Día: 29 enero, 2026

Movilidad urbana: por qué los triciclos eléctricos aún no pueden habilitarse en Posadas

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La posible incorporación de triciclos eléctricos al sistema de transporte urbano de pasajeros en Posadas abrió un debate que combina innovación tecnológica, seguridad vial y regulación institucional. Aunque la propuesta despierta expectativas como alternativa sustentable para viajes cortos, su implementación no depende de una ordenanza local ni de una decisión municipal, sino de un requisito central: la homologación nacional de los vehículos, condición indispensable para cualquier habilitación formal.

Un proyecto en análisis y un límite regulatorio claro

La iniciativa es impulsada por GOU Argentina, que busca operar en Posadas a través de una nueva aplicación de viajes, utilizando triciclos eléctricos de tres ruedas destinados al transporte urbano de pasajeros. Sin embargo, desde el Municipio de Posadas advirtieron que, en el estado actual del marco normativo, no es posible autorizar ni regular este tipo de servicio sin la correspondiente homologación nacional.

Desde el área de Movilidad Urbana explicaron que “la decisión no depende de una ordenanza municipal, sino de la obtención de la licencia de configuración de modelo”, un trámite que debe ser otorgado por organismos nacionales, con intervención del sistema de control técnico correspondiente. Solo una vez cumplido ese paso, los triciclos eléctricos podrían contar con una categoría específica de licencia de conducir, seguros obligatorios y el resto de los requisitos exigidos para el transporte de personas.

Las autoridades remarcaron que no existen antecedentes claros de habilitaciones formales de este tipo de vehículos en otras ciudades del país. La razón es técnica y jurídica: las homologaciones tienen alcance nacional y no pueden resolverse de manera aislada en cada municipio, lo que limita cualquier intento de implementación local sin un encuadre previo a nivel federal.

Características técnicas y argumentos a favor del modelo

Desde GOU Argentina sostienen que los triciclos eléctricos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas para la movilidad urbana. Según detallaron, las unidades cuentan con tres ruedas, motor eléctrico, velocidad máxima de 35 km/h, autonomía de hasta 120 kilómetros y capacidad para tres pasajeros. Además, pueden cargarse en tomas domiciliarias de 220 voltios y no emiten gases contaminantes.

“Son más seguros que una moto y menos invasivos que un auto”, afirmó Tracci, referente de la empresa, quien atribuyó parte de las críticas al proyecto a “la resistencia de algunos sectores a los cambios”. El planteo apunta a posicionar a los triciclos como una opción intermedia entre la motocicleta y el automóvil, con menor huella ambiental y menores costos operativos por kilómetro.

Desde el Municipio, en tanto, valoraron el potencial de este tipo de vehículos como herramienta para reducir los riesgos asociados al transporte ilegal de pasajeros en motocicletas, una práctica extendida en la ciudad pero carente de seguros, controles técnicos y garantías para los usuarios. Al tratarse de triciclos con mayor estabilidad, cabina cerrada y protección climática, las autoridades consideran que podrían ofrecer mejores condiciones de seguridad y menor contaminación sonora.

También se destacó el impacto económico y ambiental del modelo, al alinearse con una matriz energética más limpia y con políticas de movilidad sustentable. No obstante, el análisis sobre la rentabilidad del negocio fue delimitado como una cuestión exclusiva de las empresas, aunque se reconoció que Posadas resulta atractiva para inversiones vinculadas a la movilidad urbana.

El antecedente normativo y las advertencias sobre seguridad

El debate local se inscribe en un marco normativo nacional que ya presenta antecedentes relevantes. En la Argentina, el auto eléctrico Tito, fabricado por la empresa puntana Coradir, se encuentra homologado bajo la normativa L7, una categoría que comparte con otros vehículos eléctricos livianos que ya circulan en distintas ciudades del país.

Las categorías L6/L7 establecen un régimen específico de uso y definen las condiciones bajo las cuales estos vehículos pueden ser comercializados y habilitados. En la práctica, la normativa autoriza su circulación solo en calles y avenidas, pero no contempla su uso en rutas ni autopistas, lo que limita su ámbito operativo. Cualquier intento de ampliar ese alcance queda sujeto a una revisión del encuadre normativo vigente y a la intervención de los organismos nacionales competentes.

Otro punto central del debate está vinculado al equipamiento de seguridad. La homologación bajo normas L6/L7 permite que estos vehículos se comercialicen sin algunos sistemas obligatorios para los automóviles tradicionales, como frenos ABS, doble airbag frontal y control de estabilidad. Desde sectores especializados en movilidad eléctrica advierten sobre estas diferencias y recomiendan evaluar con atención las condiciones de seguridad antes de avanzar con su uso intensivo para el transporte de pasajeros.

