno de Petro busca instalar que el consumo y la crisis asociada a drogas sintéticas como el fentanilo requieren respuestas internas en Estados Unidos, más allá de la cooperación regional.

Cooperación antidrogas y enfoque productivo

Petro también dejó abierta una vía alternativa para la cooperación bilateral. Señaló que, si Estados Unidos desea profundizar su colaboración con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, podría comenzar por comprar los productos de los campesinos que sustituyeron voluntariamente los cultivos ilícitos.

El planteo introduce una dimensión económica y social al debate antidrogas, al vincular la reducción de cultivos ilegales con la generación de mercados para la producción legal. En términos institucionales, la propuesta apunta a reforzar políticas de sustitución voluntaria mediante incentivos comerciales, en lugar de concentrarse exclusivamente en estrategias represivas.

La reunión del 3 de febrero se perfila así como un punto de inflexión en la relación entre Bogotá y Washington, con implicancias políticas, económicas y de seguridad que exceden el vínculo bilateral y se proyectan sobre la agenda regional en materia de narcotráfico.

Compartí esta noticia !

El PJ Misiones fortalece su padrón y activa suspensiones preventivas en el proceso de normalización

Compartí esta noticia !

La Intervención Normalizadora del Partido Justicialista –Distrito Misiones– informó la continuidad del proceso de normalización y fortalecimiento partidario, con dos ejes centrales: la recomposición del padrón de afiliados tras años de caída sostenida y la aplicación de medidas disciplinarias preventivas ante denuncias formalmente presentadas. La estrategia combina reconstrucción institucional, actualización generacional y control orgánico, con impacto directo en la vida interna del partido y en el proceso electoral en curso.

Recuperación del padrón y renovación generacional

A ocho meses de iniciada la campaña de afiliación impulsada tras la asunción de la Intervención, el PJ Misiones logró revertir una tendencia de pérdida progresiva de afiliados que se verificaba de manera constante desde 2003. El dato de partida exhibe la magnitud del deterioro: de aproximadamente 130.000 afiliados a comienzos del año 2000, el padrón había descendido a 52.000 en abril de 2025, con una composición mayoritaria de personas mayores de 50 años.

En ese contexto, la campaña permitió incorporar más de 5.000 nuevas afiliaciones, recepcionadas en la sede provisoria del Partido Justicialista, que funciona en instalaciones del SMATA “hasta tanto la Justicia disponga la restitución de la sede partidaria”. Las nuevas altas fueron presentadas para su aceptación y registración ante la Justicia Federal con competencia electoral al 30 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los plazos y procedimientos vigentes.

Un rasgo destacado del proceso es el perfil etario: más de la mitad de las nuevas afiliaciones corresponde a menores de 35 años, distribuidos en distintas localidades de la provincia, que “adhieren al ideario y la doctrina justicialista”. La Intervención subraya así una renovación generacional que busca equilibrar la estructura partidaria y fortalecer su proyección futura.

Además, se informó que unas 250 afiliaciones adicionales permanecen en etapa de control, cuya presentación formal quedó condicionada por la feria judicial. Estas serán elevadas ante la autoridad electoral dentro de los plazos establecidos para el cierre del padrón del proceso electoral en curso. Sin perjuicio de ello, la Intervención aclaró que el proceso de afiliación continúa abierto conforme a la Carta Orgánica, aunque las nuevas altas que se produzcan en adelante se incorporarán con posterioridad al actual proceso electoral.

Denuncias internas y suspensión preventiva de afiliaciones

En paralelo al fortalecimiento del padrón, la Intervención Normalizadora dio curso a denuncias presentadas por afiliados justicialistas contra Pedro Alberto Arrúa, Myriam Analía Comparin y Fernando Martín Kornuta, en sus calidades de ex secretario del Consejo Político Provincial, ex vicepresidenta a cargo de la Presidencia del Consejo Político Provincial y ex apoderado partidario, respectivamente.

Las presentaciones imputan, entre otras conductas, un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, la documentación contable y los libros partidarios a las autoridades interventoras legítimas.

Ante la probable comisión de actos de inconducta, indisciplina y/o violaciones a la Carta Orgánica, se ordenó la sustanciación de los sumarios disciplinarios para determinar responsabilidades orgánicas. En ese marco, y de conformidad con el artículo 25, inciso m), de la Carta Orgánica del Partido Justicialista –Distrito Misiones–, se resolvió la suspensión preventiva de las afiliaciones de los denunciados mientras se tramitan las actuaciones.

