Día: 3 febrero, 2026

Observación de aves, plantación de árboles y siembra de alevines marcaron la jornada por los humedales en Campo Grande

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Bajo el eje “El rol de la comunidad en la protección de los humedales”, la actividad tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia ambiental, social y climática de los humedales, promover buenas prácticas cotidianas para su conservación, difundir los canales de denuncias ambientales y fortalecer la participación ciudadana y la articulación interinstitucional.

La jornada se desarrolló a través de distintas estaciones de trabajo, con charlas de concientización, observación de aves, plantación de árboles y siembra de alevines, combinando instancias educativas con acciones concretas en territorio. El recorrido inició en el Barrio Olería y continuó por diferentes puntos estratégicos del municipio.
Esta iniciativa permitió fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente y reafirmar el valor de los humedales como bienes comunes esenciales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

En el marco del Día Mundial y Provincial de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero, se desarrolló una jornada de concientización destinada a poner en valor la importancia de estos ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. La fecha recuerda la firma de la Convención Ramsar en 1971 y, en el caso de Misiones, adquiere un significado especial desde la sanción en 2022 de la Ley Provincial de Humedales (XVI-146), convirtiéndose en la primera provincia del país en contar con un marco legal específico para su protección, conservación y uso sostenible.

Los humedales misioneros se extienden desde el norte hasta el sur del territorio provincial, abarcando los valles de inundación de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, así como importantes arroyos como Garupá y Las Tunas. Estos ambientes cumplen un rol clave como verdaderas esponjas naturales, ya que regulan las inundaciones, recargan los acuíferos y protegen las cuencas hídricas, garantizando la disponibilidad de agua para las comunidades y los ecosistemas.

Además, forman parte de uno de los principales hotspots de biodiversidad del planeta, al albergar más de 300 especies de peces, lo que representa cerca del 68% de las especies continentales del país, muchas de ellas exclusivas de la región. Esta riqueza biológica posiciona a Misiones como un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional.

En este sentido, la Ley de Humedales establece la prohibición de su modificación sin estudios de impacto ambiental, promueve la creación de áreas protegidas, impulsa la restauración de zonas degradadas y la elaboración de un inventario provincial.

El Director de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Ecología, Gpque. Fabio Malosh destacó que “este tipo de actividades son importantes en esta zona para trabajar en la concientización y reforzar el mensaje, ya que febrero se viene con altas temperaturas y la protección que nos van a dar estos ejemplares de flora a futuro es para cuidar las nacientes de agua”. Para finalizar, agregó “el bien más apreciado que tenemos nosotros los misioneros son las selvas, el manto verde que nos da mucho orgullo conservar y preservar para las generaciones venideras”.

Por su parque, la Directora de Ambiente, Producción y Empleo del municipio, Silvina Abdala, señaló que “para que la flora y la fauna sigan existiendo, necesitamos protegerlas, entonces la agenda del municipio es ambiental, tanto es así que creamos la Guarda Ambiental en la que hace un año venimos trabajando. De la misma manera, somos el primer municipio que tiene una ordenanza sobre humedales vinculada a nuestro Parque Central de Humedales”.

Participaron de la jornada el ministro de Ecología y RNR, Arq. Martín Recamán; el Director de Áreas Naturales Protegidas, Gpque. Fabio Malosh; el Intendente de Campo Grande, Marcelo Mulder; la Secretaria de Ambiente, producción y empleo, Lic. Silvina Abdala; el Coord. zonal del IMAC, José Kirilinko; la Guarda Ambiental de Campo Grande; representantes de la Cooperativa de Oleros de Campo Grande, del Ecopunto, Jóvenes Adventistas, empresarios madereros y otras empresas y organizaciones.

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Se optimiza el procedimiento para que prestadores de Rastro Activo operen en áreas naturales protegidas

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A partir del trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la provincia implementó un mecanismo específico que optimiza y agiliza el procedimiento mediante el cual los prestadores turísticos habilitados pueden solicitar autorización para desarrollar actividades en áreas naturales protegidas.

Si bien el ingreso de prestadores a parques provinciales y reservas ya se encontraba contemplado dentro de la normativa vigente, esta nueva modalidad establece un canal simplificado y más práctico de tramitación, destinado exclusivamente a los prestadores registrados bajo la marca Rastro Activo, con el objetivo de ordenar, facilitar y dar mayor previsibilidad al desarrollo de actividades turísticas en entornos naturales.

El mecanismo contempla 18 áreas naturales protegidas en las que se podrá operar, siempre respetando los planes de manejo, las condiciones de uso y los criterios de conservación ambiental establecidos para cada sitio. Entre ellas se encuentran los parques provinciales de la Sierra, Salto Encantado, Teyú Cuaré, Profundidad, Fachinal, Piñalito, Cruce Caballero, Araucaria, Moconá, Urugua-í, Foerster y Península; el Parque Federal Campo San Juan; los paisajes protegidos Mbororé, Solar del Che y Caá Yarí; y las reservas Cabureí y Lago Urugua-í.

A través de este procedimiento, los prestadores habilitados deberán presentar una solicitud de autorización con una antelación mínima de 48 horas previas a la realización de la actividad, enviándola por correo electrónico a anpmisiones@gmail.com, canal exclusivo establecido para la gestión de estos permisos. El Ministerio de Ecología y RNR será el organismo encargado de evaluar las solicitudes y emitir las autorizaciones correspondientes, que deberán ser otorgadas antes de operar en el área solicitada.

El formulario requerido para iniciar el trámite se encuentra disponible para su descarga en https://misiones.tur.ar/rastro-activo/

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El balance del INYM, un argumento clave frente a la nueva desregulación del sector yerbatero

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El balance de gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate correspondiente al período 2002–2023 se convirtió en un documento central dentro del debate actual sobre el futuro de la actividad yerbatera. En un contexto marcado por la desregulación introducida a partir del Decreto 70/23, el informe permite observar, con datos objetivos y verificables, los logros alcanzados por el organismo hasta antes de la quita de sus facultades, y se posiciona como una pieza clave para argumentar la necesidad de preservar su continuidad institucional. Ese documento fue enviado al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se le pidió que intervenga para frenar lo que consideran una “destrucción criminal” de la producción primaria.

El documento, elaborado por las entidades productivas que tienen representación en el INYM, repasa 21 años de gestión pública-privada en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino. En ese período, el instituto funcionó como ente de derecho público no estatal, con financiamiento del propio sector y un directorio integrado por representantes públicos y privados, y tuvo un rol decisivo en el ordenamiento, crecimiento y modernización de toda la cadena productiva yerbatera .

El INYM fue creado en 2002 por la Ley 25.564, como respuesta directa a una profunda crisis sectorial que derivó en protestas masivas de productores, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias, conocidas como los “tractorazos”. En aquel momento, la actividad carecía de datos confiables, normativa actualizada y mecanismos de regulación que garantizaran previsibilidad. Desde su puesta en funcionamiento, el organismo comenzó a generar estadísticas, registros y herramientas de planificación que permitieron diseñar políticas sectoriales de mediano y largo plazo .

Uno de los pilares de su accionar fue la fijación del precio mínimo de la materia prima, una herramienta que, según el balance, permitió ordenar el mercado y generar condiciones de estabilidad. En 2023, incluso, el precio de la hoja verde llegó a pagarse por encima del valor oficial, en un escenario que el propio informe define como uno de los mejores momentos de la actividad en más de un siglo de cultivo sistemático.

Crecimiento productivo y expansión de la cadena

Los datos recopilados por el INYM muestran un crecimiento sostenido de la actividad entre 2011 y 2022. La producción de hoja verde pasó de 703.312 toneladas a 829.237 toneladas, mientras que aumentó la cantidad de productores, secaderos y molinos en la zona productora de Misiones y el norte de Corrientes. En el mismo período, los productores que comercializaron hoja verde crecieron de 7.360 a 9.942, los secaderos de 166 a 209 y los molinos y fraccionadores de 96 a 101 .

El mercado interno también evidenció una expansión: el consumo pasó de 248.989 toneladas en 2011 a 275.809 toneladas en 2022. En paralelo, las exportaciones crecieron de 35.428 a 40.304 toneladas, con presencia en más de 50 países. Estos registros consolidaron a la Argentina como principal productor y exportador mundial de yerba mate, con un consumo per cápita que alcanzó niveles récord en los últimos años.

Uno de los aspectos destacados del balance es la Resolución 170/21, aprobada en junio de 2021, que reguló la expansión de la superficie plantada. La norma habilitó la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el dos por ciento de la superficie existente, estableciendo reglas comunes para pequeños, medianos y grandes productores. Según el INYM, esta medida permitió un crecimiento ordenado de la materia prima, favoreció el arraigo de las familias rurales, fortaleció a las cooperativas y dinamizó las economías locales donde se concentran las plantaciones .

El informe también detalla el funcionamiento del Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), creado en 2020, integrado por ingenieros agrónomos que trabajan directamente con pequeños productores. El objetivo fue mejorar la productividad de manera sustentable, mediante prácticas de conservación de suelos, manejo del agua, control biológico de plagas y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta asistencia técnica integral se orientó a lograr incrementos graduales y sostenidos de la producción, sin comprometer los recursos naturales.

En paralelo, el INYM desplegó más de 25 programas de apoyo al sector, que incluyeron la entrega de herramientas, indumentaria y equipamiento, así como becas educativas para hijos de productores y tareferos. Entre 2020 y 2023 se distribuyeron miles de motoguadañas, motosierras, tijeras automáticas y equipos de protección, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la eficiencia de la cosecha.

El respaldo al sector tarefero ocupó un capítulo específico, con aportes al Programa Intercosecha, capacitación laboral y provisión de equipamiento durante los períodos sin actividad. Estas acciones, según el balance, fueron claves para sostener el empleo y reducir la vulnerabilidad social en una actividad altamente estacional.

Otro eje central fue la política de calidad. El INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad y fortaleció la fiscalización, con controles fisicoquímicos y microbiológicos en toda la cadena. Se implementaron normas para la yerba mate importada, con el objetivo de resguardar a la industria nacional y garantizar que el producto que llega al consumidor cumpla con los estándares argentinos.

En paralelo, el organismo impulsó investigaciones científicas sobre las propiedades benéficas de la yerba mate, organizó jornadas de divulgación y creó una base de datos bibliográfica única a nivel mundial. Estas acciones acompañaron el posicionamiento del producto en mercados internacionales, donde crece la demanda de alimentos naturales y funcionales, y favorecieron el desarrollo de nuevos formatos de consumo.

Un balance que alimenta el debate actual

El documento concluye destacando que, en sus 21 años de funcionamiento, el INYM brindó previsibilidad, crecimiento y desarrollo a una cadena integrada por unos 15.000 tareferos, más de 12.500 productores, decenas de cooperativas, secaderos e industrias, con impacto directo en Misiones y el norte de Corrientes. En ese sentido, el balance se presenta hoy como una herramienta central para evaluar las consecuencias de la desregulación y como un insumo clave en el debate sobre la continuidad del organismo.

En un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad yerbatera, los datos del INYM permiten observar que la regulación no sólo ordenó el mercado, sino que también promovió inversión, empleo, calidad y expansión internacional. Para los actores del sector, estos antecedentes constituyen elementos fundamentales para defender la vigencia del instituto como órgano regulador y evitar la pérdida de un esquema que, hasta su desarticulación, había mostrado resultados concretos y medibles en una de las principales economías regionales del país.

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Yerba: productores acusan “destrucción criminal” y piden a Santilli frenar el desguace del INYM

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Organizaciones de productores yerbateros solicitaron la intervención del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para revertir lo que definieron como un “criminal deterioro del sector yerbatero”, al que atribuyen a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional desde la entrada en vigencia del DNU 70/23 y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El reclamo fue formalizado en una nota fechada el 29 de enero de 2026, que será entregada esta semana por representantes de CONINAGRO durante una reunión prevista con el funcionario nacional. En el documento, los productores advierten que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Yerba Mate Argentina atraviesa un proceso de deterioro acelerado que compromete no sólo la sustentabilidad económica de la actividad, sino también la calidad e inocuidad del producto, que contrasta con la realidad yerbatera hasta antes de la desregulación.

Según plantean, el Decreto 70/23 y otras decisiones de política económica “están ocasionando la destrucción de una economía regional que hasta hace dos años era pujante”, afectando de manera directa a miles de trabajadores, pequeños productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. En ese marco, alertan que el daño ya comienza a impactar sobre la calidad del producto final, con eventuales riesgos sanitarios y consecuencias negativas para la comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo.

La nota lleva las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM); Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Jorge Lizznienz, productor de Jardín América; Antonio França, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; y Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Los dirigentes agrarios reivindican la plena vigencia del INYM como herramienta central para el desarrollo del sector. “Sabemos por experiencia que la única herramienta que permite crecimiento y previsibilidad a una actividad con más de 120 años de historia es la regulación del mercado”, sostienen, y reclaman la restitución de todas las facultades del organismo.

En el mismo sentido, cuestionan la gestión encabezada por el recientemente designado presidente del INYM, Rodrigo Correa, al considerar que sus decisiones profundizan la crisis existente. Entre los puntos señalados, rechazan la creación de una secretaría privada en el organismo en un contexto de fuerte deterioro económico del sector.

Junto al escrito, los productores adjuntaron un documento que resume el impacto positivo del INYM en sus 21 años de funcionamiento. Allí recuerdan que el organismo aportó previsibilidad y crecimiento a toda la cadena yerbatera, integrada por unos 15.000 cosecheros, 13.000 productores, 190 secaderos, 60 cooperativas y más de 110 molinos y fraccionadores, además de impulsar un plan estratégico y posicionar a la yerba mate como un alimento saludable en los mercados nacional e internacional.

Finalmente, solicitan a Santilli una reunión y su intermediación ante las autoridades nacionales “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de una economía regional clave”, y remarcan que la defensa de la Yerba Mate Argentina “es inseparable de la vigencia plena del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tal como funcionaba antes del Decreto 70/23”.

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Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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