Innovación, pero con reglas claras

La discusión sobre los triciclos eléctricos se enmarca en un proceso más amplio de transformación del sistema de transporte local, que ya incorpora colectivos a gas y vehículos eléctricos. Sin embargo, el mensaje oficial es contundente: sin homologación nacional, no hay habilitación posible.

Así, el futuro de los triciclos eléctricos en Posadas dependerá menos del entusiasmo tecnológico y más de la capacidad de encuadrar la innovación dentro de un marco regulatorio nacional, que garantice seguridad vial, cobertura legal y previsibilidad institucional tanto para los usuarios como para las empresas.

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Bruce Springsteen lanza una canción de protesta dedicada a Minneapolis y en memoria de Alex Pretti y Renee Good

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Bruce Springsteen megaestrella del rock, lanzó el miércoles una canción en protesta por la operación federal de inmigración en Minneapolis titulada “Streets of Minneapolis”, dedicándola a los residentes de la ciudad y en memoria de Alex Pretti y Renee Good, quienes fueron muertos a tiros por agentes federales este mes.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la lancé hoy (miércoles) para ustedes en respuesta al terror estatal que se está imponiendo en la ciudad de Minneapolis”, escribió Springsteen, quien previamente ha criticado las políticas de la administración Trump y la represión federal contra la inmigración, en un comunicado en Facebook. “Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”.

En la canción, Springsteen canta: “Una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo (ICE) bajo las botas de un ocupante. El Ejército privado del rey Trump del DHS, con armas ceñidas a sus abrigos, vino a Minneapolis a hacer cumplir la ley… o eso dicen ellos”.

“Los ciudadanos defendieron la justicia, sus voces resonando en la noche”, canta. “Y había huellas ensangrentadas donde la misericordia debió estar. Y dos muertos quedaron a morir en calles cubiertas de nieve, Alex Pretti y Renee Good”.

Springsteen continúa: “Defenderemos esta tierra y al extranjero entre nosotros. Aquí en nuestro hogar, mataron y vagaron en el invierno del 26. Recordaremos los nombres de quienes murieron en las calles de Minneapolis… Los bravucones federales de Trump lo golpearon en la cara y el pecho. Luego escuchamos los disparos y Alex Pretti yacía muerto en la nieve. Dijeron que fue en defensa propia, solo no creas en lo que tus ojos ven”.

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Un juez de Estados Unidos bloquea arrestos de refugiados en Minesota ordenados por Trump

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Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el miércoles la medida del gobierno del presidente Donald Trump de detener a refugiados en Minesota que esperan para obtener su estatus de residentes permanentes, y ordenó la liberación de quienes están detenidos.

Trump ha enviado a miles de agentes federales de inmigración a Minesota como parte de una amplia redada que ha desatado indignación por la muerte de dos civiles estadounidenses por balazos de la policía migratoria (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) en Mineápolis, la principal ciudad de este estado demócrata.

Las autoridades lanzaron este mes un programa para reexaminar la situación legal de los aproximadamente 5.600 refugiados en Minesota que aún no han recibido la “green card”, el documento que permite a los inmigrantes residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.

En su orden del miércoles, el juez de distrito John Tunheim dijo que la administración Trump podía continuar aplicando las leyes de inmigración y revisar la situación de los refugiados, pero que debía hacerlo “sin arrestar ni detener a los refugiados”.

“Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz —y, lo que es importante, el derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa en sus hogares o de camino a servicios religiosos o a comprar comestibles”, escribió Tunheim.

“En el mejor de los casos, Estados Unidos sirve como refugio de libertades individuales en un mundo que con demasiada frecuencia está lleno de tiranía y crueldad. Abandonamos ese ideal cuando sometemos a nuestros vecinos al miedo y al caos”, apostilló.

La orden recibió una rápida reprimenda del vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, una figura poderosa que encabeza la política migratoria de línea dura de Trump.

“El sabotaje judicial de la democracia no tiene fin”, escribió Miller en X.

La orden de Tunheim exige que cualquier refugiado detenido bajo la revisión de estatus en Minesota, conocida como Operación PARRIS, sea “liberado de inmediato”

Los refugiados que esperan su estatus de residentes permanentes “han pasado rigurosas verificaciones de antecedentes y procesos de selección, han sido aprobados por múltiples agencias federales para su ingreso, han recibido permiso para trabajar, han recibido apoyo del gobierno y han sido reubicados en Estados Unidos”, escribió Tunheim.

“Estas personas fueron admitidas en el país, han seguido las reglas y están esperando que se ajuste su estatus a residentes permanentes legales de Estados Unidos”.

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El Papa pide que se respete la “justicia, la verdad y la caridad” en los casos de abusos

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Cuidad del Vaticano (EFE).- El papa León XIV instó este jueves a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, entre los que se encuentran los de abusos, respetando “la justicia, la verdad y la caridad”.

León XIV mantuvo un encuentro este jueves con los participantes en la plenaria del Dicasterio de la Doctrina de la Fe e indicó la necesidad ed “acoger y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados” a este ministerio vaticano.

“Es un ámbito ministerial muy delicado, en el que es fundamental velar por que se respeten y cumplan siempre las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad”, subrayó León XIV.

El pontífice estadounidense y peruano también expresó su gratitud por los numerosos documentos elaborados por el Dicasterio “sobre cuestiones a menudo muy delicadas” como la declaración “Dignitas infinita”, sobre la dignidad humana, que, observó “en estos tiempos se ve «gravemente amenazada» por las guerras en curso y por «una economía que prioriza el lucro”.

Robert Prevost también valoró el trabajo de este ministerio vaticano en la transmisión de la fe al afirmar “que es innegable que, en las últimas décadas, se ha producido una ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana entre el pueblo católico”

“Crece el número de quienes ya no perciben el Evangelio como un recurso fundamental para su existencia, sobre todo entre las generaciones más jóvenes”, aseveró.

Destacó que “hay muchos jóvenes y jóvenes que viven sin ninguna referencia a Dios y a la Iglesia y, si por una parte esto causa dolor en nosotros los creyentes, por otra debe llevarnos a redescubrir la dulce y consoladora alegría de evangelizar”.

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Los talibanes aprueban un código judicial clasista que revive el miedo a la esclavitud

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(EFE).- El Gobierno de los talibanes ha aprobado un nuevo y controvertido código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado, reservando las penas de prisión y latigazos para las clases bajas y simples “advertencias” para la élite y los clérigos.

Aunque el documento aún no se ha hecho público oficialmente, EFE ha tenido acceso a partes del texto y ha confirmado su veracidad con el Tribunal Supremo del Gobierno fundamentalista.

“El código completo está en el Ministerio de Justicia y ellos lo publicarán”, confirmó a EFE Mawlawi Abdul Rahim Rashid, portavoz del máximo órgano judicial afgano.

Desde la toma de Kabul en agosto de 2021 los talibanes han gobernado por decretos dispersos y edictos verbales de su líder supremo, por lo que este texto representa el primer cuerpo legal escrito para guiar a los tribunales del país.

El capítulo dos, artículo nueve del texto, titulado “Niveles y tipos de castigos discrecionales basados en el estatus”, institucionaliza la desigualdad ante la ley.

Para la primera categoría (eruditos religiosos y altos cargos) y la segunda (la élite, ancianos tribales y comerciantes), el castigo por delitos discrecionales se limita a una “advertencia del juez” o, en el peor de los casos, una notificación y citación judicial.

Para la tercera categoría (clase media/gente corriente), el código prescribe “citación judicial y prisión”. Para la cuarta categoría (clase baja), la ley establece directamente “amenazas y golpes”.

El texto detalla incluso cómo deben administrarse estos castigos físicos a los pobres, explicando que si se imponen latigazos (hasta un máximo de 39), “el infractor no debe ser golpeado repetidamente en una parte del cuerpo, ni en la cabeza o zonas sensibles”.

Control sobre las mujeres y sombra de esclavitud

El código tiene una disposición que establece castigos para la mujer que permanezca en casa de su padre “durante un periodo prolongado” sin el consentimiento de su marido, a menos que esté divorciada legalmente.

El Gobierno talibán ha defendido públicamente esta norma alegando que quedarse con el padre sin permiso “viola los derechos del marido y los hijos”, aunque aseguró que también se castigará al esposo si no provee manutención.

Reportes sobre secciones no reveladas del código indican también la inclusión de disposiciones dirigidas a “esclavos”, legitimando una práctica erradicada, si bien las fuentes consultadas por EFE ni el extracto del documento obtenido detallan esta información.

La interpretación rígida de la sharia (ley islámica) que siguen los talibanes se basa en la literalidad de textos jurídicos de hace siglos, donde la figura de la esclavitud estaba regulada, especialmente en el contexto de “botín de guerra”.

Al copiar códigos sin adaptarlos al contexto moderno, es posible que los fundamentalistas intenten dar cobertura legal a la servidumbre por deudas o a la captura de prisioneros de guerra, considerados “propiedad”.

Abdul Rab Rasool Sayaf, un influyente erudito islámico y exlíder muyahidín, advirtió a los talibanes de que “el Islam es una religión de justicia” y que los privilegios deberían ser “para los pobres e indefensos, no para los ricos”.

Por su parte, el relator especial de la ONU, Richard Bennett, calificó las implicaciones del código de “extremadamente preocupantes”.

El Ministerio de Justicia talibán emitió recientemente un comunicado advirtiendo que cualquier oposición a estas leyes se considera “oposición a la Sharia” y un crimen religioso.

“Quienes se opongan a estas leyes serán remitidos a las instituciones judiciales para su procesamiento”, sentenció el régimen.

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