Con el objetivo de garantizar el debido proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa, se fijaron las audiencias correspondientes, en las que se correrá traslado formal de las acusaciones a los involucrados.

Reconstrucción institucional y reglas orgánicas

La Intervención Normalizadora reafirmó su compromiso con la reconstrucción institucional del Partido Justicialista en Misiones, el respeto irrestricto de la Carta Orgánica y la plena vigencia de los principios democráticos que rigen la vida interna del movimiento. El doble abordaje —expansión del padrón y control disciplinario— apunta a ordenar la estructura partidaria, asegurar la legalidad de los procedimientos y recomponer la legitimidad interna en un contexto electoral sensible.

Desde una perspectiva política e institucional, las decisiones adoptadas impactan tanto en la configuración del padrón habilitado como en la definición de responsabilidades dentro del partido, con posibles reacciones de los sectores involucrados y efectos sobre la dinámica orgánica del PJ en la provincia.

Compartí esta noticia !

Bolivia declara la emergencia energética y social por la crisis de combustibles y la falta de dólares

Compartí esta noticia !

El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el territorio nacional ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de divisas. La medida, que tendrá vigencia por un año, habilita un paquete de disposiciones excepcionales para garantizar el abastecimiento energético y sostener la actividad económica, en un contexto de restricciones externas y tensiones sobre el sistema productivo.

La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, que autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es mitigar el impacto de la crisis sobre la población y recomponer condiciones mínimas de funcionamiento de la economía.

El Decreto Supremo 5517 y el alcance de las medidas excepcionales

Según establece el Decreto Supremo 5517, la emergencia energética y social habilita al Estado a adoptar mecanismos extraordinarios para asegurar el suministro de combustibles y energía. El texto oficial señala que la norma busca “establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”.

Entre los ejes centrales de la medida se encuentra la apertura excepcional a la importación privada de derivados del petróleo, permitiendo su comercialización a precio de importación. Esta disposición apunta a aliviar los cuellos de botella generados por la falta de divisas y las dificultades para sostener los volúmenes de importación necesarios para cubrir la demanda interna.

El régimen previsto por el decreto establece que el acceso a la infraestructura energética deberá realizarse en condiciones no discriminatorias, un punto clave para habilitar la participación del sector privado sin alterar el funcionamiento básico del sistema.

Déficit de diésel y alivio regulatorio para el abastecimiento

Uno de los factores determinantes de la emergencia es el “déficit extremo” de diésel, combustible estratégico para el transporte, la agroindustria y otros sectores clave de la economía boliviana. En respuesta, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas, eliminando por el plazo de un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.

Además, el decreto establece el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y reducir los costos y demoras asociados a la operatoria aduanera. Esta combinación de desregulación y alivio arancelario busca acelerar el abastecimiento interno y contener el impacto de la escasez sobre los precios y la actividad productiva.

En términos operativos, la norma instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá reglamentar el acceso a la infraestructura del sector en un plazo de hasta 15 días.

Posibles repercusiones

La declaración de emergencia energética y social marca un punto de inflexión en la política económica y energética de Bolivia. En el corto plazo, las medidas apuntan a sostener el funcionamiento del transporte, la producción agroindustrial y los sectores estratégicos, que dependen de manera crítica del suministro de diésel y otros combustibles.

Desde el plano institucional, la habilitación de importaciones privadas a precio de importación y el alivio regulatorio implican una flexibilización significativa del esquema vigente, con el objetivo de responder a una coyuntura caracterizada por la escasez de dólares y las restricciones externas. A su vez, la presión inflacionaria constituye un riesgo adicional, en tanto la falta de combustibles tiende a trasladarse a costos logísticos y precios finales.

En este contexto, la efectividad del decreto dependerá de la rapidez en la implementación de los cambios administrativos y de la capacidad del sector privado para aprovechar el nuevo marco excepcional. El escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema una vez finalizado el período de emergencia y sobre el impacto de estas decisiones en la estructura energética y económica del país.

Compartí esta noticia !

El Gobierno declaró a filiales de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas

Compartí esta noticia !

El Gobierno declaró este miércoles a las facciones del Líbano, de Egipto y de Jordania de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas.

La Oficina del Presidente informó que la medida se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”.

Así, se dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estad, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, señaló el texto oficial.

Se incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Con esta medida, “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”, se indicó. 

“Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado.

Se recordó, además, que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”. 

“Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”´, finalizó el texto.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin